Judiciales
Prisión preventiva para uno de los integrantes de la banda que maniató y asaltó a dos jóvenes en el río
No se presentó en la audiencia y decretaron su declaración de rebeldía.
Esta mañana el fiscal del caso Ricardo Romero junto a la adjunta Natalia Pascual solicitaron la prisión preventiva de uno de los imputados por los delitos de “robo en despoblado y en banda, privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas por el uso de arma y lesiones leves todo en concurso real y agravado por la participación de un menor de edad (Art. 166 inc.2; 142 inc.1, 149 bis, 2do supuesto, art. 55, y 41 quater del Código Penal) para poder asegurar la realización del debate oral y público que debía iniciar ayer (7/05).
La cuestión fue que dos de las cuatro personas que están imputadas por los hechos ocurridos en marzo del año pasado no se presentaron a la audiencia de juicio de esta mañana y por esta razón el fiscal pidió al Tribunal su declaración de rebeldía y detención.
“Cuestión que pedimos para que se logre su presencia en el debate, que debía iniciar ayer. De esta manera buscamos asegurar la realización del juicio”, planteó Romero, y los jueces Emilio Stadler, María Evelina García y Natalia González no se opusieron al pedido, entre otras cuestiones porque los imputados que no comparecieron no dieron una justificación por su inasistencia.
La cierto es que horas más tarde, personal policial logró dar con uno de ellos, y se realizó en Tribunales una nueva audiencia para tratar su prisión preventiva. El defensor oficial Gustavo Viecens se opuso a la medida proponiendo una menos gravosa, como fijar nuevamente domicilio o cumplir la prisión en el domicilio materno, pero los jueces coincideron con el representante del Ministerio Público Fiscal y la joven quedó detenida.
Entre los peligros procesales esgrimidos por Romero se encuentra el peligro de fuga fundado en que tanto ayer como en otras oportunidades la joven no ha estado a derecho. Asimismo agregó el fiscal que “existen antecedentes suficientes como para considerarla como co-autora del hecho y ayer fue conducida hasta Tribunales por personal policial luego de que se decretara su declaración de rebeldía”.
Según la acusación fiscal el hecho ocurrió el 4 de marzo de 2017, alrededor de las 5 de la mañana en la zona conocida como El Pedrero de la costa norte del río Negro. Una pareja estaba en su auto cuando se acercó un joven y les solicitó ayuda para desencajar su vehículo. Se dirigieron hacia una arboleda donde había 4 personas, y luego de haber intentado varias veces desencajar el auto, el chico les dijo que no podía continuar porque rompería el suyo. En ese momento los imputados lo comenzaron a agredir físicamente, dándole golpes de puños y patadas, provocándole lesiones leves, a la vez que uno de ellos, portando un cuchillo de grandes dimensiones amenazó con matarlo. Posteriormente sacaron a la chica, que permanecía en el vehículo, y los ataron de pies y manos. Luego, comenzaron a desmantelar el auto de la pareja, sustrayéndole las dos ruedas traseras, la batería, un espejo, los apoyacabezas, los cinturones e intentaron sacar el capot.
Mientras permanecían atados los rociaron con un líquido que podría ser nafta y amenazaron con prenderlos fuego. En un momento pasó por el lugar una camioneta y sus ocupantes advirtieron que el chico se encontraba atado y llamaron a la policía.
Cuando se dirigía hacia el sitio, un móvil policial interceptó a uno de los acusados, que tenía elementos que posteriormente se estableció que eran de las víctimas. Mientras que en el lugar del hecho la policía detuvo a otro de los imputados, y mediante la advertencia realizada al resto de las comisarías se logró dar con los otros dos.
Judiciales
El STJ anuló la prescripción y confirmó la orden de captura para Chechile
En 2012 fue condenado a 3 años y 5 meses de prisión pero nunca cumplió la pena. Fue el responsable del siniestro vial que dejó como víctima fatal a la joven Paola Acuña.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló la sentencia que declaraba la prescripción de la pena de un prófugo por homicidio culposo. Consideró que su rebeldía impedía la extinción de la pena. La decisión involucra a Jorge Chechile, quien fue condenado a 3 años y 5 meses de prisión, además de 10 años de inhabilitación para conducir, por su responsabilidad en un siniestro vial con resultado de muerte y múltiples lesiones. La víctima fatal fue Paola Acuña, de Roca.
Chechile fue condenado en 2012 por el entonces Juzgado Correccional N° 14, pero evadió la justicia después de que la sentencia fue confirmada. Permanece prófugo desde 2014. A lo largo de estos años se llevaron a cabo múltiples intentos de captura, sin éxito. En 2024, la madre del condenado, asistida por un abogado, solicitó la prescripción de la pena. Argumentó que había transcurrido el tiempo suficiente para extinguir la condena. El ex Juzgado Correccional aceptó el pedido: declaró extinguida la pena y levantó la captura.
El Ministerio Público Fiscal y los querellantes apelaron esta decisión ante el STJ. Afirmaron que la prescripción de la pena no se podía aplicar mientras el condenado estuviera en rebeldía. La Fiscalía sostuvo que Chechile había eludido deliberadamente la acción de la justicia y que, según la ley, en esas circunstancias no es posible computar los plazos a su favor para extinguir la condena.
