Río Negro
Minieri es el nuevo secretario de Derechos Humanos de la provincia
Es licenciado en Historia, oriundo de Río Colorado y ex director del Instituto de Formación Docente Continua de esa ciudad.
En un acto encabezado por el vicegobernador, Pedro Pesatti, y la ministra de Educación y Derechos Humanos, Mónica Silva, asumió hoy al frente de la Secretaría de Derechos Humanos Duilio Minieri, licenciado en Historia, oriundo de Río Colorado y ex director del IFDC de dicha ciudad.
Pesatti destacó la juventud del nuevo secretario e hizo referencia a temas de Derechos Humanos a los que está abocada la Provincia, como el reconocimiento a los cesanteados estatales durante la última dictadura y la investigación encarada por una Comisión Legislativa para establecer las complicidades civiles con ese período de historia argentina.
“Conocer la verdad completa es una obligación que tenemos, porque es la forma que, finalmente, nos permitirá sanear todo aquello que no conocemos y que tenemos que conocer”, planteó el vicegobernador.
Al presentar al nuevo funcionario, la ministra Silva destacó las “altas expectativas” existentes en su gestión y el carácter “conjunto” de la tarea a llevar adelante con “todas las organizaciones y los diferentes niveles del Estado, a favor de la defensa de los Derechos Humanos, desde el rol mediador de la Secretaría”.
“Durante el año que pasó, hemos trabajado en temáticas que son esenciales para la política de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro. Una de ellas es el reconocimiento a los cesanteados en la dictadura” cívico-militar de 1976 a 1983; además, ratificó la continuidad en la gestión de Minieri de los trámites, “para reconocerles una compensación por parte del Estado rionegrino”.
En ese sentido, Silva aseguró que “la Secretaría de Derechos Humanos trabajó y seguirá trabajando en ayudar a quienes se presenten para cumplimentar toda la documentación necesaria”.
En otra parte de sus palabras, la funcionaria hizo referencia al convenio firmado por el gobernador, Alberto Weretilneck, a través del cual “tenemos en claro el plan de acción de Derechos Humanos que el Gobierno nacional ha establecido”.
“Aunque tenemos un cierto contrapunto respecto a algunos aspectos de ese Plan, creemos que es muy bueno que se haya diseñado. Me parece positivo que nosotros estemos trabajando en consonancia con algunos de los puntos que lo conforman”, remarcó.
Al finalizar sus palabras, Silva agradeció “toda la tarea realizada” por la ex titular de Derechos Humanos de la Provincia, Laura Méndez, y deseó tener en su sucesor “un continuador de muchas de esas políticas de la manera personal que seguramente le dará a su gestión la proyección que tiene al ser una persona muy joven y con buenas ideas”.
Luego, el flamante secretario agradeció al gobernador, Alberto Weretilneck, y a la ministra de Educación y Derechos Humanos “por haber pensado en mí para desempeñar este cargo”. Al hacer referencia a los lineamientos de su gestión, Minieri subrayó la decisión de “trazar una continuidad con lo que la Secretaría ha priorizado históricamente y, también, con la gestión de Laura Méndez”.
“Hay temas que no pueden faltar en nuestra agenda y que nos comprometemos a continuar. Uno de ellos es reconocer los principios de Memoria, Verdad y Justicia, como pilares fundamentales para la constitución de una sociedad democrática”, indicó.
Por otra parte, manifestó su convencimiento en los resultados favorables de “trabajar en equipo” hacia el interior de la Secretaría y de “manera interinstitucional y en red con otros organismos, instituciones y organizaciones vinculadas con los Derechos Humanos”.
Al acto también asistieron, la titular de la Comisión legislativa de Derechos Humanos, Silvia Paz; sus pares Elsa Ichasendagui, Miguel Angel Vidal, Mariana Domínguez Mascaró, Rodolfo Cufré y Alfredo Martín; el intendente de Río Colorado, Gustavo San Román, y el secretario de Educación, Juan Carlos Uriarte, entre otros funcionarios de Educación, organizaciones de DDHH y familiares del nuevo funcionario.
Judiciales
El STJ confirmó un amparo y ordenó agilizar la entrega de una silla de ruedas y pañales para un niño con discapacidad
La obra social argumentó que los trámites administrativos seguían su curso, pero el STJ entendió que ello no justificaba las demoras.
Un niño con discapacidad necesitaba una silla de ruedas especial. La obra social nunca negó la cobertura, pero ante los reclamos sostenía que el trámite seguía su curso. Algo similar ocurría con los pañales: la familia reclamaba que no respondían a las indicaciones médicas ni a las necesidades concretas del menor.
