Judiciales
Confirmaron la prisión preventiva para el «Tano» Gigli
Aunque ahora redujeron la pena a tan sólo 6 meses, lapso que el juez Tobares consideró «razonable y suficiente» para la realización del eventual juicio oral.
El juez de revisión Daniel Tobares confirmó ayer la prisión preventiva respecto del imputado Octavio Gigli, a quien se atribuye la comisión del «homicidio calificado por alevosía» del que resultó víctima el ciudadano Guillermo Martínez en Roca. Tras escuchar en audiencia oral y pública las argumentaciones de la defensa, la Fiscalía y la parte querellante, el magistrado resolvió confirmar la medida cautelar que había sido impuesta el pasado viernes por el juez de Garantías Rubén Norry pero definió reducir su plazo a 6 meses, lapso que consideró «razonable y suficiente» para la realización del eventual juicio oral.
Para convalidar la detención del imputado Tobares enumeró como indicios que Gigli, inmediatamente después de ocurrido el hecho el 1 de septiembre de 2015, abandonó la ciudad y salió del país por la zona de la Triple Frontera, estableciéndose en Brasil con documentos falsos.
«Si en el inicio de la investigación intentó y logró eludir el accionar de la justicia ¿por qué en la actualidad, y ante este grave reproche que pesa sobre él, su actitud habría de ser distinta?», analizó el magistrado.
Por otra parte valoró que Gigli «posee doble nacionalidad, tiene familiares y bienes en Italia, y esto sin dudas podría facilitar su fuga». Además, tomó como indicio de riesgo procesal «la gravedad de la pena del delito que le han reprochado las partes» (prisión perpetua). «La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la gravedad del delito y eventual severidad de la pena son factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente eludir el accionar de la Justicia», expuso Tobares.
Las particulares características del caso, la «peligrosidad puesta de manifiesto en el hecho» y la circunstancia de que resta analizar las muestras para estudios de ADN recientemente tomadas al imputado se sumaron como indicios del peligro de fuga, por lo que «no existe en este momento una medida menos gravosa que la prisión preventiva», resolvió el juez.
Plazo «razonable»
Tras confirmar el dictado de la prisión preventiva, el juez decidió reducir el plazo de 18 meses y lo fijó en el término de 6 meses, tal como lo había requerido el fiscal Luciano Garrido y como -de modo subsidiario al rechazado pedido de prisión domiciliaria- había requerido la defensa en la audiencia de revisión.
«El derecho de defensa en juicio concierne no solamente al imputado sino también a quienes tienen un interés legítimo en la dilucidación del proceso, como son los familiares de las víctimas. Ambas partes tienen el derecho a que esta causa se resuelva lo más rápido posible», sostuvo el juez.
Tobares destacó los principios de «oralidad, inmediación, contradicción y publicidad» del nuevo Código Procesal Penal y consideró innecesario el plazo de 18 meses de prisión preventiva, que es el máximo admitido por la nueva legislación, incluyendo la posible prórroga que admite la ley para casos especialmente complejos. «Creo sinceramente que para una mejor administración de justicia y para garantizar el derecho del imputado y de los familiares de la víctima, resulta necesario revocar ese plazo, considerando razonable y suficiente el término de 6 meses peticionado por el fiscal», sostuvo Tobares, quien señaló que el nuevo Código otorga de aquí en adelante un plazo de 4 meses para la conclusión de la investigación preparatoria y el eventual requerimiento de apertura de juicio por parte de la Fiscalía.
Judiciales
Comenzó el juicio contra cuatro policías acusados de torturar a dos adolescentes en Alta Barda
El juicio se extenderá durante cinco jornadas más y contará con la declaración de más de 30 testigos.
Comenzó el debate oral por el hecho que investiga una serie de acciones que cuatro policías habrían cometido contra dos adolescentes en junio de 2024, en el playón deportivo del barrio Alta Barda de General Roca.
El Tribunal Colegiado comenzó a escuchar a los primeros testigos propuestos por el Ministerio Público Fiscal, teniendo en cuenta que la pretensión punitiva supera los 3 años de prisión.
Durante la primera jornada declararon la madre de uno de los jóvenes, la hermana de ella y dos enfermeras del servicio de emergencias.
El debate continuará durante cinco jornadas más. Para este miércoles (19/08) está prevista, entre otras medidas probatorias, la reproducción de las Cámaras Gesell.
Según la teoría del caso presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió el 15 de junio de 2024, entre las 2.05 y las 4.30, cuando los cuatro imputados, que se movilizaban en un móvil policial tipo pick up y prestaban funciones en la Comisaría 47° de J.J. Gómez, llegaron al playón deportivo del barrio Alta Barda.
La acusación sostiene que uno de los policías habría efectuado disparos al aire para dispersar a quienes se encontraban en el lugar y que, posteriormente, tras identificar a los dos adolescentes, los habría hecho subir al móvil frente a sus tres compañeros.
De acuerdo con el relato fiscal, una de las policías conducía, otra se encontraba en la cajuela y el restante ocupaba el asiento trasero junto a los adolescentes.
