Judiciales
¿Quiénes son los magistrados y áreas que prestan servicios durante la Feria Judicial?
Ingresá y conocé como funciona el Poder Judicial durante las vacaciones. En Roca, los jueces de instrucción y penales cubrirán la totalidad de la Feria.
Por Resolución N° 960/16, se dispuso el funcionamiento del Poder Judicial durante la Feria Judicial, con el objetivo de cumplir con el receso estival y a la vez garantizar la prestación del servicio de justicia.
La presidenta del STJ, Liliana Piccinini, cumplirá funciones durante la totalidad de la Feria Judicial. Por su parte, la vocal de Superior Tribunal, Adriana Zaratiegui, lo hará del 3 al 20 de enero, el Dr. Enrique Barotto del 2 al 13 y del 21 a la finalización de la feria y el juez Enrique Mansilla del 21 hasta que concluya enero.
Jueces penales, civiles y de Familia
En General Roca, los jueces de instrucción y penales cubrirán la totalidad de la Feria. Juan Pablo Chirinos la primera semana, Gustavo Quelin la segunda y Rubén Norry la quincena final. En Civil y Familia estarán las juezas Andrea Tormena (primera semana), María del Carmen Villalba (hasta el 11 de enero), Verónica Hernández (del 12 al 21), y Laura Fontana junto a Moira Revsin desde el 22 en adelante.
En la Primera Circunscripción, los jueces penales de turno serán Ignacio Gandolfi en la primera quincena y Carlos Mussi en la segunda. En Civil y Familia, la jueza Scoccia estará de turno las primeras dos semanas y la jueza Rosana Calveti, del 17 al 31 de enero.
En Villa Regina, la jueza Claudia Vesprini cumplirá funciones hasta el 19 y la Dra. Paola Santarelli desde el 20 en adelante. En Choele Choel las juezas Natalia Costanzo y Marisa Calvo estarán en feria la primera y la segunda quincena, respectivamente.
En Bariloche, del 2 al 10 cumplirá funciones en el fuero penal el juez Bernardo Campana, del 11 al 20 Ricardo Calcagno y del 21 al 31 de enero, Marcos Burgos. En Civil y Familia, desde el inicio de la Feria hasta el 15, la jueza Marcela Pájaro, del 2 al 16, el juez Santiago Moran, del 16 al 31 la Dra. Marcela Trillini y del 17 a la finalización del mes, el Dr. Mariano Castro. En El Bolsón la jueza Erika Fontela cumplirá funciones del 9 al 31.
En Cipolletti el juez de Instrucción Santiago Marquez Gauna cumplirá funciones la primera quincena y la jueza María Florencia Caruso, la segunda. El juez Lucas Lizzi lo hará la primera semana. En el fuero de Familia y Civil, del 2 al 15 estará de turno la jueza Patricia Cladera y la segunda quincena, Marissa Palacios. En Civil, el magistrado Alejandro Cabral y Vedia del 2 al 6 y retomará desde el 22 al 31. Del 7 al 21 será el turno de la Dra. Soledad Peruzzi. En todos los casos, también se dispusieron turnos para empleados y Secretarios.
Las Cámaras también contarán con un sistema de turnos, al igual que equipos forenses e interdisciplinarios.
Auxiliares
El área Infraestructura contará con la totalidad de su equipo trabajando durante la Feria Judicial para avanzar en las refacciones edilicias que requiere la Reforma Procesal Penal y que ya están en ejecución. Lo mismo ocurre con el área de sistemas, que ya comenzó en diciembre con la adaptación de las salas de audiencias y tiene un amplio cronograma de acciones.
Además, distintas áreas organizaron su actividad de manera de prestar los servicios necesarios.
Judiciales
Condenan parcialmente a un hombre que defendió a su pareja de una agresión de su ex
La sentencia atribuyó un 30% de responsabilidad civil al sujeto que intervino para defender a su novia y lo condenó a pagar una indemnización parcial por incapacidad y daño extrapatrimonial.
Un hombre fue hasta la casa de su ex pareja. Entre ambos existía una larga historia de conflictos y medidas de protección. La mujer había denunciado hechos de violencia y contaba con restricciones de acercamiento. En ese momento intervino la pareja actual de la mujer. Lo hizo para frenar la agresión y protegerla. El hecho terminó con lesiones para el hombre que había llegado al lugar. Años después, ese episodio llegó al fuero civil de Roca.
El hombre lesionado inició una demanda por daños y perjuicios contra su expareja y contra la pareja de ella. Reclamó una indemnización por las lesiones físicas y psicológicas que sufrió.
Un fallo rechazó la demanda contra la mujer y la admitió de manera parcial contra el otro demandado. La sentencia entendió que actuó en defensa de un tercero, aunque excedió los límites de una respuesta proporcional.
La jueza analizó el caso con perspectiva de género. El fallo valoró el contexto de violencia previo y sostuvo que ese antecedente resultó indispensable para comprender lo ocurrido. La resolución recordó que los jueces tienen la obligación de incorporar esa perspectiva cuando existen indicios de violencia contra las mujeres.
La sentencia señaló que la legítima defensa no puede evaluarse como un hecho aislado. Explicó que, en situaciones de violencia de género, la agresión forma parte de un proceso que suele extenderse en el tiempo. Por ese motivo, el análisis debe incluir los antecedentes, las denuncias y las medidas de protección vigentes.
Con ese criterio, el fallo concluyó que la intervención de la pareja de la mujer tuvo como finalidad protegerla frente a una agresión. Sin embargo, también determinó que algunos golpes superaron lo necesario para neutralizar el ataque. Por esa razón le atribuyó un 30% de responsabilidad civil. La demanda contra la mujer quedó rechazada.
