Río Negro
Aprobaron modificaciones a la ley de apicultores
Además, se aprobaron otras normas en la sesión de esta mañana en la Legislatura rionegrina.
El Parlamento rionegrino avaló hoy la iniciativa del Ejecutivo provincial para incorporar a la ley de Apicultura un “arancel de egreso” para todos los apicultores que egresen material vivo de la Provincia. Esta norma, que en 2004 declaró de interés provincial a la apicultura, establece actualmente el pago de un arancel de ingreso, discriminando entre apicultores radicados y no radicados en la Provincia, lo cual, según el Ejecutivo, incide de manera negativa en las economías regionales frutícolas y hortícolas de la Provincia, porque afecta el rendimiento de las cosechas.
En este sentido, el legislador Alfredo Martín (JSRN) argumentó que “la ley necesita un cambio para tratar de mejorar la situación de nuestros apicultores y terminar con las demandas de los apicultores que vienen del norte del río Colorado, que argumentan que existe en Río Negro una especie de barrera”.
Afirmó que esta propuesta crea trabajo y mayores posibilidades de exportar desde los puertos patagónicos, y evitar así que los apicultores foráneos vengan con sus colmenas y se lleven nuestra miel para venderla en otras provincias.
El proyecto establece que el arancel sea fijado por la autoridad de aplicación y destinado en su totalidad al “Fondo Apícola”. Define además que a los apicultores que demuestren haber utilizado salas de extracción de Río Negro, se les reembolsará el arancel.
Prórroga de la Vivienda Única de Residencia Permanente
Se aprobó también la prórroga, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2017, de todos los plazos procesales establecidos en la ley de “Régimen Excepcional de Protección de la Vivienda Única de Residencia Permanente”. Mario Sabatella, autor de la iniciativa, explicó que la “Ley de Protección de la Vivienda” y sus prórrogas tienen por objeto la suspensión de todas las ejecuciones hipotecarias de inmuebles que fueran el único bien de residencia permanente del grupo familiar del deudor, cuando la hipoteca sea producto de créditos destinados a la compra, construcción, refacción o ampliación del inmueble motivo de la subasta.
El legislador del Frente para la Victoria resaltó que esta medida es más importante que en otros momentos, por la caída del salario y porque para los productores es cada día más difícil afrontar las cuotas. Consideró que tanto el gobierno nacional como el provincial deben articular políticas que incluyan a los deudores en un plan de financiamiento, que les permita mantener su vivienda mediante el pago de cuotas razonables y no confiscatorias.
Adhieren a la ley nacional de turismo rural
La Legislatura rionegrina avaló por unanimidad hoy la adhesión a la ley nacional que establece la promoción y el desarrollo sustentable de las actividades turísticas de los pueblos rurales, impulsada por la legisladora Soraya Yauhar (UCR). La autora explicó que la iniciativa busca complementar la legislación provincial con la recientemente sancionada ley nacional, que se basa en la planificación turística provincial desde su perspectiva económica, sociocultural, medioambiental y territorial, respetando los planes turísticos estratégicos que se definan tanto desde la provincia como desde los municipios, y promoviendo la cooperación política, técnica y financiera entre todos los sectores involucrados.
Yauhar resaltó que “pensar en proyectos turísticos como forma de diversificar las fuentes de ingreso de los distintas localidades rurales, compromete a desarrollar al turismo como actividad socio económica y cultural basada en la planificación, generación y gestión de productos turísticos de calidad”. En este sentido, señaló que actualmente la población rural en la Provincia es de 82 mil habitantes, más del 10 por ciento de la población total. Afirmó que Río Negro tiene riquezas invalorables naturales y arquitectónicas que son dignas de difundir, y expresó que si bien son muchos los pueblos, una gran cantidad de ellos están en la región sur, con características especiales y potenciales para el turismo.
El legislador Alejandro Marinao (FPV) adelantó el voto favorable de su bancada y destacó que “es necesario revitalizar todos los potenciales que tenemos en los pueblos y comisiones de fomento”. Afirmó que hay antecedentes en la región sur sobre esta materia, y que todavía se mantienen localidades con actividad y búsqueda de desarrollo de ese potencial, como Pilcaniyeu, Maquinchao y Los Menucos, que esta Legislatura ya promocionó. En este sentido y como un llamado al Poder Ejecutivo, el legislador resaltó que “tenemos elementos, tenemos normas, pero no podemos permitir que estas leyes `duerman el sueño de los justos`”.
