Judiciales
Caso Pablo Vera: La madre fue sobreseída en causa penal por amenazas
Tras un reclamo de familiares y amigos del joven asesinado por el policía Jorge Villegas en 2014, la madre de la víctima había sido imputada por amenazas.

El titular del Juzgado de Instrucción N° 12 de Roca, Maximiliano Camarda, dispuso el sobreseimiento de María del Carmen Ñancufil, de 60 años, en orden al delito de «amenazas» por el que había sido imputada. Concluyó que «el hecho investigado no cuadra en una figura penal» y, tal como manda el artículo 306 del Código Procesal Penal de Río Negro, indicó en el fallo que el proceso «no afecta el buen nombre y honor de que hubiere gozado» la imputada.
La mujer es la madre de Pablo Vera, el joven de Roca que resultó víctima del «homicidio calificado» cometido por el efectivo policial Jorge Villegas en septiembre de 2014 en esta ciudad. Por ese hecho, Villegas fue condenado a prisión perpetua por la Cámara Criminal Tercera de Roca.
El hecho que se había imputado a Ñancufil ocurrió en la esquina de Gelonch y Maipu, el 28 de noviembre de 2014, aproximadamente a las 16 horas, luego de una manifestación realizada frente al edificio del Poder Judicial que culminó con un importante grupo de personas detenidas y cuantiosos daños materiales.
Según la imputación original, «en oportunidad de ser entrevistada por periodistas del canal Televisión Rionegrina, profirió los siguientes términos en alusión a Jorge Villegas: «Si no llega a estar en cana, que le vamos a quemar el rancho, se lo vamos a quemar, no sabemos cuándo pero se lo vamos a quemar, y a donde lo encontremos y lo conozcamos le vamos a dar un buen tiro». Dichas manifestaciones le causaron temor a Villegas, quién tomó conocimiento de las mismas cuando fueron reproducidas por el noticiero».
El juez Camarda recibió la declaración testimonial de Villegas, recopiló otros elementos probatorios y tomó la declaración indagatoria a la mujer, quien manifestó que «en ese momento yo estaba re mal, por eso me salieron esas palabras. Pero era por el dolor de la situación de la muerte de mi hijo, y que encima mi otro hijo se lo habían llevado detenido; y uno después se arrepiente de las cosas que se dicen en momentos de dolor».
En su resolución, el magistrado concluyó: «si bien ha quedado acreditado el accionar de la imputada Ñancufil, entiendo que el mismo no constituye delito, toda vez que las manifestaciones de la nombrada lo fueron en un contexto donde era esperable que ‘dijera lo que dijo’, ya que en esa época se encontraba en pleno proceso la causa donde se investigaba la muerte de su hijo en manos de Villegas. Reitero entonces que únicamente las expresiones vertidas, en razón de la situación descripta, no revelan entidad típica suficiente».
En ese punto, el juez reseñó jurisprudencia nacional que sostiene que «No encuadran en la figura penal de amenazas los dichos vertidos en el fragor de una discusión, pues no revisten entidad suficiente para interpretar que anuncian un daño real que efectivamente se llevará a cabo».
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La Justicia ordenó avanzar con el traslado del chimpancé Toti a un centro especializado en Inglaterra
Los informes concluyen que el animal está en condiciones de afrontar un traslado internacional planificado, con riesgos controlables y bajo supervisión especializada.

