Río Negro
Proponen que los colectivos de corta y media distancia incorporen videocámaras
Legisladores del Frente Progresista buscan que las unidades de transporte colectivo de pasajeros, de jurisdicción provincial y municipal que presten servicios en Río Negro, cuenten con cámaras de seguridad.
Los legisladores del bloque Frente Progresista, Jorge Ocampos y Daniela Agostino, promueven un proyecto de ley en el que instan a que las unidades de transporte colectivo de pasajeros de corta y media distancia, de jurisdicción provincial y municipal que presten servicios en Río Negro, deberán contar con cámaras de seguridad en cada vehículo, “que filmen en tiempo real y almacenen las imágenes durante un determinado período”. La captación y el tratamiento de imágenes con fines de vigilancia es una práctica que se ha extendido en los últimos tiempos tanto en nuestra sociedad como en el mundo entero.
Las imágenes que se obtengan tendrán carácter absolutamente confidencial que sólo podrán ser requeridas por la autoridad pública o judicial que se encuentre avocada a la investigación o al juzgamiento de causas penales o contravencionales.
Cuando en espacios públicos o privados se producen actos delictivos o violentos la video vigilancia es una herramienta eficaz tanto para la prevención, como para el posterior tratamiento penal.
“Mediante el uso de sistemas de grabación de imágenes y su posterior tratamiento, se incrementa sustancialmente la protección ciudadana y es por esta razón que cada vez se utilizan con más asiduidad”, afirman los autores de la iniciativa.
Indican Ocampos y Agostino que de acuerdo a las denuncias realizadas y a los hechos acontecidos desde hace años en el interior los micros de línea que transitan por el territorio provincial y municipal, “resulta importante exigir mediante una ley la colocación de videocámaras en las unidades de transporte, que contribuyan a evitar hechos de violencia o agresividad de los pasajeros mientras utilizan este servicio”.
El conjunto organizado del material fílmico grabado en espacios públicos, constituye una base de datos sujeta al régimen de la ley nacional que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que se registre.
Su instalación será obligatoria y a cargo exclusivo de las empresas que, por otra parte, deberán informar al público de su existencia mediante cartelería indicativa de manera clara y permanente, tanto en el exterior como en el interior de cada unidad.
Judiciales
Confirman condenas a instructores del COER por la muerte de Gabriel Mandagaray
La Justicia ratificó la responsabilidad penal de los imputados, al considerar que las condiciones inhumanas a las que fue sometido el joven aspirante.
El Tribunal de Impugnación de Río Negro confirmó las condenas contra cuatro integrantes del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) por la muerte de Gabriel Mandagaray, ocurrida durante un curso de capacitación en abril de 2021.
La resolución se da luego que el STJ anulara las condenas iniciales y ordenara una nueva revisión por parte del TI, pero con una conformación distinta, para analizar de manera integral y exhaustiva cada una de las responsabilidades.
La sentencia de este segundo Tribunal de Impugnación ratificó la responsabilidad penal de los imputados, al considerar que las condiciones inhumanas a las que fue sometido el joven aspirante, sumadas a la negligencia y la imprudencia de sus superiores, fueron determinantes en el desenlace fatal.
El fallo rechazó los recursos de impugnación presentados por las defensas de Maximiliano Vitali Méndez, Alejandro Gabriel Gattoni y Alfredo Roberto Nahuelcheo, quienes fueron condenados por abuso de autoridad y homicidio culposo. Sin embargo, en el caso de Marcelo Ariel Contreras, el Tribunal hizo lugar parcialmente a su pedido y redujo su pena a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para el desempeño de funciones policiales.
La investigación judicial y el juicio acreditaron que la muerte de Gabriel Mandagaray no fue un hecho aislado ni un accidente fortuito, sino el resultado de una serie de decisiones y conductas irresponsables por parte de los instructores y del coordinador del curso.
En primer término se preguntó si era necesario analizar todos los días de entrenamiento en condiciones extremas y de maltrato para entender el desenlace o bien, como expusieron las defensas, solo el ejercicio final.
Testigos del hecho declararon que, en el momento del ejercicio, Mandagaray se encontraba visiblemente agotado y desesperado, tragando agua y hundiéndose debido al peso del equipo. A pesar de los pedidos de auxilio de sus compañeros, la asistencia tardó en llegar y finalmente el joven murió ahogado.
El Tribunal concluyó que los imputados tenían pleno conocimiento de las condiciones extremas a las que estaban sometiendo a los aspirantes, y que el desenlace fatal era previsible y evitable. Además, la sentencia destaca que el ingreso al mar sin medidas de seguridad representó un riesgo innecesario y contrario a los protocolos.
