Río Negro
Inauguraron en Allen el hospital más moderno de la Patagonia
El gobernador Weretilneck aseguró que es el nosocomio público con mejor infraestructura sanitaria de toda la región.
Los allenses vivieron un día repleto de emociones. Cientos de vecinos se acercaron con gran alegría a compartir la histórica inauguración del hospital con mejor infraestructura sanitaria de toda la Patagonia, el Ernesto Accame.
Presidió la inauguración el gobernador Alberto Weretilneck, acompañado por los ministros de Salud, Fabián Zgaib y de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri; y la intendenta local, Sabina Costa.
“Sintámonos orgullosos de lo que estamos logrando en Río Negro, una provincia que está creciendo y quiere seguir viviendo momentos históricos como éste donde Allen tiene el hospital más moderno de la Patagonia”, expresó el gobernador ante las familias, trabajadores y vecinos de la localidad del Alto Valle.
“Teníamos una deuda con los allenses, fundamentalmente por todo lo que han aportado al desarrollo, crecimiento y bienestar de la provincia. No solo por su esfuerzo y trabajo, sino también el dinero surgido de producción y exportación de peras y manzanas; y la explotación de gas y petróleo”, manifestó Weretilneck y añadió que “en una provincia justa, igualitaria e integrada, lo más importante es que cada una de de las localidades tenga el reconocimiento del Estado Provincial. Y este hospital es el reconocimiento a la historia, el esfuerzo y todo el trabajo de lo que han hecho los allenses por Río Negro”.
El gobernador no escatimó sus palabras de agradecimiento para quienes hicieron posible contar hoy con este nuevo y moderno centro de salud que atenderá la demanda de los próximos 20 años. “La consecuencia de este hospital son los profesionales de la salud, arquitectos e ingenieros. Este es un trabajo en conjunto del Ministerio de Salud, Obras y Servicios Públicos y la empresa constructora Roque Mocciola”.
Asimismo, manifestó que “quiero brindarles mi reconocimiento y homenaje a todos los trabajadores que durante tanto tiempo en condiciones difíciles siempre siguieron adelante brindando un buen servicio sanitario”.
Luego de 94 años -el antiguo hospital se construyó en 1925- Allen cuenta con una moderno infraestructura de 6.644 m2, que implicó el trabajo simultáneo en obra de más de 150 personas, y una inversión del gobierno provincial de $319.000.000 provenientes de la renegociación de los contratos petroleros.
Por su parte, Costa expresó que “necesito darle las gracias a Allen por haberme dado la oportunidad de gestionar este hospital que era el sueño de mi vida. Se invirtió mucho dinero de los fondos de la renegociación de los contratos petroleros, de derechos que durante muchos años no tuvimos y hoy los tenemos todos juntos en este hospital”.
“Esto no hubiese sido posible sin la sensibilidad del gobernador que una noche de mucho frío vino a ver las condiciones que tenía el hospital; empezamos con remodelaciones y refacciones hasta que un día empezamos a soñar con un hospital, y acá estamos frente a este edificio de puro derechos, de puro amor y de pura entrega por su gente”, concluyó la jefa comunal.
Gremios
El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
Política
Weretilneck promulgó la ley que destina $7.000 millones a las Rutas 22 y 151
El aporte previsto no podrá utilizarse para gastos corrientes.
El gobernador Alberto Weretilneck firmó el Decreto 901/26 que promulga la Ley N° 5895 y consolida el esquema para destinar unos $7.000 millones provenientes de una inversión energética al inicio de las obras de reparación y mantenimiento de las Rutas Nacionales 22 y 151. Es el paso posterior a la aprobación legislativa, que permite convertir recursos de la nueva etapa productiva en infraestructura concreta para Río Negro.
La promulgación ratifica una decisión política definida por Weretilneck: que los recursos que generan las nuevas inversiones de petróleo y gas queden en la provincia y se transformen en obras necesarias para los rionegrinos.
La Ley 5895 había recibido un fuerte respaldo en la Legislatura, con el acompañamiento de 37 legisladores y el rechazo de parte del peronismo. La norma ratifica el acuerdo entre Río Negro y Oldelval por el Proyecto Duplicar Norte y establece que la totalidad del Aporte al Desarrollo Territorial que recibirá la Provincia tendrá como destino exclusivo el inicio de las obras sobre las Rutas 22 y 151.
Se trata de dos corredores fundamentales para Río Negro, por donde todos los días transitan miles de personas y circulan la producción, la industria, el comercio y buena parte de la actividad logística y energética provincial.
