Judiciales
Quedó libre la madre de la niña que abandonaron golpeada en el Hospital
Fue imputada por «participación por omisión», mientras que su pareja, que continuará detenido, por «lesiones leves agravadas por ensañamiento».
La Justicia de los fueros Penal y de Familia realizó el mediodía del martes, las audiencias relativas al caso de la niña que fue asistida en el Hospital Francisco López Lima de General Roca el pasado sábado por la tarde.
En primer término la jueza de Familia Andrea Tormena, junto con la Defensora de Menores Elizabeth Quesada; la asesora legal del Organismo Proteccional de Desarrollo Social, Lorena Marín, y los Defensores de Pobres y Ausentes Diego Suárez e Irene Peruzzi, participaron de las audiencias -por separado- con la mamá de la niña y luego con su pareja. Esas audiencias se realizaron en el marco de la Medida Excepcional de Protección de Derechos dispuesta por el Organismo Proteccional SPIDNNA (Subsecretaría de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes), regida por Ley 26.061, que alcanza tanto a la niña internada como a sus dos hermanos mellizos, de 4 meses.
La mencionada ley establece que al detectarse la situación de vulnerabilidad de un niño/a, el SPIDNAA debe emitir el acto administrativo de protección y definir un lugar de alojamiento para los niños por un lapso determinado (en este caso se dispuso el máximo legal de 90 días, prorrogable a 180), para permitir el restablecimiento de sus derechos. Ese lugar puede ser -según la evaluación interdisciplinaria que realice el organismo- junto a su familia extensa o, como en este caso, en una institución pública.
El procedimiento indica que la Defensora Quesada deberá emitir en las próximas horas su opinión sobre la legalidad de la medida administrativa de protección. Una vez evaluado ese dictamen la jueza Tormena resolverá si corresponde la legalización de lo decidido por el SPIDNNA, dentro del plazo máximo de 72 horas que prevé la normativa.
Tras las audiencias en el Juzgado de Familia, la Jueza y la Defensora de Menores aseguraron que el resguardo de los tres niños está debidamente garantizado mediante el actuar conjunto del SPIDNNA, Salud Pública y el Poder Judicial. El Organismo Proteccional, además, tomará a su cargo la inscripción de los mellizos en el Registro Civil y de Capacidad de las Personas.
Luego, fue el turno de la declaración indagatoria en el fuero Penal a los dos imputados: la madre de la niña y su pareja. Encabezó la audiencia la jueza de Instrucción Natalia González, titular del Juzgado N° 4, en tanto que la acusación fue formulada por la Fiscal de Delitos contra las Personas Teresa Giuffrida. Intervino también la Defensora de Menores Estela Aroca en resguardo de los intereses de la víctima, mientras que la defensa de los dos imputados estuvo a cargo del Defensor Oficial Gustavo Viecens.
La Fiscalía imputó al hombre la presunta comisión del delito de «lesiones leves agravadas por ensañamiento» y a la mujer la «participación por omisión» en el mismo delito.
Cabe señalar que esta calificación legal es provisoria y que el carácter «leve» de las lesiones es el dictaminado en su primera intervención por el Cuerpo Médico Forense. Según establece el Código Penal, las lesiones se consideran «leves» -sin perjuicio de la gravedad del caso en análisis- cuando su tiempo estimado de curación es inferior a 30 días.
Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y la defensa, la jueza González dispuso que el hombre permanezca detenido hasta la resolución de su situación procesal, la cual se definirá dentro del plazo legal de 10 días hábiles. En cuanto a la madre de la niña, se ordenó su libertad con prohibición de acercamiento a la víctima. La mujer quedó sujeta a proceso y dentro del mismo plazo también se resolverá su situación procesal.
La audiencia se realizó a puertas cerradas por tratarse la víctima de una menor de edad. Por el mismo motivo las autoridades judiciales anticiparon que mantendrán estricta reserva de los pormenores del caso.
Judiciales
Caso Dobra: Extendieron las preventivas y medidas cautelares de los acusados
La Justicia determinó que las medidas se prorroguen por dos meses más.
Este mediodía (04/09), la Fiscalía y las querellas intervinientes en el legajo que investiga el homicidio de Julián Dobra solicitaron que las preventivas y demás medidas cautelares para los cinco imputados se prorroguen por dos meses más.
«Los imputados intentaron borrar todas las pruebas, sin embargo se ha avanzado -gracias a la vigencia de las prisiones preventivas- con sólidos indicios. No hemos identificado durante este tiempo y con lo que arrojan las pericias alguna cuestión que permita morigerar las medidas cautelares, es más lo que hemos logrado hacer es incorporar más imputados y avanzar en las pruebas», dijo el equipo fiscal interviniente.
«Por el momento, no es posible ni desincriminarlos ni podemos sostener una morigeración de las preventivas», agregaron.
La Fiscalía solicitó la extensión de las medidas por los peligros procesales de posible entorpecimiento a la investigación en relación a los denunciantes, testigos, víctimas, como también basándose en el peligro de fuga por el avance que está tomando la investigación.
A su turno, tanto la defensora penal de menores como el defensor público y los dos abogados particulares solicitaron puntuales morigeraciones y propusieron medidas alternativas.
El juez de Garantías interviniente resolvió confirmar en un todo lo solicitado por la parte acusadora, de esta manera quedaron prorrogadas las domiciliarias con pulsera electrónica para los dos adolescentes; la libertad ambulatoria con presentaciones en fiscalía y uso de tobillera con radio de movimiento en General Roca para quien así lo viene cumpliendo hace un mes, y los otros dos deberán seguir cumpliendo la preventiva en el establecimiento.