El fuero de Familia de Roca dispuso que el chimpancé Toti sea trasladado al centro especializado Monkey World Ape Rescue Centre, en Inglaterra, al considerar que se encuentran dadas las condiciones sanitarias y técnicas para concretar el proceso.
La decisión se enmarca en la etapa de ejecución de la sentencia dictada en la causa impulsada por la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA). El fallo original, que ordenó el traslado, fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Durante más de un año, equipos técnicos de la Fundación Franz Weber y del Instituto Jane Goodall Argentina llevaron adelante la evaluación y preparación de Toti. Los informes concluyen que el animal está en condiciones de afrontar un traslado internacional planificado, con riesgos controlables y bajo supervisión especializada.
El destino elegido, Monkey World, fue considerado el más adecuado por su experiencia en rehabilitación de chimpancés provenientes de cautiverio y por ofrecer condiciones que permiten la socialización con otros individuos de su especie, un aspecto clave para su bienestar.
La resolución también establece que la Fundación Franz Weber y el Instituto Jane Goodall Argentina continuarán a cargo de la planificación técnica, sanitaria y logística del traslado, asumiendo los costos del proceso. En tanto, la Fundación Bubalco deberá colaborar con las tareas preparatorias y facilitar la documentación necesaria.
El fallo destacó que, si bien el traslado implica riesgos, estos resultan mitigables y deben ponderarse frente a la posibilidad de garantizar a Toti una mejora sustancial y duradera en sus condiciones de vida.
Con esta decisión, se abre una nueva etapa orientada a concretar el traslado, que incluirá la continuidad del entrenamiento del animal, controles veterinarios, gestiones administrativas y coordinación internacional.
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Escándalo por la «falsa médica» en Roca: La Fiscalía pide mantener la tobillera y la inhibición de bienes
La mujer está acusada de usurpación de títulos, falsificación de documentos y defraudación contra la administración pública en clínicas privadas y el Hospital.

La investigación por el ejercicio ilegal de la medicina en General Roca sumó nuevos y preocupantes capítulos durante la audiencia realizada esta mañana (20/04). El Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente que se mantengan las medidas cautelares vigentes contra la mujer denunciada por las autoridades del Ministerio de Salud provincial.
Según la Fiscalía, la gravedad del caso trasciende la faz administrativa: familiares de personas que habrían sido atendidas por la imputada han comenzado a presentar denuncias particulares por mala praxis, lo que abre una nueva y compleja línea de investigación.
La representante fiscal fue contundente al describir el accionar de la mujer «habría trabajado los últimos 6 años cometiendo delitos de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, falsificación y uso de documento público falso, además de defraudación agravada contra la administración pública». El engaño no se limitó a un solo lugar, sino que se extendió por tres instituciones diferentes: una clínica privada donde permaneció 6 años, otra por algunos meses y el Hospital Francisco López Lima de General Roca, donde prestó servicios durante 2 años.
Ante este panorama, la Fiscalía sostiene que es imperativo mantener la custodia de la documentación y asegurar que la acusada no interfiera con el proceso.
Por este motivo, se pidió que continúen vigentes por el plazo de seis meses la colocación de la tobillera de control satelital, la prohibición de salida del país y la obligación de mantener su domicilio actual.
Asimismo, sigue firme la inhibición general de bienes, afectando tanto sus inmuebles como su vehículo particular.
El juez de Revisión dará a cnocer su resolución mañana (21/04) a las 9 de la mañana en la sala de audiencias de los Tribunales roquenses.
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Caso Valentín Mercado: Piden confirmar la condena contra el anestesiólogo por el daño cerebral irreversible
Tras la apelación de la defensa del profesional condenado por homicidio culposo, la Fiscalía solicitó al Tribunal de Impugnación que ratifique la sentencia en todos sus términos.

La causa por la muerte del niño Valentín Mercado Toledo sumó una instancia clave en el Tribunal de Impugnación de Río Negro. Tras el recurso presentado por la defensa del anestesiólogo condenado por homicidio culposo, la Fiscalía y la querella solicitaron formalmente que se confirme la sentencia original, rechazando cualquier reducción de la pena o limitación de la inhabilitación profesional.
El eje del conflicto radica en el planteo del profesional, quien busca que su inhabilitación para ejercer se circunscriba únicamente al ámbito pediátrico. Ante esto, el fiscal del caso fue tajante al señalar que la desatención durante la cirugía fue la causa directa del desenlace fatal. «Lo sucedido fue que la desatención por parte del imputado impidió advertir el súbito taponamiento, lo que derivó en un paro cardíaco», explicó. Según el Ministerio Público, el médico no cumplió con el consentimiento informado en el que asumía la responsabilidad de velar por el paciente durante toda la intervención.
La reconstrucción de los hechos indica que existieron cuatro minutos iniciales y determinantes en los que el anestesiólogo no actuó conforme a su rol. Si bien luego se logró estabilizar al niño con adrenalina y un cambio de tubo traqueal, la demora fue tan extensa que el daño cerebral resultó irreversible.
La querella acompañó estos argumentos, dejando la decisión final en manos del Tribunal, que ya pasó a deliberar.





