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Río Negro

Aprobaron modificaciones a la ley de apicultores

Además, se aprobaron otras normas en la sesión de esta mañana en la Legislatura rionegrina.

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El Parlamento rionegrino avaló hoy la iniciativa del Ejecutivo provincial para incorporar a la ley de Apicultura un “arancel de egreso” para todos los apicultores que egresen material vivo de la Provincia. Esta norma, que en 2004 declaró de interés provincial a la apicultura, establece actualmente el pago de un arancel de ingreso, discriminando entre apicultores radicados y no radicados en la Provincia, lo cual, según el Ejecutivo, incide de manera negativa en las economías regionales frutícolas y hortícolas de la Provincia, porque afecta el rendimiento de las cosechas.

En este sentido, el legislador Alfredo Martín (JSRN) argumentó que “la ley necesita un cambio para tratar de mejorar la situación de nuestros apicultores y terminar con las demandas de los apicultores que vienen del norte del río Colorado, que argumentan que existe en Río Negro una especie de barrera”.

Afirmó que esta propuesta crea trabajo y mayores posibilidades de exportar desde los puertos patagónicos, y evitar así que los apicultores foráneos vengan con sus colmenas y se lleven nuestra miel para venderla en otras provincias.

El proyecto establece que el arancel sea fijado por la autoridad de aplicación y destinado en su totalidad al “Fondo Apícola”. Define además que a los apicultores que demuestren haber utilizado salas de extracción de Río Negro, se les reembolsará el arancel.

Prórroga de la Vivienda Única de Residencia Permanente

Se aprobó también la prórroga, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2017, de todos los plazos procesales establecidos en la ley de “Régimen Excepcional de Protección de la Vivienda Única de Residencia Permanente”. Mario Sabatella, autor de la iniciativa, explicó que la “Ley de Protección de la Vivienda” y sus prórrogas tienen por objeto la suspensión de todas las ejecuciones hipotecarias de inmuebles que fueran el único bien de residencia permanente del grupo familiar del deudor, cuando la hipoteca sea producto de créditos destinados a la compra, construcción, refacción o ampliación del inmueble motivo de la subasta.

El legislador del Frente para la Victoria resaltó que esta medida es más importante que en otros momentos, por la caída del salario y porque para los productores es cada día más difícil afrontar las cuotas. Consideró que tanto el gobierno nacional como el provincial deben articular políticas que incluyan a los deudores en un plan de financiamiento, que les permita mantener su vivienda mediante el pago de cuotas razonables y no confiscatorias.

Adhieren a la ley nacional de turismo rural

La Legislatura rionegrina avaló por unanimidad hoy la adhesión a la ley nacional que establece la promoción y el desarrollo sustentable de las actividades turísticas de los pueblos rurales, impulsada por la legisladora Soraya Yauhar (UCR). La autora explicó que la iniciativa busca complementar la legislación provincial con la recientemente sancionada ley nacional, que se basa en la planificación turística provincial desde su perspectiva económica, sociocultural, medioambiental y territorial, respetando los planes turísticos estratégicos que se definan tanto desde la provincia como desde los municipios, y promoviendo la cooperación política, técnica y financiera entre todos los sectores involucrados.

Yauhar resaltó que “pensar en proyectos turísticos como forma de diversificar las fuentes de ingreso de los distintas localidades rurales, compromete a desarrollar al turismo como actividad socio económica y cultural basada en la planificación, generación y gestión de productos turísticos de calidad”. En este sentido, señaló que actualmente la población rural en la Provincia es de 82 mil habitantes, más del 10 por ciento de la población total. Afirmó que Río Negro tiene riquezas invalorables naturales y arquitectónicas que son dignas de difundir, y expresó que si bien son muchos los pueblos, una gran cantidad de ellos están en la región sur, con características especiales y potenciales para el turismo.

El legislador Alejandro Marinao (FPV) adelantó el voto favorable de su bancada y destacó que “es necesario revitalizar todos los potenciales que tenemos en los pueblos y comisiones de fomento”. Afirmó que hay antecedentes en la región sur sobre esta materia, y que todavía se mantienen localidades con actividad y búsqueda de desarrollo de ese potencial, como Pilcaniyeu, Maquinchao y Los Menucos, que esta Legislatura ya promocionó. En este sentido y como un llamado al Poder Ejecutivo, el legislador resaltó que “tenemos elementos, tenemos normas, pero no podemos permitir que estas leyes `duerman el sueño de los justos`”.

Por su parte, Sandra Recalt (JSRN) expresó que la adhesión a esta ley no solo se refiere al financiamiento o recuperación de patrimonio cultural e histórico, sino también a optimizar todas las herramientas que esta gestión ha aportado a la Región Sur, como la llegada de servicios de internet, gas, luz y otros.

