Río Negro
Weretilneck con Macri: Firmaron un Compromiso Federal para la Modernización del Estado
Apuntan a una mayor participación ciudadana, mayor transparencia, apertura de la información, agilidad y eficacia en la gestión pública.
Río Negro se sumó al Compromiso Federal para la Modernización del Estado, impulsado por el gobierno nacional y que apunta a una mayor participación ciudadana, mayor transparencia, apertura de la información, agilidad y eficacia en la gestión pública, en un contexto de globalización de bienes y servicios y de información en tiempo real, entre otros aspectos.
En este marco, la Nación y las provincias asumen la responsabilidad para fortalecer sus compromisos con miras a promover la transparencia, empoderar a los ciudadanos a través de su participación y aprovechar el poder de las nuevas tecnologías para que el gobierno sea más eficaz y responsable. De esta manera, se defiende el valor de la apertura en el compromiso con los ciudadanos para mejorar los servicios, gestionar los recursos públicos, promover la innovación y crear comunidades más seguras.
Luego del acto, el gobernador Alberto Weretilneck remarcó que “este convenio de Modernización Federal del Estado, une a las distintas políticas y además le permite al Estado provincial utilizar experiencias que se llevaron adelante en el país”.
“Hablamos de expediente electrónico, firma digital, legajo único de personal, mecanismos de auditorías, acceso a la salud, en definitiva cosas que le permitan al Estado estar al servicio de la gente y que a su vez le signifiquen al pueblo agilidad y mejoras”, sintetizó el Mandatario.
Por su parte, el secretario de Modernización de Río Negro, Silvio Castro, indicó que “la idea es comenzar a trabajar en el proceso de modernización del Estado en función de varios ejes y llevar agilidad en algunos trámites, acercar la gestión al ciudadano y facilitar la realización de ellos”.
“Uno de los ejes es avanzar en la estrategia de gestión documental electrónica, empezar de a poco a digitalizar los trámites que se puedan; abrir la gestión para empezar a tener un proceso de transparencia a partir del gobierno abierto que fijó Nación; permitir la tramitación a distancia de algunos servicios que el Estado presta para que el ciudadano no tenga que ir a una oficina, sino que lo pueda hacer desde otra plataforma; y jerarquizar el empleo público en función de la estrategia de modernización”, agregó. Manifestó finalmente que “es un proceso largo que tendrá su tiempo, pero muy interesante”.
Durante 2016 Nación y las Provincias suscribieron, en el ámbito del Decreto N° 434/2016 de Plan Modernización, Acuerdos Marco de Cooperación con el objeto de desarrollar vínculos para implementar la modernización del Estado en cada una de las jurisdicciones.
Asimismo, en el ámbito del Consejo Federal de Modernización e Innovación en la Gestión Pública (COFEMOD) se han desarrollado avances conjuntos concretos en la implementación de acciones para favorecer el desarrollo de la Modernización.
Entre los objetivos de este compromiso se destacan:
· Desburocratización del Estado, simplificando y agilizando los trámites para hacer más sencilla y práctica la vida de los ciudadanos.
· Jerarquización del empleo público para brindar más y mejores servicios a la ciudadanía y recuperar el orgullo de los servidores públicos.
· Transparentar la gestión y fomentar la innovación para brindar información pública y asegurar la participación ciudadana.
· Fortalecer la gestión por resultados y la calidad de los servicios y políticas públicas.
· Incorporar la infraestructura tecnológica necesaria para favorecer la inclusión digital de toda la ciudadanía en forma segura.
En este marco, la Nación y las provincias se comprometieron también a desarrollar planes concretos para el período 2017/2019 tendientes a desburocratizar el Estado; jerarquizar el empleo público; transparentar la gestión y fomentar la innovación para brindar información pública y asegurar la participación ciudadana; y fortalecer la gestión por resultados y la calidad de los servicios; políticas públicas y la incorporación de infraestructura tecnológica.