Frente a esa situación, la madre promovió una acción de amparo. Un juzgado hizo lugar parcialmente al planteo y ordenó a la obra social estatal entregar la silla de ruedas y los pañales con las características y el talle prescriptos por los profesionales tratantes. La Fiscalía de Estado apeló esa decisión en representación de la obra social, pero el Superior Tribunal de Justicia confirmó el fallo.
En la apelación, la provincia sostuvo que nunca había negado las prestaciones. Explicó que la discusión estaba vinculada con «los plazos propios del régimen de contrataciones públicas y los requerimientos de auditoría médica», y no con un rechazo de la cobertura. También señaló que la silla de ruedas se encontraba en trámite y que las prestaciones habían sido autorizadas.
El Superior Tribunal entendió que esos argumentos no alcanzaban para modificar la sentencia. Señaló que la obra social puso el acento en los procedimientos administrativos, pero no logró rebatir los fundamentos centrales del fallo de primera instancia.
En relación con los pañales, el STJ advirtió que el informe presentado por la auditoría médica describía las características generales del producto que entregaba la obra social, pero no analizaba la situación específica del niño. Además, observó que la propia auditoría reconocía que el cambio de talle todavía estaba pendiente.
La sentencia también valoró que la madre había informado una mejoría en el cuadro de dermatitis de su hijo luego del cambio de marca y remarcó que esa circunstancia «no fue rebatida con un examen médico propio y específico de la demandada». En ese contexto, concluyó que una evaluación técnica general no era suficiente para desplazar las necesidades concretas acreditadas en el expediente.
El STJ descartó que la sentencia implicara una intromisión en el funcionamiento de la obra social. Explicó que la exhortación para que la obra social actúe «en forma diligente, rápida y oportuna» no modifica el régimen de contrataciones ni los procedimientos de auditoría interna, sino que «se limita a instar una mayor diligencia administrativa, sin imponer modalidad, plazo ni procedimiento específico». Esa medida, concluyó, no representa una extralimitación de las competencias judiciales.
La sentencia recordó que los niños y las personas con discapacidad se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y que el Estado debe brindarles una protección reforzada. En ese sentido, afirmó que las políticas públicas deben garantizar «el nivel de vida más alto posible», especialmente en materia de salud, rehabilitación e integración social.
Judiciales
Préstamos online: Qué valor tiene un contrato sin firma digital
La Justicia analizó reclamos iniciados por empresas financieras y estableció un criterio: los contratos electrónicos sin firma digital no habilitan, por sí solos, la vía ejecutiva.
¿Qué pasa si una persona toma un préstamo online sin firma digital? El fuero Civil de Cipolletti analizó reclamos iniciados por empresas financieras y estableció un criterio: los contratos electrónicos sin firma digital no habilitan, por sí solos, la vía ejecutiva.
Las decisiones surgieron en varios expedientes tramitados en Cipolletti. En esos casos, las empresas invocaron contratos celebrados a distancia, a través de plataformas digitales. Luego pidieron la preparación de la vía ejecutiva para reclamar supuestos saldos impagos. Los fallos rechazaron esas presentaciones porque la documentación acompañada no contenía firma manuscrita ni firma digital de las personas reclamadas.
La preparación de la vía ejecutiva no es todavía una ejecución. Es un trámite previo que busca transformar un documento en un título ejecutivo. Con ese título, luego sí, la parte que reclama puede iniciar un proceso más rápido para cobrar la deuda. Ese proceso puede habilitar medidas sobre el patrimonio de la persona reclamada, como embargos sobre cuentas, ingresos o bienes, siempre que el documento tenga fuerza suficiente según la ley.
En el esquema tradicional, la empresa acompaña un contrato con firma ológrafa. En ese caso, se cita a la persona reclamada para que reconozca o desconozca la firma atribuida en el documento. Si la persona no la reconoce, el trámite puede avanzar con una pericia caligráfica. Ese mecanismo parte de un dato material: existe una firma que puede ser reconocida o sometida a análisis técnico.
El problema en los contratos online examinados fue distinto. Los documentos no tenían firma manuscrita ni firma digital. Según las presentaciones, la contratación se produjo mediante una plataforma, con validaciones de datos, constancias digitales y remisión de documentación, como una foto del DNI. Para los Juzgados, esos elementos no reemplazaron la firma exigida para habilitar la preparación de la vía ejecutiva.
