Opinión
El salario no es ganancia
Nota de opinión por Flavio Fernández, Prof. de Historia y Lic. en Educación.
Es probable, que los legisladores en todos los niveles, sea nacional o Provincial, quieran imponer una nueva filosofía con respecto a los que son las retribuciones en este mundo capitalista. Para esto los que conocemos el pasado, podemos ayudar, para que sigan cometiendo «errores» del pasado.
Es primordial hacer una revisión conceptual y epistemológico del concepto de remuneración que, si bien reviste un carácter oneroso, es el fruto del esfuerzo del trabajador a favor de otra persona (empleador) y bajo ningún concepto lo obtenido por poner su fuerza de trabajo, se puede denominar como una retribución del capital; la ganancia.
El análisis para sostener que el salario o la remuneración no es una ganancia, debe realizarse desde la óptica conceptual y jurídica, no económica ni tributaria.
El abordaje de este emblemático tributo a los salarios que forman la 4ª categoría, debe examinarse desde lo conceptual, exactamente al igual que la Corte Suprema abordó el fallo “García”, conceptualizando que es una “jubilación” y a partir de eso analizar el marco jurídico constitucional haciendo principal hincapié en lo conceptual y epistemológico.
Antes de abordar este tema. Debemos saber conceptualmente ¿qué es la ganancia y qué es el salario?
Ganancia o Riqueza: Es la retribución que obtiene el capital. Vale decir, el valor que obtienen los dueños de empresas surgido del exceso de ingresos sobre gastos, de una transacción, operación o actividad económica.
El Impuesto a las Ganancias: Es un impuesto creado por la Ley N°20.628, y es un tributo nacional y anual que grava la obtención de una renta.
Renta: Es sinónimo de ganancia obtenida.
Salario o Sueldo: Ambos conceptos son sinónimos de remuneración.
Remuneración: Es la principal obligación que tiene el empleador hacia su dependiente o asalariado como contraprestación de las tareas desempeñadas o a cambio de su fuerza de trabajo.
La remuneración, si bien reviste carácter oneroso, es el fruto del esfuerzo del trabajador a favor de otra persona (empleador), este esfuerzo es vital para la subsistencia del trabajador en su vida cotidiana y bajo ningún concepto de la sana lógica lo obtenido por poner su fuerza de trabajo es una ganancia.
Dada su importancia y el carácter alimenticio que representa la remuneración para el trabajador, la legislación laboral ha desarrollado un gran control para resguardar el derecho a que el trabajador la perciba de manera íntegra y oportuna, al mismo tiempo que la protege frente al empleador, a los acreedores del empleador, frente al propio trabajador, frente a los acreedores del trabajador y por supuesto, frente al Estado.
Con el objetivo de preservar el Principio de Intangibilidad de la remuneración y en garantía de que sea percibida en forma efectiva por el trabajador, la Ley de Contrato de Trabajo fija una serie de formalidades que deben respetarse. Una de ellas es la que establece limitaciones a compensaciones, retenciones y descuentos.
Como primera medida el impuesto a las ganancias va en contra de la Ley de Contrato de Trabajo, Nº 20.744, lo que refiere al artículo 103 que proyecta la definición de remuneración y el capítulo IV del título IV de la LCT que contempla la tutela de la remuneración y la prohibición de efectuar retenciones o compensaciones sobre los salarios.
Esta prohibición tiene su antecedente en el denominado “truck system”, modalidad que se utilizaba en la antigüedad y que obligaba al trabajador a recibir mercadería como prestación a cuenta del salario en dinero; es decir los «famosos» pagos en «especie». Esta modalidad representaba una verdadera disminución salarial, distorsión que justificó la imposición de una serie de límites legales a cualquier retención, deducción o compensación sobre la remuneración en dinero.
Las palabras “retención”, “deducción” y “compensación”, si bien hacen referencia a conceptos semánticamente diferentes entre sí, resultan equivalentes a los fines de la prohibición legal.
La “retención” es la quita de una porción del salario del trabajador.
La “deducción” representa el acto mismo de descuento de una suma líquida, imputándola a uno o más débitos atribuidos al trabajador.