Uno de los puntos clave del fallo es la consideración de que no se trató de una sola acción negligente, sino de una cadena de decisiones erradas que fueron acumulando factores de riesgo. Se menciona que el coordinador del curso, Alejandro Gabriel Gattoni, incumplió la normativa al cambiar el lugar del entrenamiento sin autorización, lo que generó un contexto aún más adverso para los cursantes.
Los jueces destacaron también la responsabilidad de los instructores Maximiliano Vitali Méndez y Alfredo Roberto Nahuelcheo, quienes participaron activamente en la dinámica de maltrato y sometimiento a los aspirantes. Entre otras conductas humillantes, se acreditó que hicieron orinar a Mandagaray en la espalda y obligaron a los cursantes a untarse excremento de animales en el rostro.
Por su parte, Marcelo Ariel Contreras, aunque menos involucrado en las decisiones críticas, también fue señalado como partícipe del esquema de abuso de autoridad y negligencia generalizada. No obstante, su condena fue atenuada, dado que intentó auxiliar a Mandagaray cuando la situación se volvió desesperante.
Río Negro
El Registro Civil Móvil atenderá en Roca: Conocé donde se instalará
Se realizarán renovaciones y actualizaciones de DNI para menores de entre 5 y 8 y 14 años.
Con el objetivo de seguir acercándose a los rionegrinos y facilitarles el acceso a diferentes trámites, el organismo provincial llevará adelante este viernes (14/03) un nuevo dispositivo móvil en la localidad valletana.
En esta oportunidad, el Registro Civil Móvil llegará a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), en donde se realizarán renovaciones y actualizaciones del DNI para menores de entre 5 y 8 y 14 años.
Quienes deseen realizar los trámites pertinentes podrán acercarse a la casa de estudios, ubicada en Mendoza 2151, donde la atención al público se llevará adelante entre las 9 y las 17 horas.
De esta manera, el Registro Civil continúa llevando adelante una misión itinerante por los distintos puntos de la provincia, a fin de facilitar la gestión de documentación de manera rápida y sencilla, sin que las y los vecinos deban trasladarse hacia una delegación.
Política
Fondo de Garantías Río Negro: Más acceso al crédito para las PyMEs
Permitirá contar con garantías para acceder a líneas de crédito en el sistema financiero, asegurando mejores condiciones y fomentando la inversión en la provincia.
El Gobierno de Río Negro oficializó la reglamentación del Fondo de Garantías Río Negro (FoGaRío), una herramienta clave para que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) accedan al crédito en mejores condiciones y con mayor facilidad.
«El FOGARIO es una herramienta fundamental para que nuestras pymes y productores afronten el gran desafío de sostenerse y seguir generando empleo, en un contexto de crisis que los golpea», explicó el gobernador Alberto Weretilneck.
Detalló que «garantizamos el acceso al financiamiento que necesitan para impulsar su crecimiento. Este es nuestro compromiso con Río Negro. No dejamos a nadie atrás. Acompañamos a quienes producen, asegurando que el esfuerzo de nuestra gente se traduzca en oportunidades y más desarrollo».
El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, destacó la importancia de este paso para el fortalecimiento del sector productivo, «con la reglamentación de esta ley, damos un gran impulso a nuestras empresas, comercios y emprendedores. Muchas veces, la falta de garantías limita el acceso al financiamiento, y este fondo viene a revertir esa situación, promoviendo la inclusión financiera y el crecimiento de las economías regionales».
El FoGaRío permitirá a las MiPyMEs contar con garantías para acceder a líneas de crédito en el sistema financiero, asegurando mejores condiciones y fomentando la inversión en la provincia. Río Negro Fiduciaria S.A. será la entidad encargada de administrar el fondo, garantizando una gestión eficiente y transparente.
Banacloy remarcó la visión estratégica del gobernador Alberto Weretilneck de fortalecer la producción local y dinamizar la economía rionegrina con esta herramienta y subrayó, «queremos que el desarrollo económico generado por las inversiones que se están realizando en la provincia se traduzca en oportunidades para nuestros empresarios y emprendedores. Con el FoGaRío, estamos generando las condiciones para que eso suceda».
El Fondo de Garantías Río Negro se suma a un conjunto de políticas impulsadas por la provincia para potenciar la actividad productiva, consolidando el acceso al financiamiento como una herramienta central para el desarrollo sustentable del sector privado.
