Gremios
«Seguiremos en las calles por paritarias libres, sin techo salarial»
Cetera, titular de UnTER, rechazó el piso del 18% anunciado por Weretilneck. «Vamos a seguir estando en la calle, queremos paritarias libres», sostuvo.
Más de 2500 firmas de docentes de toda la provincia que rechazan la inscripción virtual para la ESRN avalan un petitorio para la no implementación de la reforma de la Escuela Secundaria en Río Negro y solicitan su urgente anulación. El documento fue entregado por representantes de la UnTER en la Coordinación Zonal de General Roca y en el Ministerio de Educación en Viedma, al finalizar el acto, luego de la marcha de los sindicatos por las calles de la ciudad y la concentración en la Legislatura provincial por la apertura de sesiones a cargo del gobernador el 1 de marzo.
Patricia Cetera, secretaria general de UnTER, en su intervención en el acto de cierre de la marcha de más de 700 trabajadores estatales señaló que “necesitábamos una convocatoria a Paritaria. Hemos llegado a este 1 de marzo con la apertura de las sesiones legislativas con un silencio de radio por parte de los representantes del pueblo. Silencio que no es menor cuando el gobernador (Alberto Weretilneck), a través de un Decreto, definió modificar el ciclo básico de nuestra ley de educación 4819. Ese sugestivo y cómplice silencio es el que venimos a denunciar”.
Además, la titular del gremio docente se refirió al presupuesto educativo y señaló que “no satisface lo mínimo. Tenemos todos los establecimientos educativos de la provincia en las condiciones más paupérrimas. No se ha hecho mantenimiento, ni siquiera la limpieza de los tanques y el ciclo lectivo inicia el 6 de marzo”.
En relación al reclamo docente nacional apuntó que “acá estamos para decirle al gobernador que si no pidió la paritaria nacional, nosotros si la pedimos. CTERA se hizo eco por lo tanto el 6 y 7 no empezamos las clases. Necesitamos que se cumpla la ley de financiamiento educativo, ley del 2005, que se sancionó luego de 1003 días de ayuno docente en la Carpa Blanca, para que cada docente sepa el monto de aumento del salario al iniciar el año”.
Cetera citó al ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, quien dijo “no hay escuelas nacionales, por lo tanto no hace falta una paritaria nacional”. Concepto que “ha sido ratificado por el gobernador, porque tampoco tenemos una paritaria provincial”.
La secretaria general de la UnTER dijo que “el reclamo es el sistema educativo de Río Negro en su conjunto. Vemos últimamente las leyes que se hacen en la Legislatura las desconoce el Ejecutivo y las olvida la justicia. Más allá de los actos administrativos, como ha determinado la Procuradora o el STJ, parece que tiene que haber un compañero o compañera que no perciba su salario, porque está fuera del sistema educativo, la nueva escuela secundaria no da garantías laborales, hasta que no tengamos a alguien que no pueda hacer frente al salario mínimo, la justicia no se va a hacer eco, ¡que lamentable!”, señaló.
Cetera expresó también que “nunca dijimos, como ha manifestado el Ministerio, que no queremos la reforma en el Nivel Medio. Trabajamos en función de modifica lo que existe en el Nivel Medio. Y digo lo que existe, porque hasta este momento, lo único que existe en Río Negro es la escuela secundaria que teníamos a diciembre y es la que ratificamos en esta instancia. Esta versión que más de 2000 compañeros, como ha dicho el Ministerio, se han inscrito en una forma tan falaz y carente de fundamentos legales, como es la inscripción online, nos ratifica las más de 2500 firmas que tenemos que la provincia ha dicho ‘no te anotes’, es un hecho”.
Al finalizar su discurso, la dirigente gremial docente aclaró “no nos vamos a enfrentar con la policía. Hay que hacerse cargo, de la paritaria que nosotros logramos reciben todos aumentos salariales”. Ratificó finalmente que “vamos a seguir estando en la calle, queremos paritarias libres y que este 17% o 18 % no nos sirve. Esto recién empieza y la única lucha que se pierde es la que se abandona”.
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ATE anticipa que no tolerará nuevos despidos: «En el 2025 les vamos a robar la motosierra y le vamos a cortar las cabezas a ellos»
«El Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de los más de 57.500 contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año», indicó Aguiar.
Ante la situación que atraviesan los 57.513 trabajadores del Sector Público cuyos contratos vencen a fin de mes y que el Ejecutivo pretende cesantear, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «el Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año».
«Además, aunque seguimos demandando la anulación del Sistema de Evaluación Pública, hay que incorporar en la planta permanente a ese universo de trabajadores que ya se presentó a rendir y que en el 96% de los casos aprobaron en primera instancia los exámenes», agregó el dirigente.
En esta línea, Aguiar aseguró que «más allá de su relato exitista y fantasioso, el Gobierno pierde fuerza. En el 2025 les vamos a robar la motosierra y vamos a empezar a cortar las cabezas de ellos. Tenemos que salvar la democracia y la institucionalidad poniéndole límites claros a Milei, disparó.
«El próximo año la estabilidad tiene que volver a ser un derecho en el empleo público. Tenemos que lograr que recuperen el poder adquisitivo los salarios y jubilaciones e impedir que se siga desguazando el Estado y rematando el patrimonio estatal», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Son 57.513 los contratados en el Estado Nacional según el Boletín Fiscal del Ministerio de Economía al cuarto trimestre de 2024. La gran mayoría de ellos son contratados en el marco del art. 9° de la Ley de Empleo Público (Resolución 48/02). También incluye a monotributistas de locación de obras y servicios; contrataciones bajo entes cooperadores u organismos de crédito internacional; pasantías; y otros tipos de contrataciones a término como eventuales.
