Río Negro
La Legislatura sancionó los pliegos para llamar a licitación del agente financiero de la provincia
Por dos tercios, el oficialismo logró la aprobación del pliego para decidir quien será el agente financiero desde el año que viene. El FpV tuvo voto dividido.
La Legislatura de Río Negro sancionó, con modificaciones, el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo por el que se aprueban los pliegos de bases y condiciones que regirán en la licitación pública nacional para seleccionar una entidad bancaria que actúe como Agente Financiero y Caja Obligada de la Provincia. La ley fue aprobada por 33 votos afirmativos contra 13 negativos, con voto dividido de la oposición.
En este sentido, la legisladora Arabela Carreras (JSRN), miembro informante del oficialismo, expresó que “en el pliego de licitación que estamos tratando, se implementaron fuertes exigencias para que la entidad bancaria que se convierta en el próximo Agente Financiero, sea un banco que actúe como herramienta financiera para el desarrollo de la Provincia.
El oferente ganador de la licitación, explicó Carreras, deberá instalar nuevas sucursales en todo el territorio de la Provincia y abrir cajeros automáticos en aquellas localidades que tengan más de 2000 rionegrinos. “Este gobierno está preocupado por llevar equidad e igualdad de servicios a toda la Provincia, por lo que hemos incluido cláusulas exigentes para resolver las quejas de ausencia de las entidades bancarias en distintos lugares de Río Negro.
Asimismo, explicó que “se le impondrá a la entidad bancaria algo inédito en la Provincia, como es el pago de un canon que nos parece justo y correcto en función de la defensa de los intereses de la provincia”.
“Se ha hecho un cálculo en el que la entidad bancaria hoy pagaría unos 18 millones de pesos anuales que ingresarán a las arcas provinciales a partir de el año próximo. Además, se dejará de pagar desde el Estado el mantenimiento de los cajeros automáticos, gasto que será afrontado por la entidad bancaria”, aseguró.
La miembro informante detalló que “entre el ahorro y los canon, se obtendrá un beneficio de unos 54 millones de pesos para las arcas del Estado, si a esto le sumamos los 206 millones de pesos que se volcarán en desarrollo, estamos imaginando que este podrá ser el principio de una Provincia distinta”.
Los agentes públicos, podrán acceder desde sus cuentas sueldos, a créditos diferenciales, y los que tengan deuda de créditos o en tarjetas, la entidad no podrá cobrarlas hasta que el empleado no perciba su sueldo, ya que actualmente esto genera intereses para los usuarios.
A su vez, en los pliegos se explícita que “aquellos municipios que opten por la entidad que actúe como Agente Financiero de la Provincia, contarán con los mismos beneficios, de descuentos, créditos, al igual que los empleados que gozarán del mismo beneficio que los estatales”.
“Sabemos que hay 9 o 10 entidades bancarias que cumplen con los requisitos para presentarse y esperamos que la que gane sea la que mayor beneficios traiga a los rionegrinos”, resaltó Carreras.
Por su parte, el legislador Alejandro Palmieri (JSRN) explicó que “se incorporaron modificaciones solicitadas por distintas bancadas para disminuir el plazo de colocación de sucursales y centros te atención, de esta manera durante los primeros 30 meses el adjudicatario deberá colocar al menos el 50 por ciento de las sucursales y centros de atención, y en los últimos 30 meses cumplir con el resto de las instalaciones”.
Aclaró además, que se trata sólo del pliego para abrir la licitación para elegir el agente financiero, “ni más ni menos”, es decir, que no incluye cuestiones internas del banco actual, normativa laboral o servicios.
La iniciativa prevé además, la creación de la comisión de Fiscalización de los Servicios Financieros y Bancarios para el Control, Fiscalización y Seguimiento de los servicios que se presten a la Provincia.
El contrato será por 10 años, con la posibilidad de prorrogar por 5 años más.
