Judiciales
Ejecuciones de créditos personales deben respetar el régimen de Defensa del Consumidor
Fallo de la Cámara Civil de Roca llama a «asumir un rol más proactivo en defensa del sujeto débil» en las relaciones de consumo.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Roca dictó una sentencia con fuerte respaldo a los derechos del Consumidor, en la que encomendó a los juzgados de primera instancia que están bajo su órbita no sólo aplicar de oficio la normativa vigente a favor del más débil de la relación contractual sino también verificar el estricto cumplimiento de los requisitos legales por parte de las compañías financieras que pretenden ejecutar títulos de crédito contra particulares.
En «las acciones que pudieren iniciar las empresas, derivadas de una relación de consumo o que deben presumirse como tales, el juez está llamado a asumir un rol más proactivo en defensa del sujeto débil de la relación, de acuerdo a los principios del régimen consumeril estructurado en base al artículo 42 de la Constitución Nacional y leyes reglamentarias que resultan de orden público», recalcó el Tribunal en una sentencia dictada el pasado 7 de marzo.
La Cámara destacó que la ejecución de pagarés y otros títulos nacidos de contratos de crédito entre empresas e individuos debe respetar el régimen especial que establece la Ley de Defensa del Consumidor, como un modo de compensar la desigualdad a la que queda sometido el tomador del préstamo en ese tipo de relaciones contractuales.
El pronunciamiento de la Cámara hizo lugar a la apelación de un hombre del Valle Medio, quien había sufrido un embargo producto de la ejecución de un pagaré por parte de la empresa «Patagonia Servicios Financieros S.A.».
Aquel documento que se presentó como base para la demanda hubiese resultado título suficiente para otro tipo de situaciones. Sin embargo, por tratarse en este caso de una «relación de consumo» entre la compañía y el tomador del crédito, la Ley de Defensa del Consumidor exige que el pagaré cumpla una estricta serie de requisitos, para evitar ejecuciones arbitrarias o reclamos abusivos.
Con voto rector del juez Gustavo Martínez y adhesión de su par Víctor Soto, la sentencia ratificó que «para esta Cámara no es admisible la ejecución con base en pagarés que no cumplan las exigencias del art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor» (*).
El Tribunal sostuvo que, en caso de resultar insuficiente la información volcada en el pagaré, la misma al menos debe surgir detallada de «otra documentación válida» que tenga la firma del cliente y que haya sido debidamente presentada al expediente por la empresa que pretende llevar adelante la ejecución. Según encomendó la Cámara a los tribunales inferiores, si no están dados esos requisitos, éstos no deberán habilitar la vía ejecutiva.
Así, la Cámara concluyó que no debe dictarse «la sentencia monitoria -y mucho menos aún disponer embargos y demás medidas contra el ejecutado-, sin previamente requerirle al ejecutante (empresa) que allegue el contrato y la documentación acreditante del negocio por el que se libró el pagaré cuya ejecución se pretende, a fin de verificar que éste no infracciona el régimen de protección de los consumidores frente a tal tipo de operaciones».
Requisito fiscal
La presentación de demandas ejecutivas por parte de compañías financieras y casas de crédito es cada vez más habitual en los Tribunales provinciales.
La Cámara recordó que además, para ser válidos en el proceso, tanto los pagarés (u otros títulos) como los contratos mismos (en este caso el contrato de crédito o mutuo) deben tener acreditado el pago del impuesto de sellos, en cumplimiento del régimen fiscal rionegrino. En el caso analizado, no se cumplía el tributo por el contrato.
Sobre el requisito fiscal, la Cámara recordó que el Código Fiscal de la provincia (Ley I 2686) considera como «infracción» el hecho de «invocar en juicio la existencia de un contrato escrito sin comprobar que tributó el impuesto, tasa o contribución correspondiente».
El Tribunal fundamentó que se trata de «normas de orden público», por lo que corresponde «actuar de oficio dando cuenta de la situación a la Agencia de Recaudación Tributaria, así como también encomendando a los Juzgados de Primera Instancia que actúen conforme los lineamientos aquí dados».
La Cámara aclaró que se dispuso la comunicación a la Agencia de Recaudación «ante la posibilidad -que aparece como muy probable-, que no se esté tributando en general, apelado a esta extraña forma de contratación como un modo de intentar eludir la carga fiscal, lo que sería un hecho grave que podría hasta eventualmente constituir delito».
