El gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura el proyecto de Ley Impositiva 2026, que propone un alivio directo en los servicios: se reduce en 60% la carga de Ingresos Brutos aplicada a la luz y el gas, lo que bajará de forma inmediata el monto final de las facturas y ubicará a Río Negro entre las provincias con menor presión impositiva en estos consumos.

La medida representa un ahorro anual de 6.300 millones de pesos para familias, comercios, pymes, industrias, productores y entidades sin fines de lucro. El impacto alcanza a 263.000 usuarios de gas, 217.000 hogares eléctricos, 16.000 comercios, 3.900 industrias, 1.100 productores y 6.500 instituciones comunitarias.

El proyecto reduce la alícuota aplicada a la distribución de electricidad y gas, que pasa de 2,5% a 1%, una disminución del 60% en este impuesto, determinado en función del consumo. Esto se traducirá en una baja directa en las boletas de todos los usuarios residenciales y productivos.

Es una decisión fiscalmente relevante, pero orientada a acompañar a las familias, aliviar el costo de los servicios y generar mejores condiciones para producir, trabajar y sostener la vida cotidiana en cada localidad.

En paralelo, la Ley Impositiva 2026 mantiene sin cambios todas las alícuotas de Ingresos Brutos vigentes este año, garantizando que los sectores productivos sigan tributando bajo las mismas reglas. «El objetivo es dar previsibilidad en un contexto de costos crecientes y recuperación lenta en comercios, industrias y servicios», destacó Weretilneck.

El secretario de Fruticultura de Río Negro, Facundo Fernández, afirmó que junto al sector continúan evaluando los daños ocasionados por el violento temporal que dejó fuertes precipitaciones y granizo en los valles productivos, y anticipó que antes de fin de año la Provincia deberá declarar la emergencia, tanto en el ámbito provincial como ante el Gobierno Nacional, para activar todos los instrumentos de asistencia disponibles.

Fernández explicó que el proceso administrativo ya está en marcha, pese a que la emergencia aún no fue formalmente declarada. «Estamos en contacto con el Gobierno Nacional para detraer la emergencia climática bajo la Ley Nacional. Esto habilita beneficios impositivos y todas las herramientas que la ley contempla para estos casos». Además, aclaró que el reconocimiento oficial requiere completar los relevamientos técnicos que actualmente se desarrollan en chacras y establecimientos afectados.

En ese marco, el secretario describió la magnitud del evento climático que obliga a acelerar las gestiones. Indicó que en algunos sectores se registraron 48 a 50 milímetros de lluvia en apenas una hora y media, acompañados de granizo y ráfagas intensas. «Había tanta agua que no se podía entrar al monte; en las próximas 24 horas vamos a tener un diagnóstico más preciso», afirmó.

La situación es especialmente crítica para la cereza, que se encontraba en plena cosecha. Fernández detalló cómo se produce el daño. «Cuando el fruto está listo para cosechar y recibe agua directa, la planta intenta absorberla por un proceso osmótico y la piel se raja. Ese es el daño que estamos viendo hoy en distintos establecimientos», indicó.

El secretario sostuvo que este tipo de eventos ya no pueden considerarse aislados. «El clima nos está castigando y lo estamos sufriendo igual que el resto del país. Esto es cambio climático: tormentas de granizo fuera de época, temperaturas superiores a 30 grados en noviembre, precipitaciones extremas que caen en un ratito lo que antes caía en varios días». Recordó que en algunas zonas el temporal dejó lluvias violentas con muchos milímetros en poco tiempo, provocando escurrimientos violentos, erosión y verdaderos cursos de agua atravesando chacras y caminos internos.

También advirtió que estos cambios están modificando los riesgos tradicionales del valle. «Nunca hablábamos de incendios en esta zona, y hoy aparecen porque la vegetación crece de golpe después de lluvias intensas. Son escenarios nuevos que se superponen a problemas históricos como heladas tardías o granizo», agregó.

Volviendo al eje central de la situación, Fernández subrayó que la emergencia debe ir acompañada de instrumentos financieros concretos que permitan sostener la temporada y evitar la pérdida de hectáreas productivas. «Necesitamos un crédito específico para inversión, a diez años, con una tasa del 3% y tres años de gracia. Sin financiamiento accesible es imposible proyectar, reinvertir y mantener la actividad. Ser productor es casi heroico en este contexto», sostuvo.

Recordó que a lo largo de la historia regional muchas chacras quedaron fuera de producción al no poder sostener la competitividad mínima necesaria. «El Estado es una herramienta poderosa cuando se pone al lado del productor. Hoy necesitamos que fruticultores y fruticultoras tengan la posibilidad real de seguir haciendo lo que saben hacer. Sin la emergencia declarada y sin crédito adecuado, no se puede planificar», indicó.

Fernández concluyó que la Provincia seguirá avanzando de manera coordinada con los organismos técnicos y el sector privado para completar los relevamientos y activar todas las herramientas de asistencia. Reiteró que el impacto más severo se registra en cereza, pera y manzana. «Soy optimista, pero necesitamos los instrumentos adecuados. Con apoyo, es posible sostener la temporada y acompañar a quienes producen», concluyó.

La Legislatura de Río Negro volverá a sesionar este jueves (20/11), desde las 8 horas, para analizar una serie de proyectos que fueron tratados previamente por las respectivas comisiones y aprobados luego en Labor Parlamentaria.

Una de las iniciativas es la remitida por el Poder Ejecutivo, referida a la autorización para sobregirar sobre el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (F.U.C.O.) durante el año 2026 y para emitir Letras de Tesorería correspondientes al mismo Ejercicio Fiscal.

Otros proyectos se refieren a la expropiación, donación o regularización de tierras del Estado; a la implementación de un código QR para emergencias médicas y asistencias inmediata y a la prohibición del uso de cigarrillos electrónicos en espacios públicos.

En segunda vuelta, entre otras propuestas, se votará la eliminación de una contribución obligatoria del dos por mil sobre el monto de juicios contenciosos o voluntarios, destinada al Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajur).

Informe de la Defensora del Pueblo

Al término de ese encuentro, como sucede anualmente, la Defensora del Pueblo de la provincia, Adriana Santagati, brindará un informe in voce respecto de las actividades desarrolladas por ese organismo durante el período 2023/2024.