Judiciales
De Piano le pidió disculpas a la familia de Claudia y mostró su arrepentimiento y dolor
Por su parte, el viudo prefirió guardar silencio. Por más que el abogado del imputado pidió por la libertad de su defendido, el juez decidió que continúe detenido.
En el marco de la investigación del siniestro vial del que resultó víctima fatal una mujer de Roca el pasado 17 de enero, el juez de Instrucción Rubén Norry escuchó hoy los fundamentos de las partes en torno a la procedencia o no de la prisión preventiva del imputado Oscar De Piano, quien permanecerá detenido hasta la resolución de su situación procesal.
En la audiencia oral y pública, que comenzó a las 10:30 en el subsuelo de la Ciudad Judicial de Roca, la parte querellante y la fiscalía expusieron sus alegatos a favor de la medida cautelar de detención, mientras que la defensa argumentó en contrario, solicitando la excarcelación del imputado o, en su defecto, la detención domiciliaria.
De Piano fue imputado como presunto autor del «homicidio simple con dolo eventual» de la ciudadana Claudia Segura, figura que el Código Penal reprime con una pena de 8 a 25 años de prisión. Esa calificación podrá confirmarse o modificarse al momento de ser resuelta su situación procesal, en los próximos días. En esa oportunidad el juez Norry definirá si corresponde dictar el procesamiento del imputado y, en su caso, la calificación legal que corresponda aplicar, y en la misma resolución se pronunciará sobre la prisión preventiva, la excarcelación o alguna medida cautelar intermedia.
El primer alegato correspondió al abogado por la querella, Jorge Crespo, quien consideró acreditados los peligros procesales de riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación y solicitó que al momento de dictarse el procesamiento se imponga también la prisión preventiva. Para ello consideró como pruebas la «conducta posterior al evento» asumida por el imputado, sostuvo que no se encuentra acreditado en el expediente su «arraigo» en la ciudad y destacó que, en caso de recaer una condena, la misma debería ser de cumplimiento efectivo, ya sea que se le atribuya en el futuro el delito de homicidio simple con dolo eventual (art. 79 de Código Penal) o la nueva figura de homicidio culposo agravado (art. 84 bis del Código Penal). Esta última figura, incorporada al Código desde el pasado 6 de enero por Ley N°27.347, establece penas de 3 a 6 años de prisión para quien cause a otro la muerte por su «conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor» y sume a ello la falta de auxilio a la víctima, la conducción bajo los efectos de estupefacientes o alcoholemia elevada o el exceso de velocidad, entre otras circunstancias agravantes que enumera el artículo.
A su turno, la Agente Fiscal Teresa Giuffrida adhirió al alegato de la querella y amplió aquellos fundamentos, solicitando también el dictado de la prisión preventiva*.
Finalmente el abogado defensor, Darío Sujonitzky, solicitó la libertad para De Piano y, de manera subsidiaria, la aplicación de una prisión preventiva domiciliaria, ofreciendo además dos inmuebles de la familia del imputado en concepto de caución real. Negó la existencia de los riesgos procesales señalados por las partes acusadoras, argumentó que su cliente posee una historia de vida, familia y trabajo estable en Roca que acreditan su arraigo y sostuvo que corresponde aplicar al caso la figura del artículo 84 bis del Código Penal, la cual admitiría una eventual condena de ejecución condicional así como la posibilidad de aplicar un criterio de oportunidad o el instituto de la probation. Por último, invocando precedentes referidos a otros homicidios en accidente de tránsito ocurridos en la ciudad, sostuvo que no corresponde aplicar al caso la prisión preventiva por tratarse de una medida «totalmente excepcional».
Finalizados los alegatos, el juez invitó a hacer uso de la palabra al esposo de la víctima, constituido en querellante, y al imputado. Claudio Segura optó por guardar silencio, mientras que De Piano expresó su «dolor» y «arrepentimiento», entre otras consideraciones. Además pidió que lo dejen trabajar desde su casa hasta que sea el juicio, ya que necesita estar junto a sus tres pequeños hijos y también cuidar de su madre.
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En 20 días se conocerá si Emiliano Gatti va preso o queda en libertad
El Tribunal de Impugnación deberá ratificar o rectificar la condena que recibió el periodista por tenencia y facilitación de imágenes de abuso sexual infantil.
Durante la mañana del viernes (08/11), la Fiscalía reafirmó los argumentos vertidos durante sus alegatos de pedido de pena, y retomó la sentencia de declaración de responsabilidad que pesa sobre el periodista Emiliano Gatti, condenado a seis años de prisión efectiva por «tenencia y facilitación de imágenes de abuso sexual infantil».
De esta manera, y ante los agravios presentados por la defensa particular, el Ministerio Público Fiscal señaló que «se llegó al objetivo-en este caso el condenado-, a través de su IP, informada por ICACCOPS (Internet Crimes Against Children Child On-line Protection Systems), que identificó la trasmisión de MASI, a través de una red peer to peer. No existió ningún tipo de violación de la intimidad de nadie».
En cuanto a la prueba -dijo la fiscal jefe interviniente- «el testigo que trajo la defensa al debate intentó desvirtuar los testimonios científicos proporcionados por la Fiscalía, a través de los técnicos David Baffoni de la Oitel y Gastón Semprini del Departamento de Informática Forense, cuestiones que fueron valoradas por los jueces en la sentencia».
«A través de esas dos declaraciones, pudimos desbaratar la intensión de la defensa de querer descargar en otro la responsabilidad del imputado. No es menor que el Tribunal, luego de acceder a la pericia de la computadora, concluyó que Gatti conocía E-mule, y fue en ese análisis científico que se verificaron los últimos accesos al material, y que no hubo otra persona responsable», agregó la Fiscalía.
