Río Negro
Aprobaron en comisión la iniciativa de cupo laboral de personas trans en la administración pública
La provincia de Río Negro fue la segunda en el país que sancionó la ley de identidad de géneros.
La comisión de Asuntos Sociales que preside la legisladora Marta Milesi, analizó y aprobó ayer establecer un cupo del uno por ciento de personas trans, que reúnan las condiciones de idoneidad que establece la legislación vigente, para que puedan acceder a cargos de la administración pública. Tres iniciativas se unificaron en un único proyecto de Promoción del Empleo Formal para Personas Trans en los Ámbitos Públicos. El proyecto acordado lleva las firmas de los legisladores Facundo López, Tania Lastra, Alejandro Palmieri, Graciela Valdebenito, Marcelo Mango, Carina Pita y Jorge Vallazza.
Para participar de esta instancia de la reunión asistieron integrantes de la comunidad trans en representación de movimientos de diversidad sexual que ratificaron ante los legisladores la necesidad de reconocimiento de sus derechos igualitarios y celebraron el tratamiento de estos proyectos.
Destacaron que la provincia de Río Negro fue la segunda en el país que sancionó la ley de identidad de géneros. Expresaron la necesidad de integrar laboralmente al Estado y a las actividades económicas formales “sin discriminaciones ni estigmatizaciones”, así como contar con atención sanitaria que les permita superar el promedio de vida de ese sector que en su mayoría “no sobrepasa los 35 o 40 años”, así como la posibilidad de “morir con dignidad”.
La presidente de la Comisión aseguró a los representantes presentes en la reunión que esta legislación “será tratada en la próxima sesión legislativa” y que de resultar aprobada pasará para su sanción en segunda vuelta parlamentaria en la brevedad que permitan los plazos legislativos.
Despidos en Sitrajur y en Télam
En otro sentido, el secretario general de Sitrajur Pablo Barreno, asistió a la reunión de Sociales para presentar un proyecto de ley de Protección del Empleo Público, propuesta que el gremio llevó a la Legislatura motivado por el despido de varios empleados en el Poder Judicial. Barreno criticó la actitud de los jueces que tomaron esa decisión a la que tildó de “antidemocrática”, entre otros conceptos de fuerte contenido político.
También se hicieron presentes dos de los empleados de la Agencia Nacional de Noticias Télam para reclamar por cuatro despidos ocurridos en la corresponsalía local. Javier Merlo, perjudicado por esta situación laboral se constituyó en el vocero de sus compañeros despedidos señalando que “la corresponsalía está cerrada desde hace dos meses, ya no emite noticias desde Viedma” y pidió que la Legislatura intervenga por la reincorporación del plantel que integraba la agencia.
También bregó porque “los legisladores medien para que no se cierre la agencia de Bariloche”, y acusó al titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, de haber tomado la decisión de cerrar las corresponsalías”con el pretexto de “una sobredimensión empresarial”. Señaló también que desde el 26 de junio pasado “son ya 357 las personas despedidas” recientemente en Télam y “3.000 en los últimos tres años”.
Judiciales
Un fallo del STJ protegió la gratuidad de quien ganó un juicio de consumo
El Banco Patagonia había recurrido la decisión y pretendía aplicar el tope previsto para la responsabilidad por costas.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó una sentencia que declaró inaplicable, por inconstitucional, el límite establecido en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación en un juicio de consumo. De esta manera, protegió el beneficio de gratuidad de la persona consumidora que había ganado el proceso.
La discusión surgió luego de que Banco Patagonia, condenado en costas, pretendiera aplicar el límite previsto en esa norma. La aplicación del tope reducía la parte de los honorarios que debía afrontar la entidad y trasladaba la diferencia a la persona consumidora que había resultado vencedora.
La persona consumidora y su abogado cuestionaron esa situación y plantearon que el límite no podía aplicarse porque la Ley de Defensa del Consumidor reconoce el beneficio de gratuidad para quienes recurren a la Justicia para defender sus derechos.
La Cámara de Apelaciones hizo lugar al planteo y declaró inaplicable el artículo 730 para el caso concreto. El banco recurrió ante el STJ, entre otros motivos, porque consideraba que el planteo de inconstitucionalidad había sido realizado fuera de tiempo.
El máximo Tribunal rechazó ese argumento. Explicó que el perjuicio generado por la norma se hizo concreto recién cuando se regularon los honorarios y se dispuso la aplicación del artículo 730. Antes de ese momento, el impacto económico todavía no estaba determinado.
El STJ también analizó el beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor y señaló que las relaciones de consumo cuentan con un régimen especial de protección. Ante una duda, sostuvo, debe prevalecer la interpretación más favorable a la persona consumidora.
