Judiciales
La Justicia rionegrina resolvió más de 55.000 conflictos en los últimos 12 meses
Hay 49 Juzgados de Paz en ciudades, pueblos y parajes de la provincia.

55.293 soluciones de conflictos brinda el Poder Judicial de Río Negro cada año. El dato surge de la sumatoria de las sentencias emitidas por los fueros penal, de Familia, Civil, Laboral, de acciones de amparo, las conciliaciones laborales, los acuerdos arribados en las Casas de Justicia, los legajos finalizados en los Centros de Mediación y las Resoluciones de los 49 Juzgados de Paz de la Provincia.
Si se suman la cantidad de procesos ingresados la cifra aumenta. En cambio, se tienen en cuenta solo aquellas sentencias definitivas, homologaciones, resoluciones monitorias e interlocutarias que ponen fin a un conflicto.
Las Casas de Justicia están ubicadas en Sierra Grande, Río Colorado, El Bolsón, Ingeniero Jacobacci y Catriel. Atienden a miles de vecinos, pero de acuerdo a las estadísticas propias, terminan en resoluciones específicas 253 casos al año.
Las conciliaciones laborales son otra forma rápida de encontrar una salida a un conflicto entre empleado y empleador. En el último año se realizaron 323 conciliaciones laborales “con acuerdo”en toda la provincia. Se trata de un servicio voluntario con un procedimiento ágil, mayormente digital, lo que contribuye al ahorro de recursos y tiempo.
Los Centros Judiciales de Mediación existen hace más de una década y son uno de los organismos destacados en el Mapa de acceso a justicia de la Corte Suprema. Cada año, logran finalizar 7830 legajos, que implican una solución pacificadora, compartida y más económica que un litigio.
El Poder Judicial de Río Negro cuenta con 49 Juzgados de Paz en ciudades, pueblos y parajes. En algunos lugares, es la institución más importante del lugar junto a la escuela, el destacamento policial y el centro de salud. Anualmente, realizan 17.222 resoluciones.
En los Juzgados de Familia se generan 6.611 sentencias de finalización de conflictos cada año. En el ámbito Civil de primera instancia, se totalizan 15.798 fallos. Las Cámaras Civiles producen otras 1.029 sentencias.
En el fuero Laboral, en los últimos 12 meses se confeccionaron 3.424 fallos definitivos. Por su parte, el Superior Tribunal de Justicia produce 770 sentencias definitivas cada año. En el Tribunal Electoral Provincial se registraron 33 Sentencias definitivas, aunque en años electorales estos registros suelen subir.
Por último, luego de la Reforma Procesal Penal, todas las instancias de una investigación son públicas y orales. En un año, se iniciaron de 8.462 legajos. Se concretaron 2.023 audiencias de formulación de cargos, 472 de juicios abreviados, 185 de debates de juicio oral y público y 302 de suspensión de juicio a prueba. Los jueces y juezas de las cuatro circunscripciones judiciales dictaron más de 2000 sentencias.
En relación a los tiempos procesales, de que desde el momento en que la acusación formula cargos contra el imputado hasta que se dicta la sentencia por parte de los jueces transcurre un promedio de 94 días de proceso.
Repetidamente el presidente del STJ, Enrique Mansilla, ha señalado que «la justicia no solo son los casos que aún no tienen respuesta, por el contrario, la justicia está en las muchas respuestas que se dan y son sus integrantes, empleados, magistrados y funcionarios que trabajan arduamente de manera silenciosa”.
“El Poder Judicial es mucho más que entre una demanda y salga una sentencia”, sostuvo el presidente, al tiempo que destacó la importancia de la pacificación que traen los métodos alternativos de resolución de conflictos.
Judiciales
Identificaron al joven que fue asesinado a tiros en la zona oeste de Roca
La investigación busca determinar cómo ocurrió el crimen, identificar a los responsables y localizar las armas que habrían sido utilizadas.

