Judiciales
3 meses de prisión preventiva al asesino de Leticia
Le formularon cargos. Podrían condenarlo a cadena perpetua. La defensa del acusado pidió prisión domiciliaria, la cual fue denegada.
El fiscal Luciano Garrido, titular de la Unidad Fiscal de Delitos contra las personas, formuló cargos hoy (22/06) contra un Mario Bravo, acusado de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por ser cometido en contexto de violencia de género.
Según relató el fiscal, el hecho ocurrió ayer (21/06) a las 22.40 aproximadamente en la vía pública en inmediaciones de San Luis al 1800 de General Roca. En esas circunstancias, el imputado -quien había mantenido una relación de pareja con la víctima- agredió con un arma blanca a Leticia Gomez, produciéndole lesiones en la zona del tórax las cuales le provocaron la muerte.
Entre las evidencias recabadas hasta el momento, el titular de Unidad Fiscal de Delitos contra las personas mencionó el acta de procedimiento policial labrada por personal de la Comisaría N° 21 de Roca, las entrevistas realizadas a dos empleados policiales de la mencionada unidad quienes realizaba recorridos en la zona en bicicletas y divisaron a la víctima y al presunto agresor instantes después de la agresión.
Por otro lado, mencionó que del lugar del hecho se secuestró un arma blanca de unos 15 centímetros que sería la utilizada para perpetrar el ataque. Además mencionó que del vehículo del acusado secuestró la vaina con la cual se enfunda el cuchillo con el que fue ultimada Gomez.
Además de lo anterior, solicitó a la Oficina de Atención a la Víctima que brinde asistencia a los familiares de la víctima, por lo que desde primera hora de hoy, la Lic. Gladys Gzain, integrante del equipo auxiliar del Ministerio Público Fiscal se encuentra interviniendo en el caso.
En cuanto a la calificación legal provisoria Garrido encuadró el caso como un homicidio doblemente calificado por haber mantenido con la víctima una relación de pareja y por haber sido cometido por mediando violencia de género (femicidio). Dicha figura penal prevé únicamente penas de prisión perpetua. Como medida cautelar, el fiscal solicitó la prisión preventiva por el periodo que dure la investigación. El plazo requerido fue de tres meses.
Respecto de lo anterior, el fiscal señaló que en caso de recaer condena la misma sería la más alta prevista en el Código Penal y que indefectiblemente sería de cumplimiento efectivo. Por otro entendió que en el caso se encontraban presentes los dos riesgos procesales a considerar a la hora de evaluar el pedido de un encarcelamiento preventivo: el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación.
La defensa del acusado, representada por Oscar Pineda y Pablo Iribarren, no se opuso a la medida cautelar pero solicitó que la misma se cumpla en forma domiciliaria. La jueza de Garantías, Margarita Carrasco no hizo lugar a este pedido y dictó la prisión preventiva por un plazo de tres meses.
Garrido consideró que en ese plazo podría avanzarse a las sucesivas etapas del proceso, tales como el control de acusación y el juicio.
Judiciales
Fallo del STJ define sobre el deber de cuidado en las escuelas: Dos niños se golpearon mientras jugaban
Uno de los estudiantes quedó con secuelas. La Justicia sostuvo que los establecimientos educativos tienen la obligación legal de «sustituir a sus padres en el cuidado y vigilancia del niño».
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó la responsabilidad del Estado por un accidente que sufrió un niño de 4 años en un jardín del Alto Valle. Señaló que los establecimientos educativos tienen la obligación legal de «sustituir a sus padres en el cuidado y vigilancia del niño mientras su guarda se encuentra temporalmente delegada».
En este caso, el accidente se produjo cuando el niño fue embestido por otro compañero de mayor contextura física, cayó al suelo y se golpeó. Quedó con secuelas. La sentencia de la Cámara había valorado que el pequeño tuvo un «rol pasivo» y que el hecho ocurrió en un entorno que debió estar controlado por los adultos responsables. La sentencia aclara que no puede hablarse de «culpa de la víctima» tratándose de un niño de tan corta edad.
El fallo del STJ recalcó que «no es posible proponer que la víctima -al momento del hecho un niño de cuatro años de edad- tome precauciones para no dañarse, que no está a su alcance prever. La sentencia ratificó que el deber de seguridad en el ámbito escolar “tiene la tácita obligación -de resultado- de asegurar la indemnidad psicofísica de las personas que quedan a su cargo».
«El fundamento último de la responsabilidad de los establecimientos educativos no radica en el deber de vigilancia de los docentes o directivos, sino en la garantía de indemnidad de origen legal que presupone el poder de control que debe ejercer la autoridad educativa», dice el fallo. En este marco, «no importa si efectivamente pudo o no controlar, sino su obligación de hacerlo».
El Tribunal Superior citó doctrina jurídica que refuerza este enfoque. Se destacó que «los niños deben ser amparados, inclusive ante las contingencias derivadas de sus propias travesuras, porque ignoran los peligros y poseen un sentimiento de alegre y desinteresada omnipotencia y desenfreno».