El Tribunal aclaró que la gratuidad no es absoluta: en los reclamos individuales, una empresa puede demostrar que el consumidor posee solvencia económica y solicitar que el beneficio cese. En este caso, Banco Patagonia no acreditó esa circunstancia.
Por esos fundamentos, el STJ rechazó el recurso del banco y confirmó la sentencia que declaró inaplicable e inconstitucional el artículo 730 para este expediente.
Política
La Provincia busca fondos para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas 22 y 151
El proyecto enviado a la Legislatura autoriza al Ejecutivo a gestionar financiamiento externo para obras en los sectores más deteriorados y estudios de preinversión.
Río Negro busca contar con los recursos necesarios para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas Nacionales 22 y 151, luego de décadas de abandono de los gobiernos nacionales. El proyecto de ley enviado por el gobernador Alberto Weretilneck propone autorizar un financiamiento externo de hasta US$ 60 millones para obras y estudios de preinversión
La propuesta contempla inicialmente recurrir a FONPLATA–Banco de Desarrollo, aunque también habilita al Poder Ejecutivo a gestionar otros programas de financiamiento externo multilateral, bilateral o nacional que pueda disponer el Gobierno Nacional.
El programa tiene un objetivo concreto: resolver los problemas más urgentes y generar las condiciones para una recuperación integral. Contempla obras de puesta en valor en los sectores de mayor deterioro y estudios de preinversión que permitan definir las siguientes etapas, evaluar alternativas técnicas y económicas y determinar los esquemas más convenientes para cada ruta.
La Provincia busca trabajar en dos tiempos: atender primero los puntos críticos y, al mismo tiempo, planificar lo que viene. Las intervenciones permitirán mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad, mientras que los estudios aportarán la información necesaria para organizar la recuperación durante los próximos años.
Un financiamiento con destino específico
El proyecto establece que los recursos tendrán un destino exclusivo vinculado con las Rutas 22 y 151. Podrán utilizarse para ejecutar obras en los tramos de máxima criticidad, realizar estudios de preinversión y cubrir los costos de administración necesarios para desarrollar el programa.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, será el organismo ejecutor, con la participación de Vialidad Rionegrina como responsable técnica de las obras e intervenciones.
La autorización de la Legislatura no significa que los US$ 60 millones ingresarán automáticamente ni que el financiamiento se tomará de manera inmediata. Permitirá que el Poder Ejecutivo gestione y estructure la operación y suscriba los instrumentos necesarios para concretarla.
Las condiciones financieras, como la tasa de interés, el plazo de amortización, las comisiones y los gastos, se determinarán posteriormente en el convenio de préstamo correspondiente.
Política
Rutas 22 y 151: Qué cambia con la Emergencia Vial Provincial
La medida permitirá acelerar intervenciones sobre los tramos que pasen a la órbita provincial, con prioridad en reparación, mantenimiento, repavimentación y señalización.
El Gobierno de Río Negro busca acelerar las respuestas frente al deterioro de distintos sectores de las Rutas Nacionales 22 y 151. El proyecto enviado por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura propone declarar la Emergencia Vial Provincial en toda su extensión dentro del territorio rionegrino, una herramienta que permitirá agilizar las intervenciones necesarias sobre cada tramo, una vez concretada la transferencia de competencias.
Durante años, el abandono de los Gobiernos Nacionales se fue acumulando hasta convertir algunos sectores en un riesgo cotidiano. Ahuellamientos, banquinas deterioradas, obras inconclusas y otras condiciones afectan la seguridad de miles de personas y también impacta en la producción y la conectividad.
Ahora, la Provincia se prepara para asumir una responsabilidad que cambia el escenario. Y para eso necesita contar con herramientas propias para actuar sobre estos corredores.
Por eso, el proyecto propone declarar la Emergencia Vial por un año desde la publicación de la ley, con la posibilidad de prorrogarla por otro período igual mediante un decreto del Poder Ejecutivo. En términos simples, la medida busca que la Provincia pueda responder con mayor rapidez cuando un tramo presente una situación que no puede esperar.
Vialidad Rionegrina será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la gestión, administración, mantenimiento, planificación y ejecución de obras sobre los sectores que se vayan incorporando. Esto permitirá atender los puntos deteriorados, realizar tareas de mantenimiento, mejorar la señalización, ejecutar repavimentaciones y desarrollar otras intervenciones necesarias para recuperar condiciones de seguridad y transitabilidad.
El acuerdo con Nación establece que la transferencia será progresiva, tramo por tramo. Cada sector deberá contar con un convenio específico y un Acta de Toma de Posesión que determine qué se transfiere, en qué condiciones y desde qué momento Vialidad Rionegrina comienza a hacerse cargo.
De esta manera, la Provincia podrá ordenar las intervenciones, conocer el estado de cada tramo, establecer prioridades y actuar sobre aquellos sectores que se encuentren efectivamente bajo su gestión.