Un joven de 19 años fue asesinado durante la noche del jueves (14/08) en la zona oeste de General Roca, luego de recibir múltiples disparos de arma de fuego. La víctima fue identificada como Diego Nicolás Gutierrez, quien murió como consecuencia de las heridas provocadas durante el ataque.
El hecho ocurrió dentro de la jurisdicción de la Comisaría 47° y es investigado por el Ministerio Público Fiscal, bajo la coordinación de la fiscal Verónica Villarruel.
En la escena trabajaron integrantes de la Fiscalía de Turno, el Gabinete de Criminalística, la Unidad Operativa del Ministerio Público, la Policía de Río Negro y la Brigada de Investigaciones.
El cuerpo del joven fue trasladado a la Morgue Judicial de General Roca, donde profesionales médicos realizarán la autopsia para determinar con precisión la causa y las circunstancias del fallecimiento.
Mientras tanto, los investigadores continúan con distintas diligencias para reconstruir lo ocurrido, identificar a los responsables del homicidio y avanzar en la búsqueda de las armas utilizadas en el ataque.
Judiciales
Acusan a un hombre de enviar mensajes y audios sexuales a una adolescente
La Fiscalía sostuvo que el imputado contactó a la víctima entre julio y agosto de 2025 y le envió mensajes y audios de contenido sexual, sabiendo que era menor de edad.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre por el delito de acoso sexual infantil, en una causa en la que se investiga el contacto que habría mantenido con una adolescente a través de WhatsApp y el envío de mensajes y audios de contenido sexual.
La audiencia se realizó este viernes (14/08) en el Foro Penal de General Roca. La fiscal adjunta Daniela Espinoza Sagredo detalló que los hechos investigados ocurrieron entre julio y agosto de 2025.
Según la acusación, el hombre se comunicó con la adolescente mediante WhatsApp y le envió mensajes y audios de contenido sexual, a sabiendas de que se trataba de una menor de edad. La calificación legal propuesta es acoso sexual infantil en carácter de autor.
La investigación comenzó luego de que la madre de la joven escuchara a su hija hablar por teléfono con una persona desconocida, a quien le brindaba información sobre sus rutinas y horarios. Ante esta situación, la mujer realizó la denuncia penal que dio inicio a las actuaciones judiciales.
Como principal evidencia, la Fiscalía presentó un informe técnico de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones. El análisis de los teléfonos del imputado y de la víctima permitió identificar más de 1.000 páginas de registros, conversaciones y archivos de audio que sustentan la acusación.
El legajo también incorpora el acta del allanamiento realizado en la vivienda del imputado, en Cipolletti, y un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. Este último documento explicó las razones técnicas por las cuales no fue posible realizar una entrevista en Cámara Gesell a la adolescente. Además, se anexó como prueba el Certificado Único de Discapacidad de la menor.
Durante la audiencia, la defensa del acusado, a cargo del abogado Pablo Barrionuevo, no presentó objeciones formales a la imputación, aunque señaló que discutirá la interpretación que la Fiscalía realiza de los mensajes. El imputado, por su parte, hizo uso de su derecho constitucional y optó por no declarar.
Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Gustavo Quelín dio por iniciada la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.
¿Qué es el grooming?
El grooming es una forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, mediante la cual una persona adulta establece contacto con fines sexuales a través de medios tecnológicos, utilizando estrategias de engaño, manipulación y sometimiento emocional.
En Argentina, el delito de grooming está tipificado en el artículo 131 del Código Penal y contempla una pena de prisión de seis meses a cuatro años.
Judiciales
Negó ser el padre, murió durante el juicio y una prueba de ADN confirmó la paternidad
Antes de su fallecimiento, los progenitores habían firmado un acuerdo sobre distintos aspectos, entre ellos el nombre con el que quedaría inscripta la niña.

La búsqueda de una madre por la identidad de su hija comenzó con una respuesta negativa. Cuando la niña tenía cuatro meses, la mujer le comunicó al hombre con quien había mantenido una relación que era el padre. Él rechazó esa posibilidad. Le dijo que tenía un problema orgánico que le impedía tener hijos. Con ese argumento, no asumió la paternidad.
Frente a esa negativa, la mujer inició un recorrido para que su hija tuviera reconocida su identidad y su vínculo paterno. Recurrió al Poder Judicial y, en representación de la niña, promovió una acción de filiación. De esta manera, el fuero de Familia de Villa Regina ordenó una prueba genética para determinar si existía el vínculo biológico.
Antes de que el proceso llegara a una sentencia, el hombre falleció. La mujer informó su muerte en y presentó el acta de defunción. También acompañó un acuerdo que ambos habían firmado unos meses antes. Allí habían establecido, entre otras cuestiones, el nombre con el cual quedaría inscripta la niña.
Durante el trámite judicial se ordenó una extracción de muestras y el análisis molecular de ADN. La pericia del Laboratorio Regional de Genética Forense del Poder Judicial de Río Negro determinó una probabilidad de vínculo biológico de paternidad superior al 99,99998 por ciento. El resultado no recibió objeciones de las partes.
El fallecimiento del hombre no impidió que el expediente continuara. Se suspendió la tramitación y se citó a sus herederos. Luego se ordenó la publicación de edictos y, ante la eventual existencia de sucesores, se designó un Defensor de Ausentes. La Defensoría Oficial asumió esa representación. Antes de la sentencia, el Defensor de Menores e Incapaces dictaminó que correspondía hacer lugar a la acción de filiación.
Con la prueba genética como elemento central, el fuero de Familia tuvo por acreditado que el hombre era el progenitor biológico de la niña. La sentencia destacó el valor de este tipo de estudios para establecer la denominada verdad biológica y señaló que el resultado obtenido aportaba una certeza casi absoluta sobre la paternidad.
El fallo también hizo lugar a la incorporación del apellido paterno. De acuerdo con lo que los progenitores habían pactado antes del fallecimiento del hombre, la niña llevará un apellido compuesto, primero el materno y luego el paterno.
La jueza ordenó librar oficio y testimonio al Registro Civil para que se modifique la inscripción correspondiente y dispuso que las costas del proceso sean soportadas en el orden causado.