Por su parte, Sandra Recalt (JSRN) expresó que la adhesión a esta ley no solo se refiere al financiamiento o recuperación de patrimonio cultural e histórico, sino también a optimizar todas las herramientas que esta gestión ha aportado a la Región Sur, como la llegada de servicios de internet, gas, luz y otros.
Arabela Carreras (JSRN) agregó que “la mejora de las condiciones de vida de los pobladores rurales de la Provincia, a partir de las acciones concretas del gobierno provincial ha llevado, no solo a que los pobladores piensen en no abandonar la vida rural, sino en ir incorporando otras estrategias para darle sustentabilidad a sus proyectos”.
Modifican la autoridad de aplicación de la ley que creó el Conservatorio de Música
Se aprobó esta tarde en la sesión de la Legislatura rionegrina una modificación a la ley que creó el Conservatorio de Música de Géneros Populares de la Provincia de Río Negro. La iniciativa establece un cambio en la autoridad de aplicación de la ley, que pasa a la órbita de la Secretaría de Cultura Provincial.
La modificación se plantea por la distribución de funciones, facultades y competencias dentro del Poder Ejecutivo provincial. La Secretaría de Cultura cuenta actualmente con una Dirección de Artística y funcionarios de la cartera han expresado su interés por implementar la ley que creó el Conservatorio y aportar a su reglamentación desempeñando el rol de autoridad de aplicación de la misma.
Judiciales
Confirman sentencia contra administradora de plan de ahorro por no dar información clara y precisa
El consumidor reclamó tras recibir una cuota 84 con un valor elevado y sin explicación.
Un fallo de segunda instancia confirmó una sentencia que había condenado, de manera solidaria, a una administradora de planes de ahorro y a una terminal automotriz, por incumplimientos al deber de información hacia un consumidor de Viedma.
El caso se originó a partir del reclamo de un hombre que había suscripto un plan de ahorro a 7 años y que, al llegar a la cuota final número 84, recibió un monto considerablemente más alto de lo esperado, sin una explicación clara ni detallada sobre su conformación.
En primera instancia, el juez tuvo por acreditado que existía un saldo deudor, pero consideró que la administradora no logró explicar de manera razonada cómo se había arribado a ese monto. En el análisis también se tuvo en cuenta la aplicación de una medida cautelar dictada en el marco de un amparo colectivo, que luego fue revocada, sin que ello fuera debidamente informado al consumidor.
El Juzgado entendió que la empresa incumplió el deber de información, al no brindar precisiones sobre la composición del valor móvil, los rubros incluidos en los cupones de pago ni el impacto de la medida cautelar en la cuota final. Esa conducta fue considerada un incumplimiento relevante dentro de una relación de consumo, por lo que se ordenó el pago de una indemnización por daño moral y la aplicación de un daño punitivo.
Al analizar el recurso, la Cámara confirmó el fallo y sostuvo que no resultaba suficiente consignar el valor móvil en los cupones, sino que era exigible una conducta activa y transparente por parte de la administradora, conforme a la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial.
Judiciales
Responsabilizan a la dueña de un perro por un ataque en la vía pública: La víctima sufrió lesiones estéticas permanente
Las marcas quedaron visibles y a eso se sumó el impacto emocional propio de una agresión inesperada.
Una mujer sufrió lesiones de consideración y secuelas estéticas permanentes tras el ataque de un perro en plena vía pública. Eran cerca de las 9 de la mañana cuando caminaba hacia su trabajo y, al pasar frente a una vivienda, el animal se lanzó sobre ella sin advertencia previa. La mordió reiteradamente en un brazo y recién se separó tras varios intentos. El episodio ocurrió en Bariloche y un fallo civil condenó a la dueña del can a pagar una suma millonaria.
El ataque no fue un hecho menor ni aislado en sus consecuencias. La mujer recibió atención médica de urgencia y continuó con tratamientos posteriores por las lesiones provocadas por la mordedura. Las marcas quedaron visibles y permanentes. A eso se sumó el impacto emocional propio de una agresión inesperada en un espacio que, por definición, debería ser seguro: la vereda de una calle residencial.
Durante el juicio, el juez civil interviniente dio por acreditado que el ataque ocurrió sin provocación alguna por parte de la víctima y que el perro se encontraba bajo la guarda de su propietaria. Para reconstruir lo sucedido, el magistrado valoró actas policiales, registros de sanidad animal, documentación médica, fotografías y testimonios producidos en el expediente. Ese conjunto probatorio permitió descartar cualquier versión alternativa de los hechos.