Asimismo, Nación y provincias, invitan a todos los poderes del Estado y a los municipios a adherir a esta propuesta y comprometer también sus esfuerzos para lograr la definitiva modernización del Estado en todas sus jurisdicciones.
Judiciales
Más de 100 causas de Defensa del Consumidor ingresaron solo al fuero Civil en lo que va de 2025
Este tipo de expedientes suele requerir la realización de audiencias orales, instancias de conciliación y, en muchos casos, la emisión de sentencias definitivas o la homologación de acuerdos.
En los primeros 6 meses del año, los Juzgados y unidades jurisdiccionales Civiles tramitaron 108 causas por denuncias de Defensa del Consumidor. Este tipo de expedientes suele requerir la realización de audiencias orales, instancias de conciliación y, en muchos casos, la emisión de sentencias definitivas o la homologación de acuerdos alcanzados entre las partes. Es una de las vías de ingreso, aunque no la única, de temas de consumo.
El fuero civil provincial cuenta actualmente con 16 organismos distribuidos en 8 ciudades: Viedma, San Antonio Oeste, Roca, Villa Regina, Choele Choel, Bariloche, El Bolsón y Cipolletti. Desde estos organismos se tramitan procesos que van desde reclamos de consumidores hasta sucesiones, daños y perjuicios, ejecuciones y amparos, entre otros.
Existen otros organismos que también reciben denuncias de las y los consumidores como por ejemplo los juzgados de Paz, algunas oficinas municipales y las áreas de Defensa del Consumidor del poder Ejecutivo.
En el Poder Judicial de Río Negro, durante el primer semestre de 2025, el fuero Civil recibió 3.056 causas nuevas. En ese mismo período, dictó 2.213 sentencias que pusieron fin a los procesos, lo que refleja un alto nivel de resolución de expedientes. Entre los tipos de procesos más frecuentes se destacan las sucesiones intestadas (953 casos, 30% del total), los reclamos por daños y perjuicios (395) y los procesos ejecutivos (379), además de las denuncias de Defensa del Consumidor.
La Ley 24.240 establece los derechos de los consumidores y las obligaciones de los proveedores en las relaciones de consumo. Una relación de consumo es un vínculo que se establece entre el proveedor de un bien o servicio y el consumidor o usuario del mismo. Incluye el antes, durante y después de la compra del producto o contratación del servicio.
Esta norma garantiza que las personas tengan derecho a recibir información cierta, clara y detallada sobre los productos o servicios, a ser tratadas de manera digna y equitativa, a obtener comprobantes de las operaciones y a contar con bienes y servicios que no representen riesgos para su salud o seguridad.
También regula aspectos clave como las garantías legales, los plazos de entrega, las condiciones de las compras por internet y la calidad en la prestación de servicios públicos esenciales.
La información estadística del fuero Civil forma parte de los informes semestrales realizados por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia. Las estadísticas permiten optimizar la toma de decisiones al apuntalar determinados fueros u organismos de acuerdo a la carga de trabajo.
Política
«Un país no se construye abandonando las universidades y la salud»
Weretilneck habló tras los nuevos vetos de Milei a las leyes aprobadas en el Congreso y aseguró que no hubo ningún llamado del presidente.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, cuestionó con firmeza los vetos del presidente Javier Milei a leyes claves para el financiamiento de la educación, la salud pública y las provincias. Anticipó que en el Congreso se rechazarán estas decisiones. «Un país no se construye abandonando a las universidades, quitándole la salud a los niños y negándole a las provincias los recursos que les corresponden. Eso no es federalismo, es un castigo injusto», afirmó.
El mandatario provincial remarcó que los vetos dejaron sin efecto normas votadas por amplia mayoría en el Congreso: la ley de financiamiento universitario, la emergencia pediátrica y la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). «Estamos hablando de derechos básicos: educación, salud y federalismo. No de privilegios», enfatizó.
En relación a los ATN, explicó que «son fondos que se descuentan de la coparticipación, es decir, de los impuestos que nos pertenecen a las provincias. No pedimos nada más que lo que corresponde: esos recursos son de los rionegrinos y deben volver en obras, en escuelas, en hospitales y en servicios para nuestra gente».