El aporte previsto no podrá utilizarse para gastos corrientes. Weretilneck ya había definido que esos recursos serán destinados directamente a las primeras intervenciones sobre ambas rutas.
La decisión se integra al proceso iniciado por la Provincia para asumir la gestión de las Rutas Nacionales 22 y 151 frente a años de deterioro y falta de respuestas nacionales. Río Negro decidió hacerse cargo y buscar sus propias herramientas de financiamiento para recuperar dos corredores estratégicos.
De la inversión energética a las rutas
El Proyecto Duplicar Norte contempla un nuevo oleoducto de aproximadamente 207 kilómetros, de los cuales 146 atravesarán territorio rionegrino. La inversión deja recursos concretos para la Provincia y se incorpora al modelo que impulsa Weretilneck: atraer inversiones, defender lo que le corresponde a Río Negro y transformar esos ingresos en infraestructura.
Además del aporte destinado a las rutas, Oldelval abonará una tasa anual de US$ 200.000 para tareas provinciales de control y fiscalización, mientras que el proyecto quedó comprendido dentro del régimen que prioriza la contratación de trabajadores rionegrinos.
Judiciales
El STJ definió el procedimiento para causas penales que involucren a menores de edad
La resolución también establece que quienes no hayan cumplido 14 años al momento del hecho no serán sometidos a proceso, aunque deberá acreditarse la existencia del hecho ilícito.
El Superior Tribunal de Justicia estableció las reglas que deberán aplicarse en Río Negro en los procesos penales que involucren a niñas, niños y adolescentes, hasta que la provincia cuente con un Código Procesal específico en materia Penal Juvenil. La Acordada dispone la aplicación del Código Procesal Penal provincial junto con los principios y garantías previstos por la legislación provincial y el nuevo Régimen Penal Juvenil nacional. Una de las definiciones es que no se someterán a juicios por jurados populares.
La decisión se adoptó luego de la entrada en vigencia de la Ley Nacional N° 27.801, que derogó el anterior Régimen Penal de Minoridad. La Acordada señala que la nueva legislación, sancionada por el Congreso Nacional, establece, entre otros aspectos, «la edad de punibilidad plena a partir de los 14 años», incorpora otros tipos de penas, prohíbe imponer prisión y reclusión perpetua y fija que la pena de prisión «“no puede exceder de 15 años».
El STJ señaló que las normas procesales previstas en esa ley nacional no se aplican en el ámbito provincial, ya que las provincias conservan facultades para dictar sus propias normas procesales. Al mismo tiempo, recordó que Río Negro todavía no cuenta con una normativa procesal específica de Responsabilidad Penal Juvenil.
Hasta que exista un procedimiento específico, la Acordada estableció que debe aplicarse el Código Procesal Penal provincial junto con los principios y garantías de cumplimiento obligatorio contenidos en la Ley Provincial D 4109 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en la Ley Nacional 27.801. La resolución establece que este esquema se aplicará «con excepción del juicio por jurados».
Entre los fundamentos, el STJ recordó que la Constitución de Río Negro establece que las personas menores de edad gozan, «como mínimo de las mismas garantías procesales que las personas adultas». También señaló que la Ley D 4109 regula el procedimiento para juzgar a adolescentes punibles y establece garantías específicas para niñas, niños y adolescentes involucrados en un proceso penal.
La Acordada aborda específicamente la situación de quienes no hayan cumplido 14 años al momento del hecho. En esos casos, en concordancia con la Ley Nacional, establece que «no serán sometidos a proceso», sin perjuicio de la obligación del Ministerio Público de acreditar la existencia del hecho ilícito. Si se determina la necesidad de intervención del organismo de protección, la situación deberá ponerse en conocimiento de esa autoridad.
La resolución también dispuso comunicar a la SENAF y requerirle que informe al Foro Penal de Jueces y Juezas de las cuatro Circunscripciones Judiciales cuáles son los programas vigentes y operativos con los que cuenta para cumplir las obligaciones previstas por la Ley D 4109. Además, hizo saber al Poder Ejecutivo que las disposiciones de esa ley provincial «rigen en toda su extensión para el Organismo Técnico Proteccional».
Finalmente, el STJ encomendó a la Escuela de Capacitación Judicial continuar durante este año con el plan de capacitación obligatoria sobre Régimen Penal Juvenil destinado a integrantes del fuero Penal y del Tribunal de Impugnación. También invitó a la Procuración General a disponer la participación de integrantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y solicitó al Consejo de la Magistratura que incorpore esta temática en los exámenes para cubrir cargos del fuero Penal.
