Judiciales
Buscadores web: una herramienta de acceso rápido que garantiza la información pública
La página web del Poder Judicial de Río Negro tiene disponible una serie de buscadores que permiten mayor celeridad y transparencia.
La página web del Poder Judicial de Río Negro tiene disponible una serie de buscadores que permiten mayor celeridad y transparencia para el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía.
Por un lado, el área de Informatización de la Gestión Judicial puso en funcionamiento el sistema de búsqueda de fallos completos y jurisprudencia online que reemplaza al que estaba disponible desde hace tiempo. También desarrolló un renovado buscador de trámites de compras y de obras públicas que realiza el Poder Judicial, uno de Juicios Colectivos para los amparos que involucran intereses de toda la sociedad y uno de Juicios Universales para las Quiebras y Sucesiones.
Fallos accesibles
Se trata de un desarrollo propio del Poder Judicial, con un manejo muy intuitivo y rápido. El sistema arroja respuestas inmediatas no sólo a los abogados y funcionarios sino que es de acceso público a la ciudadanía a través de la web del Poder Judicial www.jusrionegro.gov.ar.
En una primera etapa se publicaron todos los fallos del Superior Tribunal de Justicia y del Tribunal de Impugnación. Luego se incorporaron otros organismos jurisdiccionales. Se han migrado al nuevo sistema, fallos completos y sumarios de los últimos 20 años, que se encontraban digitalizados y dispersos en diferentes bases de datos. El Superior Tribunal de Justicia entendió que es información histórica valorable y por eso se trabajó en ese sentido para ponerla a disposición.
El sistema funciona con criterios de búsqueda y permite encontrar fallos a través de determinados criterios. Está disponible una búsqueda de fallos completos que puede ser por texto: todas las palabras, algunas palabras o frases completas. Además se pueden combinar con otros criterios para acotar la búsqueda como por ejemplo «carátula», «organismo» y «rango de fechas».
La búsqueda por sumario incluye las voces del mismo, el texto, la caratula y número de expediente, los datos del protocolo, el organismo que dictó la sentencia y la posibilidad de acceder al fallo completo. Se puede imprimir o convertirlos a un archivo para almacenarlo o enviarlo por correo electrónico.
Compras transparentes
Con el nuevo buscador, conocer el estado de los trámites o de las obras públicas es posible incluso delimitando rubros como compras, estado de las mismas, fecha de apertura, localidad de apertura, obra o descripción.
La accesibilidad de los ciudadanos a información sobre los gastos del Poder Judicial forma parte de una política de transparencia y acceso a justicia.
En este acceso directo se sube toda la documentación en PDF. El nuevo desarrollo permite que se publiquen las resoluciones, las actas de apertura y adjudicación, dando mayor transparencia al proceso.
Asimismo, el formato en PDF se puede firmar y usar ese pliego sin necesidad de imprimirlo para su distribución, reafirmando las políticas de despapelización implementadas por el Poder Judicial.
Juicios Universales y Colectivos
Existen, en la página web institucional, otros dos buscadores. Uno de ellos es el de Juicios Colectivo. Allí se puede acceder y consultar toda la información sobre recursos de amparos que involucran intereses difusos o de incidencia colectiva. Figura, además del número de inscripción, de expediente y el organismo, la caratula y la materia. Por ejemplo: contaminación ambiental, contaminación de aguas, tratamiento de residuos, protección de la flora y la fauna, hidrocarburos, bosques, actividades económicas, derechos de usuarios y consumidores.
En otra pestaña está disponible el Registro Público de Juicios Universales con dos buscadores uno para las Quiebras y otro para las Sucesiones. El de Sucesiones venía funcionando hace bastante tiempo, aunque la Gerencia de Sistemas actualizó su programación. En cambio el de Quiebras se diseñó para que todos los organismos – y cualquier ciudadano o ciudadana – puedan ingresar al buscador. Con anterioridad a este sistema, las quiebras se informaban por oficio desde los juzgados civiles a la Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia del STJ. La nueva modalidad de carga automática y consulta disminuye el trabajo manual y aporta celeridad al proceso y transparencia.
El Registro es público ya que cualquier persona puede consultarlo y conocer si un juicio sucesorio o una quiebra ha sido iniciada, quien la inició, cuando y en qué organismo judicial. La inscripción en el Registro la realiza por la secretaría del Juzgado Civil que lleva el trámite.
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Judiciales
Fallo del STJ define sobre el deber de cuidado en las escuelas: Dos niños se golpearon mientras jugaban
Uno de los estudiantes quedó con secuelas. La Justicia sostuvo que los establecimientos educativos tienen la obligación legal de «sustituir a sus padres en el cuidado y vigilancia del niño».
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó la responsabilidad del Estado por un accidente que sufrió un niño de 4 años en un jardín del Alto Valle. Señaló que los establecimientos educativos tienen la obligación legal de «sustituir a sus padres en el cuidado y vigilancia del niño mientras su guarda se encuentra temporalmente delegada».
En este caso, el accidente se produjo cuando el niño fue embestido por otro compañero de mayor contextura física, cayó al suelo y se golpeó. Quedó con secuelas. La sentencia de la Cámara había valorado que el pequeño tuvo un «rol pasivo» y que el hecho ocurrió en un entorno que debió estar controlado por los adultos responsables. La sentencia aclara que no puede hablarse de «culpa de la víctima» tratándose de un niño de tan corta edad.
El fallo del STJ recalcó que «no es posible proponer que la víctima -al momento del hecho un niño de cuatro años de edad- tome precauciones para no dañarse, que no está a su alcance prever. La sentencia ratificó que el deber de seguridad en el ámbito escolar “tiene la tácita obligación -de resultado- de asegurar la indemnidad psicofísica de las personas que quedan a su cargo».