Qué dice la Ley
El artículo 36 de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor establece los requisitos para las «operaciones de venta de créditos» y dice: «En las operaciones de crédito para la adquisición de cosas o servicios deberá consignarse, bajo pena de nulidad: El precio de contado, el saldo de deuda, el total de los intereses a pagar, la tasa de interés efectiva anual, la forma de amortización de los intereses, otros gastos si los hubiere, cantidad de pagos a realizar y su periodicidad, gastos extras o adicionales si los hubiera y monto total financiado a pagar».
Judiciales
Quisieron robar un auto a la madrugada y terminaron detenidos
La dueña escuchó ruidos extraños fuera de su domicilio y se comunicó con la Policía.
Este mediodía (30/06), el Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un hombre y a una mujer por un intento de robo ocurrido ayer (29/06) a la madrugada en General Roca. Además solicitó la prohibición de acercamiento a dos domicilios y a dos personas.
Según la acusación fiscal, «alrededor de las 7 de la mañana del domingo, la pareja aprovechó que la víctima había dejado su auto en la vía pública, y actuando con un plan en común, habrían violentado el tambor de la cerradura de la puerta del conductor».
«Luego, se subieron al vehículo pero no terminaron de concretar su accionar ya que una de las damnificadas abrió la ventana de su casa que daba a la calle, verificó las cámaras de seguridad y dio aviso al personal policial», explicó la fiscal del caso.
Los dos sospechosos fueron reducidos por el personal de la Comisaría 3°, que tomó intervención en el hecho.
Forman parte del sustento probatorio de esta imputación el acta de procedimiento policial, la denuncia penal, las entrevistas, informes del Gabinete de Criminalística, el análisis de las cámaras de seguridad.
La Fiscalía solicitó además de la imputación, que ambos se abstengan de acercarse a las víctimas, como a dos domicilios.
Por su parte, el defensor público que asistió tanto a la mujer como al hombre no se opuso a la formulación de cargos como tampoco a la medida cautelar.
De esta manera, y tras escuchar a ambas personas imputadas, la jueza de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos por el delito de «tentativa de robo de vehículo dejado en la vía pública y amenazas», imputados por ser co-autores, y ordenó la prohibición de acercamiento.
Judiciales
El acusado de dispararle a un joven en la zona norte, quedará 4 meses en prisión preventiva
Es mientras continúa la investigación. Es el único detenido por el hecho. La víctima continúa internada en el Hospital.
Este mediodía (30/06), el equipo fiscal de turno formuló cargos a un hombre de 24 años por un hecho ocurrido el pasado viernes (27/06), alrededor de las 21.00 horas, cuando el imputado le habría disparado desde una motocicleta a la víctima. Además, tras el pedido fiscal, el sujeto quedó detenido cumpliendo prisión preventiva por el plazo de 4 meses.
Según la acusación fiscal, «el imputado se movilizaba en una moto junto a un menor de edad y en la esquina de O`Higgins y Kennedy habrían interceptado a la víctima que iba caminando junto con dos jóvenes más».
«El imputado, que iría de acompañante, utilizando un arma de fuego tipo revolver, que portaba sin la debida autorización legal, le habría efectuado a la víctima al menos cinco disparos con la finalidad de ultimarlo. Dos impactaron en el cuerpo del joven herido, otro en el codo del brazo derecho y el otro en el rostro sector infraorbitario izquierdo, causándole lesiones de carácter graves«, describió la fiscal del caso. Luego de los disparos, el imputado y su acompañante se dieron a la fuga.
La calificación legal por la cual se tuvieron por formulados los cargos es la de «tentativa de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de edad en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil», según los Artículos 79, 41 bis, 41 quáter, Art. 189 Bis 2º apartado 3º supuesto, 42, 55 y 45 del Código Penal.
Entre el sustento probatorio presentado por la Fiscalía para esta instancia se encuentra: la intervención de la Comisaría 21º, las entrevistas, actas de allanamientos concretados en el marco de este legajo, intervención del Gabinete de Criminalística y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, certificado del médico policial que constató que la víctima presentaba al momento del examen lesiones graves, historia clínica del joven que resultó herido, proporcionada por el área de salud pública, entre otros.