Por último, la “compensación” consiste en la extinción de una porción de la obligación salarial por vía de la cancelación, hasta su concurrencia, con un crédito titularizado por el empleador.
La legislación laboral, ha prohibido efectuar retenciones o compensaciones sobre los salarios, con el fin evidente de que el mismo llegue integro a poder del trabajador, esta prohibición, si bien no es absoluta, la propia Ley de Contrato de Trabajo fija excepciones dentro de las cuales, no está contemplado el impuesto a las ganancias (art. 132 LCT)
Entonces, partiendo de esta diferencia, plantear que el salario es ganancia es una deformación cuyo resultado es la expoliación de la remuneración de los trabajadores, principal fuerza de movimiento económico del país.
Una de las opciones viables, eliminando el impuesto a las ganancias de los asalariados y manteniendo el equilibrio en las arcas del Estado, sería establecer el impuesto a la renta financiera con un mínimo imponible que no alcance la clase media o promedio medio laboral.
El salario de los trabajadores bajo ningún concepto representa una riqueza o una ganancia, es una suma de dinero en contraprestación de poner su fuerza de trabajo para otra persona, eso no es riqueza, ni se gana nada, simplemente es una la obtención en dinero o es especie de realizar un esfuerzo, corporal o intelectual.
Bajo ningún concepto legal podemos comparar un impuesto que grava una renta o riqueza de una actividad lucrativa laboral, que responde a otra naturaleza que es todo lo contrario a una riqueza, sino a una necesidad humana que dignifica al propio ser humano.
La Constitución responde en su Art. 14 bis donde también menciona al salario, lo incorpora dentro del marco protectorio que le asigna al trabajo cuando establece que “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes”. En este artículo se menciona al salario de tres maneras diferentes.
En primer lugar, lo menciona como “retribución” cuando establece “retribución justa”; luego lo denomina como “salario”, cuando establece el carácter alimentario, con la instauración del “salario mínimo vital y móvil”; y por último lo menciona como “remuneración” al establecer el principio de “igual remuneración por igual tarea”.
Nótese que el constituyente jamás menciona ni asocia al “salario” con una “ganancia”; tan es así que en el mismo artículo establece “participación en las ganancias de las empresas” asociando el término “ganancias” a las utilidades de una empresa.
En definitiva, los salarios gozan de plena protección constitucional y tienen plenas características alimentarias, por tanto, nunca pueden ser considerados una riqueza para ser gravada por el impuesto, que precisamente, tiene por finalidad “gravar” a la «ganancia», como correspondiente a la riqueza.
Pero que pasó….la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en su convenio N* 95 (de 1949 sobre la protección del salario, ratificado en Argentina en 1956 por el Gobierno de la dictadura) El Art. 1 reza lo siguiente: “A los efectos del presente Convenio, el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”.
Si bien para aquellos que sostienen “que el salario es una ganancia” el texto citado anteriormente entendería que les diera la razón; me atrevo a pedir que no se adelanten, ya que es necesario analizar correctamente la definición de la OIT.
Dice: “el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo”; es decir que la OIT desea determinar correctamente que es el salario; mas allá del nombre o denominación que las partes de la relación laboral le otorguen.
Es así porque una de las prácticas comunes de los empleadores es hacerles creer a los trabajadores, mediante formas engañosas, que en vez de ser trabajadores en relación de dependencia son “socios” de la empresa, y por ello sus ingresos no son salarios sino “ganancias”; en el ámbito Estatal es similar en el concepto de «funcionarios».
Como la OIT desarrolla conceptos de validez universal, y en ese camino no todos los ordenamientos jurídicos protegen los derechos laborales de la misma manera. Es que más allá de la terminología que se utilice, el salario será tal “siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijado por acuerdo o por la legislación nacional, y debido por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”.
El objetivo no es confundir ni sostener que el salario es igual a una remuneración o una ganancia, sino por el contrario, es definir conceptualmente el salario para diferenciarlo de otros institutos similares; de ahí que sea tan amplio el concepto al momento de definir la relación laboral que da origen a la obligación por parte del empleador.
