Río Negro
Aprobaron la emergencia provincial, como paso necesario para la suspensión del Consenso Fiscal
Las normas fueron aprobadas por unanimidad.
La Legislatura rionegrina sancionó ayer (27/12) por la mañana cuatro leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo provincial para enfrentar la crisis económica. Las normas fueron aprobadas por unanimidad.
El oficialismo defendió las medidas y la oposición acompañó con manifestaciones de apoyo hacia Arabela Carreras y con críticas a las políticas implementadas por el gobierno del expresidente Mauricio Macri. En lo que el oficialismo calificó como una “decición política sin precedentes”, se liberó a la fruticultura del pago del impuesto a los ingresos brutos.
Primero, la Cámara sancionó la ley que declara el estado de emergencia pública en materia económica, financiera y fiscal del sector público provincial, autorizando al Poder Ejecutivo a implementar las medidas necesarias para la superación del estado de emergencia mencionado.
Ahora, el Ejecutivo se encuentra facultado a renegociar el pago, total o parcial, mediante títulos públicos provinciales, de la deuda que el Estado provincial mantenga con sus proveedores al día 30 de noviembre de 2.019, brindando de este modo la posibilidad de que el mismo Estado provincial vaya cancelando su deuda interna.
La ley autoriza a disponer por razones de emergencia la rescisión, prórroga o renegociación de los contratos, sean de obra, de servicios, de suministros, de concesión pública, de consultoría y/o de cualquier otro tipo, celebrados con anterioridad al 30 de noviembre de 2.019, incluyendo los cánones establecidos, en los cuales sea parte el Estado Provincial y/o cualquiera de sus entidades.
También faculta al Ejecutivo a disponer la revisión de regímenes de promoción fiscal, fondos con destino específico, regímenes de compensaciones y procedimientos y trámites aplicables a la enajenación de bienes inmuebles de la Provincia que se encuentren en desuso.
El miembro informante del oficialismo, Lucas Pica (JSRN), fundamentó la necesidad de dotar a los gobiernos provinciales de andamiajes jurídicos y político-institucionales necesarios para sostener el Consenso Fiscal solicitado por el Gobierno nacional y que las provincias firmaron.
Aseguró que esta ley tiene el fin de seguir cumpliendo con los servicios de calidad que brinda el Estado provincial rionegrino. “Hemos decidido acompañar el esfuerzo nacional y que cada uno de los que tenemos las responsabilidades más altas en las entidades públicas estemos a la altura de las circunstancias”, señaló.
Agregó que “en una decisión política sin precedentes, procederemos a desgravar la actividad productiva de muchos impuestos provinciales”.
Por el Frente de Todos, Nicolás Rochás, Luis Albrieu, Antonio Chicconi, Marcelo Mango y María Eugenia Martini coincidieron en que declarar la emergencia es confesar el fracaso de las políticas públicas del Gobierno nacional anterior.
Rochás, miembro informante del bloque opositor, consideró que “es tiempo para actuar con responsabilidad” y que esta declaración va a brindar herramientas para actuar en esta coyuntura.
El legislador consideró que la declaración de la emergencia “es la confirmación de que todo aquello que veníamos exponiendo durante cuatro años hoy termina siendo la triste realidad que padecimos, que no estábamos equivocados cuando señalábamos el camino signado por (Mauricio) Macri, esta negra noche neoliberal que dejamos atrás en octubre”.
A continuación, Albrieu, Chicconi y Mango, reforzaron los planteos de Rochás con
con críticas a los gobiernos de Weretilneck y Macri. Albrieu valoró el coraje, valentía y honestidad para reconocer los problemas por parte del gobierno de Arabela Carreras, al igual que María Eugenia Martini, presidente del bloque del FdT, que celebró el cambio de rumbo de la gobernadora y destacó las prioridades que ha puesto en su gobierno.
