Judiciales
Barotto recibió al Colegio de Abogados de Roca
El juez del Superior Tribunal de Justicia mantuvo una serie de reuniones en Roca para avanzar en propuestas de mejoramiento del servicio de Justicia y analizar el funcionamiento de los organismos de la Segunda Circunscripción.
El juez del Superior Tribunal de Justicia Dr. Sergio Barotto mantuvo una serie de reuniones en Roca para avanzar en propuestas de mejoramiento del servicio de Justicia y analizar el funcionamiento de los organismos jurisdiccionales de la Segunda Circunscripción.
El pasado viernes se reunió con el presidente del Colegio de Abogados General Roca, Dr. Gastón Lauriente, para repasar y profundizar algunos de los temas que se habían abordado junto con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Ricardo Apcarián, en la reunión de trabajo realizada el 17 de marzo en la sede de la entidad profesional.
Entre otros temas se avanzó en un proyecto para ampliar un convenio ya vigente entre el Poder Judicial y el Colegio, mediante el cual se facilita la labor cotidiana a los matriculados que trabajan en Río Colorado y su zona de influencia.
Como una ampliación del acceso a Justicia para los profesionales y, en consecuencia, para los usuarios del servicio, desde diciembre pasado el Juzgado de Paz de Río Colorado funciona como sede oficial de recepción de escritos vinculados con expedientes que tramitan ante juzgados de General Roca, Choele Choel y Luis Beltrán. Existe en la oficina un reloj fechador aportado por el Colegio, con el cual se realiza la registración con cargo electrónico de los escritos, asegurando la inviolabilidad de la documentación y emitiendo la constancia oficial sobre la fecha y hora de recepción de la misma. Esto último es fundamental porque las presentaciones, en todos los procesos judiciales, están sujetas a plazos y formalidades de los cuales depende su admisibilidad. Con esta herramienta, los letrados tienen la posibilidad de presentar sus escritos sin tener que viajar personalmente a la sede de los respectivos juzgados, computándose como día y hora de presentación de los mismos los registrados en el fechador del Juzgado de Paz.
En la reunión entre Barotto y Lauriente quedó plasmada la intención del Colegio de ampliar ese convenio, de modo que el fechador existente en la Gerencia Administrativa de la Ciudad Judicial de Roca pueda ser utilizado para la recepción de escritos destinados a los juzgados de los distintos fueros que funcionan en el Valle Medio. Esto agilizaría la tarea de los abogados del Alto Valle en los expedientes que tramitan en los juzgados de Choele Choel y Luis Beltrán, evitando así los traslados y las ampliaciones de plazos procesales en razón de la distancia.
Otros asuntos
En la misma jornada el juez Barotto mantuvo un encuentro con los integrantes de la Sala II de la Cámara del Trabajo de Roca, María del Carmen Vicente, Gabriela Gadano y Edgardo Albrieu.
Según explicó el juez Delegado del STJ, con estos últimos realizó «un repaso del positivo grado de avance en la resolución de causas que habían quedado pendientes de sentencia a raíz de la destitución del exjuez Diego Broggini», al tiempo que recibió sus inquietudes acerca de la integración de la plantilla de personal del organismo.
Además, con los jueces Laborales se analizaron aspectos operativos de la inminente implementación del sistema «Patagonia E-Bank» (de aplicación obligatoria a partir del próximo 1 de mayo) y del sistema de notificaciones digitales (obligatorio a partir del 1 de agosto).
Más tarde se reunió con la jueza de Familia Moira Revsin para analizar aspectos relacionados con el funcionamiento y organización del Juzgado N° 11 a su cargo, y finalmente con los camaristas del fuero Penal Laura Pérez, Verónica Rodríguez y Oscar Gatti, de quienes escuchó sugerencias sobre la redistribución de espacios en los pisos superiores de la Ciudad Judicial. Dichas remodelaciones responden a la refuncionalización del edificio, con miras a un mejor aprovechamiento del espacio en el nuevo diseño de funciones que impone la Reforma Procesal Penal.
