Agro
Pagaron la fruta por debajo del precio mínimo y deberán compensar en dólares al productor
Son casi 300.000 U$S.
El Juzgado Civil N° 1 de Roca condenó a una exportadora de manzanas y peras a pagar a una empresa productora la deferencia entre lo efectivamente liquidado por la fruta y el “piso” establecido por la Mesa de Contractualización Frutícola. La suma, definida mediante una pericia contable, es de 291.000 U$S a favor del productor.
La sentencia fue dictada el pasado 6 de septiembre y aún no se encuentra firme, puesto que puede ser apelada y eventualmente modificada por tribunales superiores.
La demanda fue impulsada por la firma Ejesa S.A. contra la exportadora Standard Fruit Argentina S.A., por una errónea liquidación de los saldos de los contratos de compraventa de manzanas y peras de las temporadas 2009 a 2012, los que totalizaban algo más de 3,5 millones de kilos de fruta.
El productor señaló en su demanda que “cumplió con todas las obligaciones a su cargo, entregando la fruta comprometida en calidad y cantidad” pero “cuando se efectuaron las liquidaciones advirtió que las sumas liquidadas arrojaban un valor por kilo de fruta sensiblemente inferior al precio mínimo promedio establecido por la Mesa de Contractualización Frutícola”. Sostuvo que en respuesta a sus reclamos extrajudiciales le indicaron que “lo abonado se ajustaba al contrato” y alegó que “el precio fijado por la compradora es injusto y un abuso de su posición dominante en el mercado”. Invocó, además, la regulación protectiva de las leyes provinciales de Transparencia y de Contractualización Frutícola.
Por su parte, Standard Fruit Argentina indicó en cuanto al valor de la fruta que ambas partes acordaron por contrato tomar un “precio referencial”. Sin embargo, el análisis de las cláusulas llevó a la jueza a advertir “la fijación de un precio referencial a la sola voluntad del comprador”.
La empresa alegó además no estar adherida al Régimen de Transparencia Frutícola “por lo que no son alcanzados por dichos beneficios”. En ese punto, consideró inconstitucionales e inaplicables al caso la Ley Provincial N° 3611 (de Transparencia Frutícola), la Ley Provincial N° 3993 (de Contractualización Frutícola, que crea la “Mesa de Contractualización” para la definición anual de costos y precios de la fruticultura), y las resoluciones de la Mesa.
Las leyes de Transparencia y Contractualización
La Ley N° 3611 estableció en 2002 un “régimen para la vinculación entre la producción, empaque, industria y comercialización de frutas en la Provincia de Río Negro, el cual tendrá por objeto dar certeza jurídica a la relación entre las partes y acompañar la variabilidad del negocio en forma ágil y transparente”.
“No se advierte motivo jurídico alguno para declarar la inconstitucionalidad de la mencionada ley, pues sólo aporta un control para las operaciones de comercialización de la fruticultura en la provincia”, definió la jueza en su fallo.
Por su parte, la Ley 3993 creó en 2005 la “Mesa de Contractualización Frutícola”, que define “anualmente los costos y precios” para la “producción, conservación, acondicionamiento e industrialización, así como las condiciones de pago y las cláusulas de ajuste de los valores” de la fruta de pepita y fija el precio mínimo de referencia de la fruta.
Ante el planteo de inconstitucionalidad de esa ley, la jueza respondió con lo ya resuelto por el Superior Tribunal de Justicia en 2014, en el expediente Nº 26673/13-STJ: “…no ha demostrado de qué manera la norma que ataca contraria a la Constitución Nación y/o Provincial, ni ha precisado y acreditado fehacientemente el perjuicio que le origina la integración de los contratos con el precio establecido mediante los mecanismos que la citada ley prevé”.
“Como una entidad dedicada a la comercialización y exportación de frutas, debe cumplir con las pautas fijadas por el Estado para el control de dicha comercialización, y esto es precisamente lo que hacen estas leyes, fijar el control estatal en la comercialización de frutas en la Provincia, como una manera de contralor frente a la diferencia de entidad de las partes intervinientes, esto es, productor y empacador o exportador”, recordó el fallo.