En consecuencia, no se puede analizar con el método literal únicamente una ley o convenio, sino por el contrario se debe utilizar un método lógico para esclarecer el espíritu que la norma tiene o dicho de otra forma desentrañar su “ratio legis” (Razón Legal). El objeto y fin del Convenio 95 de la OIT es otorgar al salario un marco diferenciador y protectorio.
En el mismo sentido la LCT define al salario en su Artículo 103 como “sueldo o salario”; “remuneración” o “contraprestación”. Otra vez las leyes que tienen como fin la protección del trabajo y dentro de ellas las que protegen el salario jamás lo confunden con una “ganancia”, término que la CN asocia a las empresas no a sus dependientes.
Al momento de generarse el salario el sistema legal establece que debe ser justo, que no puede situarse por debajo del mínimo, vital y móvil, ya que es el sustento del trabajador y su familia; y por ello es irrenunciable por parte del trabajador.
Al momento de efectivizarse el pago, la LCT como el convenio de la OIT establecen la forma o modalidad que debe observar; esto es en efectivo y de manera integral.
Al momento de abonarse el salario también está protegido; es inembargable por debajo del mínimo vital y móvil, y solo embargable parcialmente en la parte que lo exceda.
El carácter inembargable es oponible a todos, incluido el Estado. Es decir que el régimen protectorio protege al salario en todo su devenir. Pero la protección no se agota allí, por el contrario, continúa vigente y a través de estos principios protectorios es que debe ser considerado para ser gravado.
El salario como instituto legal no puede ser considerado por fuera de este régimen. Es decir, que no puede ser considerado igual que una ganancia o una renta, un beneficio o un enriquecimiento, como lo establece el Artículo 2 de la Ley de impuestos a las Ganancias. Mucho menos puede gravarlo, si ni siquiera lo menciona en el hecho imponible, ni en el restante texto de la ley citada.
Considerar el “salario” como una “ganancia” viola el régimen protectorio del mismo, que goza de jerarquía constitucional. Los dogmas del derecho tributario que sostienen esta asimilación son por ello igual de inconstitucionales.
De todos los impuestos, quizás, el que más trae contradicciones y pasiones negativas entre los empleados dependientes asalariados, es el Impuesto a la Ganancia.
Estas premisas vulneran el imperativo constitucional que la reforma constitucional del año 94, en cuanto indicarle el deber al legislador de estipular respuestas especiales y diferenciadoras para los sectores vulnerables, con el objetivo de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos.
Acaso en la actualidad, los asalariados del sector privado, no son un sector en absoluta vulnerabilidad con salarios por más del 15/20% debajo de los índices inflacionarios del país. Si este sector no es un sector sensible y altamente golpeado por las malas decisiones en materia económica, tributaria y laboral, le estamos errando al concepto de “vulnerabilidad”.
Dicho imperativo constitucional resultar transversal a todo el ordenamiento legal, esto quiero decir que una ley no puede vulnerar las premisas que nuestra constitución reza, proyectándose concretamente, a la materia tributaria.
En materia impositiva, el principio de igualdad, no solo exige la creación de categoría tributarias razonables, sino que también prohíbe la posibilidad de unificar las consecuencias tributarias para situaciones que en verdad son distintas.
Así también, la cláusula del artículo 16 de la CN mide con prudencia y sabiduría del Poder Legislativo una amplia libertad para ordenar, agrupar, distinguir los objetos de la legislación; no obstante, el fijar categoría es esencial para la percepción de impuestos compatible con el Principio de Igualdad.
En definitiva, Se debe declarar la inconstitucionalidad del artículo 79 inciso B) de la ley de impuestos a las ganancias, cuarta categoría del trabajo personal en relación de dependencia, o en carácter legislativo, dar iniciativa a un proyecto de ley que reemplace lo absurdo de este tributo a los asalariados, porque amenaza y altera con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos y garantías consagrados en la constitución que “el salario no es ganancia” y que la inflación provoca una pérdida constante del poder adquisitivo que no puede ser ignorada a la hora de fijar los impuestos.
Flavio Fernández.
Prof. de Historia y Lic. en Educación.
