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Una pareja de Roca fue condenada por abusos reiterados contra su propia hija

Para el hombre acusado, ya lo habían condenado por abuso de una nieta. Entre las dos condenas, sumó 30 años de prisión.

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La Cámara Criminal Segunda de Roca condenó a un hombre de 54 años y a una mujer de 45 como autor y partícipe necesaria, respectivamente, de los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores de los que fue víctima una hija de ambos.

Los jueces Oscar Gatti, María Evelina García Balduini y Gastón Martín (voto rector) declararon al imputado G.R.R. «autor material y responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, triplemente agravado por ser ascendiente, aprovechado la situación de convivencia con una menor de 18 años y ocasionando un daño grave a la salud mental de la víctima, en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores de edad» y le impusieron una pena de 15 años de prisión. El mismo hombre se encuentra detenido en el marco de otra causa por hechos similares en la que fue condenado en mayo pasado por la misma Cámara -con sentencia no firme hasta el momento- también a 15 años de prisión.

Por su parte la imputada S.V.T. fue declarada «partícipe necesaria» de los mismos delitos y fue condenada a la pena de 10 años de prisión efectiva.

Los hechos ocurrieron en un barrio de la zona oeste de Roca entre los años 2000 y 2008, desde que la víctima tenía 8 años de edad hasta que alcanzó los 16. Según sostuvo en su acusación el Fiscal de Cámara subrogante Miguel Fernández Jahde, los abusos cometidos por el padre eran «reiterados y constantes, a tal punto que llegaron a ser considerados por la víctima como normales», mientras que la madre brindaba «su anuencia, permiso o colaboración».

En el juicio oral, el defensor oficial Miguel Salomón solicitó la absolución de ambos imputados por «insuficiencia probatoria». En las indagatorias, el ambos acusados negaron los hechos y sostuvieron que la denuncia fue «un invento» derivado de un conflicto familiar de otra naturaleza.

Entre otras pruebas, los jueces valoraron el informe de la Oficina de Atención a la Víctima en el cual se destacó que la joven creció en «una dinámica familiar de ocultamientos, silencios, maltrato en todas sus formas y facilitaciones por parte de los adultos que debían protegerla». También evaluaron la pericia que dictaminó la existencia del daño psicológico en la víctima y varias declaraciones testimoniales, entre ellas la de la propia joven, quien sostuvo que relatar lo sufrido le permitió «quitarse un peso de encima» y que «ha encontrado apoyo en las instituciones del Poder Judicial».

Para los jueces, el relato de la víctima fue «claro, concreto y sin margen a duda», y resultó fortalecido con los testimonios de otras tres integrantes de la familia, quienes declararon sobre «sus propias experiencias sexuales traumáticas con el imputado». Por otra parte, fundamentaron el valor relativo que asignaron a los testimonios a favor de los acusados que brindaron algunos de los hermanos de la denunciante.

«Se ha arribado a la certeza necesaria para la condena de ambos encartados. La afirmación de la defensa de que nadie vio nada, no pasa de ser una apreciación personal válida -aunque no suficiente-, para menoscabar este plexo probatorio firme y concreto», concluyó la Cámara en forma unánime.

Para el Tribunal, quedaron probados los abusos cometidos por el hombre, ocurridos «en un número indeterminado de veces» y cometidos «con violencia y bajo amenazas».

Además, quedó acreditada «colaboración dolosa» de la madre, sin cuyo aporte «no habrían podido llevarse adelante los delitos». «Su responsabilidad penal esta abarcada por su omisión, toda vez que tenía la obligación -no sólo moral sino legal- de actuar en defensa de la integridad sexual de su hija y no sólo no lo ha hecho sino que (…) la entregaba, mandándola a la pieza porque la llamaba el padre, sabiendo que sería agredida sexualmente», sostuvo la sentencia.

Al respecto, el Tribunal destacó que en el caso juzgado en mayo, por el cual que el hombre fue condenado también a 15 años de prisión, la mujer había llegado a juicio imputada como presunta partícipe necesaria, pero debió ser absuelta debido a que la fiscalía, con dictamen vinculante para la Cámara, la eximió de acusación en la instancia de alegatos.

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Judiciales

Condenaron a 10 años de prisión al cuarto acusado por el homicidio de Oscar Ripari

El brutal hecho ocurrió en diciembre del año pasado en la zona norte de Roca, en una vivienda ubicada lindante a una carnicería.

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El último imputado por el homicidio de Oscar Ripari, ocurrido en diciembre del año pasado en General Roca, fue condenado a 10 años de prisión tras reconocer su participación en el hecho, al igual que los otros tres coautores ya sentenciados.

La calificación legal aceptada fue la de homicidio en ocasión de robo, según los artículos 45 y 165 del Código Penal.

Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía en el acuerdo abreviado se destacan los procedimientos realizados por el personal de la Comisaría 21°, múltiples allanamientos, entrevistas testimoniales, informes del Departamento de Informática Forense del Poder Judicial y de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (O.I.Tel.) de Procuración General, además del análisis de celulares secuestrados y las imágenes captadas por las cámaras del 911.

El hecho ocurrió el 10 de diciembre de 2024, minutos antes de las 4.20, en una vivienda ubicada sobre Cardenales casi San Juan, margen sur, lindante a la carnicería La Familia.