Bloque Juntos Somos Río Negro
Rodolfo Cufré destacó “el beneficio de que la Provincia pase de pagar a cobrar, algo que pocas provincias tienen”, además de la generación de sucursales y cajeros. Reivindicó el beneficio para que “los agentes públicos sean una vez más reconocidos por el gobierno provincial, ya que cuando se perdió el banco provincial, pasaron a ser clientes comunes”.
Viviana Germanier valoró el apoyo a empleados públicos que tendrán beneficios, al igual que el sector productivo en cuanto a créditos blandos.
Facundo López repasó los beneficios que incorpora el actual pliego y señaló que hoy “la provincia pierde dinero y los rionegrinos pierden sucursales y cajeros, pero la premura de esta gestión es mejorar día a día la vida de todos los rionegrinos por igual, estén donde estén, y sin importar el tamaño de la ciudad donde vivan”.
Juan Carlos Apud y Oscar Díaz manifestaron su gratificación, consideraron que incluye una mirada integradora que permitirá integrar a la Provincia, a partir del cambio en las exigencias para instalar sucursales y cajeros.
Ricardo Arroyo destacó lo referido a la territorialidad que aporta el proyecto y puso como ejemplo la ciudad de Lamarque, que cuando se perdió el banco de la provincia se perdió la herramienta financiera, se retrocedió y la gente tuvo que viajar en taxi hasta Choele Choel para cobrar su sueldo.
Bloque del Frente para la Victoria
María del Carmen Maldonado destacó el ahorro que podrá hacer la Provincia al recibir un canon y dejar de pagar el mantenimiento de los cajeros. Asimismo, recordó la pérdida del banco provincia que se encontraba destinado al desarrollo y a la producción de la Provincia y solicitó el trabajo para recuperar una entidad bancaria que sea de la Provincia.
Nicolás Rochas manifestó su oposición a la iniciativa y solicitó modificaciones en la conformación de la comisión fiscalizadora ya que “debería contar con una representación real de los empleados para que sea mas democrática y plural, con misiones y visiones especificas, atribuciones y una reunión cada 30 días”.
Mario Sabattella anticipó el voto negativo y se refirió al pliego, indicó que si bien incluye mejoras, no significa que sea un buen contrato si se tiene en cuenta las ganancias significativas que se va a llevar la entidad bancaria”.
Luis Albrieu se refirió al pliego que “es mejor y podría ser mucho mejor” si se incorporaran las propuestas de su bloque. Con respecto a la comisión fiscalizadora, se preguntó porqué se la convocaría ahora si antes no se lo hacía.
Marcelo Mango indicó que “podríamos haber aprovechado el pliego para darle más participación democrática, y para que frente a los avances del Estado, tenga nuestro pueblo mayores herramientas para defenderse. Además, criticó la cantidad de años que se establecen en el pliego para la contratación.
Graciela Holtz, Ariel Rivero y Elvis Williams adelantaron su voto favorable, valoraron que “el pliego, a diferencia del anterior, comprende la territorialidad” e incorpora sucursales y cajeros en lugares que hoy se encuentran alejados y desprotegidos. Finalmente, agradecieron al bloque del Frente para la Victoria por permitir la libertad de cada legislador a la hora de votar.
Alejandro Marinao criticó los plazos de concesión, cuestionó que sean 15 años incluida la prórroga, “si en los primeros 30 meses se harán seis sucursales y en los siguientes 30 meses los cinco restantes”, por lo que en los primeros cinco años se concluirán las exigencias.
Bloque ARI
Por su parte, Jorge Ocampos repasó aspectos que le generaban dudas y solicitó que se vuelvan a explicar algunos artículos modificados.
Bloque UCR
Soraya Yahuar destacó que “el pliego no describe al agente financiero que tenemos sino al que aspiramos”. La legisladora destacó los beneficios económicos que traerá el cobro de un canon, los créditos que se otorgarán a sectores productivos a tasas beneficiosas y las soluciones que se le podrán dar a los sectores productivos, económicos y comerciales. Asimismo, agradeció que se incorpore la modificación solicitada por su bloque para reducir la cantidad de años en que el oferente deberá instalar bancos y cajeros.
