Dos docentes fueron procesadas, esta mañana (5/10), por los delitos de usurpación y coacción agravada, en el marco de la toma del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Río Negro. La medida fue dictada por el juez federal de Roca, Hugo Greca, quien consideró acreditado el accionar ilegal de Victoria Naffa y Virginia Naffa, por la protesta que llevan adelante junto a un grupo de estudiantes en la sede Alto Valle-Valle Medio desde el pasado 12 de septiembre.

Según informó el diario Río Negro, los procesamientos se ordenaron sin prisión preventiva, aunque se trabó un embargo de $5.000 para las implicadas. En tanto, el magistrado federal indicó en su resolución que ordenará el desalojo de las instalaciones “una vez que el presente auto se encuentre firme”.

«La toma del predio fue empleada a la postre por las imputadas como violencia o amenaza en orden a obtener de las autoridades universitarias los requerimientos planteados. Los extremos del descargo de Virginia y Victoria Naffa, en lo que hacen a la acreditación objetiva de los hechos, no resultan admisibles; en relación a lo dicho por la primera, puede contestarse que el funcionamiento universitario en lo que hace a su ámbito administrativo llevado adelante por la sede tomada ha sido probadamente afectado como lo demuestran las declaraciones testificales ya referenciadas de quienes trabajan precisamente allí; y en cuanto a que la toma sólo “era de 24 horas” basta decir, casi con un eufemismo, que las pruebas afirman lo contrario», sostiene la resolución.

También se destaca que Victoria Naffa dijo que «la imputación sólo se hizo por la sola mención de mi nombre y el de Virginia por parte del vicerrector».

El juez aclaró que «ello no es así», porque su protagonismo se encuentra respaldado, en esta etapa procesal, «también por las declaraciones testificales» y «las tomas fílmicas (…) señalando la aparición de Virginia Naffa, la de los testigos de ese procedimiento», y otras tomas «con la presencia de ambas (ya el 20 de septiembre)».

Greca desacreditó además el argumento contra «criminalización» de la protesta y de la «judicialización» de un conflicto que debería resolverse en el marco de la autonomía universitaria. Aludiendo a un fallo de la Cámara Federal en la causa «Díaz, Mónica Natalia…», el juez destacó que «la autonomía referida no implica sustraer la vida universitaria del orden jurídico en general» y que «la invocación de “criminalizar la protesta” descansa sobre un sofisma inconsistente, según el cual se criminaliza una conducta que no es delito cuando se somete a la ley penal a un sujeto por el solo hecho de llevarla a cabo».

Sostiene en la resolución que «las imputadas hicieron uso de la confianza depositada en ellas a partir de su estatus de docentes, pues sin él no parece posible haber juntado al menos veinte estudiantes en torno a ellas e ingresado al predio universitario sin más».

Por otra parte y a partir de la coacción sobre las autoridades de la UNRN, el magistrado consideró «procedente y aconsejable notificar a las autoridades de esa casa de estudios en orden a que instruyan, en caso de entenderlo legalmente pertinente, actuaciones administrativas en relación con los hechos y sus autores de que se trata en autos».

Finalmente, el juez dejó abierta la puerta a nuevas imputaciones en la causa. Dijo que «corresponderá extraer testimonio de las piezas pertinentes del presente legajo para a continuar la instrucción respecto de los demás coautores de los hechos de que se trata; en ese sentido cabe recordar la prueba de la existencia de un grupo de entre veinte y cuarenta personas, las que, más allá de las aquí imputadas, fueron designadas por las diversas declaraciones testificales como estudiantes de la institución».