La resolución destacó que la valoración de los hechos debía evitar estereotipos y ajustarse a los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos de las mujeres.
omo consecuencia de la decisión, la sentencia condenó a la pareja actual a pagar una indemnización parcial por incapacidad, daño extrapatrimonial, tratamiento psicológico y gastos médicos, con más los intereses correspondientes.
Judiciales
Un perro suelto y amenazas de matarlo delante de la familia: Deberán cumplir con la tenencia responsable de mascotas
El conflicto terminó en un Juzgado de Paz.
Un conflicto entre dos vecinos de Sierra Grande, que tuvo como eje la tenencia responsable de un perro, terminó en el Juzgado de Paz luego de que las diferencias escalaran a discusiones, denuncias de amenazas y situaciones de hostigamiento.
Todo comenzó por la preocupación de un vecino, quien sostuvo que el animal permanecía suelto de manera habitual. Según relató, intentó hablar en varias oportunidades con sus propietarios para que modificaran esa situación, pero el desacuerdo derivó en un enfrentamiento entre ambas partes.
El vecino promovió una denuncia en el marco de la Ley Contravencional de Río Negro. Expuso que había sufrido actos de hostigamiento, intimidación y amenazas vinculados con el conflicto por la mascota.
Durante la audiencia, la pareja de la persona denunciada concurrió en su representación y solicitó la suspensión del proceso contravencional a prueba. Negó los hechos denunciados y afirmó, en cambio, que el denunciante había amenazado con matar al perro delante de la familia. También explicó que el animal siempre había permanecido suelto sin haber mordido a nadie y que Zoonosis municipal ya había intervenido para notificar sobre la tenencia responsable.
La jueza de Paz advirtió que, más allá de las versiones contrapuestas, existía un conflicto vecinal que había derivado en episodios de confrontación verbal y que podía afectar la convivencia entre las partes.
Por ese motivo, hizo lugar al pedido de suspensión del proceso contravencional a prueba por el plazo de seis meses. Como condición, impuso reglas de conducta para evitar nuevos enfrentamientos.
Entre esas reglas, ordenó que la persona beneficiaria se abstenga de realizar actos de hostigamiento, intimidación, amenazas o agresiones verbales. También dispuso que cualquier futura controversia relacionada con la tenencia responsable de la mascota se canalice exclusivamente por las vías legales, evitando toda confrontación directa.
Además, dio intervención a la Secretaría de Zoonosis de la Municipalidad de Sierra Grande para que controle el cumplimiento de las normas sobre tenencia responsable de animales, adopte las medidas preventivas que correspondan e informe al Juzgado sobre cualquier actuación relevante para prevenir nuevos conflictos. También se notificó a la Comisaría 13° para que informe únicamente si se registran nuevos episodios de conflicto o incumplimientos de las reglas impuestas.
Judiciales
Era tractorista, lo registraban como peón y lo apartaron tras ser elegido dirigente sindical
Un fallo judicial determinó que la empresa modificó las condiciones laborales del trabajador luego de que asumiera un cargo en la UATRE.
Durante más de tres años un hombre trabajó en una empresa frutícola del Alto Valle. La mayor parte del tiempo condujo un tractor para realizar tareas de poda, pulverización, cosecha y mantenimiento de las chacras. Sin embargo, en los recibos de sueldo figuraba con otra categoría laboral.
La situación cambió después de que notificó a la empresa que había sido elegido con un cargo en la Seccional Roca de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
El hombre dejó de conducir el tractor y pasó a realizar tareas de peón general. También sufrió una reducción salarial y comenzó un conflicto que terminó con su alejamiento del trabajo.
El trabajador promovió una demanda laboral contra la empresa. Reclamó las indemnizaciones derivadas del despido, diferencias salariales, el reconocimiento de su verdadera categoría profesional y la indemnización prevista por la tutela sindical.
La Cámara Segunda del Trabajo de Roca hizo lugar a la demanda y condenó a la empleadora a pagar una indemnización.
Durante el juicio declararon compañeros de trabajo, representantes sindicales y otros testigos. Coincidieron en que el trabajador desempeñó durante casi toda la relación laboral tareas propias de tractorista, aunque la empresa lo registraba como peón general o trabajador temporario. También señalaron que, después de asumir el cargo gremial, fue apartado del tractor y destinado a otras tareas.
El fuero laboral concluyó que la empresa no reflejó correctamente la realidad de la prestación laboral. Consideró acreditado que el trabajador desarrolló funciones de tractorista y que, por esa razón, correspondía reconocer esa categoría y liquidar las diferencias salariales conforme a las escalas aplicables al régimen agrario.
Los jueces también entendieron probado que el hombre mantenía una relación laboral permanente y continua, pese a que la empresa lo registró como trabajador discontinuo o temporario. Para llegar a esa conclusión valoraron la documentación incorporada al expediente y comprobaron que percibió remuneraciones durante todos los meses de la relación laboral.
La sentencia destacó además que el hombre había comunicado en forma fehaciente su candidatura y posterior elección en el gremio. La empresa recibió esas notificaciones y nunca cuestionó esa representación sindical. Por ese motivo, la Cámara concluyó que gozaba de la tutela prevista por la Ley de Asociaciones Sindicales.
El fallo sostuvo que la modificación de las tareas y de las condiciones laborales se produjo sin que existiera una autorización judicial para excluir al trabajador de esa protección especial. Consideró que el despido indirecto dispuesto por el empleado resultó legítimo y que tenía derecho, además de las indemnizaciones comunes, a percibir la reparación prevista para quienes cuentan con tutela sindical.
