Río Negro
«Obra pública récord, equilibrio y crecimiento»
Alejandro Palmieri celebró la aprobación del Presupuesto 2018 en la Legislatura.
Fue aprobado por amplia mayoría (32 a favor y 9 en contra en general) el Presupuesto 2018 de la provincia de Río Negro, que prevé gastos por 57.000 millones de pesos, el en cual se incorporan algunas herramientas para ir reduciendo el déficit, e incluye más de 9.800 millones de pesos para obras de infraestructura e inversiones de capital producto del ingreso de los recursos del bono colocado en el exterior. Como miembro informante del bloque de Juntos, el legislador Alejandro Palmieri sostuvo que se plantean “medidas para lograr una salida gradual del déficit con contención social”.
“Es un presupuesto con mucha obra pública, con una deuda sana que vamos a afrontar porque fue tomada para dar trabajo, como la del Plan Castello; y también es un presupuesto que va a pagar los sueldos en término. Como hoy, que se terminaron de pagar los aguinaldos a toda la administración pública”, dijo en el remate de su intervención en el recinto.
Luego de los cuestionamientos habituales de la oposición, Palmieri se mostró sorprendido porque muchos «se esforzaron en no querer ver una previsión récord en inversiones en obra pública. Si, tiene 9.000 millones de pesos de obra y bienes de capital. La inversión más grande en la historia de la provincia. Implica la generación de miles de empleos privados, y más de 500 millones de pesos para municipios y comisiones de fomento, y eso también es reactivación económica».
Respecto del rumbo económico y político de la gestión del gobernador Alberto Weretilneck, puso como referencia que hace pocos días “se incorporaron 532 agentes que pasaron de becados a contratados. Es todo un avance, y un gesto que contradice a aquellos que dicen que este es un presupuesto de ajuste. El esfuerzo lo haremos en otro lado, con austeridad y eficiencia en los gastos de funcionamiento”. Y se remitió a los datos del presupuesto en tratamiento, que prevé un incremento en bienes de consumo y servicios de apenas 18 por ciento, “y ese es el esfuerzo de austeridad que nos fijamos”.
Sobre el endeudamiento, aclaró que “es un tema que no lo escondemos. En este 2018 tiene un peso importante la deuda. En 2016, las medidas fiscales del inicio del gobierno del Presidente Mauricio Macri, no dieron el resultado de reactivación económica que esperaban. No llegó el segundo semestre, ni las inversiones esperadas”.
“Teníamos un gobierno ordenado y tuvimos de pronto un déficit de 3.000 millones. En 2016 los ingresos crecieron el 28 por ciento y los egresos casi el 38”, detalló.
“Para algunos, la solución hubiera sido ajustar, pero nosotros preferimos seguir dándole respuesta a los empleados públicos, a la justicia y a la salud”, manifestó.
Agregó en relación a este tema que “esos 3.000 millones que nos faltaron en el 2016, no nos sobraron obviamente en el 2017 y está claro que el déficit se debe achicar de forma paulatina. Y nos hacemos cargo de ese rumbo político”.
En cuanto a la magnitud del déficit, explicó que los 2.500 millones que debe afrontar Río Negro representan, dentro de un presupuesto de 57.000 millones, un 4%, mientras que en otras provincias superan el 5% del presupuesto o como en Chubut que el déficit ronda el 12% del presupuesto.
El presupuesto se diseñó tomando las pautas del Compromiso Fiscal, que firmaron todos los gobernadores del país, excepto San Luis. De este modo, los gastos no deben superar la meta de inflación que se estipuló en el presupuesto nacional: 15,7% anual.
“Ese compromiso tuvo peso institucional e histórico, porque por primera vez todos los gobernadores y el Presidente acordaban una agenda de trabajo con temas que llevan años en el debate nacional y que no se abordaban, como la coparticipación, la presión tributaria, el fondo del conurbano bonarerense”, comentó Palmieri.
En términos generales, esos consensos apuntan “a alivianar la presión tributaria para ser más competitivos, pero como Río Negro viene en esa línea, con tributos que ya están dentro de los parámetros de ese acuerdo, el esfuerzo fiscal en nuestro caso no será tanto”.