Opinión
“Todos conocemos a alguien que no volvió”: El doloroso mensaje de la hija de una víctima fatal por un choque en la Ruta 22
Omar Edgardo Moreno murió tras un violento choque frontal ocurrido a la altura de Cervantes; mientras que otras tres personas resultaron heridas. Su hija escribió una carta, donde apuntó contra la desidia política y vial.
A poco más de una semana del choque frontal ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 22, a la altura de Cervantes, Cindy Moreno publicó una extensa y conmovedora carta abierta tras la muerte de su padre, Omar Edgardo Moreno, quien perdió la vida en el siniestro vial registrado el pasado jueves (14/05).
El hecho ocurrió minutos después de las 10.30 horas en el kilómetro 1165 de la Ruta N° 22, en cercanías del barrio Colonia Fátima. El impacto frontal fue entre un Ford Focus que circulaba de oeste a este y un Peugeot 307 que viajaba en sentido contrario.
En cada vehículo viajaban dos personas. Como consecuencia del choque, Omar Moreno, conductor del Focus, murió en el lugar. Los otros tres ocupantes sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Francisco López Lima de General Roca, donde continúan recibiendo atención médica.
En su carta, Cindy Moreno apuntó contra la negligencia vial, el abandono estatal, la falta de obras sobre la Ruta N° 22 y también destacó el acompañamiento del personal de salud y de la comunidad en medio del dolor.
La carta completa
Mi papá no murió solamente en un choque sobre la Ruta 22.
Mi papá murió en una provincia donde hace más de treinta años la desidia política avanza más rápido que las obras. Donde los funcionarios cambian, los discursos cambian, las campañas cambian, pero las rutas siguen rotas, los hospitales siguen sobreviviendo como pueden y las familias siguen enterrando seres queridos mientras escuchan promesas recicladas.
No le escribo esta carta abierta a quienes salen todos los días a trabajar y manejan con responsabilidad entre un pueblo y otro, rezando llegar bien. Ellos ya conocen el miedo. Lo sienten cada vez que toman la Ruta 22 para ir al médico, llevar a sus hijos a estudiar, hacer un trámite o volver a casa.
Esta carta está dirigida a quienes manejan con negligencia, creyendo que el volante es una extensión de su impunidad. Pero también está dirigida a los municipios y gobiernos que durante décadas convirtieron una obra vital para toda la región en una disputa absurda de egos, intereses y mezquindades políticas.
Mientras la gente esperaba una ruta segura, ellos discutían si un tramo debía pasar por arriba o por abajo, si convenía un puente más o una rotonda menos, mientras la obra se demoraba eternamente entre internas políticas, especulación y abandono.
Y en el medio, la gente siguió muriéndose.
En el Alto Valle ya ni siquiera hacen falta estadísticas. Todos conocemos a alguien que no volvió. Todos conocemos una familia destruida por una ruta inconclusa. Todos vimos cruces al costado del camino multiplicarse más rápido que las soluciones.
Hace más de diez años comenzaron las obras de mejora de la Ruta 22. Diez años en los que miles de rionegrinos soñamos que, por respeto a los muertos y por responsabilidad hacia los vivos, finalmente se terminara aquello que nos prometieron una y otra vez.
Pero la política eligió otra cosa.
Eligió discutir poder mientras la gente enterraba hijos, padres, hermanos y amigos.
Mi papá no va a volver. Y no existe pésame institucional capaz de reparar el vacío que deja una ausencia así cuando durante años se ignoraron pedidos básicos de infraestructura, prevención y dignidad.
Porque la desidia no aparece solamente en las rutas. También aparece en hospitales sostenidos a pulmón sus trabajadores. Aparece en localidades donde ni siquiera las entradas para las ambulancias están asfaltadas. Aparece en edificios públicos sin calefacción en plena Patagonia. Aparece cuando falta lavandina en los baños, cuando el personal de salud no tiene dónde calentarse un almuerzo después de horas intentando salvar vidas.
