El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) modificó las condiciones sanitarias para el ingreso de carnes (con o sin hueso), productos cárnicos y material reproductivo, desde las zonas libres de fiebre aftosa con vacunación hacia regiones del país donde no se aplica la vacunación. Esta apertura incluyó la Patagonia, en donde se mantenía una restricción en la barrera sanitaria que llevaba más de dos décadas, una limitación que había sido recientemente defendida por los gobernadores patagónicos. La modificación se publicó este martes (18/03) en el Boletín Oficial.

Desde el Ejecutivo nacional sostuvieron que la adecuación, definida en la Resolución N° 180/2025 «está en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y establece pautas sobre la maduración, empaque, procesamiento y transporte de carnes, así como requisitos sanitarios específicos para el material reproductivo».

Y agregaron que el objetivo es «garantizar la sanidad del ganado y la inocuidad de los productos, sin afectar la comercialización o el abastecimiento interno, ni el mantenimiento de los mercados con otros países».

Marcaron que con la medida «el Senasa reafirma su compromiso con la sanidad animal y la bioseguridad de la producción agropecuaria argentina, asegurando que los controles sean eficientes y acordes a los estándares internacionales».

La medida apunta a bajar los precios de la carne en la Patagonia que, en medio de una oferta insuficiente de hacienda, tiene precios según los cortes muy superiores. Mientras en un supermercado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el kilo de asado se puede conseguir a casi $8200, en varias carnicerías de General Roca, por ejemplo, ya superaba los $18.500.

El gobernador Alberto Weretilneck y la intendenta de Roca, María Emilia Soria, anunciaron que el Gobierno de Río Negro se hará cargo de culminar la obra de agua potable en el barrio Fiske Menuco, beneficiando a 286 familias, tras la paralización de los trabajos dispuesta por el Gobierno Nacional. La novedad se confirmó en el marco de la visita del mandatario a la ciudad, donde encabezó un acto oficial.

La continuación de la obra será posible gracias a un aporte del Gobierno Provincial, superior a los $313 millones y se ejecutará bajo la modalidad delegada en el marco del programa Junto al Municipio, que lleva adelante el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Cabe recordar que en el barrio Fiske Menuco se desarrollaba una importante obra de urbanización integral que contemplaba todas las necesidades de los vecinos del sector, con la provisión de agua, cloacas, electricidad, alumbrado y cordón cuneta, entre otros. Había sido iniciada años atrás por el Estado Nacional -a través de la Subsecretaría Integración Socio Urbana (SISU)- pero luego del cambio de Gobierno quedó paralizada.

El gobernador Weretilneck destacó la importancia de garantizar estas obras claves para la comunidad. «En Río Negro, la inversión en infraestructura no se detiene; con fondos propios y sin depender de nadie seguimos construyendo el futuro de nuestra provincia», indicó.

La intendenta de Roca, María Emilia Soria, agradeció a la Provincia por el aporte y destacó su compromiso para culminar esta obra tan fundamental para las familias del barrio. «La obra quedó abandonada por decisión el Gobierno Nacional y acordamos con el gobernador Weretilneck la continuidad, es complejo gobernar en este contexto, pero siempre es mejor cuando contamos con este apoyo. Es la única forma», agregó.

En el acto también se entregaron más de 100 tarjetas del programa Río Negro Presente Salud, que garantizan el acceso a medicamentos gratuitos para personas con enfermedades crónicas no transmisibles, atendidas en el sistema de salud y que no cuentan con cobertura médica. Con esta herramienta, cada beneficiario puede adquirir sus remedios en farmacias locales.

La entrega de esta tarjeta es posible gracias al trabajo articulado entre los Ministerios de Salud y de Desarrollo Humano, Cultura y Deporte de la provincia, junto con el Colegio de Farmacéuticos de Río Negro.

Por otro lado, la Provincia entregó escrituras tramitadas a través de la Ley Pierri y del IPPV, en conjunto con el Colegio de Escribanos. De esta manera, más familias roquenses ya cuentan con su título de propiedad, lo que les brinda estabilidad y seguridad, permitiendo proyectar un mejor futuro.

