Política
Los «misterios» de la Fiesta de la Manzana y superpoderes, las críticas a Soria en la audiencia pública
Se realizó una nueva audiencia por el Presupuesto 2020.
Menos de 40 minutos duró la audiencia pública para analizar el Presupuesto 2020 que se realizó anoche (28/10) en el Concejo Deliberante de General Roca. Los gastos en la Fiesta Nacional de la Manzana, la falta de vivienda y los «superpoderes» fueron el eje de las críticas de los expositores que pasaron por el recinto.
«El presupuesto del municipio de General Roca es casi una formalidad por la cual los concejales otorgan poderes especiales al intendente (ya sea Martín Soria o su hermana María Emilia cuando asuma) para modificar cualquier partida y para sostener administraciones paralelas sin rendir cuentas», indicó el dirigente local de Juntos Somos Río Negro, Mario Mondaca, quien llegó al recinto acompañado de otros referentes de su partido, como la legisladora electa Norma Torres. También acudió el futuro integrante del Tribunal de Cuentas por el partido provincial, Jorge Benítez.
Los poderes especiales implican «que desde el Ejecutivo municipal se pueda modificar este presupuesto y va en contra mano de lo establecido por la carta orgánica municipal», y al mismo tiempo hizo referencia a una «admininistración paralela», por la cual «se hacen compensaciones que impiden analizar ingresos y egresos, reasignación y financiamiento externo», dijo Mondaca. Se basaron para hacer tales afirmaciones en la forma de administrar la Fiesta de la Manzana y en cómo se manejan recursos de Nación para ejecutar algunos planes de gobierno.
Mondaca advirtió desde el estrado que «los concejales le están dando facultades al intendente para que modifique, si así lo quisiera, en un 100% el presupuesto», y les aclaró que «están autorizando al ejecutivo para que incorpore partidas de ingresos y de gastos que cuenten con financiamiento externo sin pasar por el control del deliberante, sin preguntar de donde provienen esos fondos».
«El presupuesto elevado por Martín Soria, no cumple con algunos preceptos básicos que deben cumplir estas herramientas de planificación del gasto, como son los de unidad, universalidad y claridad, se destacó en la ponencia», agregó.
«El principio de unidad se refiere a que todas las entradas y salidas se incluyan en el presupuestario, pero ya es habitual que los financiamientos de obras provenientes de Nación no se encuentran incorporados al presupuesto municipal y, en consecuencia, siguen un tratamiento paralelo», detalló el representante de Juntos.
En cuanto al principio de universalidad, «este establece que el presupuesto debe contener los gastos y recursos públicos considerados en forma separada y por su totalidad», pero al analizarse lo que ocurre con la Fiesta de la Manzana «se omite deliberadamente la estimación de los ingresos (aportes de privados, por ejemplo) y solo se indica el aporte que la municipalidad hace. Con esta actitud no solo se oculta el verdadero gasto del evento en sí, sino que incumple con uno de los principios establecidos en la carta orgánica municipal, que es el de universalidad: todo debe estar incluido».
En el centro de los cuestionamientos estuvo la ordenanza «de fondo» N° 4860, la cual faculta al Poder Ejecutivo Municipal para que, por disposición de la Secretaría de Hacienda, se puedan efectuar cambios en la asignación de diferentes partidas presupuestarias, «de acuerdo a economías generadas en el ejercicio, como asimismo la creación de partidas presupuestarias de recursos y gastos ligadas a la ejecución de nuevos proyectos con financiación externa». En este punto, Mondaca advirtió que «esto hace que desde el Ejecutivo Municipal se pueda modificar este Presupuesto y eso va en contra mano de lo establecido por la Carta Orgánica Municipal, con los principios presupuestarios y con los principios democráticos de la división de poderes».
Se le avisó a los concejales, que, al aprobar el presupuesto tal cual lo envió el Deliberante, lo autorizan a «incorpore partidas de ingresos y de gastos que cuenten con financiamiento externo sin pasar por el control del deliberante, y sin preguntar de donde provienen esos fondos».
Se preguntó entonces, «para qué realizamos esta audiencia pública, la discusión de proyectos, escuchar a los vecinos, proponer modificaciones, o incluir proyectos sociales, si le damos al Ejecutivo Municipal una especie de poder supremo?». Y agregó que «los concejales le están dando facultades al intendente para que modifique, si así lo quisiera, en un 100% el presupuesto, violando a sabiendas el principio de unidad que les impone la carta orgánica municipal».
Mondaca le pidió a los concejales presentes que den respuesta al proyecto de Ordenanza «creación del Concejo de Seguridad municipal», presentado a través de la banca abierta el día 3 de mayo.