Según definió la jueza, las leyes mencionadas “vienen a suplir la posición dominante de estas empresas que, siendo los principales exportadores, dominan el mercado y son hasta reguladores del precio. Por ello, las leyes citadas condicionan las contrataciones a efectos de poner límite a los excesos que se pudieran cometer en la comercialización de frutas, dado la disparidad de las partes contratantes”.
Pericia contable
Ambas partes aceptaron en el juicio realizar una pericia que coteje los registros contables de cada empresas. El perito analizó los totales de venta de “fruta embalada” y “fruta de descarte” de los períodos 2009 a 2012. Según el precio mínimo de la “Mesa” que debía respetarse cada temporada, por la fruta embalada quedó un saldo de U$S 119.238 a favor del productor y por la fruta de descarte faltó pagar U$S 171.811, lo que totalizó U$S 291.049, que es el capital de la condena civil.
“Se entiende que la contienda de si el precio era el fijado por la empresa o el fijado por la Mesa de Contractualización Frutícola, al rechazarse la inconstitucionalidad de las leyes N° 3611 y N° 3993, es claro que el precio mínimo para los contratos de frutas era el fijado por dicho organismo”, aclaró la jueza en su fallo.
Agro
Río Negro acompaña a productores del Alto Valle tras tormentas de granizo
El área dañada se estima que alcanza entre 750 y 800 hectáreas.
El ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, recorrió chacras de Villa Regina junto al secretario de Fruticultura, Facundo Fernández, para acompañar a productores afectados por las fuertes tormentas de granizo que impactaron en el Alto Valle en los últimos días.
El evento climático provocó daños significativos sobre una actividad estratégica para la provincia y para el país, en un momento sensible del ciclo productivo, cuando gran parte de la fruta se encontraba próxima a cosecha.
Banacloy advirtió que «estas tormentas dejaron un impacto muy duro sobre la producción de una actividad clave para nuestra provincia y nuestro país. Sabemos lo que significa ver una fruta que estaba lista para ser cosechada, después de meses de trabajo, inversión y esfuerzo».
«Ya están en marcha los relevamientos técnicos para poder avanzar en las herramientas de asistencia que permitan sostener a quienes producen y trabajan todos los días en nuestra fruticultura», expresó Banacloy.
La Secretaría de Fruticultura activó el operativo de fiscalización y relevamiento técnico en las chacras afectadas y, de acuerdo a una primera estimación, el área dañada se estima que alcanza entre 750 y 800 hectáreas.
El trabajo del equipo de fiscalización de la Secretaría de Fruticultura permite contar con datos precisos para evaluar el impacto real del granizo y orientar las acciones de acompañamiento y asistencia a las familias productoras afectadas.
La fruticultura es una de las principales economías regionales de Río Negro y una fuente central de empleo, valor agregado y exportaciones. Frente a escenarios climáticos cada vez más desafiantes, el acompañamiento en territorio y el trabajo técnico sostenido resultan claves para cuidar una actividad estratégica para el desarrollo provincial.
Agro
La Provincia avanza hacia la declaración de emergencia en fruticultura
Aún se continúan evaluando los daños ocasionados por el violento temporal.
El secretario de Fruticultura de Río Negro, Facundo Fernández, afirmó que junto al sector continúan evaluando los daños ocasionados por el violento temporal que dejó fuertes precipitaciones y granizo en los valles productivos, y anticipó que antes de fin de año la Provincia deberá declarar la emergencia, tanto en el ámbito provincial como ante el Gobierno Nacional, para activar todos los instrumentos de asistencia disponibles.
Fernández explicó que el proceso administrativo ya está en marcha, pese a que la emergencia aún no fue formalmente declarada. «Estamos en contacto con el Gobierno Nacional para detraer la emergencia climática bajo la Ley Nacional. Esto habilita beneficios impositivos y todas las herramientas que la ley contempla para estos casos». Además, aclaró que el reconocimiento oficial requiere completar los relevamientos técnicos que actualmente se desarrollan en chacras y establecimientos afectados.
En ese marco, el secretario describió la magnitud del evento climático que obliga a acelerar las gestiones. Indicó que en algunos sectores se registraron 48 a 50 milímetros de lluvia en apenas una hora y media, acompañados de granizo y ráfagas intensas. «Había tanta agua que no se podía entrar al monte; en las próximas 24 horas vamos a tener un diagnóstico más preciso», afirmó.