Si bien el fallo confirmó la atribución de responsabilidad a la Provincia, modificó parcialmente las reparaciones establecidas por la Cámara Civil de Roca. El Superior Tribunal revocó el reconocimiento del daño psicológico como rubro autónomo. La decisión se basó en la falta de fundamento técnico adecuado y una serie de inconvenientes que presentó la pericia.
Judiciales
Ordenan al Estado limitar descuentos por préstamos en el salario de una docente
La trabajadora expuso que en los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025 los descuentos alcanzaron el 100% de sus haberes mensuales.
Una trabajadora del sistema educativo de Río Negro obtuvo una sentencia favorable para frenar retenciones que reducían su salario a niveles extremos. El fallo, dictado por la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche, dispuso que el Ministerio de Educación no podrá descontar más del 20% de su sueldo neto en beneficio de entidades financieras y mutuales.
La presentación judicial se realizó en marzo de este año mediante una acción sumarísima. La profesional expuso que en los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025 los descuentos alcanzaron el 100% de sus haberes mensuales. En febrero, la liquidación dejó disponible apenas el 14% de su salario. Acompañó documentación oficial que acreditaba las cifras denunciadas.
Según consta en el expediente, las deducciones estaban vinculadas a préstamos personales tomados con las entidades MUT.REG.SUR, AMSER, MEPUC, CREDIT NOW y U.P.A.M. La mujer solicitó que se aplicara el límite previsto en el Decreto-Ley N° 6754/43, norma ratificada por Ley Nacional, que establece un tope del 20% para este tipo de retenciones.
El Ministerio de Educación, representado por Fiscalía de Estado, negó los términos del planteo y pidió el rechazo de la demanda. Las partes fueron citadas a una audiencia de conciliación obligatoria conforme lo establece la Ley P 5631, sin lograr un acuerdo.
La sentencia remarcó que los descuentos aplicados por vía administrativa no pueden superar los topes legales vigentes, aun cuando deriven de convenios firmados de forma voluntaria por la trabajadora. El fallo también señaló que los embargos judiciales -sujetos a revisión y autorizaciones expresas- no permiten alcanzar porcentajes de descuento similares.
El Tribunal dispuso que las deducciones sobre los haberes de la trabajadora no podrán superar el 20% de su salario neto, una vez realizadas las quitas obligatorias por ley. Además, ordenó que la maestra indique en un plazo de 48 horas a cuál de las entidades acreedoras debe destinarse ese porcentaje. En caso de no comunicar esa decisión, el monto será distribuido de forma proporcional entre las cinco instituciones involucradas. La sentencia de primera instancia no está firme y se encuentra dentro de los plazos de revisión.
Judiciales
Solicitó licencia por embarazo de alto riesgo y al volver le negaron tareas: Un fallo condenó el despido ilegal
Ahora deberán indemnizarla, con varios ítems incluidos como vacaciones no gozadas, sueldos impagos, entre otros.
Una mujer que trabajaba en una clínica privada solicitó una licencia por embarazo de alto riesgo. Ella y su bebé necesitaron cuidados médicos antes, durante y después del parto. Cumplía turnos rotativos de lunes a domingo por periodos de ocho horas y tenía una antigüedad de nueve años.
La clínica le otorgó la licencia, pero dejó de pagarle el sueldo regularmente. Cuando se reincorporó al trabajo, la patronal le informó sobre una suspensión por reducción de pacientes en el centro de salud y le negó las tareas. La mujer se dio por despedida.
La Cámara Laboral de Roca confirmó el despido indirecto en contexto de embarazo y condenó a la empleadora a indemnizar a la trabajadora. Además, deberán abonarle antigüedad, preaviso, integración del mes de despido, vacaciones no gozadas y sueldos impagos.
El tribunal realizó un análisis sobre la protección de la maternidad. Citó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en la cual el Estado asume la obligación de prohibir el despido por motivos de embarazo. También mencionó la Ley de Protección Integral de las Mujeres y la Convención de Belém do Pará, que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y reconoce la vulnerabilidad asociada al embarazo.
La Ley de Contrato de Trabajo prevé una indemnización especial para la mujer embarazada cuando el despido se produce dentro del lapso de 7 meses y medio anteriores o posteriores al parto.
La empresa fue declarada en rebeldía procesal por no presentarse al juicio. Esta situación generó la presunción de veracidad sobre los hechos expuestos por la trabajadora. El Tribunal consideró probado que la clínica incurrió en reiterados incumplimientos contractuales, incluida la falta de pago de salarios y la omisión de asignarle tareas tras su licencia por maternidad.
El Tribunal confirmó que el despido indirecto fue consecuencia exclusiva de la conducta patronal, al haberse producido dentro del período de protección legal por embarazo. También se ordenó a la empresa entregar los certificados laborales en un plazo de 90 días, bajo apercibimiento.