El mandatario felicitó a quienes obtuvieron sus escrituras y les agradeció por su aporte. «Es muy importante que hayan pagado la totalidad de las cuotas, porque esto es un fin solidario, con ese dinero el IPPV construye otras viviendas y avanza en obras», sostuvo.

El deporte también fue protagonista

Durante la jornada, el gobernador Weretilneck entregó un aporte de $6.000.000 al Club Del Progreso, destinado a la colocación del piso flotante de la cancha donde se llevará adelante la Liga Federal 2025 de básquet.

Asimismo, en el marco de la Ley 5245, de Patrocinio y Tutoría del Deporte; el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, firmó un convenio con la Asociación Civil Taekwon-do del Sur, con el objetivo de fortalecer las tareas que la institución realiza para la comunidad, a través de un importante aporte económico.

El Tribunal de Impugnación de Río Negro confirmó las condenas contra cuatro integrantes del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) por la muerte de Gabriel Mandagaray, ocurrida durante un curso de capacitación en abril de 2021.

La resolución se da luego que el STJ anulara las condenas iniciales y ordenara una nueva revisión por parte del TI, pero con una conformación distinta, para analizar de manera integral y exhaustiva cada una de las responsabilidades.

La sentencia de este segundo Tribunal de Impugnación ratificó la responsabilidad penal de los imputados, al considerar que las condiciones inhumanas a las que fue sometido el joven aspirante, sumadas a la negligencia y la imprudencia de sus superiores, fueron determinantes en el desenlace fatal.

El fallo rechazó los recursos de impugnación presentados por las defensas de Maximiliano Vitali Méndez, Alejandro Gabriel Gattoni y Alfredo Roberto Nahuelcheo, quienes fueron condenados por abuso de autoridad y homicidio culposo. Sin embargo, en el caso de Marcelo Ariel Contreras, el Tribunal hizo lugar parcialmente a su pedido y redujo su pena a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para el desempeño de funciones policiales.

La investigación judicial y el juicio acreditaron que la muerte de Gabriel Mandagaray no fue un hecho aislado ni un accidente fortuito, sino el resultado de una serie de decisiones y conductas irresponsables por parte de los instructores y del coordinador del curso.

En primer término se preguntó si era necesario analizar todos los días de entrenamiento en condiciones extremas y de maltrato para entender el desenlace o bien, como expusieron las defensas, solo el ejercicio final.

Testigos del hecho declararon que, en el momento del ejercicio, Mandagaray se encontraba visiblemente agotado y desesperado, tragando agua y hundiéndose debido al peso del equipo. A pesar de los pedidos de auxilio de sus compañeros, la asistencia tardó en llegar y finalmente el joven murió ahogado.

El Tribunal concluyó que los imputados tenían pleno conocimiento de las condiciones extremas a las que estaban sometiendo a los aspirantes, y que el desenlace fatal era previsible y evitable. Además, la sentencia destaca que el ingreso al mar sin medidas de seguridad representó un riesgo innecesario y contrario a los protocolos.

Uno de los puntos clave del fallo es la consideración de que no se trató de una sola acción negligente, sino de una cadena de decisiones erradas que fueron acumulando factores de riesgo. Se menciona que el coordinador del curso, Alejandro Gabriel Gattoni, incumplió la normativa al cambiar el lugar del entrenamiento sin autorización, lo que generó un contexto aún más adverso para los cursantes.

Los jueces destacaron también la responsabilidad de los instructores Maximiliano Vitali Méndez y Alfredo Roberto Nahuelcheo, quienes participaron activamente en la dinámica de maltrato y sometimiento a los aspirantes. Entre otras conductas humillantes, se acreditó que hicieron orinar a Mandagaray en la espalda y obligaron a los cursantes a untarse excremento de animales en el rostro.

Por su parte, Marcelo Ariel Contreras, aunque menos involucrado en las decisiones críticas, también fue señalado como partícipe del esquema de abuso de autoridad y negligencia generalizada. No obstante, su condena fue atenuada, dado que intentó auxiliar a Mandagaray cuando la situación se volvió desesperante.