Según la investigación, el imputado -junto a los demás condenados- ingresó sin autorización al domicilio de la víctima con fines de robo, tras violentar varias puertas. Una vez dentro, golpearon a Ripari, provocándole una hemorragia interna por desgarro del bazo, lesión que le causó la muerte horas después.

Posteriormente, los agresores sustrajeron la billetera del hombre, dinero en efectivo, tarjetas, su celular y mercadería de la carnicería, entre ellas unos 10 costillares de carne y varias cajas de pollo, que fueron trasladadas a una vivienda alquilada por uno de los involucrados.

Tras un cuarto intermedio, y con el acuerdo de las partes de renunciar a los plazos procesales, el Tribunal Colegiado condenó al hombre de 32 años a 10 años de prisión, más las accesorias legales, costas y la declaración de reincidencia que ya registraba.

De esta manera, el condenado comenzó a cumplir la pena desde este viernes (17/10).

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Imputaron a la dueña de una agencia de viajes que vendía traslados a Italia que nunca se realizaron

La mujer está bajo investigación del Ministerio Público Fiscal. Se ordenó la inhibición de bienes y la presentación diaria ante la Justicia.

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Ayer (17/10) por la tarde, el Ministerio Público Fiscal de General Roca solicitó la aplicación de estrictas medidas cautelares contra una mujer investigada por presunta estafa en la venta de viajes al exterior.

Según la acusación, el hecho bajo investigación habría ocurrido entre octubre de 2024 y agosto de 2025, en un local ubicado sobre calle Mitre 930 de Roca, donde la imputada -representante de una empresa de viajes Lola Tour se habría ganado la confianza de un grupo de personas a las que ofreció paquetes turísticos a Italia.

De acuerdo con la Fiscalía, la mujer emitía comprobantes falsos y aparentaba tener la capacidad para brindar el servicio. Sin embargo, nunca gestionó los pasajes ni las reservas de alojamiento, y llegada la fecha del viaje, éste no se concretó.

Las víctimas, integrantes de un grupo de estudio, habrían abonado la totalidad del paquete, sin recibir el reintegro del dinero pese a los reclamos reiterados. «De esa manera, les ocasionó un perjuicio patrimonial significativo», explicó la representante fiscal durante la audiencia.

Entre las pruebas reunidas por el Ministerio Público se encuentran 15 denuncias formales, testimonios, el allanamiento de la vivienda de la acusada y el secuestro de documentación vinculada a las operaciones.

Tras el pedido del Ministerio Público Fiscal, la jueza interviniente ordenó la inhibición general de todos los bienes de la mujer, el bloqueo de sus cuentas bancarias y la obligación de presentarse diariamente en la Fiscalía.

En caso de incumplir las medidas impuestas, la Fiscalía podrá solicitar una nueva audiencia para evaluar sanciones más severas y garantizar el avance de la causa.

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Pagó las 84 cuotas de un plan de ahorro y nunca le entregaron el vehículo

La empresa tendrá que devolverle el dinero e indemnizarlo por el incumplimiento.

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Un hombre de Cipolletti se inscribió a un plan de ahorro con la expectativa de adquirir un Volkswagen Fox cero kilómetro. Abonó cada una de las 84 cuotas pero nunca le entregaron el vehículo. Impulsó un reclamo civil y obtuvo una sentencia favorable: la empresa tendrá que devolverle el dinero e indemnizarlo por el incumplimiento.

El plan, de tipo 70/30, se orientaba a la adquisición de un Volkswagen Fox Confortline, cinco puertas, motor 1.6. El contrato preveía 84 pagos mensuales y una vez cancelado, la empresa debía adjudicar el vehículo si el adherente cumplía con los requisitos establecidos. El ciudadano completó todos los pagos en marzo de 2017 y solicitó la unidad en varias oportunidades, sin obtener respuesta.

Ante la falta de información, remitió dos cartas documento. En la primera, pidió detalles sobre el procedimiento y los datos para concretar el pago del 30% restante. En la segunda, intimó a la empresa a entregarle el vehículo o devolverle las sumas abonadas. Ninguna de las misivas fue respondida.

La jueza del caso concluyó que el contrato se resolvió por un incumplimiento imputable a la empresa. Determinó que no existió comunicación fehaciente hacia el adherente sobre los sorteos, los requisitos para la adjudicación ni el resultado de la liquidación final. Tampoco surgió prueba alguna de que la firma hubiera notificado al consumidor sobre el avance o finalización del plan.

El fallo ordenó la devolución del total de las cuotas abonadas, con intereses desde la fecha de cada pago. También reconoció una indemnización por la privación de uso del rodado, al establecer que el ciudadano mantuvo durante más de un año la expectativa legítima de acceder al vehículo.

La sentencia incluyó una compensación por daño moral: valoró la frustración causada por el incumplimiento, luego de siete años de aportes cumplidos. Destacó la ausencia total de información por parte de la empresa, incluso después de las intimaciones formales.

Finalmente, la resolución impuso una multa por daño punitivo. La jueza consideró que la empresa actuó con desinterés frente a los derechos del consumidor y con un nivel de desinformación que justificó la sanción prevista por la Ley de Defensa del Consumidor.

La sentencia es de primera instancia y el fallo no está firme porque puede ser apelado. La empresa condenada es Volkswagen S.A de ahorro para fines determinados.

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