El mayor alerta de ATE por estás horas está puesto en el Ministerio de Justicia, donde el Gobierno anticipó el despido de más de 2.400 trabajadores a partir de la baja del convenio con el ente cooperador ACARA. A esto se le suma el anuncio de 104 despidos en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, y también los más de 50 despidos comunicados en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), dependiente de la Secretaría de Transporte (integrada al Ministerio de Economía).
Cabe destacar que según el monitoreo del sindicato, durante la gestión de Javier Milei, más de 20 mil trabajadores de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada perdieron sus puestos de trabajo a partir de cesantías ilegales. Desde la organización se sigue reclamando su inmediata reinstalación y se evalúan nuevas medidas de acción directa para el inicio del 2025.
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ATE exige la reapertura de las paritarias ante de fin de año y una recomposición salarial de emergencia
«La política salarial impulsada desde la Casa Rosada empujó a más del 80% de los estatales a la pobreza. Los sueldos ya no alcanzan», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) le exigió al Gobierno Nacional la inmediata reapertura de las paritarias antes del 31 de diciembre y reclamó un aumento de emergencia para recomponer el poder adquisitivo gravemente deteriorado en el último año. El sindicato anticipó que en el caso de que no haya convocatoria a las negociaciones salariales, podría determinar medidas de acción directa para el inicio del 2025.
«Es imperiosa la necesidad de que se reabran las negociaciones antes de fin de año. El ajuste aplicado en el sector público durante el 2024 destruyó todos los salarios. La política salarial impulsada desde la Casa Rosada empujó a más del 80% de los estatales a la pobreza. Los sueldos ya no alcanzan ni para cubrir las mínimas prestaciones garantizadas por la ley», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.
Ante esta situación el dirigente apuntó que «necesitamos que sea compensando el grave deterioro que han tenido durante este año nuestros ingresos. El bono de $30.000 otorgado y avalado por otro sindicato es una ofensa, no alcanza para nada».
«Hoy todos los empleados públicos que tienen que pagar un alquiler no llegan ni siquiera a mitad de mes. El recorte salarial en la Administración Pública es dramático. Si no existe una respuesta a este pedido concreto, en el inicio del próximo año habrá un aumento de la conflictividad», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
En una nota dirigida al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, y a la Secretaría de Trabajo de Julio Cordero, el sindicato exigió:
- Salarios dignos que, de acuerdo con el art. 14 bis de la Constitución Nacional, aseguren como mínimo alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión;
- Aumentos salariales por encima de la inflación;
- Apertura de todos los convenios colectivos de trabajo sectoriales, especialmente los más postergados, como el del Personal Civil y Docente Civil de las FF.AA.-Seguridad-IOSFA,Sistema Nacional del Empleo Público (SINEP) y Profesionales de la Salud Dto. 1133/09;
- Asegurar la continuidad de todos los procesos de regularización del empleo público – pases a planta permanente;
- Cese del ajuste; los despidos y reincorporación inmediata de todos/as los/as trabajadores despedidos/as a partir del 10 de diciembre de 2023
Hasta el momento, la pérdida del poder adquisitivo en la Administración Pública Nacional (Convenio Colectivo de Trabajo 214/06) superó el 40% en el 2024.
Cabe recordar que la Junta Interna de ATE en el INDEC, utilizando los datos recabados por el organismo, determinó que el ingreso mínimo (no el óptimo ni el deseable) debería ser de $1.547.169.
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ATE inicia semana de acampes: Cortarán calles frente a Rentas
Se trata de más de 4500 agentes que cumplen funciones en diversos Ministerios con contratos de locación y horas cátedra, entre otras relaciones irregulares.
Este lunes (22/12), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) iniciará acampes en los principales edificios públicos provinciales en Roca, Bariloche y Viedma. «Es en rechazo al congelamiento salarial y en demanda de la renovación de los contratos que vencen el 31 de diciembre», informaron.
Desde el sindicato demandan a la provincia una compensación salarial y en este sentido, anunciaron que darán continuidad a las protestas durante las Fiestas si no existe respuesta al pedido de reapertura paritaria. En Roca, el acampe comenzará a las 6 de la mañana del lunes frente al edificio de la Agencia de Recaudación Tributaria, en 9 de Julio y España. Asimismo, realizarán protestas también en Viedma y Bariloche.
«La política de aumento 0 del Ejecutivo Provincial golpea no sólo al bolsillo de los estatales sino también a toda la comunidad, ya que esa decisión comienza a impactar en el desfinanciamiento del sistema público de salud y educación y en todos los organismos del Estado», dijo Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE.
«Los voceros del Ejecutivo mienten cuando dicen que los salarios superaron a la inflación. Se creen su propia fantasía: los servicios básicos, alquileres y combustibles superaron ampliamente la evolución de los salarios», agregó.
Si bien uno de los pedidos fue saldado por el Gobierno -el pago íntegro del aguinaldo antes del 24 de diciembre-, Aguiar insistió con que «el congelamiento salarial de los dos últimos meses empujó a miles de trabajadores bajo la línea de pobreza, que alcanza en la provincia al 56% de los ciudadanos -más que el promedio del país- y con esta decisión se incrementará drásticamente».
«Además demandamos la regularización de los trabajadores con contratos, un personal discriminado sin estabilidad laboral que tiene el derecho a estar en las mismas condiciones que el resto del personal con igual tarea, como dicta la Constitución Nacional», dijo por su parte Leticia Lapalma, secretaria adjunta de ATE. Se trata de más de 4500 agentes que cumplen funciones en diversos Ministerios con contratos de locación y horas cátedra, entre otras relaciones irregulares.