Juan Martín, del bloque Juntos por el Cambio, acompañó la iniciativa. Sostuvo que “la emergencia económica es una de las herramientas que permite reorganizar los recursos del Estado”. Dijo que hay que estar “a la altura de las circunstancias y no ser mezquinos”. Consideró que “esta situación extraordinaria requiere medidas extraordinarias” y pidió “acompañar este esfuerzo de todos”.
Con críticas al “ajuste monstruoso” del Gobierno nacional, aseguró que “el anclaje de la decisión del FdT está puesto en la obediencia debida al presidente Alberto Fernández”.
Por el oficialismo, Carlos Johnston (JSRN) defendió las políticas implementadas por el exgobernador Alberto Weretilneck y remarcó que para salir de esta emergencia se necesita consenso, diálogo y nada de chicanas.
Facundo López, presidente del bloque oficialista, cerró el debate. “Estamos aprobando esta emergencia para que tengamos las mismas herramientas que el Estado nacional, por si es necesario utilizarlas y hacer frente a estas crisis”, explicó.
Aseguró a la oposición que no hay cambio de rumbo del gobierno de Juntos Somos Río Negro, sino la continuidad y la consolidación de las políticas públicas provinciales. Destacó que Río Negro declaró una sola de las nueve emergencias que plantea el Gobierno nacional y defendió las políticas de Weretilneck, argumentó que durante su gobierno se tomó crédito para el Plan Castello, para generar mano de obra, igualdad, gas para la línea sur, rutas para que allá más turismo, hospitales para que haya salud, entre otras medidas.
A continuación fue debatida la ley que ratifica el “Consenso Fiscal 2019”, suscripto el 17 de diciembre entre el Poder Ejecutivo provincial y el nacional.
El acta aprobada establece medidas que modifican compromisos anteriormente asumidos, tanto por parte del Estado Nacional como de las provincias signatarias de los anteriores acuerdos celebrados bajo el nombre de “Consenso Fiscal 2017 y 2018”.
En virtud de la suscripción del Consenso Fiscal 2019, también fue sancionada la norma para modificar la ley impositiva (5402). En cuanto al impuesto sobre los ingresos brutos, se modifican las alícuotas de algunas actividades en virtud de la suspensión del Consenso Fiscal, retrotrayéndolas a las establecidas para el período fiscal 2019, con excepción de aquellas actividades primarias e industriales propias de la provincia. Con respecto al impuesto de sellos, se modifican las alícuotas aplicables a los actos en general, manteniéndose las
establecidas para el periodo 2019.
La legisladora Marcela Ávila (Juntos Somos Río Negro), miembro informante de los proyectos, destacó que “la provincia de Río Negro realiza un enorme esfuerzo fiscal para mantener alícuotas y desgravaciones, con el objetivo de apuntalar las economías regionales” y consideró necesario el pleno respaldo a las dos iniciativas oficiales por pare del Parlamento provincial.
En forma previa, durante una extensa fundamentación, Ávila especificó los alcances específicos de las dos propuestas del Poder Ejecutivo.
José Luis Berros (FdT) criticó la defensa que hizo Weretilneck del Pacto Fiscal 2018, al que calificó como un “acuerdo unitario”. Consideró que la exención de ingresos brutos a la fruticultura “es una medida acertada pero insuficiente, y que es imperioso retroceder todos los ingresos brutos al 3 por ciento previo al ruinoso pacto fiscal”. Planteó diferencias entre un proyecto “nacional y popular” y uno “neoliberal”
Marcelo Mango expresó: “Hay que frenar urgentemente la caída de la economía, esta es una de las herramientas para esto, hay que atender las urgencias sociales y laborales, el hambre, y pidió por herramientas sociales para la primera infancia”.
Martini sintetizó el aval de su bloque: “Le adjudicamos a Arabela Carreras las mejores intenciones y por eso la acompañamos pensando en dar los primeros pasos para el bienestar de los rionegrinos y rionegrinas. Coincidió con el diagnóstico del nuevo acuerdo y manifestó que recibió “con alivio este proyecto que por fin admite el escenario de quebranto en el que país se encuentra” y admitió que es “una excelente noticia para Río Negro tomar por el camino inverso” con este proyecto modificatorio del anterior consenso fiscal.