Mi mamá sigue grave en el hospital de General Roca. Y aun en medio de semejante abandono estructural, el personal humano de ese hospital logró algo extraordinario: devolvernos un poco de fe. Nunca voy a olvidar la humanidad del servicio de Hematología, ni las palabras cálidas, ni las sonrisas, ni la forma en que acompañan a familias destruidas aun cuando trabajan en condiciones indignas. Tampoco voy a olvidar a toda la gente que se acercó a donar sangre sin conocernos. Ahí entendí algo doloroso y hermoso al mismo tiempo: esta provincia sobrevive gracias a su gente, no gracias a sus dirigentes. Río Negro está lleno de personas extraordinarias obligadas a compensar todos los días la ausencia del Estado.
Hoy no escribo para pedir nada. Porque lo único que quiero es que me devuelvan a mi papá, y eso no va a pasar.
Pero sí necesito decir que las muertes evitables también tienen responsables. Que las obras postergadas matan. Que la negligencia mata. Que gobernar mirando encuestas, disputas partidarias y negocios mientras la gente arriesga la vida para ir de un pueblo a otro también tiene consecuencias. A los conductores de la camioneta y el auto blanco que hicieron todo mal aquel día, que les faltan papeles y les sobra inconsciencia, ojalá los acompañe la culpa de su irresponsabilidad. Y a quienes durante años tuvieron en sus manos la posibilidad de terminar una ruta segura y fortalecer un sistema de salud digno, ojalá alguna vez comprendan el daño irreparable que produce gobernar de espaldas a la realidad.
Mi papá ya no está. Pero pienso honrar su memoria haciendo lo mismo que él hizo siempre: decir lo que incomoda, exigir justicia y negarme a aceptar que el abandono sea el destino inevitable de nuestra región.
A quienes estuvieron con nosotros en estos días, gracias. El mundo sigue siendo un lugar digno gracias a personas como ustedes.
Cindy Moreno B.
Opinión
Más allá del diagnóstico: La necesidad de una salida con contenido
Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
¿Cuánto más se puede decir del estado actual de las cosas? Esta mezcla de novedad y continuidad, esta cotidianeidad que venimos habitando, nos fuerza muchas veces a una suerte de parálisis, obligándonos a detenernos indefinidamente en el diagnóstico. Nos enfrentamos, una vez más, cara a cara con sorpresas previsibles: es la sensación de que asistimos a «más de lo mismo», con el agravante de que ese «lo mismo» es, cada vez, peor.
Esta realidad no es abstracta; es una fuerza complicada que está tensionando transversalmente a la Argentina. Tensa a los individuos, a las familias y a los hogares, pero también erosiona a las instituciones, a los partidos políticos y a las organizaciones sociales en su conjunto. Estamos ante un escenario tan complejo como hondo, donde conviven la complicidad de algunos sectores con un agotamiento social generalizado. Es el agotamiento de quienes dijeron «no» a lo anterior para decir «sí» a esto, y que hoy se encuentran en la encrucijada de decir «no» a esto, sin querer regresar a lo otro. En ese limbo, la construcción de una salida institucional sigue siendo una asignatura pendiente.
La trampa de la reactividad: El vacío de la alternativa
En este escenario, lo que queda peligrosamente a la vista es un modelo de gestión de la oposición —tanto institucional como política— que es meramente reactivo en lugar de propositivo. Esta es una falencia generalizada que atraviesa a representantes políticos, sindicales y partidarios por igual: el gobierno nacional impone condiciones y la respuesta carece de propuestas superadoras. Las estructuras tradicionales se mueven siempre un paso por detrás de lo previsible, persiguiendo un modelo oficial que se percibe como arrasador.
Lo más alarmante no es el contenido de lo que se negocia, sino la incapacidad técnica para proyectar algo distinto. Nos enfrentamos a paritarias que no funcionan, a presupuestos que son jirones de la realidad y a discusiones por servicios básicos que parecen vaciadas de sentido. El rol de sindicatos, gobernadores y legisladores se ha degradado al de simples acompañantes de la coyuntura. Mientras se transita esa urgencia, no se está proyectando un plan de salida relevante. Esta reactividad es especialmente compleja en las universidades, donde ciertas conducciones operan como oposición política nacional pero como oficialismos institucionales, quedando atrapadas en la misma falta de iniciativa propositiva.