En las sentencias, las Unidades Jurisdiccionales Civiles de Cipolletti señalaron que no toda contratación electrónica tiene el mismo efecto procesal. Las resoluciones diferenciaron la firma digital de la firma electrónica. La primera fue equiparada por la ley a la firma manuscrita. La segunda puede servir como prueba de una manifestación de voluntad, pero no tiene las mismas presunciones legales.
En los préstamos online, la firma electrónica también puede consistir en una aceptación realizada dentro de una plataforma digital, el uso de una clave, un token, un código enviado por mensaje o correo electrónico, o la confirmación de términos y condiciones mediante una aplicación. A diferencia de la firma digital, no cuenta con un certificado oficial que la equipare automáticamente a la firma manuscrita. Por eso, si una empresa la invoca en un reclamo, debe probar su validez, su autoría y su eficacia.
Ese punto resultó central. Los fallos indicaron que, para habilitar la preparación de la vía ejecutiva, el documento base debe reunir las condiciones de un instrumento privado en los términos del Código Procesal Civil y Comercial. En los casos analizados, los fallos consideraron que las empresas presentaron instrumentos particulares no firmados, cuyo valor probatorio debía evaluarse en otro tipo de proceso, con mayor debate y prueba.
En términos prácticos, el criterio fijó un límite para los reclamos basados solo en constancias digitales: sin firma manuscrita o digital, la empresa no puede acceder directamente a ese trámite más rápido y debe acudir a un proceso con mayor posibilidad de debate y prueba.
Las resoluciones citaron el artículo 288 del Código Civil y Comercial y la Ley de Firma Digital. También recordaron que la firma digital cuenta con una estructura de certificación que permite equipararla a la firma manuscrita. En cambio, cuando se invoca una firma electrónica, la parte que la presenta debe probar su validez, su autoría y su eficacia.
Los fallos aclararon que el rechazo de la preparación de vía ejecutiva no implica una decisión sobre la existencia de las deudas ni sobre su alcance. Tampoco descartaron la validez de las contrataciones electrónicas. Lo que resolvieron fue que esos reclamos, con la documentación presentada, no podían avanzar por ese trámite previo y debían canalizarse por la vía procesal correspondiente.
Para las personas usuarias de servicios financieros digitales, las sentencias ofrecen una pauta concreta: antes de contratar un préstamo online conviene revisar qué tipo de firma se utiliza, qué documentación queda disponible y qué mecanismos de validación respalda la operación.
Por el momento se trata de sentencias de primera instancia que aún no están firmes porque ya fueron apeladas.
Río Negro
Río Negro abre cursos digitales gratuitos junto a Fundación YPF
Las propuestas son Data Analytics + IA y Project Management + IA. Ambas son de nivel inicial.
El Gobierno de Río Negro abrió la inscripción a dos cursos digitales gratuitos, junto a Fundación YPF, para mayores de 18 años de Sierra Grande, Valcheta y San Antonio Oeste, con foco en las habilidades del futuro laboral.
Las propuestas son Data Analytics + IA y Project Management + IA. Ambas son de nivel inicial y se dictarán a través del programa Energía Digital de Fundación YPF a partir del 18 de agosto.
Formación para ser protagonistas del futuro
Las capacitaciones brindarán herramientas vinculadas con el análisis de datos, la Inteligencia Artificial y la gestión de proyectos, competencias que adquieren un papel cada vez más relevante en el mundo del trabajo.
La iniciativa forma parte del rumbo de desarrollo productivo y energético que impulsa la Provincia, con el objetivo de que el crecimiento de Río Negro se traduzca en más conocimientos, oportunidades y preparación para sus habitantes.
En esta etapa, la convocatoria está destinada a personas mayores de 18 años con residencia en Sierra Grande, Valcheta y San Antonio Oeste, tres localidades estratégicas de la región Atlántica.
Una agenda conjunta de formación y desarrollo
La propuesta profundiza el trabajo articulado entre el Gobierno de Río Negro y Fundación YPF, que sostienen una agenda común orientada a la capacitación, el empleo y el desarrollo territorial.
Con estas herramientas, la Provincia busca acompañar a las comunidades y preparar a las y los rionegrinos para que puedan ser protagonistas de las transformaciones productivas y tecnológicas que ya están en marcha.
Cómo inscribirse
Las personas interesadas pueden completar la inscripción a través de los siguientes enlaces:
Data Analytics + IA: https://lab.fundacionypf.org/formacion-digital/energia-digital/data-analytics–ia
Project Management + IA: https://lab.fundacionypf.org/formacion-digital/energia-digital/project-management–ia