Cerró el debate Facundo López. Ante las críticas formuladas por la oposición por el apoyo del Gobierno de Weretilneck al pacto fiscal anterior, advirtió que aquel acuerdo fue firmado por todos los gobernadores y necesitó del Frente para la Victoria para ser aprobado.
Admitió que lo que se buscó en su momento no resultó y por eso se se busca un nuevo acuerdo que permitirá, entre otros beneficios, gravar a cero todas las actividades primarias o agroindustriales, “todas aquellas actividades que nos permitan tener mayor competitividad y poder ver si podemos generar algún tipo de beneficio económico que permita mayor competitividad y rentabilidad”.
Además, el Parlamento sancionó la prórroga de la ley 4395, que estableció la suspensión de los cortes de suministro domiciliario de los servicios públicos de gas natural y energía eléctrica, a aquellos usuarios cuya situación de desempleo o condición socio-económica, impida el cumplimiento de sus obligaciones en término.
Río Negro
Weretilneck confirmó el aval de Nación para financiar obras en las Rutas 22 y 151
El financiamiento de FONPLATA permitirá intervenir los sectores más deteriorados de ambos corredores y mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.
El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que Río Negro obtuvo la garantía del Gobierno Nacional para avanzar con un crédito de hasta US$ 60 millones de FONPLATA – Banco de Desarrollo, destinado a financiar obras prioritarias en las Rutas Nacionales 22 y 151.
El financiamiento permitirá intervenir los sectores más deteriorados de ambos corredores, mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial.
La operación se enmarca en la decisión de la Provincia de asumir progresivamente la gestión de estas rutas y definir y ejecutar las obras necesarias en territorio rionegrino.
El avance se produjo luego de un relevamiento realizado recientemente por Vialidad Rionegrina, la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), especialistas de FONPLATA y el Gobierno Nacional.
El trabajo permitió constatar en territorio el estado de las trazas y avanzar en la definición del plan de obras que acompañará la operación de financiamiento.
Con el aval obtenido, la Provincia continúa trabajando en la documentación técnica y financiera necesaria para presentar la operación ante el Directorio de FONPLATA, previsto para noviembre.
El programa tendrá impacto directo sobre más de 438.000 habitantes de los departamentos de Pichi Mahuida, Avellaneda y General Roca, además de las personas y vehículos que utilizan diariamente ambas rutas.
También se estima un mejor acceso para 312.000 habitantes a 81 centros de salud, 15 hospitales, 20 cuarteles de bomberos y distintas dependencias policiales.
La operación contempla financiamiento externo por hasta US$ 60 millones, con la Nación como garante. La gestión administrativa, financiera y fiduciaria estará a cargo de la UPCEFE, mientras que Vialidad Rionegrina tendrá la responsabilidad técnica de definir las prioridades y ejecutar las intervenciones.
Judiciales
Por el aumento de causas, Roca tendrá una nueva Unidad Procesal del Fuero de Familia
El Poder Judicial detectó durante la última década un incremento sostenido de expedientes en el Fuero de Familia de General Roca.
La Legislatura de Río Negro aprobó el proyecto impulsado por el Superior Tribunal de Justicia para crear una nueva Unidad Procesal del Fuero de Familia con sede en General Roca, correspondiente a la Segunda Circunscripción Judicial.
Al fundamentar la iniciativa, la legisladora Natalia Reynoso (JSRN) explicó que la propuesta surge a partir de los estudios realizados por la Dirección de Planificación Estratégica del Poder Judicial, que durante los últimos diez años registró un crecimiento sostenido de las causas y expedientes que ingresan al fuero de Familia.
Según detalló, el relevamiento correspondiente al período comprendido entre 2016 y 2026 permitió detectar un incremento que calificó como «exponencial, sostenido y estructural», particularmente en la Segunda Circunscripción Judicial.
Reynoso destacó además que el Poder Judicial modificó la metodología utilizada para determinar la carga que soportan los distintos organismos. Hasta ahora, uno de los principales parámetros era simplemente cuantitativo: se contabilizaba la cantidad de expedientes ingresados y tramitados.
