Tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, a través del cual se habilita la aplicación del «2×1» para condenados de delitos de lesa humanidad, los legisladores rionegrinos Marcelo Mango y Carina Pita (Frente Grande-Frente para la Victoria) requieren al Honorable Congreso de la Nación, «la imperiosa necesidad de iniciar de inmediato las actuaciones a fin de someter a juicio político, según los establecido en los Artículos N° 53 y N° 59 de la Constitución Nacional, a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dres. Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti y la Dra. Elena Highton; en razón de haber dictado el fallo por el cual se reduce la pena del represor Luis Muiña (condenado en 2011 a trece años de cárcel por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar que gobernó el país entre el 24 de marzo de 1.976 y el 10 de diciembre de 1.983)».

Para Mango «son datos objetivos los que nos permiten afirmar que estos tres jueces deben su cargo al presidente Mauricio Macri. No nos caben dudas es que este fallo, legaliza la visión que el gobierno nacional tiene respecto de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por dictadura cívico-militar y la política de «reconciliación y olvido» que pretende aplicar. Hay sobrados ejemplos de manifestaciones, acciones y gestos políticos en este sentido… Este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no sólo legaliza la política de ‘olvido y reconciliación’ del gobierno PRO, sino que expone a nuestro país al descrédito internacional al clausurar la política de Memoria, Verdad y Justicia, a raíz de la cual el Estado argentino es ejemplo en todo el mundo», agregó.

Asimismo recordó el legislador cipoleño que «el 14 de diciembre de 2015, a tan sólo cuatro días de haber asumido como presidente de la Nación, Mauricio Macri emitió el Decreto N° 83/2015 por el cual designó como Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a Rosenkrantz y Rossati. Cabe recordar que ambas designaciones revestían el carácter de «en comisión». Inmediatamente, la decisión del Ejecutivo fue duramente cuestionada por constitucionalistas y juristas de renombre, algunos de ellos cercanos al Gobierno de la Alianza «Cambiemos». Entre quienes expresaron su desacuerdo podemos mencionar, sin que ello implique agotar la lista, a los Doctores Daniel Sabsay y Andrés Gil Domínguez, así como los juristas el Dr. Ricardo Gil Lavedra y el Dr. Jorge Rizzo. También se expresaron en el mismo sentido, todos los sectores del arco político opositor e incluso algunos integrantes de fuerzas aliadas al gobierno».

«Sin desconocer la contundencia de los argumentos jurídicos que coadyuvaron a que se diera marcha con un hecho ‘a todas luces antirrepublicano’, lo cierto es que fue una decisión política bien pensada por parte del presidente y su equipo, un anticipo de lo que vendría y un mensaje a sus socios de ayer. El presidente estaba dispuesto a tener jueces que le fueran incondicionales, por eso no le importó violar la Constitución y ‘jugarse’ en una cuestión sumamente sensible a gran parte de la opinión pública. Quienes sí tenían conocimiento que la determinación del Presidente constituía una violación a la división de poderes (uno de los principios del sistema republicano de gobierno consagrado en la Constitución Nacional) eran los propios designados. Porque el más común de los mortales comprende, que cuando alguien es designado ‘en comisión’, es para que actúe en nombre de quien lo habilitó», expresó Mango.

«¿Cómo creer que los Doctores Rosenkrantz y Rossati, cuyas designaciones como Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fueron finalmente avaladas por el Senado, sean poseedores de una «correcta valoración de sus aptitudes morales», de la ‘idoneidad técnica y jurídica’ necesarias, y que sus trayectorias nos den certezas de su «compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos», cuando aceptaron previamente ser nombrados por Decreto y en comisión?. ¿Desde dónde interpretar el fallo de la jueza Highton en favor del ‘2×1’, contrapuesto a sentencias anteriores de su propia autoría, cuando su permanencia en el cargo más allá del límite de 75 años que marca la Constitución Nacional, se debe a que Poder Ejecutivo no apeló la medida cautelar del juez federal Enrique Lavié Pico, que dictaminó en favor de su continuidad?», cuestionó el diputado provincial.

«En definitiva, si no se revierte el fallo en cuestión, estaríamos frente a una tácita amnistía para los genocidas y una segura impunidad para los civiles mandantes de la dictadura que aún no han rendido cuentas ante la justicia», concluyó Mango.