De la demencia al negacionismo: La inercia institucional de parte del sistema de CyT
Para entender la parálisis de quienes deben conducir, es necesario observar su comportamiento reciente. Tras el punto de inflexión de diciembre de 2023, cuando el flujo de recursos se detuvo abruptamente y las partidas dejaron de llegar, las instituciones universitarias no reaccionaron con un cambio de paradigma. Por el contrario, operaron bajo lo que podríamos llamar una demencia institucional: siguieron haciendo las cosas como si el escenario no hubiera cambiado, repitiendo fórmulas de un pasado que ya no tenía sustento material.
Hoy, esa demencia ha mutado en algo más peligroso: el negacionismo institucional. Al encontrar mecanismos modernos e innovadores para «oxigenar» el sistema -vía financiamientos externos, fundaciones propias o venta de servicios-, las conducciones «optan» por darle la espalda a la lucha estructural de sus trabajadores. Bajo la excusa de la eficiencia técnica y la creatividad para «salvar los muebles», están validando de facto el ajuste. Están demostrando una agilidad que en momentos de flujo ni siquiera se atrevieron a imaginar, pero lo hacen opacando la lucha docente y Nodocente, y confirmando ante el poder central que el recorte era, después de todo, ejecutable.
El experto disciplinar y la orfandad política
Esta desconexión tiene una raíz estructural en la formación de quienes dirigen el sistema de ciencia, tecnología y universitario. Por un lado, tenemos a los docentes e investigadores, y por otro, a los equipos de gestión Nodocente, que constituyen la arquitectura institucional invisible que permite mantener en pie el sistema. En la cima, el funcionariado (Rectores, Vicerrectores y Secretarios) ocupa cargos de naturaleza eminentemente política.
Sin embargo, el sistema está diseñado para que los académicos gestionen, bajo la premisa de que la excelencia en el grado o posgrado se traduce en capacidad de gestión. Pero la trayectoria académica no es proporcional a la pericia política. Geólogos, contadores, biólogos o arquitectos de renombre se encuentran hoy dirigiendo instituciones complejas frente a una política de choque para la cual sus herramientas disciplinares -que representan el 95% de su expertise- son insuficientes. No es lo mismo administrar el flujo que gestionar la incertidumbre y la restricción. Al no ser cuadros políticos de formación, quedan aislados de los debates profundos y los avatares partidarios los toman por sorpresa.
La seducción del intelectual y el desembarco de los gestores
Este contraste se refleja en la figura presidencial. Su ascenso fue el de un intelectual que ofrecía una doctrina económica liberal inspiradora y de gran penetración en jóvenes votantes y en una gran parte de la población desencantada con lo conocido. La sociedad, en su dificultad para determinar el rol efectivo del Estado, parece haber votado esa elocuencia, apostando a un horizonte filosófico pero dejando de lado o acaso, jamás interpelándose por el «cómo».
Pero una vez en el poder, se produjo un desplazamiento: la gestión real fue delegada en personajes cuyo activo no es la teoría, sino el know-how de la vieja política y la gestión de choque. Mientras el discurso se mantiene en la doctrina, la ejecución queda en manos de segundas y terceras líneas que saben operar las palancas del Estado de forma pragmática. Esta dualidad genera la máxima tensión: un relato intelectual que se ejecuta con las herramientas más conocidas de la gestión tradicional.
El intelectual como arquitecto y el control social
Frente a este vacío, el rol superador del intelectual debe ser el de un traductor: aquel que logre el match entre la ideología (el horizonte filosófico) y el cotidiano de la política pública. No puede ser alguien que se refugie en la academia para dar una clase virtual cada quince días; debe ser quien dote de sentido a la acción técnica e impregne e ilumine los debates públicos.
Nadie discute qué funciones debe afrontar el Estado en tanto garante de derechos. Su capilaridad social estratégica (en términos de Oszlak) es irremplazable. Sin embargo, no podemos seguir persiguiendo quimeras de innovación que mueren en acuerdos personales sobre un andamiaje inexistente. Propongo una salida que incluya una instancia de control social e intelectual comunitario, similar a una Defensoría del Pueblo, pero con una matriz de pensamiento crítico. Un espacio técnico con voz y probada incidencia donde la ciudadanía participe y rediscuta las políticas públicas junto a los intelectuales que les dan sentido.