«Han pasado 178 días, las sesiones del concejo deliberante deberían de ser cada 15 días, o sea que han pasado más de 10, hasta la intendenta electa lo puso entre sus propuestas de campaña en el mes de junio pasado», dijo en su reseña del trámite, y anunció que «hoy por la mañana (por ayer) presenté una nota de pronto despacho en mesa de entrada del municipio, y entonces aprovecho para comunicarles a este cuerpo de concejales que, si en el termino de 48 horas no responden, haré lo que legalmente corresponde hacer: denunciarlos por incumplimiento de deberes de funcionario público».
Pero además, durante la misma exposición, se avanzó en un tema sensible para la ciudad, como es la rendición de gastos de la Fiesta Nacional de la Manzana, porque «es el día de hoy que no tenemos información de: cuanto se gasta en la fiesta (horas extras de empleados municipales, costos de los espectáculos, etc.). Y ni siquiera de lo que genera la Fiesta. Por lo tanto, quiero solicitar a este cuerpo de concejales, la creación de una ordenanza que establezca la ejecución de un balance exclusivo de los gastos e ingresos de la Fiesta de la Manzana, y que se publique mediante un documento público que pueda estar a disposición de todos: de los vecinos, la prensa, y en especial para las empresas locales que auspician este evento, para que se informen en qué fue gastado su dinero de aporte llamado publicidad», concluyó Mondaca.
Otro de los expositores fue Juan Mansilla, referente de Unión Vecinal -el partido que lidera el concejal Mario Álvarez-, quien también hizo hincapié en los gastos destinados a la Fiesta de la Manzana pero además planteó la falta de planificación habitacional en la ciudad, con el abandono total del plan de las 231 viviendas que nunca más se reactivaron.
Judiciales
Rechazaron el pedido de información sobre la contratación de una empresa privada encargada de supervisar licencias médicas del personal estatal
Había sido solicitado por el legislador peronista José Luis Berros.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió rechazar un mandamiento de ejecución interpuesto por el legislador provincial José Luis Berros (Vamos con Todos). El planteo buscó obtener acceso al contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo y una empresa privada encargada de supervisar licencias médicas del personal estatal. La presentación se basó «en los principios constitucionales de publicidad y transparencia administrativa».
La solicitud apuntó a que distintas áreas del Poder Ejecutivo -entre ellas, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, el Ministerio de Educación y la aseguradora Horizonte Seguros S.A.- entregaran copia del contrato suscripto con la firma Dienst Consulting S.A. La acción invocó el artículo 44 de la Constitución provincial y el Código Procesal Constitucional, con el argumento de que la ciudadanía debe tener acceso a los actos administrativos.
El dictamen de la Procuración General, firmado por Jorge Crespo, al que el STJ remitió por compartir sus fundamentos, examinó la naturaleza jurídica de la presentación y la encuadró como un mandamiento de ejecución, previsto en el artículo 59 del Código Procesal Constitucional. Reconoció que el legislador se encontraba legitimado para iniciar la acción, pero concluyó que no se reunieron los requisitos que exige la normativa vigente para su procedencia formal.
El dictamen sostuvo que no se acreditaron los elementos esenciales para habilitar esta vía excepcional. En particular, indicó que el escrito inicial no demostró la urgencia extrema, la existencia de un daño irreparable ni la ilegalidad manifiesta en la negativa, condiciones requeridas por la ley para admitir este tipo de acción. Además, subrayó que el legislador Berros no aportó fundamentos suficientes para considerar que existió un «rehusamiento expreso» por parte de los organismos interpelados, uno de los presupuestos centrales que exige la figura.
Crespo también señaló que parte de la información solicitada había sido respondida por el Ministerio de Hacienda y por Horizonte Seguros S.A., mediante informes cursados ante la Legislatura. Esos documentos detallaron aspectos del contrato, describieron el servicio contratado y ofrecieron reportes de auditoría junto con antecedentes de la empresa prestadora. En función de esas respuestas, el dictamen concluyó que no se configuró una negativa rotunda que habilitara el uso de esta herramienta constitucional.
Política
Para Soria, el proyecto de guardias urbanas municipales en Roca es «una burrada»
Se trata de un proyecto presentado en el Concejo Deliberante por referentes de La Libertad Avanza.
La intendenta de Roca, María Emilia Soria, se refirió al proyecto de La Libertad Avanza que promovió la creación de guardias urbanas municipales y un Consejo de Seguridad Ciudadana para brindar «protección a los vecinos que ya no quieren vivir con miedo». La jefa municipal explicó que «la iniciativa es una burrada».