Luego la Fiscalía solicitó la prisión preventiva teniendo presente que «existen elementos de convicción suficiente para entender que el imputado es el autor del hecho, además sostenemos como peligro procesal el posible entorpecimiento a la investigación. Hay varios testigos que expresaron temor para prestar sus declaraciones, además que resta prueba por producir, entre ellas entrevistas, Cámara Gesell, análisis de cámaras, y de los proyectiles levantados en el lugar del hecho».
Por su parte, el defensor particular negó la autoría de su defendido en el hecho mencionado y se opuso a la aplicación de la medida cautelar, proponiendo una menos gravosa.
Finalmente, la jueza de Garantías interviniente resolvió tener por formulados los cargos en los términos esgrimidos por la Fiscalía. En el mismo sentido lo hizo con la prisión preventiva. De esta manera, el imputado deberá cumplir con la medida cautelar por el plazo de 4 meses.
Judiciales
Acuchilló a su pareja en medio de una discusión y quedó detenida
El hombre se encuentra internado en terapia intensiva. La herida fue a la altura del pulmón.
Este mediodía (26/06) el Ministerio Público Fiscal formuló cargos y solicitó la prisión preventiva de una mujer de 52 años por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo. Pese a que el defensor público se opuso a la cautelar, la acusada continuará detenida por el plazo de un mes.
Según la acusación fiscal, el hecho habría ocurrido el pasado martes alrededor de las 2 de la tarde, en un domicilio ubicado en Rosario de Santa Fe al 3200 de General Roca.
«Previo mantener una discusión por celos, la imputada habría tomado un cuchillo de 33 centímetros de largo, con el fin de herir a su pareja, y le habría ocasionado una herida cortopunzante a la altura del pulmón», explicó la representante fiscal.
Tras el ataque, el hombre fue intervenido quirúrgicamente y «se encuentra en estado reservado en la Unidad de Terapia Intensiva», agregó la Fiscalía.
Entre el sustento probatorio mencionado se encuentra el acta de procedimiento confeccionado por la Comisaría 21° tras un llamado al 911, el croquis referencial del lugar del hecho, el acta de entrevistas a allegados de la señora y otras personas, a personal policial.
«Hemos consultado también los legajos obrantes en el fuero de Familia, donde pudimos advertir que la relación tenía historicidad de violencia», dijo la fiscal del caso.
Intervino el Gabinete de Criminalística, se secuestraron el cuchillo, ropa con manchas símil sangre, celulares tanto en el lugar del hecho como en el lugar donde el hombre se encuentra internado, se suma a la prueba el relevamiento fotográfico, la historia clínica del paciente, la intervención del Cuerpo de Investigación Forense (CIF) de la Segunda Circunscripción.
El defensor público explicó que, tras asistir a la mujer, no iba a prestar declaración.
En relación al pedido de la medida cautelar por un mes, la fiscal argumentó que «hay elementos de convicción suficientes sobre quien fue la autora del hecho, si bien la señora no tiene antecedentes penales la calificación legal por la que hoy formulamos los cargos dependerá del avance o no del estado de salud del hombre», aclaró.
«El peligro procesal invocado es el de posible entorpecimiento a la investigación, basándonos en los dichos de la mujer que referenciaron los policías. Además, en caso de mejorar la víctima, necesitamos que él pueda prestar su testimonio con tranquilidad sin temor a ser amedrentado por la señora», agregó la representante fiscal.
El defensor penal público se opuso al pedido fiscal, «toda la prueba está preservada, se realizaron los secuestros pertinentes, la víctima está internada, ¿qué es lo que podría condicionar mi asistida?. Para esta parte, ese riesgo no está del todo presente en este caso. Por eso solicitamos que recupere inmediatamente la libertad y propongo que se le otorgue prisión domiciliaria con dispositivo electrónico».
La jueza de Garantías interviniente resolvió tener por formulados los cargos en los términos esgrimidos por la fiscalía. En relación a la medida cautelar explicó que «tal lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal habría ocultamiento de prueba, el señor además se habría negado a denunciar el hecho, sin embargo la Fiscalía continúo con la acusación teniendo presente la gravedad del hecho y como dijo la representante el delito imputado no podrá ser menor al que hoy se le ha descripto». Por todo lo anterior, la magistrada resolvió que la preventiva sea de un mes.