En cuanto a los juicios pendientes de la provincia contra la nación, al desistir de los reclamos Río Negro obtuvo un bono de 2.700 millones que permitirá compensar deudas.
“Ojalá todas las partes, tanto nación, como provincias y municipios, puedan cumplir con este acuerdo, porque eso significará que se habrá logrado la reactivación de la economía, que es tan necesaria en los tiempos que corren”, señaló el jefe de la bancada de Juntos Somos Río Negro.
Judiciales
La Justicia ratificó que la falta de trabajo no exime el deber alimentario de un progenitor
Para evitar pagar la cuota alimentaria que fijó una jueza, también alegó dolencias físicas y dificultades económicas.
Un hombre intentó eludir su responsabilidad parental en favor de su hija con el argumento de que no tenía trabajo. Para evitar pagar la cuota alimentaria que fijó una jueza de Familia de Bariloche también alegó dolencias físicas y dificultades económicas. Presentó un recurso de apelación, pero la respuesta fue la misma: la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia y ratificó que la desocupación no anula las obligaciones legales de un padre.
El Tribunal rechazó el recurso y respaldó el criterio de primera instancia, que había fijado una cuota alimentaria equivalente al 35% de todos los ingresos del progenitor, con un piso no inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). El fallo estableció además que el monto deberá actualizarse automáticamente cada vez que cambie el valor del salario mínimo, lo que evita que la madre deba volver a litigar para solicitar nuevos aumentos.
Durante el proceso judicial, el padre sostuvo que no tenía trabajo y que una dolencia en la espalda le impedía conseguir uno. También argumentó que tenía otros hijos a cargo. Su propuesta fue pagar $40.000 por mes, monto que resultó insuficiente frente a los gastos de su hija adolescente, quien cursa estudios universitarios y no mantiene vínculo con él.
La jueza de primera instancia desestimó el planteo tras un análisis del expediente y de los informes incorporados. El hombre figuraba inscripto como monotributista, había trabajado como remisero hasta pocos meses antes del juicio y no aportó pruebas médicas serias que justificaran una incapacidad prolongada. Tampoco había demostrado voluntad de involucrarse en la crianza o de mejorar su situación para asumir el rol que le corresponde como padre.
La pericia social confirmó que la madre, quien trabaja como portera en una escuela pública, mantiene sola a su hija y a otro hijo menor. Realiza actividades adicionales para sostener el hogar y destina gran parte de sus ingresos al pago de alquiler y educación. El informe describió un entorno austero, organizado y enfocado en el cuidado y desarrollo de los hijos.
La Cámara respaldó íntegramente ese análisis. Indicó que la obligación alimentaria no se basa únicamente en los ingresos reales, sino en la capacidad económica potencial del alimentante, y que esta no puede desaparecer por falta de voluntad o por informalidad laboral. También recordó que la ley reconoce el valor económico del trabajo doméstico y de cuidado, y que quien no asume esas tareas debe compensarlo de otro modo.
El fallo final ratificó el monto y el criterio establecido en primera instancia. Rechazó la apelación del demandado y confirmó que, incluso sin empleo, un progenitor no puede dejar de cumplir con su obligación alimentaria.
Río Negro
Río Negro actualiza su Código de Aguas para impulsar energías limpias
La Ley permitirá ampliar las facultades del DPA, llevando adelante obras de energía solar, eólica y mareomotiz.
El Gobierno Provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley que amplía las facultades del Departamento Provincial de Aguas (DPA) para llevar adelante obras de energía solar, eólica y mareomotriz, además de la hidroeléctrica. La propuesta busca adecuar el Código de Aguas a los desafíos ambientales actuales y avanzar hacia un modelo energético más limpio y sustentable.
El gobernador Alberto Weretilneck, impulsor de la iniciativa, destacó que esta actualización le otorga a la Provincia «las herramientas necesarias para transformar nuestros recursos en energía limpia, moderna y sostenible, con impacto directo en el desarrollo local».