En diálogo con LU19, Weretilneck también advirtió que «no hubo ninguna convocatoria institucional a las provincias» por parte del Gobierno Nacional. «El diálogo que existió fue partidario, con gobernadores aliados a La Libertad Avanza. Exigimos un ámbito federal serio, con temario claro, donde estemos todas las provincias, no un encuentro político a puertas cerradas», sostuvo.
Finalmente, fue categórico. «Río Negro no se va a quedar en silencio frente a estas decisiones. Vamos a defender en el Congreso lo que corresponde a nuestra gente. Porque la defensa nace acá, en cada provincia, en cada universidad, en cada hospital que necesita recursos para seguir de pie», concluyó.
Judiciales
Estuvo varado más de 12 horas sin agua ni asistencia: Condenan a empresa de transporte por trato indigno
El colectivo se quedó sin combustible a pocos kilómetros de Chimpay.
Un hombre que viajaba desde Cipolletti hacia Sierra Grande quedó varado en la ruta, sin agua ni comunicación, cuando el colectivo de larga distancia en el que se trasladaba se detuvo por falta de combustible a pocos kilómetros de la localidad de Chimpay. Horas más tarde, al retomar el viaje en otra unidad, el colectivo no se detuvo en el parador correspondiente y, luego de una discusión con los choferes, la persona fue obligada a descender a la intemperie, sin su equipaje.
Tras varios intentos administrativos para obtener una compensación por parte de la empresa Autotransportes Andesmar S.A., y al no lograrlo, el cliente inició una demanda de menor cuantía en el Juzgado de Paz de Sierra Grande.
En el fallo se explicó que el hombre abordó el colectivo interno 5295 a las 10 de la mañana, una hora después del horario estipulado. Hacia el mediodía, a unos 15 kilómetros de Chimpay, la unidad se detuvo por falta de combustible. Las personas pasajeras permanecieron en el lugar hasta que personal policial y de bomberos organizó traslados particulares hacia la terminal de esa localidad. Recién a las 22 horas llegó otra unidad para continuar el viaje.
Durante la madrugada siguiente, ya en las proximidades de Sierra Grande, el colectivo pasó de largo por el lugar donde la persona solía descender. Al pedir que se detuviera, el chofer la insultó y se negó a retroceder. Un segundo conductor, que no se encontraba de servicio, intervino en la discusión. Según el relato, descendió del vehículo con el torso descubierto y un cinturón en la mano, y obligó al pasajero a bajar, lejos de su destino y sin su valija.
Frente a esta situación, presentó reclamos ante Defensa del Consumidor de San Antonio Oeste y Sierra Grande. La empresa negó los hechos denunciados y ofreció una suma compensatoria que fue rechazada por el cliente. Luego, las partes intentaron una instancia de mediación, sin resultados.
En su análisis, la jueza de Paz sostuvo que existió una relación de consumo encuadrada en la Ley 24.240 y en el Código Civil y Comercial. Señaló que el proveedor debe garantizar información clara, trato digno y cumplimiento del servicio contratado. También indicó que, ante la existencia de dudas, corresponde interpretar el contrato de manera más favorable a la persona usuaria.
El fallo consideró acreditada la situación de vulnerabilidad de la parte actora y concluyó que el accionar de la empresa vulneró los derechos protegidos por la normativa vigente. Además del daño material, el juzgado identificó una afectación moral relacionada con la angustia, el maltrato sufrido y la pérdida del equipaje.
La sentencia también impuso un resarcimiento en concepto de daño punitivo, al considerar que la empresa ignoró los distintos reclamos administrativos y obligó a la persona afectada a acudir al Poder Judicial para resolver el conflicto.
Finalmente, la magistrada condenó a la empresa Andesmar a pagar, en concepto de daño directo, la suma de $1.400.000; en concepto de daño extrapatrimonial, $200.000; y en concepto de daño punitivo, $200.000, más intereses.
