Gremios
Movimientos sociales reclamaron con ollas populares en plena calle
Protestaron contra las políticas del gobierno nacional en Roca, Viedma, Bariloche y Cipolletti.
Trabajadores de la economía popular y de los movimientos sociales realizaron ollas populares en Roca, Viedma, Bariloche y Cipolletti y marcharon a las delegaciones provinciales y nacionales de Desarrollo Social, en donde entregaron un petitorio que «sintetiza y refleja como golpean las medidas de ajuste económico en las barriadas más humildes de todos los rincones de la provincia».
La jornada de protesta se desarrolló en el marco de una medida nacional que llevaron adelante en Río Negro la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán y el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), Movimiento La Dignidad, Movimiento 23 de Julio, entre otros. También adhirieron y participaron en las distintas movilización gremios y agrupaciones políticas como ATE con llevó adelante un contundente paro.
Se trató de “la segunda Jornada Nacional de Lucha de los movimientos sociales contra el FMI y contra el hambre que llevan adelante Macri y Weretilneck”. Las organizaciones populares denunciaron “el aumento del hambre, la precarización laboral, el recorte del presupuesto social y la marginalidad a la que están siendo arrojadas millones de personas. Nos enfrentamos en la calle a un saqueo descomunal a manos de las trasnacionales, los bancos, la sociedad rural, las mineras, las petroleras, las agroexportadoras y los formadores de precios. Denunciamos el desguace del sector público en áreas sensibles para la población en favor del sector privado que con la complicidad de los gobernadores que está dejando a miles sin trabajo. Denunciamos también el acuerdo con el FMI que va a profundizar la pobreza, la precarización laboral y social, como nos lo confirma la historia de nuestro país. En esta realidad día a día llegan cada vez más familias a nuestros comedores, merenderos y movimientos poniendo de manifiesto el aumento de la pobreza que es consecuencia directa de los gobiernos de Macri y los gobernadores”.
La dirigente provincial de la CTEP Haydee Bustos se refirió a la situación en los barrios de Río Negro y afirmó que “hay carencias de las cosas más elementales para una persona, como la comida, la vivienda y la salud, porque también rechazamos que se reduzca el Ministerio de Salud a una secretaría, lo que implica un ajuste en el presupuesto nacional, hoy hay niños muertos como consecuencia de una bacteria, muertes que podrían haber sido evitadas si se brindara el servicio de salud como corresponde”.
“Nos están destinando a la indigencia, marchamos a las delegaciones de Desarrollo Social de la provincia y de la Nación porque, como decimos en el barrio, lo único que hacen es un asistencialismo berreta, cuando nosotros nos consideramos sujetos de derecho, tenemos derecho a tener un trabajo, eso resuelve la situación primordial de una persona, nosotros estamos excluidos del mercado laboral”, destacó la dirigente.
Respecto a los dos refuerzos en la Asignación Universal por Hijo, Haydee Bustos opinó que “no ayudan en nada porque el aumento de costo de vida es cada vez mayor, con el aumento de la leche, el aceite, la harina y otros alimentos de la canasta básica, la inflación ya se llevó el aumento y se llevó puesto todo, se está llevando puesto el país, cuando el gobierno acusa a los movimientos sociales de realizar saqueos es una calumnia y en realidad son ellos los que están saqueando el país”.
Luego de las ollas populares, dirigentes de la CTEP y la CCC participaron en Cipolletti de una jornada junto a la CTA de los Argentinos, la CTA Autónoma, gremio de las distintas regionales de la CGT de la provincia y la Federación Universitaria del Comahue para en la convocatoria a las jornadas de paro y movilización del próximo 24 y 25 de septiembre.
Gremios
ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Gremios
Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Gremios
El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