El fallo se apoyó en un principio jurídico central: los daños causados por animales se rigen por el régimen de responsabilidad objetiva previsto en el Código Civil y Comercial. Bajo este sistema, no resulta necesario demostrar negligencia, descuido o intención. El dueño responde por el solo hecho de tener al animal bajo su control. La ley solo admite la eximición de responsabilidad si se prueba culpa de la víctima, intervención de un tercero ajeno o un hecho imprevisible e inevitable. Ninguna de esas circunstancias fue acreditada en el caso.
La sentencia fijó una suma superior a los 6 millones y medio de pesos. El monto reconoció, en primer lugar, el daño estético derivado de la cicatriz que dejó la mordedura, considerada una alteración permanente de la apariencia física. El juez entendió que esa secuela debía ser reparada de manera autónoma, aun cuando no afectara de forma directa la capacidad laboral de la mujer.
También se reconoció el daño moral. El fallo destacó el carácter traumático del ataque, el miedo experimentado, la alteración de la tranquilidad personal y las limitaciones que el hecho impuso en la vida cotidiana de la víctima. La agresión, ocurrida de manera súbita y violenta, fue considerada suficiente para justificar una reparación económica relevante por la afectación espiritual sufrida. Además, se admitieron gastos médicos posteriores al episodio, vinculados a curaciones, medicamentos y atenciones necesarias como consecuencia directa del ataque.
El tribunal rechazó, en cambio, el reclamo por daño psicológico permanente. Un informe pericial concluyó que la mujer no presenta una patología psíquica ni una incapacidad duradera, sino reacciones esperables frente a un evento violento. Si bien se reconoció la existencia de angustia y conductas de evitación, estas no alcanzaron el umbral de una afección psicológica indemnizable como incapacidad. La sentencia no está firme porque puede ser apelada.
Gremios
El Gobierno propuso suma compensatoria y actualizar salarios por IPC
ATE analizará la oferta, mientras que UPCN ya adelantó su rechazo asegurando que «ya hay un acuerdo preliminar con la otra organización sindical».
El Gobierno de Río Negro retomó las negociaciones paritarias con los gremios ATE y UPCN, en el ámbito de la Mesa de la Función Pública. Se presentó una propuesta superadora que combina una compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025, con un esquema de actualización automática por IPC para los primeros 4 meses de 2026.
Los representantes de ATE adelantaron que «la decisión final la van a tomar las instancias orgánicas del sindicato», mientras que UPCN rechazó la propuesta asegurando que «ya hay un acuerdo preliminar con la otra organización sindical».
La oferta oficial consta de 4 ejes. En primer lugar, incluye una compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025 por un total de $250.000. El monto se abonará por planilla complementaria en 2 cuotas iguales: la primera el 20 de febrero y la segunda el 20 de marzo.
Para la pauta salarial 2026, el Ejecutivo propuso un mecanismo de actualización automática bimestral basado en la evolución del IPC, que cubre los primeros 4 meses del año. Los haberes de febrero se ajustarán según el IPC de diciembre y enero, mientras que los de abril lo harán con los índices de febrero y marzo. A pedido de los gremios, el cálculo surgirá del promedio entre el IPC Nacional y el IPC Viedma.
Además, en marzo se abonará la Ayuda Escolar con un incremento del 100% respecto del año anterior, alcanzando los $80.000 y los $160.000 en el caso de familias con hijos con discapacidad.
Por último, se confirmó el pago del concepto Indumentaria con un incremento interanual, que alcanzará los $250.000. El monto se depositará en 2 cuotas, el 17 abril y el 17 mayo.
«Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero siempre con los pies sobre la tierra. No vamos a sacrificar la responsabilidad fiscal, porque el orden de las cuentas es lo único que nos permite garantizar el pago en tiempo y forma, un compromiso que esta gestión ha cumplido siempre», explicó la secretaria de la Función Pública.
Esquema de pagos y actualizaciones mes a mes
Con la propuesta de Gobierno, en febrero se abonaría la primera cuota de la compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025, por un monto de $125.000, y se aplicará el aumento salarial correspondiente por IPC.
En marzo, se pagará la segunda cuota de la compensación extraordinaria, también por $125.000, y se abonará la Ayuda Escolar con un incremento del 100%, que alcanzará los $80.000 por hijo y los $160.000 en el caso de hijos con discapacidad.
En abril se aplicará un nuevo aumento salarial por IPC y se abonará la primera cuota del concepto Indumentaria, por un monto de $125.000.
En mayo se completará el pago del concepto Indumentaria con la segunda cuota, también por $125.000.
La reunión fue encabezada por la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, junto a sus pares de Hacienda, Natalia Crociati, y de Gobierno, Natalia Almonacid. Por los gremios participaron Mónica Miranda (UPCN) y Rodrigo Vicente (ATE).