La nueva metodología incorpora el concepto de «carga ponderada de trabajo», que busca determinar no solamente cuántos expedientes tramita un organismo, sino también cuánto esfuerzo y tiempo demanda cada uno de ellos de acuerdo con su complejidad.
Para establecer ese indicador se tuvieron en cuenta variables como la complejidad de las causas, su duración y el grado de intervención judicial requerido.
«No es lo mismo una causa que puede resolverse mediante una audiencia y posterior homologación que aquellos procesos que demandan seguimientos durante dos años o más, sucesivas audiencias y la participación de equipos interdisciplinarios», explicó la legisladora.
Entre las problemáticas de mayor complejidad mencionó las situaciones de violencia de género e intrafamiliar, además de causas relacionadas con alimentos, filiaciones y adopciones.
La metodología, elaborada con participación de juezas de Familia de las diferentes circunscripciones judiciales, permitió establecer con mayor precisión la carga efectiva de trabajo de cada organismo.
En el caso de General Roca, los resultados mostraron no solamente un aumento en la cantidad de expedientes, sino también una creciente exigencia funcional derivada de la complejidad de las causas.
Reynoso sostuvo que la ciudad viene registrando «un nivel de demanda estructural superior al resto de las localidades analizadas», pese a contar con estructuras organizativas similares a las existentes en organismos que atienden volúmenes y niveles de demanda considerablemente menores.
Ese desequilibrio, explicó, determinó la necesidad de avanzar con la creación de una nueva Unidad Procesal de Familia.
La iniciativa busca así adecuar la estructura judicial de General Roca a una realidad que se modificó sustancialmente durante la última década y mejorar la capacidad de respuesta del fuero frente a causas que, además de haber aumentado en cantidad, requieren intervenciones cada vez más prolongadas y complejas.
Río Negro
Los estatales de Río Negro dejan de estar obligados a permanecer en IPROSS y podrán elegir otra obra social
La Legislatura aprobó la reforma que elimina la obligatoriedad de permanecer en IPROSS. La opción alcanza a trabajadores activos, jubilados y sus grupos familiares.
Los trabajadores estatales de Río Negro podrán elegir libremente su obra social y dejar de estar obligados a permanecer en el Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS), a partir de la reforma aprobada por la Legislatura provincial. La nueva norma establece un régimen de afiliación voluntaria u optativa que alcanza a agentes públicos activos y pasivos y contempla también a sus grupos familiares.
La modificación cambia el esquema vigente y permite que quienes actualmente tienen afiliación obligatoria a IPROSS puedan optar por otra entidad para su cobertura de salud.
La opción tendrá determinadas condiciones. Quien decida cambiar de cobertura deberá permanecer durante un período mínimo de 12 meses en la entidad elegida. Cumplido ese plazo, podrá optar por otra cobertura.
Además, una vez transcurridos 36 meses desde el primer ejercicio de la opción, el afiliado podrá solicitar su reincorporación a IPROSS como afiliado obligatorio directo, sin períodos de carencia.
La reforma también contempla situaciones vinculadas con tratamientos médicos. Durante el proceso de cambio deberá garantizarse la continuidad de los tratamientos, mientras que también se prevé el regreso a IPROSS cuando la cobertura elegida cese por causas ajenas al afiliado.
De esta manera, el nuevo esquema modifica la relación entre los trabajadores estatales y la obra social provincial: IPROSS deja de ser la única alternativa obligatoria y los afiliados pasan a contar con la posibilidad de elegir otra cobertura.
El cambio había sido anunciado por el Gobierno provincial y finalmente fue convertido en ley por la Legislatura, que aprobó la iniciativa por 35 votos a favor y 9 en contra.
Desde el Gobierno sostuvieron que el nuevo escenario busca que IPROSS compita por mantener a sus afiliados a partir de la calidad de sus prestaciones y atención. Esa posición fue planteada públicamente por el gobernador Alberto Weretilneck al presentar la iniciativa.