La acusación plantea que los jóvenes fueron trasladados a un descampado y que allí uno de los policías habría golpeado a ambos. Según la Fiscalía, las dos mujeres policías le pedían que detuviera su accionar, mientras el otro hombre observaba.
Siempre según la acusación, posteriormente el mismo efectivo les habría ordenado correr y efectuado nuevas detonaciones hacia los pies de los adolescentes. Uno de ellos habría sufrido una herida en el muslo izquierdo producto del impacto de un perdigón.
La Fiscalía también sostuvo que el policía habría amenazado a los jóvenes mientras tenía un arma cargada y que finalmente ambos lograron escapar hacia la zona de las sierras, donde permanecieron ocultos.
La calificación legal es torturas en concurso ideal con lesiones leves calificadas por el carácter de funcionario policial, privación ilegal de la libertad con abuso de función y amenazas con arma. Uno de los policías respondería como autor, mientras que los otros tres lo harían en carácter de partícipes necesarios.
Las defensas, en tanto, cuestionaron tanto la teoría de la fiscalía como la calificación legal. El defensor penal público Juan Pablo Chirinos sostuvo que su asistido reconoció el hecho, aunque no en el grado ni con la participación que plantea la acusación, y afirmó que para esa parte no existió tortura.
Por su parte, Flavia Rojas planteó que la defensa discutirá la teoría fiscal a partir de la desigualdad existente en la fuerza policial entre hombres y mujeres y su impacto en la labor de su asistida.
El juicio está previsto durante toda esta semana, desde las 8.30, en los Tribunales de General Roca.
Judiciales
Identificaron al joven que fue asesinado a tiros en la zona oeste de Roca
La investigación busca determinar cómo ocurrió el crimen, identificar a los responsables y localizar las armas que habrían sido utilizadas.
Un joven de 19 años fue asesinado durante la noche del jueves (14/08) en la zona oeste de General Roca, luego de recibir múltiples disparos de arma de fuego. La víctima fue identificada como Diego Nicolás Gutierrez, quien murió como consecuencia de las heridas provocadas durante el ataque.
El hecho ocurrió dentro de la jurisdicción de la Comisaría 47° y es investigado por el Ministerio Público Fiscal, bajo la coordinación de la fiscal Verónica Villarruel.
En la escena trabajaron integrantes de la Fiscalía de Turno, el Gabinete de Criminalística, la Unidad Operativa del Ministerio Público, la Policía de Río Negro y la Brigada de Investigaciones.
El cuerpo del joven fue trasladado a la Morgue Judicial de General Roca, donde profesionales médicos realizarán la autopsia para determinar con precisión la causa y las circunstancias del fallecimiento.
Mientras tanto, los investigadores continúan con distintas diligencias para reconstruir lo ocurrido, identificar a los responsables del homicidio y avanzar en la búsqueda de las armas utilizadas en el ataque.
Judiciales
Acusan a un hombre de enviar mensajes y audios sexuales a una adolescente
La Fiscalía sostuvo que el imputado contactó a la víctima entre julio y agosto de 2025 y le envió mensajes y audios de contenido sexual, sabiendo que era menor de edad.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre por el delito de acoso sexual infantil, en una causa en la que se investiga el contacto que habría mantenido con una adolescente a través de WhatsApp y el envío de mensajes y audios de contenido sexual.
La audiencia se realizó este viernes (14/08) en el Foro Penal de General Roca. La fiscal adjunta Daniela Espinoza Sagredo detalló que los hechos investigados ocurrieron entre julio y agosto de 2025.
Según la acusación, el hombre se comunicó con la adolescente mediante WhatsApp y le envió mensajes y audios de contenido sexual, a sabiendas de que se trataba de una menor de edad. La calificación legal propuesta es acoso sexual infantil en carácter de autor.
La investigación comenzó luego de que la madre de la joven escuchara a su hija hablar por teléfono con una persona desconocida, a quien le brindaba información sobre sus rutinas y horarios. Ante esta situación, la mujer realizó la denuncia penal que dio inicio a las actuaciones judiciales.
Como principal evidencia, la Fiscalía presentó un informe técnico de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones. El análisis de los teléfonos del imputado y de la víctima permitió identificar más de 1.000 páginas de registros, conversaciones y archivos de audio que sustentan la acusación.
El legajo también incorpora el acta del allanamiento realizado en la vivienda del imputado, en Cipolletti, y un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. Este último documento explicó las razones técnicas por las cuales no fue posible realizar una entrevista en Cámara Gesell a la adolescente. Además, se anexó como prueba el Certificado Único de Discapacidad de la menor.
Durante la audiencia, la defensa del acusado, a cargo del abogado Pablo Barrionuevo, no presentó objeciones formales a la imputación, aunque señaló que discutirá la interpretación que la Fiscalía realiza de los mensajes. El imputado, por su parte, hizo uso de su derecho constitucional y optó por no declarar.
Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Gustavo Quelín dio por iniciada la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.
¿Qué es el grooming?
El grooming es una forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, mediante la cual una persona adulta establece contacto con fines sexuales a través de medios tecnológicos, utilizando estrategias de engaño, manipulación y sometimiento emocional.
En Argentina, el delito de grooming está tipificado en el artículo 131 del Código Penal y contempla una pena de prisión de seis meses a cuatro años.