Río Negro
Río Negro se consolida como el destino más elegido del invierno argentino
En todo el país se movilizaron 4,6 millones de turistas, que generaron un impacto económico superior a los $2,12 billones.
Río Negro fue la provincia más elegida durante las vacaciones de invierno 2026, con Bariloche alcanzando hasta un 90% de ocupación hotelera y consolidándose una vez más como el principal destino del turismo invernal argentino, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Las vacaciones de invierno 2026 concluyeron con un saldo positivo para el turismo nacional. De acuerdo con el informe de CAME, se movilizaron 4,6 millones de turistas, que generaron un impacto económico superior a los $2,12 billones. En un contexto marcado por un escenario económico desafiante y por factores atípicos como el Mundial de Fútbol, los destinos de nieve y montaña fueron los más demandados, consolidando a Río Negro como la principal elección de quienes viajaron durante el receso.
Bariloche volvió a posicionarse como el destino más elegido del país, con niveles de ocupación hotelera de hasta el 90%. Las intensas nevadas registradas durante la segunda quincena de julio, sumadas a la calidad de sus centros de esquí, su amplia oferta turística y un nivel histórico de conectividad aérea, permitieron que la ciudad encabezara una vez más la temporada invernal. Al mismo tiempo, Río Negro se ubicó entre los principales destinos receptores de turismo internacional, con una importante llegada de visitantes brasileños y de otros países no limítrofes, lo que contribuyó a sostener una alta ocupación en toda la provincia.
El buen desempeño también se reflejó en el resto del territorio rionegrino. Playas Doradas alcanzó un 90% de ocupación, Viedma y el Valle llegaron al 80%, mientras que Las Grutas, San Antonio Oeste y San Antonio Este registraron un 70%, con propuestas vinculadas a la naturaleza, la gastronomía y las actividades recreativas, según consigna el informe de CAME.
La secretaria de Turismo de Río Negro, María Sol Canalda, señaló que «que Río Negro haya sido uno de los destinos más elegidos durante estas vacaciones de invierno, liderando las búsquedas en los principales portales de viajes y registrando un nivel histórico de conectividad aérea, demuestra que el trabajo previo a la temporada está dando resultados. Estos indicadores reflejan la confianza de los viajeros en nuestros destinos y el enorme esfuerzo que realizan municipios, prestadores y trabajadores del turismo para ofrecer experiencias de calidad. Nuestro desafío ahora es consolidar este crecimiento, atraer más inversiones, mejorar la competitividad y seguir posicionando a Río Negro como uno de los grandes destinos turísticos de la Argentina durante todo el año».
Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR), Diego Piquín, destacó que «el trabajo entre el sector público y privado, junto con la diversidad y la calidad de la oferta en cada una de nuestras regiones, nos permite seguir siendo una gran opción para miles de visitantes que nos eligen año tras año».
El informe de CAME también señala que durante las vacaciones viajaron 4,6 millones de personas, un 5,9% más que en 2025, de las cuales 4,2 millones fueron turistas nacionales y 400.000 visitantes extranjeros. El impacto económico alcanzó los $2,12 billones (US$1.412 millones), con un crecimiento real interanual del 2,5%. La estadía promedio fue de cuatro días y el gasto diario por persona llegó a $115.115. Mientras varios destinos de la Costa Atlántica registraron una temporada moderada, el turismo de nieve, encabezado por Bariloche, lideró las preferencias de los viajeros en todo el país.
Río Negro
¿Sabés las diferencias entre el matrimonio y la unión convivencial?
Una de las principales diferencias es que para casarse no hace falta haber convivido previamente.
Aunque muchas veces se los confunde, el matrimonio y la unión convivencial no son lo mismo. Ambos permiten reconocer legalmente una relación de pareja, pero cada uno tiene requisitos, derechos y efectos diferentes. Desde el Registro Civil de Río Negro se recuerda que conocer estas diferencias es fundamental para que cada persona pueda elegir la opción que mejor se adapte a su proyecto de vida.