El STJ, en una decisión unánime, aceptó el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía y anuló la sentencia que extinguía la pena. Subrayó que la rebeldía de Chechile impide que se considere el plazo de prescripción de la pena. Además de la jurisprudencia propia y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, citó el artículo 144 del Código Procesal Penal (Ley P 2107), que ordena suspender el proceso y reservar el legajo hasta que «el rebelde comparezca, por propia voluntad o por la fuerza».
En consecuencia, el STJ anuló la sentencia del Juzgado Correccional y reenvió la causa a Roca para que se mantenga la suspensión del proceso hasta que el condenado sea capturado o se presente voluntariamente ante el Poder Judicial. La orden de captura y la declaración de rebeldía de Chechile continúan vigentes.
Entre sus fundamentos, el STJ citó fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que limitan «severamente el derecho a la jurisdicción del imputado prófugo o rebelde». Esa limitación se basa en la contradicción de que una persona reclame un beneficio ante la misma autoridad que ha desconocido con sus propias acciones, es decir, con su voluntad de mantenerse prófugo. «Quien se sustrae voluntariamente de la acción de la justicia que reclama su presencia, carece de derecho para impetrar, ante la autoridad que él ha desconocido, el cumplimiento de preceptos cuya observancia elude, impidiendo por su acto propio su puntual satisfacción», precisó.
Judiciales
Una joven estudiante universitaria denunció a un martillero y dueño de una inmobiliaria por abuso sexual
La víctima se encontraba en el departamento de un amigo que le había pedido si podía atender al encargado de su alquiler porque él no iba a estar. Allí se habría producido el ataque.
Una joven estudiante universitaria de 20 años radicó una denuncia por abuso sexual en contra de un martillero público y dueño de una inmobiliaria radicada en General Roca, por un hecho que habría tenido lugar el martes (15/10) al mediodía.
Según informó la Agencia de Noticias Roca (ANR), el hecho ocurrió en el departamento de un amigo de ella, quien le había pedido el favor de que se acercara a esperar al martillero ya que él debía salir. El sujeto que luego terminó denunciado, tenía que asistir al lugar con un plomero que iba a hacer una reparación.
En ese momento, el titular de la inmobiliaria, habría aprovechado la situación para abusar de la joven. Según consta en la denuncia policial, el hombre habría tocado a la estudiante, violentando sus derechos e intentando besarla. También habría cometido acoso verbal. Usando todas sus fuerzas, la denunciante pudo escapar y encerrarse en una habitación.
Una vez que el martillero abandonó la vivienda, la víctima pudo contarle al plomero, que había llegado unos minutos antes, lo que había sucedido. Este trabajador afirmó haber tenido experiencias similares previas de relatos de personas respecto al agente inmobiliario. Según contó, el denunciado ya habría tenido actitudes inapropiadas con otras mujeres en el pasado.
Ante estos hechos, la joven radicó la denuncia correspondiente en la Fiscalía, donde se inició una investigación. La fiscal interviniente ordenó tomar declaración testimonial a la víctima, al amigo y al plomero, como así también se iniciaron las actuaciones correspondientes para investigar al denunciado.
Este medio de comunicación se resguarda la identidad de la persona denunciada, ya que cómo establece la ley, hasta tanto se realice la formulación de cargos, no se pueden dar nombres.
Judiciales
La intervención del Poder Judicial le permitió a una madre obtener su DNI y acceder a derechos familiares
El padre de su hijo falleció y ella no pudo tramitar la asignación universal.
La intervención de una trabajadora social del Poder Judicial permitió a una madre de Cipolletti obtener su DNI. El padre de su hijo falleció y ella no pudo tramitar la asignación universal. En la partida de nacimiento del adolescente estaban los datos de la mujer aunque se consignaba: «DNI no posee».
Una jueza de Cipolletti resolvió un pedido de rectificación de partida de nacimiento solicitado por la madre de un adolescente. La mujer inició la acción luego de obtener su Documento Nacional de Identidad (DNI) que no poseía al momento de inscribir el nacimiento de su hijo. En esa instancia, contó con el acompañamiento de una trabajadora social del Poder Judicial.
Luego contó con el patrocinio de una defensora pública que, en su presentación, explicó que al no contar con DNI en la partida de nacimiento se dejó constancia de que «no posee» en el apartado correspondiente al número de documento. A partir del fallecimiento del padre del joven, quien hasta ese momento ejercía los derechos sobre sus hijos, la madre gestionó y obtuvo su DNI. Esto la llevó a solicitar la rectificación del acta de nacimiento de su hijo para incluir sus datos completos y poder acceder a derechos como las asignaciones familiares.
Según se consignó en la demanda, antes de que falleciera el marido, la mujer no creía en la necesidad de tener DNI. Aunque todos los derechos derivados, no sólo del hijo, sino de ella iban a quedar inconclusos por no tener documento.
La solicitud planteó que, además de añadir el número de DNI, debía corregirse el nombre de la progenitora en el acta, ya que faltaban datos.
Como el niño nació en Buenos Aires intervino la Dirección del Registro de esa provincia. Desde el organismo se dictaminó que la jueza de Familia de Cipolletti podía ordenar la rectificación solicitada. Asimismo, la Fiscalía expresó su acuerdo con la medida. Consideró que no existían objeciones para llevarla a cabo y que los motivos eran justificados.
Sobre la base de lo dispuesto por la Ley N° 26.413, que regula las inscripciones en los Registros de Estado Civil y Capacidad de las Personas, la jueza decidió hacer lugar a la solicitud. Se ordenó rectificar la partida de nacimiento e incorporar el número de DNI de la madre además de completar su nombre de forma correcta.