Judiciales
Una historia detrás de un cambio de apellido: cuando la identidad pesa más que el origen
El adolescente aclaró que su intención concreta consistía en llevar el apellido de su padre afín.
Un adolescente recurrió al Poder Judicial porque cargaba con un peso invisible: su apellido. Para él, ese nombre en su documento era solo un recordatorio de una ausencia total, lo que le provocaba rechazo y vergüenza.
En la escuela y con sus amigos, todos lo conocen por otro apellido: el de la persona que lo cuidó y lo sostuvo desde que tenía un año y medio. El padre de crianza ocupó el lugar que el progenitor dejó vacío por desinterés.
Aunque su madre ya no es pareja de ese hombre, el vínculo entre ellos permaneció intacto. Él lo acompaña a los actos escolares, lo apoya económicamente y comparte con él vacaciones y festejos familiares.
El fuero de Familia de Villa Regina hizo lugar a la acción iniciada por el adolescente y ordenó la supresión del apellido paterno. También dispuso la rectificación de la partida de nacimiento para que el joven lleve el apellido del hombre que lo crio. Además, ordenó comunicar la decisión al Registro Civil para modificar el acta correspondiente y emitir un nuevo documento nacional de identidad.
Ante una consulta del Juzgado, el adolescente aclaró que su intención concreta consistía en llevar el apellido de su padre afín. Durante el proceso intervino la Defensoría de Menores y se produjo prueba documental, testimonial y pericial psicológica. También se realizaron notificaciones al progenitor biológico, quien no se presentó en ningún momento. La fiscalía y el Registro Civil emitieron dictámenes favorables a la petición.
Los testigos coincidieron en que el joven no se identifica con el apellido paterno y reconoce como padre a quien lo acompañó en su crianza, con quien mantiene una relación cercana. También señalaron que, en ámbitos sociales, escolares y en redes, el adolescente ya utiliza ese apellido.
El fallo recordó que el derecho a la identidad incluye elementos como el nombre, la filiación y la pertenencia social y familiar. El Código Civil y Comercial permite modificar el nombre cuando existen justos motivos, lo que habilita valorar la dimensión dinámica de la identidad personal. En ese marco, la jueza consideró que el abandono del progenitor biológico y la consolidación de un vínculo socioafectivo con el padre de crianza constituyen razones suficientes para apartarse del principio de inmutabilidad del nombre.
También destacó la importancia del interés superior del adolescente y su derecho a ser escuchado. En la audiencia realizada durante el proceso, el joven reafirmó su decisión y explicó que reflexiona sobre el cambio de apellido desde hace años.
A partir de la prueba reunida, el Juzgado concluyó que el uso del apellido paterno genera una afectación en la identidad personal del adolescente y que la modificación solicitada refleja la realidad de sus vínculos familiares y sociales.
Judiciales
Obra social deberá cubrir intervención facial en proceso de transición de género
La rinoplastía feminizante fue considerada parte del proceso de adecuación corporal por el Superior Tribunal de Justicia.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó una sentencia que ordenó garantizar la cobertura integral para una cirugía de rinoplastía feminizante solicitada por una afiliada a una obra social, en el marco de su proceso de adecuación corporal conforme a su identidad de género.
El caso llegó al máximo tribunal provincial a partir de la apelación presentada por la Provincia contra una sentencia de amparo que había reconocido el derecho de la afiliada a acceder a distintas intervenciones vinculadas con su proceso de transición. El recurso cuestionaba únicamente la cobertura de la rinoplastía feminizante.
Al analizar el planteo, el Superior Tribunal señaló que el debate central se vincula con el alcance del derecho a la identidad de género y con la interpretación de la normativa que regula las intervenciones médicas destinadas a adecuar el cuerpo a la identidad autopercibida.