En diálogo con el programa Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3), Soria indicó que «la Constitución de Río Negro establece con mucha claridad las personas que tienen competencia en materia de seguridad. Pasa hoy en muchos Municipios de Buenos Aires que esta guardia no puede portar armas, no puede detener a una persona, sencillamente tiene que llamar a la Policía. Son estas buenas expresiones que no conducen a nada, gastar recursos en algo que no es competencia municipal».
Qué dice el proyecto
El proyecto de La Libertad Avanza de Roca, presentado en el Concejo Deliberante contempla la creación de una Guardia Urbana Municipal y un Consejo de Seguridad Ciudadana. Aseguraron que «en los últimos días fuimos testigos de un joven descuartizado, tiroteos y robos constantes. ¿Queremos más seguridad en Roca o vamos a seguir mirando para otro lado? No hay más tiempo que perder».
Explicaron que es necesaria «una fuerza descentralizada, eficiente y sin burocracia, con presencia activa en las calles, patrullajes preventivos, móviles disponibles y un sistema de denuncias digital accesible para todos los vecinos. Esto no se financia con más impuestos, sino recortando los gastos innecesarios del Estado. Seguridad sin meterle la mano en el bolsillo a la gente».
El proyecto contempla la incorporación de tecnología a través de «videovigilancia estratégica, consejos barriales de seguridad y campañas de prevención ciudadana. Queremos una comunidad que construya seguridad desde abajo, con las herramientas adecuadas y sin depender de promesas vacías».
Weretilneck, en la misma línea que Soria
El gobernador Alberto Weretilneck también se refirió a la iniciativa de los referentes libertarios roquenses. «La verdad me sorprende porque La Libertad Avanza se caracteriza por la desaparición del Estado. Entonces que alguien proponga agrandar el estado habría que ver si está en sus cabales».
Judiciales
Weretilneck eleva proyecto de Ley de Reiterancia a la Legislatura: ¿De qué se trata?
El gobernador dijo que «buscamos terminar con la llamada ‘puerta giratoria’, donde los delincuentes quedan libres después de cometer un delito tras otro.
El Gobierno de Río Negro avanza en «una agenda de reformas para mejorar la seguridad, garantizar justicia efectiva y proteger a las víctimas, colocando a la población en el centro de cada decisión», destacaron desde el Ejecutivo provincial. El gobernador Alberto Weretilneck elevó el proyecto de Ley de Reiterancia, que se suma a la Ley de Prisión en doble instancia, ya sancionada y en vigencia. Dos acciones que marcan un cambio profundo para beneficiar directamente a las y los rionegrinos.
El proyecto de Ley de Reiterancia, que será tratado en la próxima sesión legislativa, suma una herramienta clave para frenar el delito reiterado. Permitirá a los fiscales pedir prisión preventiva para quienes acumulen múltiples causas penales activas. Así, se busca terminar con la llamada «puerta giratoria», que deja en la calle a quienes cometen un delito tras otro. Con esta iniciativa, la Provincia se pone del lado de las víctimas y de cada vecino que espera vivir más seguro.
«Con la incorporación de la reiterancia como causal de prisión preventiva estamos del lado de las víctimas y de los vecinos que sufren la inseguridad cotidiana. Estas leyes son una muestra de carácter y decisión para frenar a quienes burlan el sistema y siguen delinquiendo una y otra vez», destacó el gobernador Weretilneck.
La ley que posibilita la prisión en doble instancia asegura que las penas se cumplan en tiempo real: las personas condenadas en dos instancias ya no podrán permanecer libres mientras esperan resoluciones extraordinarias. Esto significa que las víctimas y sus familias no deben soportar durante años la injusticia de ver en libertad a quienes ya fueron condenados. Garantizar que las penas se cumplan rápidamente da tranquilidad a la sociedad, refuerza la confianza en el sistema judicial y envía un mensaje claro: los delitos tienen consecuencias reales.
Además, se impulsa la creación del Registro Provincial de Huellas Genéticas, que permitirá comparar muestras de ADN recogidas en las escenas del crimen con los perfiles de condenados e imputados por delitos dolosos. Esta herramienta moderna ayudará a esclarecer delitos más rápido y con mayor precisión, dando respuestas a las víctimas y evitando nuevos hechos.
El gobernador Weretilneck remarcó que estas reformas reflejan un rumbo claro para la provincia. «Nuestro compromiso es simple y firme: proteger a las víctimas, respaldar a la Justicia y darle a cada rionegrino la seguridad que merece. Con estas herramientas le estamos cerrando la puerta a la impunidad y mostrando que en Río Negro los delitos tienen consecuencias», concluyó.