La situación es especialmente crítica para la cereza, que se encontraba en plena cosecha. Fernández detalló cómo se produce el daño. «Cuando el fruto está listo para cosechar y recibe agua directa, la planta intenta absorberla por un proceso osmótico y la piel se raja. Ese es el daño que estamos viendo hoy en distintos establecimientos», indicó.
El secretario sostuvo que este tipo de eventos ya no pueden considerarse aislados. «El clima nos está castigando y lo estamos sufriendo igual que el resto del país. Esto es cambio climático: tormentas de granizo fuera de época, temperaturas superiores a 30 grados en noviembre, precipitaciones extremas que caen en un ratito lo que antes caía en varios días». Recordó que en algunas zonas el temporal dejó lluvias violentas con muchos milímetros en poco tiempo, provocando escurrimientos violentos, erosión y verdaderos cursos de agua atravesando chacras y caminos internos.
También advirtió que estos cambios están modificando los riesgos tradicionales del valle. «Nunca hablábamos de incendios en esta zona, y hoy aparecen porque la vegetación crece de golpe después de lluvias intensas. Son escenarios nuevos que se superponen a problemas históricos como heladas tardías o granizo», agregó.
Volviendo al eje central de la situación, Fernández subrayó que la emergencia debe ir acompañada de instrumentos financieros concretos que permitan sostener la temporada y evitar la pérdida de hectáreas productivas. «Necesitamos un crédito específico para inversión, a diez años, con una tasa del 3% y tres años de gracia. Sin financiamiento accesible es imposible proyectar, reinvertir y mantener la actividad. Ser productor es casi heroico en este contexto», sostuvo.
Recordó que a lo largo de la historia regional muchas chacras quedaron fuera de producción al no poder sostener la competitividad mínima necesaria. «El Estado es una herramienta poderosa cuando se pone al lado del productor. Hoy necesitamos que fruticultores y fruticultoras tengan la posibilidad real de seguir haciendo lo que saben hacer. Sin la emergencia declarada y sin crédito adecuado, no se puede planificar», indicó.
Fernández concluyó que la Provincia seguirá avanzando de manera coordinada con los organismos técnicos y el sector privado para completar los relevamientos y activar todas las herramientas de asistencia. Reiteró que el impacto más severo se registra en cereza, pera y manzana. «Soy optimista, pero necesitamos los instrumentos adecuados. Con apoyo, es posible sostener la temporada y acompañar a quienes producen», concluyó.
Agro
Fruticultura: Weretilneck anunció apoyo para raleo y labores culturales
El programa contempla una ayuda de $1.000.000 por hectárea, con tasa 0%, sin gastos administrativos y a devolver en seis cuotas mensuales iguales.
El gobernador Alberto Weretilneck anunció el lanzamiento del Programa de Financiamiento para Raleo y Labores Culturales 2025, una herramienta central del Gobierno de Río Negro para acompañar a los productores frutícolas en una etapa determinante del ciclo productivo.
La iniciativa es ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Secretaría de Fruticultura, con el objetivo de sostener el trabajo estacional, mejorar la calidad de la fruta y aportar previsibilidad en un año complejo para la actividad.
El programa contempla una ayuda de $1.000.000 por hectárea, con un máximo de $10.000.000 por productor, con tasa 0%, sin gastos administrativos y a devolver en seis cuotas mensuales iguales, con primer vencimiento el 10 de julio de 2026. La garantía requerida será un pagaré equivalente al 130% del monto total a devolver.
«El raleo es un momento, financieramente, crítico para la fruta y para el empleo rural. Este año es muy difícil llegar a la siguiente cosecha. Este financiamiento es una respuesta concreta para sostener la actividad y acompañar a los productores con capital de trabajo en una etapa clave del año», destacó el ministro Carlos Banacloy.
Podrán acceder productores cuya actividad principal sea la fruticultura y que realicen raleo y labores culturales previas a la cosecha dentro de la provincia. Para la adhesión deberán completar el siguiente formulario: https://forms.gle/ZjFq8iN1632n5N4H8
La adhesión requiere, además de completar el formulario online, presentar la documentación correspondiente: DNI, constancia de CBU, RENSPA actualizado, certificados de libre deuda y documentación societaria o de sucesiones según cada caso.