«El fundamento último de la responsabilidad de los establecimientos educativos no radica en el deber de vigilancia de los docentes o directivos, sino en la garantía de indemnidad de origen legal que presupone el poder de control que debe ejercer la autoridad educativa», dice el fallo. En este marco, «no importa si efectivamente pudo o no controlar, sino su obligación de hacerlo».
El Tribunal Superior citó doctrina jurídica que refuerza este enfoque. Se destacó que «los niños deben ser amparados, inclusive ante las contingencias derivadas de sus propias travesuras, porque ignoran los peligros y poseen un sentimiento de alegre y desinteresada omnipotencia y desenfreno».
Si bien el fallo confirmó la atribución de responsabilidad a la Provincia, modificó parcialmente las reparaciones establecidas por la Cámara Civil de Roca. El Superior Tribunal revocó el reconocimiento del daño psicológico como rubro autónomo. La decisión se basó en la falta de fundamento técnico adecuado y una serie de inconvenientes que presentó la pericia.
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Ordenan al Estado limitar descuentos por préstamos en el salario de una docente
La trabajadora expuso que en los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025 los descuentos alcanzaron el 100% de sus haberes mensuales.
Una trabajadora del sistema educativo de Río Negro obtuvo una sentencia favorable para frenar retenciones que reducían su salario a niveles extremos. El fallo, dictado por la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche, dispuso que el Ministerio de Educación no podrá descontar más del 20% de su sueldo neto en beneficio de entidades financieras y mutuales.
La presentación judicial se realizó en marzo de este año mediante una acción sumarísima. La profesional expuso que en los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025 los descuentos alcanzaron el 100% de sus haberes mensuales. En febrero, la liquidación dejó disponible apenas el 14% de su salario. Acompañó documentación oficial que acreditaba las cifras denunciadas.
Según consta en el expediente, las deducciones estaban vinculadas a préstamos personales tomados con las entidades MUT.REG.SUR, AMSER, MEPUC, CREDIT NOW y U.P.A.M. La mujer solicitó que se aplicara el límite previsto en el Decreto-Ley N° 6754/43, norma ratificada por Ley Nacional, que establece un tope del 20% para este tipo de retenciones.
El Ministerio de Educación, representado por Fiscalía de Estado, negó los términos del planteo y pidió el rechazo de la demanda. Las partes fueron citadas a una audiencia de conciliación obligatoria conforme lo establece la Ley P 5631, sin lograr un acuerdo.
La sentencia remarcó que los descuentos aplicados por vía administrativa no pueden superar los topes legales vigentes, aun cuando deriven de convenios firmados de forma voluntaria por la trabajadora. El fallo también señaló que los embargos judiciales -sujetos a revisión y autorizaciones expresas- no permiten alcanzar porcentajes de descuento similares.
El Tribunal dispuso que las deducciones sobre los haberes de la trabajadora no podrán superar el 20% de su salario neto, una vez realizadas las quitas obligatorias por ley. Además, ordenó que la maestra indique en un plazo de 48 horas a cuál de las entidades acreedoras debe destinarse ese porcentaje. En caso de no comunicar esa decisión, el monto será distribuido de forma proporcional entre las cinco instituciones involucradas. La sentencia de primera instancia no está firme y se encuentra dentro de los plazos de revisión.
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Solicitó licencia por embarazo de alto riesgo y al volver le negaron tareas: Un fallo condenó el despido ilegal
Ahora deberán indemnizarla, con varios ítems incluidos como vacaciones no gozadas, sueldos impagos, entre otros.
Una mujer que trabajaba en una clínica privada solicitó una licencia por embarazo de alto riesgo. Ella y su bebé necesitaron cuidados médicos antes, durante y después del parto. Cumplía turnos rotativos de lunes a domingo por periodos de ocho horas y tenía una antigüedad de nueve años.
La clínica le otorgó la licencia, pero dejó de pagarle el sueldo regularmente. Cuando se reincorporó al trabajo, la patronal le informó sobre una suspensión por reducción de pacientes en el centro de salud y le negó las tareas. La mujer se dio por despedida.
La Cámara Laboral de Roca confirmó el despido indirecto en contexto de embarazo y condenó a la empleadora a indemnizar a la trabajadora. Además, deberán abonarle antigüedad, preaviso, integración del mes de despido, vacaciones no gozadas y sueldos impagos.
El tribunal realizó un análisis sobre la protección de la maternidad. Citó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en la cual el Estado asume la obligación de prohibir el despido por motivos de embarazo. También mencionó la Ley de Protección Integral de las Mujeres y la Convención de Belém do Pará, que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y reconoce la vulnerabilidad asociada al embarazo.
La Ley de Contrato de Trabajo prevé una indemnización especial para la mujer embarazada cuando el despido se produce dentro del lapso de 7 meses y medio anteriores o posteriores al parto.
La empresa fue declarada en rebeldía procesal por no presentarse al juicio. Esta situación generó la presunción de veracidad sobre los hechos expuestos por la trabajadora. El Tribunal consideró probado que la clínica incurrió en reiterados incumplimientos contractuales, incluida la falta de pago de salarios y la omisión de asignarle tareas tras su licencia por maternidad.
El Tribunal confirmó que el despido indirecto fue consecuencia exclusiva de la conducta patronal, al haberse producido dentro del período de protección legal por embarazo. También se ordenó a la empresa entregar los certificados laborales en un plazo de 90 días, bajo apercibimiento.
