Esta mañana (1/04), tanto la Fiscalía como la defensa pública y la querella, realizaron sus alegatos de clausura y pedido de responsabilidad respecto del imputado (Eduardo Valenzuela) por la muerte a Patricia Parra el pasado 10 de octubre en Cervantes.

El fiscal del caso Luciano Garrido solicitó que se declare al hombre responsable penal de los delitos de “homicidio triplemente calificado, por haber existido con la víctima una relación de pareja, por haber actuado con ensañamiento, y por haber ocurrido en el marco de violencia de género, esto en concurso real con desobediencia a una prohibición de acercamiento, y amenazas agravadas con arma”.

El defensor público penal Eduardo Luis Carrera explicó que, siguiendo su teoría del caso, “mi asistido debe ser considerado autor de homicidio agravado por el vínculo bajo circunstancias extraordinarias de atenuación. Y solicito al Tribunal que declare la imputabilidad disminuida en base al informe de la psiquiatra forense”.

Alegatos de las partes

En sus alegatos el fiscal dijo que “en la audiencia de control de acusación, las partes acordamos que el imputado dio muerte a Parra, por ello lo que había que probar eran las circunstancias de cómo ocurrió el hecho”.

“Tal es así que durante el debate acreditamos que la muerte fue mediante la agresión física de golpes de puño y de un cuchillo que se encontraba en la casa, que le provocaron a la víctima un número importante de heridas contuzo cortantes, hasta que el arma de rompió. Luego el hombre la arrastró hasta la puerta, fue a buscar a su vehículo otra arma blanca y volvió para continuar agrediéndola hasta matarla”, describió el fiscal.

Respecto de las amenazas, la parte acusadora pública dijo que “cuando uno de los vecinos intentó detener al agresor, éste lo amenazó con el arma. Esta secuencia se acredita con otro testigo que intentó abrir el portón de ingreso a la vivienda, quiso ayudar a la víctima, pero no logró su cometido por el temor que le provocaron las palabras del imputado”.

“El Gabinete de Criminalística levantó evidencia fundamental para acreditar las dos armas utilizadas, como también lo violenta que fue la escena. Los hallazgos en el vehículo del hombre también acreditan su culpabilidad”, mencionó.

En relación al agravante del ensañamiento, Garrido señaló que el sujeto actuó de manera cruel e inhumana. Tal es así que el médico forense en su informe de autopsia tuvo que agrupar las heridas, indicando que las que predominarom fueron las contuso cortantes. No me cabe ninguna duda de que tenía conocimiento de que con su accionar estaba haciendo sufrir a la víctima”.

A lo anterior se suma, que “la psiquiatra forense dijo que no había encontrado suficientes elementos para concluir en una reducción de imputabilidad”.

Finalmente, el tercer agravante, “la de femicidio, se encuentra acreditada a través de la denuncia de Ley 3040 que pudo hacer la mujer, en la que describió que hacía años que estaba viviendo violencia, agresiones verbales y físicas”.

El defensor público penal Eduardo Luis Carrera comenzó su intervención diciendo que “una de las hijas del matrimonio dijo durante el debate que todo funcionaba de manera perfecta hasta que mi asistido perdió su trabajo a raíz de la intervención quirúrgica. Durante los 28 años en pareja todos señalan que mi pupilo era una persona tranquila, que trabajó toda su vida, y que no era golpeador”.

Como circunstancias extraordinarias de atenuación, el defensor mencionó la angioplastía, y la consecuente perdida de trabajo.

“Esto era una fuente de autoestima para mi asistido, tal como dijo la psiquiatra forense, y cuando pierde su fuente laboral comienzan las discusiones. Su mujer le regriminaba la inactividad, que esto lo hiciera quedarse en la casa, y todo ello hace implosión con una sorpresiva exclusión del hogar, en el marco de una relación estable de 28 años”.

El día de la denuncia “el hombre estaba en Neuquén tramitando su certificado de invalidez, y ese mismo día el Juez de Paz lo excluye del hogar. Es así que se va de la casa sin nada, buscando a alguien que le diera un lugar para vivir. La psiquiatra forense dice que mi asistido sufre destrato, viviendo de lo que le daban. Estas son circunstancias graves, la especialista habló de que el sujeto atravezaba un estado emocional desbordado y de depresión, que tenía ideas de suicidio, y que ese tipo de trastornos mentales activos aumentan el riesgo de violencia. Había perdido su trabajo, su familia, su dignidad, todo había perdido”, dijo Carrera.

“Ante toda esta crisis, mi asistido va a hablar con la mujer, y en un contexto de discusión tuvo un desborde emocional, tal como dijo la psiquiatra. En un estado emocional alterado, desequilibrado por el marco total que hemos descripto”.

Los hechos graves, concluyó Carrera, “se podrían haber evitado si mi asistido hubiera recibido algún tipo de contención tras la aplicación de las medidas en el marco de Ley 3040”.

El veredicto se conocerá el próximo lunes 8 de abril a las 8.45 de la mañana.