La modificación de la Ley Q Nº 3930 y del Código de Aguas establece que el DPA tendrá prioridad para ejecutar y explotar proyectos de energías renovables en todo el territorio rionegrino. El objetivo es complementar los aprovechamientos hidroeléctricos con fuentes limpias, reducir costos, optimizar infraestructuras existentes y garantizar la sustentabilidad ambiental de cada emprendimiento.
El proyecto toma como ejemplo la Central Hidroeléctrica Salto Andersen, en Río Colorado, donde se impulsa la incorporación de generación solar fotovoltaica aprovechando instalaciones ya construidas. Este modelo de complementariedad entre agua y energías renovables busca replicarse en otros puntos de la provincia, siempre sujeto a la viabilidad económica y a la admisibilidad ambiental de cada caso.
De esta manera, Río Negro actualiza su marco legal para consolidarse como productora de energías renovables, promoviendo el autoabastecimiento, la diversificación de la matriz energética y un desarrollo que combine crecimiento económico con responsabilidad ambiental.
Judiciales
Su muñeca no resistió más: Abrió miles de pollos con cuchillo y sufrió una lesión permanente
La Justicia estableció que el porcentaje de incapacidad es del 8,75% y fijó la indemnización correspondiente para la trabajadora.
Una trabajadora de una planta avícola de Cipolletti logró que la Cámara del Trabajo reconociera su incapacidad como una enfermedad profesional y condenara a la ART al pago de una indemnización.
Durante años, cortó, limpió y clasificó piezas de pollo bajo exigencias físicas constantes. Abrió aves con cuchillos, separó vísceras, embaló productos y levantó bandejas pesadas, en jornadas extensas. Lo hizo con esfuerzo repetido y posturas forzadas que fueron dejando marcas en su cuerpo.
A comienzos de 2023, los dolores comenzaron a instalarse en sus muñecas. Informó a su empleadora, recibió calmantes, reposo y sesiones de fisioterapia. En julio ya no pudo continuar trabajando. En febrero del año siguiente, se sometió a una cirugía en la muñeca izquierda, donde se detectó una lesión en el fibrocartílago triangular.
La aseguradora de riesgos del trabajo (ART) no reconoció la relación entre la patología y las tareas, y la Comisión Médica dictaminó que se trataba de una dolencia inculpable. Frente a ese rechazo, la trabajadora inició una acción judicial.
El expediente tramitó ante la Cámara del Trabajo de Cipolletti. La ART demandada no respondió en el plazo legal, lo que derivó en su declaración en rebeldía. El tribunal dio curso a la prueba y designó a un perito médico, quien evaluó a la trabajadora y determinó que sufría una limitación funcional en la muñeca izquierda, con un grado de incapacidad inicial del 5,85%.
Ambas partes impugnaron ese dictamen. La aseguradora insistió con el informe de la Comisión Médica, mientras que la trabajadora cuestionó el cálculo del factor edad. El perito ratificó su informe, describió el impacto de los movimientos repetitivos en las lesiones articulares y señaló que en este caso existía causalidad con las tareas laborales.
La jueza y los dos jueces del tribunal valoraron el dictamen, la prueba documental, el relato no controvertido y la falta de respuesta de la demandada. Reconocieron que las tareas desempeñadas durante años constituyeron un mecanismo adecuado para generar la lesión. Aplicaron la «teoría de la indiferencia de la concausa», ya admitida por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), según la cual el trabajo debe considerarse causa relevante aunque existan factores concurrentes.
También se remitieron a los precedentes del STJ que sostienen la obligatoriedad del baremo previsto en el Decreto 659/96 para calcular incapacidades, y a su pronunciamiento sobre el Decreto 669/2019, que avaló su validez con aplicación desde su entrada en vigencia.
En función de esos lineamientos, el Tribunal incrementó el porcentaje de incapacidad al 8,75% y fijó la indemnización correspondiente, con intereses desde la fecha del infortunio. Estableció que el monto debía abonarse en un plazo de diez días, y en caso de mora, debía aplicarse la tasa activa del Banco Nación. La firma condenada es La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.