Conclusión: Salir del asombro
En un mundo de información fragmentada, en el cual desde millennials a la generación alfa son bombardeados constantemente, los discursos vacíos ya no alcanzan. Lo que hoy se vuelve imperativo es la propuesta concreta. Debemos entender que, si la esperanza no tiene acción, es simplemente fe; y la fe es insuficiente para gestionar una organización, menos aún un sistema, demasiado lejos, una nación.
La salida no es dicotómica – izquierda o derecha-, sino programática. Requerimos un nuevo acuerdo social basado en ejes fundantes: ambiente, obra pública, educación, salud, deporte, disidencias, derechos humanos, vivienda y todos los otros temas que la sociedad pueda determinar. La única manera de garantizar a la ciudadanía una protección real es a través de una salida política integral: intelectuales, académicos, gestores y técnicos trabajando en un programa de gobierno concreto que abandone el asombro y retome la iniciativa. Es hora de que la arquitectura del Estado deje de servir a la supervivencia de una casta y empiece a tener a la gente presente en el centro de su diseño y control.
Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
Opinión
La Encrucijada de la IA: Moda o Soberanía
Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
Estamos inmersos en un momento de avances exponenciales de la Inteligencia Artificial (IA). Esta carrera tecnológica, impulsada por el sector privado, genera nuevas oportunidades, pero también expone complejidades estructurales profundas en sociedades como la latinoamericana y la argentina en especial, agravadas ahora por el desfinanciamiento estatal.
Detrás de palabras y conceptos como costo, lucidez e inclusive debatiendo sobre la Paradoja de la Modernización, es crucial entender que no incorporar tecnología es, de hecho, más costoso que hacerlo. La adopción requiere una «lucidez estratégica»: un rediseño consciente y deliberado que entienda que lo que se hace se puede hacer mejor. Pero que de ninguna manera la IA reemplaza ni a las personas ni a sus responsabilidades.
Como dos caras de una moneda:
El sector privado actúa deliberadamente para maximizar la ganancia. Moderniza con celeridad, buscando mejorar procedimientos, presentándose a la vanguardia y el desarrollo, y poniendo en valor la IA.
El sector público, cuyo fin es social, a menudo responde al llamado de la modernización con el desfinanciamiento, con recorte y achicamiento. La negación a incorporar la IA transversalmente como tecnología que permita innovar, claramente es no estratégica, pues la sociedad ya la está utilizando, generando una distancia creciente entre ambos mundos.
Acá nos encontramos con el problema de la falsa dicotomía, la creencia simplista de que el privado es inherentemente más moderno y brillante. Esta visión es escasa, pues las personas en ambos sectores utilizan tecnología personal (smartphones, herramientas de IA como Gemini, ChatGPT, etc.).
La diferencia reside en la cultura organizacional: en el privado, la modernización se transparenta y premia; en el público, no está institucionalizada y a veces se castiga la desviación del proceso tradicional.
A no preocuparse, porque no todo es tan sombrío y acaso para evitar un futuro distópico, la solución reside en construir una soberanía tecnológica y digital más horizontal.
Esto nos propone:
Divulgación y Conocimiento: las sociedades y los individuos deben entender el impacto de la tecnología y la IA en todas las instituciones. Este conocimiento es la base para que los ciudadanos puedan defender, construir y validar las reformas necesarias.
Espacios de Co-creación: es imperativo crear espacios público-privados, liderados con la participación activa de la sociedad civil, tecnólogos, divulgadores y directores de proyectos.
Gobierno Abierto: estos espacios deben estar anclados en los principios de Gobierno Abierto: participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas.
Solo a través de esta colaboración estratégica y una ciudadanía informada, el Estado podrá evolucionar tecnológicamente no solo para sobrevivir, sino para construir un futuro donde la tecnología sirva a fines sociales amplios, y no solo a la maximización de la ganancia privada.
Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