La fiscal explicó que «no hay que confundir distribución con facilitación, porque ésta última es proporcionar los medios o la ayuda para que personas accedan a ese material. Con las pericias técnicas, llegamos a la conclusión de que Gatti conocía cómo funcionaba el programa y para qué lo estaba descargando».
«La sentencia no carece de falta de motivación, ni de fundamentación, y mucho menos puede ser atacada por arbitraria. Sólo se expusieron discrepancias subjetivas en la argumentación. Por ello solicitamos que se rechacen todos los planteos formalizados en esta audiencia por la defensa y se confirme la condena en su totalidad», concluyó la fiscal, acompañada por la parte querellante.
El Tribunal de Impugnación tiene 20 días para comunicar su resolución.
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Imputaron a un estafador virtual que vació la cuenta de una empresa en Roca
Son tres las personas que estarían implicadas en la comisión del hecho, las cuales están identificadas y acusadas.
Ayer (06/11) a la mañana, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un nuevo hombre por el delito de estafa. De esta manera, son tres las personas que estarían implicadas en la comisión del hecho, las cuales están identificadas y acusadas.
Según la acusación, los imputados «habrían transferido dinero perteneciente a la empresa damnificada a diversas cuentas, causando un desapoderamiento económico, utilizando una técnica informática que altera el normal funcionamiento de los aparatos electrónicos y produciendo una lesión patrimonial», explicó la Fiscalía.
Cabe mencionar que tras la celeridad aplicada en la investigación, la colaboración de los organismos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, como también de los exhortos de bloqueos de cuentas, la víctima logró recuperar el monto denunciado.
Entre la evidencia recolectada hasta el momento se encuentran el acta de denuncia penal, el informe del banco donde fue enviado el dinero y la titularidad de la cuenta. La intervención oportuna de la Oficina de Informática Y Telecomunicaciónes (OITEL), como también la participación en la investigación y detención de los imputados de la División de Ciberdelitos Financieros de la Ciudad de Buenos Aires.
El Ministerio Público Fiscal también cuenta con los datos bancarios informados por Nosis, el resultado de los allanamientos realizados en las empresas financieras, domicilios particulares, los secuestros de equipos.
La querella adhirió al pedido fiscal, y las defensas particulares, por su parte, no se opusieron a la formulación de cargos.
De esta manera, la jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos y resolvió que los tres imputados deben presentarse personalmente para garantizar que estén sujetos a derecho, así mismo uno de ellos presentó una caución real.
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Propietarios de vivienda en Paso Córdoba demandaron al Municipio de Roca
La Municipalidad los denunció por construir en el Área Natural Protegida y les exigió demoler la edificación. Piden la nulidad de la sentencia del Juzgado Municipal y una indemnización por daños y perjuicios.
En el Juzgado Contencioso Administrativo de Roca, dos particulares iniciaron una demanda contra el Municipio para reclamar la nulidad de la sentencia del Juzgado de Faltas Municipal que les ordenó demoler una construcción realizada en el Área Protegida Paso Córdoba. La sentencia del Juzgado Municipal tiene naturaleza administrativa, no judicial, y fue confirmada por la intendenta de Roca, María Emilia Soria, en el marco de un recurso administrativo. El Juzgado de Faltas les impuso, también, el pago de una multa y la orden de demoler la construcción y remediar la afectación medioambiental.
Además de la nulidad de esa sentencia administrativa, los particulares pidieron en su demanda judicial que el Municipio les pague una indemnización por daños y perjuicios. Afirman que la decisión municipal es «irrazonable y desproporcionada», además de «confiscatoria» de su patrimonio.
A partir de la presentación judicial, ahora la Municipalidad tiene 30 días para contestar, exponer sus defensas y presentar ante el juez Contencioso Administrativo toda la prueba documental que tenga en su poder.
Los particulares solicitaron al juez, como petición previa, una medida cautelar de «no innovar» para suspender el avance del proceso administrativo. La petición fue rechazada. El juez consideró que el pedido no cumple con ninguno de los tres requisitos legales básicos que se deben valorar para suspender los efectos de un acto administrativo. Aclaró, como marco para el análisis, que las decisiones de la administración pública, sea municipal, provincial o nacional, se deben presumir legítimas.
El rechazo de la medida cautelar implica que el trámite administrativo del Municipio puede seguir su curso mientras avanza el proceso judicial sobre el planteo «de fondo». Este proceso resolverá, en definitiva, sobre la validez de la multa y de la orden de demolición.
El juez valoró que si bien el Municipio les dio 60 días a los particulares para iniciar la demolición, también es cierto que el comienzo de esa tarea requiere, necesariamente, un aval judicial previo. Es decir que una vez agotados los 60 días, la Municipalidad deberá iniciar judicialmente un proceso de ejecución de la condena administrativa y en ese juicio los dueños de la construcción podrán plantar las defensas que consideren. Esta particularidad del proceso, según valoró el juez, neutraliza el «peligro en la demora» que alegaron los particulares al pedir la medida cautelar.
Por otra parte, consideró que no está demostrada la «verosimilitud del derecho» de los peticionantes, dado que ellos mismos admitieron haber construido en forma antirreglamentaria. «El inmueble de propiedad de los actores se encuentra en un lugar declarado por el legislador como ecológicamente sensible y por tal razón sujeto a estrictas restricciones de construcción y asentamiento humano, mientras que la misma actora, solicitando sea garantizado su derecho de propiedad, reconoce haber edificado en ese sitio de su propiedad sin haber requerido previo al inicio de las obras las autorizaciones municipales pertinentes», señala la resolución del juez.