Reserva de audiencia
Conforme lo previsto en el Código Procesal Penal y las reglas que dicta el Superior Tribunal de Justicia (STJ), el juez trató el tema de la presencia de medios de comunicación en el desarrollo de la audiencia como cuestión previa. La defensora de menores penal argumentó que «existen limitaciones a la publicidad de la misma, una de esas es cuando están en juego el interés de menores de edad, en este caso además son imputados, por ello es que solicitamos que no haya presencia más de allá de las partes intervinientes».
Por ello, respecto a la presencia de los medios de comunicación en la sala, el juez hizo lugar al planteo de la defensora. El magistrado mencionó que se trata de una audiencia que cuenta con la particularidad de la presencia de personas menores.
Judiciales
Continuará detenido el hombre acusado de tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil
Fue imputado y lo juzgarán por tres hechos; uno de ellos cuando compartió por WhatsApp dos videos con imágenes de abuso sexual infantil.
Tras producirse ayer (03/09) la detención de un hombre que tenía declaración de rebeldía y pedido de captura, esta mañana (04/09) el Ministerio Público Fiscal formuló cargos y solicitó que se dicte la medida cautelar de prisión preventiva por tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil.
Según la acusación fiscal, ocurrieron tres hechos, uno en junio de 2024, «cuando subió a los servidores Meta-WhatsApp dos videos de material de abuso sexual infantil». Un segundo hecho el 26 de agosto del año pasado, «cuando a través de su cuenta en Telegram y utilizando su celular facilitó el acceso a dos videos con contenido de material de abuso sexual infantil»; y un tercero el «27 de agosto de 2024 cuando se concretó un allanamiento, se secuestró un teléfono que tras la apertura realizada por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General, se encontraron 21 videos con material de abuso sexual infantil».
La calificación legal por la que quedó imputado es la de tenencia de material de abuso sexual infantil agravada por ser las víctimas menores de 13 años (primero y segundo hecho) en concurso real con facilitación de imágenes de abuso sexual infantil agravada por ser las víctimas menores de 13 años (tercer hecho), según los Artículos 128 segundo párrafo y último párrafo (primero y segundo hecho); y Artículo 28 primer párrafo (tercer hecho), 45 y 55 del Código Penal.
Entre el sustento probatorio mencionado para esta instancia la Fiscalía verbalizó el reporte recibido de parte de National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) al Ministerio Público Fiscal de Ciudad de Buenos Aires, y luego desde CABA a la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) de Procuración General.
Se suma la orden de allanamiento autorizada por el juez interviniente, el secuestro de celular, el acta del Gabinete de Criminalística, informe técnico de extracción forense, y el informe del Cuerpo de Investigación Forense respecto de la edad de las víctimas que se visualizan en los videos.
Luego la Fiscalía solicitó la prisión preventiva teniendo presente el antecedente de que este hombre no se mantuvo a derecho y fundó el pedido en el peligro de fuga.
Tras la oposición de la defensa penal pública que asistió al imputado, que propuso que el hombre realice presentaciones diarias personales y que continúe el proceso en libertad, la jueza de Garantías interviniente resolvió tener por formulados los cargos y que el hombre cumpla con preventiva por el plazo de dos meses.
Judiciales
Ordenaron restricciones mutuas a dos madres por un conflicto escolar vinculado al bullying
El Juzgado dictó una prohibición de contacto directo e indirecto entre ambas personas, incluyendo mensajes a través de redes sociales o aplicaciones.
Un Juzgado de Paz de una localidad de la costa rionegrina ordenó una serie de medidas preventivas en el marco de un conflicto entre dos mujeres, a raíz de denuncias cruzadas por situaciones vinculadas al bullying que involucran a sus hijas, alumnas de una misma escuela primaria.
El expediente se tramitó bajo la Ley Provincial 5592, que sanciona contravenciones como la intimidación, el acoso y las amenazas que afectan la tranquilidad de las personas. Ambas mujeres comparecieron ante el Juzgado en representación de sus hijas de 11 años, quienes -según relataron- atraviesan episodios reiterados de hostigamiento en el ámbito escolar.
Una de las ciudadanas sostuvo que su hija sufrió situaciones de bullying como consecuencia de conflictos no resueltos entre los adultos, y señaló que el entorno escolar no brindó respuestas efectivas. La otra parte afirmó que su hija también es víctima de acoso escolar y denunció haber sido agredida por la otra progenitora, tanto en la vía pública como en su domicilio.
Ante la existencia de versiones coincidentes sobre un clima de violencia en espacios compartidos, el Juzgado dictó una prohibición de contacto directo e indirecto entre ambas personas, incluyendo mensajes a través de redes sociales, aplicaciones digitales o terceras personas. También fijó una restricción de acercamiento recíproca de al menos 200 metros respecto de los domicilios, lugares de trabajo y espacios habituales de permanencia.
Además, se dio intervención a las autoridades educativas de la escuela primaria a la que asisten las niñas, con el objetivo de implementar medidas institucionales que aseguren una convivencia libre de violencia física, psicológica y simbólica. Las disposiciones incluyen evitar todo tipo de discriminación, establecer protocolos de intervención ante casos de acoso escolar y revisar las normas de convivencia escolar con enfoque de género y derechos de la niñez.
El Juzgado también ordenó que el personal educativo reciba capacitaciones obligatorias en temáticas vinculadas a la Ley Micaela y a la protección integral de los derechos de la infancia, y dispuso la asistencia psicológica y social tanto para las niñas como para sus progenitores, a través de equipos interdisciplinarios del sistema educativo.
Las medidas tendrán una duración inicial de 90 días y podrán extenderse si persiste el riesgo o se incumplen las condiciones fijadas. La supervisión del cumplimiento quedó a cargo de la comisaría local.