Arabela Carreras (JSRN) agregó que “la mejora de las condiciones de vida de los pobladores rurales de la Provincia, a partir de las acciones concretas del gobierno provincial ha llevado, no solo a que los pobladores piensen en no abandonar la vida rural, sino en ir incorporando otras estrategias para darle sustentabilidad a sus proyectos”.

Modifican la autoridad de aplicación de la ley que creó el Conservatorio de Música

Se aprobó esta tarde en la sesión de la Legislatura rionegrina una modificación a la ley que creó el Conservatorio de Música de Géneros Populares de la Provincia de Río Negro. La iniciativa establece un cambio en la autoridad de aplicación de la ley, que pasa a la órbita de la Secretaría de Cultura Provincial.

La modificación se plantea por la distribución de funciones, facultades y competencias dentro del Poder Ejecutivo provincial. La Secretaría de Cultura cuenta actualmente con una Dirección de Artística y funcionarios de la cartera han expresado su interés por implementar la ley que creó el Conservatorio y aportar a su reglamentación desempeñando el rol de autoridad de aplicación de la misma.

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Judiciales

Se realizó el sorteo de jurados populares para los próximos dos años

En las circunscripción con cabecera en General Roca fueron seleccionados 500 mujeres y 500 varones.

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El Poder Judicial de Río Negro llevó a cabo el sorteo de potenciales jurados populares, mediante el cual se seleccionaron 3.600 personas que podrán integrar tribunales populares durante los años 2026 y 2027.

El procedimiento, conforme al Código Procesal Penal, fue supervisado por el Juzgado Electoral Provincial y estuvo a cargo de Lotería de Río Negro. Participaron el vocal del STJ Sergio Ceci, el juez electoral Carlos Da Silva, la secretaria electoral Verónica Belloso, el director de la Oficina Judicial de la Primera Circunscripción Nicolás Farina, Virginia Sastre, del Tribunal de Impugnación y Nicolas Rochas del Ministerio Público. También asistieron la defensora del Pueblo, Adriana Santagati, autoridades de Lotería y representantes del Colegio de la Abogacía de la Primera Circunscripción, en nombre de todos los colegios de la provincia.

Se sortearon 1.800 mujeres y 1.800 varones del padrón electoral provincial. En la Primera Circunscripción, con asiento en Viedma, se seleccionaron 300 mujeres y 300 varones. En las circunscripciones con cabecera en General Roca, Bariloche y Cipolletti se sortearon 500 mujeres y 500 varones en cada una.

Las personas seleccionadas recibirán información a través de las Oficinas Judiciales Penales de cada circunscripción, donde se les indicarán los pasos a seguir y los canales de contacto disponibles.

Cada persona sorteada recibirá una comunicación oficial que incluirá una nota de la Oficina Judicial Penal, un formulario de declaración jurada y un sobre para la respuesta. Esta podrá remitirse gratuitamente por Correo Argentino o completarse en forma digital a través del sitio web: jurados.jusrionegro.gov.ar.

Los datos recabados permitirán realizar una primera verificación para detectar incompatibilidades o impedimentos legales que impidan integrar un tribunal popular. La información será tratada de manera confidencial por las Unidades de Juicios por Jurados de cada circunscripción.

Ningún funcionario o funcionaria judicial solicitará datos bancarios, claves digitales ni información personal sensible.

Desde la implementación del juicio por jurados en Río Negro, las personas seleccionadas por sorteo participan en los procesos penales más graves y públicos. El sistema establece que el jurado popular esté compuesto por doce miembros cuando el fiscal anticipa que solicitará una pena superior a doce años de prisión.

Para integrar un jurado popular en Río Negro es necesario ser argentino o argentina, tener más de 18 años y residir en la zona donde ocurrió el delito. Quedan excluidas las personas con condenas por delitos dolosos, así como quienes ejerzan profesiones jurídicas, funcionarias y funcionarios judiciales, auxiliares de justicia, integrantes activos de las fuerzas de seguridad y referentes religiosos.

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Política

La Provincia aplicó 82 cesantías y 6 exoneraciones por incumplimientos laborales

Desde 2024 la Junta de Disciplina aplicó 513 sanciones.

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La Provincia de Río Negro informó que entre 2024 y lo que va de 2025, se trataron más de 900 expedientes y se aplicaron 513 sanciones: 82 cesantías, 6 exoneraciones, 403 suspensiones y 22 apercibimientos, en el marco de su «política de ordenamiento de la administración pública».