Una de las principales diferencias es que para casarse no hace falta haber convivido previamente. En cambio, para registrar una unión convivencial es necesario acreditar al menos dos años de convivencia.
También cambian algunos de los derechos que genera cada vínculo. El matrimonio, por ejemplo, reconoce el derecho a heredar entre los cónyuges y, en determinadas situaciones previstas por la ley, permite solicitar alimentos después de un divorcio. La unión convivencial no otorga esos mismos derechos.
Además, para inscribir una unión convivencial ambos integrantes deben ser mayores de 18 años y declarar un mismo domicilio de convivencia. En el caso del matrimonio, las personas pueden tener domicilios diferentes antes de la celebración y existen excepciones previstas por la ley para quienes son menores de edad.
Tanto el matrimonio como la unión convivencial permiten acceder a beneficios como la incorporación a una obra social o el reconocimiento para una pensión, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en cada caso.
Quienes tengan dudas o quieran conocer cuál de estas opciones se ajusta mejor a su situación pueden acercarse a la delegación del Registro Civil más cercana, donde recibirán asesoramiento y la información necesaria para realizar el trámite.
Judiciales
El STJ confirmó un amparo y ordenó agilizar la entrega de una silla de ruedas y pañales para un niño con discapacidad
La obra social argumentó que los trámites administrativos seguían su curso, pero el STJ entendió que ello no justificaba las demoras.
Un niño con discapacidad necesitaba una silla de ruedas especial. La obra social nunca negó la cobertura, pero ante los reclamos sostenía que el trámite seguía su curso. Algo similar ocurría con los pañales: la familia reclamaba que no respondían a las indicaciones médicas ni a las necesidades concretas del menor.
Frente a esa situación, la madre promovió una acción de amparo. Un juzgado hizo lugar parcialmente al planteo y ordenó a la obra social estatal entregar la silla de ruedas y los pañales con las características y el talle prescriptos por los profesionales tratantes. La Fiscalía de Estado apeló esa decisión en representación de la obra social, pero el Superior Tribunal de Justicia confirmó el fallo.
En la apelación, la provincia sostuvo que nunca había negado las prestaciones. Explicó que la discusión estaba vinculada con «los plazos propios del régimen de contrataciones públicas y los requerimientos de auditoría médica», y no con un rechazo de la cobertura. También señaló que la silla de ruedas se encontraba en trámite y que las prestaciones habían sido autorizadas.
El Superior Tribunal entendió que esos argumentos no alcanzaban para modificar la sentencia. Señaló que la obra social puso el acento en los procedimientos administrativos, pero no logró rebatir los fundamentos centrales del fallo de primera instancia.
En relación con los pañales, el STJ advirtió que el informe presentado por la auditoría médica describía las características generales del producto que entregaba la obra social, pero no analizaba la situación específica del niño. Además, observó que la propia auditoría reconocía que el cambio de talle todavía estaba pendiente.
La sentencia también valoró que la madre había informado una mejoría en el cuadro de dermatitis de su hijo luego del cambio de marca y remarcó que esa circunstancia «no fue rebatida con un examen médico propio y específico de la demandada». En ese contexto, concluyó que una evaluación técnica general no era suficiente para desplazar las necesidades concretas acreditadas en el expediente.
El STJ descartó que la sentencia implicara una intromisión en el funcionamiento de la obra social. Explicó que la exhortación para que la obra social actúe «en forma diligente, rápida y oportuna» no modifica el régimen de contrataciones ni los procedimientos de auditoría interna, sino que «se limita a instar una mayor diligencia administrativa, sin imponer modalidad, plazo ni procedimiento específico». Esa medida, concluyó, no representa una extralimitación de las competencias judiciales.
La sentencia recordó que los niños y las personas con discapacidad se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y que el Estado debe brindarles una protección reforzada. En ese sentido, afirmó que las políticas públicas deben garantizar «el nivel de vida más alto posible», especialmente en materia de salud, rehabilitación e integración social.