La sentencia recordó que la Ley N° 26.743 de Identidad de Género reconoce ese derecho como un derecho humano fundamental. Establece que las personas mayores de edad pueden acceder a intervenciones quirúrgicas totales o parciales para adecuar su cuerpo, incluida la genitalidad, sin necesidad de autorización judicial o administrativa. Además, la norma dispone que las prestaciones vinculadas con estos tratamientos deben ser garantizadas por los efectores del sistema de salud.
En ese marco, el máximo Tribunal destacó que la reglamentación del artículo 11 de la ley enumera distintas cirugías vinculadas con los procesos de adecuación corporal, pero aclara expresamente que ese listado es de carácter «meramente enunciativo y no taxativo».
Para el Superior Tribunal, este punto resulta determinante para resolver el caso, ya que implica que la cobertura de las intervenciones no se limita exclusivamente a las prácticas detalladas en la reglamentación. En consecuencia, la evaluación de cada pedido debe realizarse considerando el objetivo de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la identidad de género.
La sentencia también analizó la indicación médica incorporada al expediente. Según el informe profesional, la rinoplastía feminizante forma parte del proceso de afirmación de género y se vincula con la necesidad de adecuar ciertos rasgos faciales a la identidad autopercibida, con impacto en el bienestar psicológico y en la calidad de vida.
Desde esa perspectiva, el tribunal señaló que el derecho a la salud debe interpretarse en sentido amplio, conforme al concepto adoptado por la Organización Mundial de la Salud, que comprende el bienestar físico, mental y social de las personas.
El fallo también remarcó que el proceso de adecuación corporal puede involucrar distintas intervenciones que, en conjunto, integran un abordaje médico destinado a armonizar la identidad de género con las características físicas de la persona. Así, confirmó la obligación de cobertura de la obra social.
Judiciales
Choque fatal en la Ruta 22: Imputaron al conductor que manejaba con 2,06 de alcohol en sangre
La víctima, Ángel Lautaro Monsalve, murió tras un impacto frontal entre su moto y un auto, conducido por el imputado.
Un hombre fue formalmente imputado por el homicidio culposo de Ángel Lautaro Monsalve, ocurrido ayer (15/03) a la madrugada en el kilómetro 1159 de la Ruta Nacional N° 22, a la altura de Cervantes.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió cerca de las 6.00 de la mañana, cuando el imputado conducía un Volkswagen Gol en sentido oeste-este de manera imprudente y antirreglamentaria, sin el cuidado ni el dominio exigidos para circular por una Ruta Nacional.
De acuerdo a la Fiscalía, el hombre se movilizaba a unos 100 kilómetros por hora, cuando el máximo permitido en ese sector es de 80 km/h. Además, manejaba bajo los efectos del alcohol, con un nivel de alcoholemia de 2,06 gramos por litro de sangre.
En ese mismo momento, Monsalve circulaba en una motocicleta en sentido contrario, es decir, de este a oeste. Por motivos que aún se investigan, el motociclista invadió el carril contrario y se produjo un impacto frontal excéntrico con el sector delantero izquierdo del automóvil.
Producto de la violencia del choque, el conductor de la moto falleció en el lugar.
La Fiscalía formuló cargos por el delito de homicidio culposo agravado por conducir un vehículo automotor bajo los efectos del alcohol, con un nivel superior a 0,5 gramos por litro de sangre.
Entre las evidencias reunidas hasta el momento se mencionaron el relevamiento realizado por el Gabinete de Criminalística en el lugar del hecho, el test de alcoholemia practicado al conductor, entrevistas a testigos y registros fotográficos.
Durante la audiencia, la defensa penal pública no presentó objeciones a la formulación de cargos.
Respecto a las medidas cautelares, la fiscalía indicó que no se advierten riesgos procesales como entorpecimiento de la investigación o peligro de fuga, ya que el imputado tiene domicilio fijo, trabajo y una hija a la que mantiene.
Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y dispuso como medidas cautelares la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículo y la obligación de no modificar su domicilio, bajo apercibimiento de revocar su libertad provisoria.