«Estas sanciones reflejan la continuidad de la política de ordenamiento de la administración pública», expresó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra. «Buscamos garantizar que el sueldo, que paga cada rionegrino con sus impuestos, sea por un trabajo bien hecho. Es la mejor forma de respaldar a los miles de agentes que sí cumplen con su tarea», agregó.

Desde enero de 2024 se iniciaron 172 nuevos sumarios y se dictaron 86 suspensiones preventivas. Como muestra de que el proceso ofrece garantías, en el mismo período también se resolvieron 70 sumarios con sobreseimiento de los agentes y se archivaron 193 expedientes en los que no se acreditó una falta.

Una sanción nunca es automática. Primero, se abre un sumario administrativo y se realiza una investigación interna para analizar el incumplimiento. Este proceso está a cargo de instructores (abogados) que garantizan que el procedimiento sea justo y que el agente tenga el derecho a defenderse.

Lastra, explicó que «el objetivo de estos procedimientos es garantizar un ambiente de trabajo justo y dar respuesta a situaciones que perjudican tanto al servicio que presta el Estado, como a los propios compañeros que sí cumplen con sus tareas».

Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos, que van desde faltas graves en el servicio (como la desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en la gestión y el cuidado de insumos) hasta inconductas y conflictos interpersonales en el lugar de trabajo, incluyendo denuncias por malos tratos, insultos y peleas entre compañeros.

Finalmente, se encuentran las sanciones más severas. La cesantía, que implica la desvinculación del agente con posibilidad de reingreso al Estado transcurridos cinco años, se aplica cuando hay una acumulación de sanciones previas, abandono de servicios o hechos de mayor gravedad.

La exoneración es la medida más dura: no solo supone la desvinculación definitiva de la administración pública, sino que también inhabilita de forma permanente al agente para volver a trabajar en el Estado. Esta sanción se reserva para casos extremos, como los delitos dolosos con condena penal firme. Recientemente, por ejemplo, se aplicó la exoneración a un agente que había sido condenado por la Justicia por un caso de violencia de género.

El organismo encargado de resolver es la Junta de Disciplina. Su composición asegura la transparencia del proceso: está integrada por un presidente abogado, dos vocales del Poder Ejecutivo y dos vocales gremiales, uno por ATE y otro por UPCN.

«El fortalecimiento institucional es un pilar de la gestión. Corregir lo que está mal también es rendir cuentas y valorar el esfuerzo de los agentes que sostienen el servicio público cada día», concluyó la secretaria Lastra.

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Política

Río Negro celebra la última soldadura del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur

El ducto de 437 kilómetros conecta Allen con Punta Colorada, permitiendo que el petróleo de Vaca Muerta se exporte al mundo a través de la costa rionegrina.

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El Gobierno de Río Negro celebró la concreción de la última soldadura automática del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en el ingreso a la Terminal Portuaria de Punta Colorada, un hito que cierra una etapa clave de la obra energética más relevante de las últimas décadas en la Argentina. «Donde hay estabilidad y previsibilidad, hay desarrollo. Y eso es lo que hoy demuestra Río Negro», remarcó el gobernador Alberto Weretilneck.

El ducto de 437 kilómetros conecta Allen con Punta Colorada, permitiendo que el petróleo de Vaca Muerta se exporte al mundo a través de la costa rionegrina. La obra avanza con estándares de calidad que incluyeron 76 cruces especiales de rutas y arroyos, el traslado de más de 200 equipos pesados, tres campamentos móviles y la participación de miles de trabajadores a lo largo de toda la traza.

En octubre, la UTE Techint–Sacde alcanzó un récord de 175 uniones y más de 4 kilómetros de avance en una sola jornada. La etapa se completará con soldaduras lineales y el cruce subterráneo del río Negro, previsto para diciembre de 2025. La exportación se proyecta a partir de diciembre de 2026.

Weretilneck expresó que «es un día histórico para Río Negro y para la Argentina» y destacó además que «estos logros son posibles porque Río Negro ofrece estabilidad política, previsibilidad económica y seguridad jurídica, condiciones que dan confianza, permiten planificar y garantizan que los compromisos del Estado con el sector privado se cumplan».

VMOS permitirá despachar 180.000 barriles diarios en su primera fase, con posibilidad de ampliar la capacidad hasta 550.000 barriles diarios. Se prevén ingresos para Río Negro por más de U$S 1.000 millones en 13 años, mientras que el Bono VMOS de U$S 60 millones ya se destina a obras y equipamiento en salud, educación y seguridad.

El gobernador subrayó que el esfuerzo compartido entre el Estado, las empresas, los gremios, los proveedores y los trabajadores consolida un modelo de desarrollo que atrae inversiones, genera empleo y fortalece el protagonismo de Río Negro en el corazón del crecimiento energético nacional.

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