Río Negro
Crearon la Agencia “Río Negro Invierte”
El objetivo principal es contribuir al desarrollo de la cadena de valor productiva.
La Legislatura rionegrina sancionó ayer (13/03), por mayoría, la ley que creó la Agencia “Río Negro Invierte”, con el fin de contribuir al desarrollo de la cadena de valor productiva, mediante la captación de proyectos de inversión genuinos que contribuyan a una expansión de la mano de obra calificada, de la capacidad instalada, competitividad empresarial, sustentabilidad ambiental y fundamentalmente empleo formal.
El legislador Daniel Sanguinetti fue el miembro informante del proyecto enviado por el Ejecutivo. El objetivo es posicionarla como destino de inversiones genuinas, otorgando un marco de apoyo, información y facilitación a los inversores durante los análisis de proyectos, la toma de decisiones, la ejecución y el correspondiente seguimiento y control.
La Agencia se constituye como un Ente Autárquico, bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y Comunidad, con plena capacidad jurídica para actuar en la esfera del derecho público y privado para la realización de los actos y contrataciones conducentes a su funcionamiento y al objeto de su creación. Tendrá su sede principal en Viedma, pudiendo constituir delegaciones zonales con miras a vincular el territorio provincial en cumplimiento de sus objetivos.
Por el Frente de Todos, Ignacio Casamiquela adelantó la oposición de su bloque al proyecto, aseguró que “hoy Río Negro necesita transitar el camino de la austeridad, de cuidar los recursos, de bajar los gastos a la hora de llevar adelante proyectos productivos como éste”.
“Nos encontramos bajo una ley de emergencia económica, deberíamos pensar en no seguir agrandando el Estado, sino seguir fortaleciendo lo que ya tenemos como herramientas políticas (Agencia Crear)”, consideró.
Juan Martín, de Juntos por el Cambio, votó a favor de la iniciativa aunque criticó la superposición de competencias con organismos que ya existen.
Cerró el debate el presidente de bloque oficialista, Facundo López: “Necesitamos todas las herramientas necesarias para que Río Negro siga creciendo”.
Aporte bomberos voluntarios
La Cámara sancionó también una iniciativa para estipular por ley el porcentaje del aporte que reciben actualmente las asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia y la Federación, por parte de Lotería de Río Negro. Asimismo, se incorpora al beneficio a la Secretaría de Protección Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro.
La legisladora Marcela Ávila (JSRN) explicó que la ley Nº48 establece que el aporte que el Estado realiza a bomberos voluntarios es de un mínimo del 4 por ciento del producido líquido de los juegos de azar que obtiene Lotería. Sin embargo, explicó que en 2014, el ex gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, definió por decreto incrementar a un 9 por ciento este beneficio.
“Esta decisión estuvo fundamentada en el aumento significativo de los siniestros, en su complejidad, y también en las necesidades de los bomberos de contar con recursos para capacitación, mejorar la tecnología, el equipamiento, y solventar los gastos”, afirmó.
En este sentido, manifestó que “este proyecto busca que este porcentaje, que ya perciben los bomberos de nuestra Provincia, quede expresado en una normativa legal”.
La iniciativa define además un sistema de distribución directa de los fondos a cada asociación. La legisladora explicó que ley actual establece que la Federación es la encargada de hacerlo y que trae aparejado la dificultad de que si una de las asociaciones se atrasa en los rendimientos de las cuentas, el resto no puede percibir los aportes.
Judiciales
Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.
Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
Judiciales
Fallo limitó los descuentos con tasas poco claras que afectaban a una docente de Río Negro
La mujer tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual.
Una docente de Río Negro con dos hijos a cargo ingresó en una espiral crediticia que llegó a absorberle completamente su salario. Tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual. Los contratos se gestionaban por canales virtuales, incluso por WhatsApp, sin firmas presenciales ni entrega de documentación. Luego de varios reclamos sin respuestas, inició una demanda en el fuero civil de Bariloche.
La sentencia declaró la nulidad parcial de los contratos, ordenó readecuar los intereses y fijó un límite del 20% del salario para futuros descuentos. También determinó que las cuotas deberán calcularse con la tasa pasiva promedio del Banco Central, sustancialmente inferior a la aplicada originalmente.
En su presentación judicial, la docente explicó que nunca recibió copias de los contratos ni información detallada sobre las condiciones. Solo sabía que cada mes, su recibo de sueldo llegaba con retenciones que carecían de explicaciones claras. En agosto de 2024, tras regresar de una licencia sin goce de haberes, su salario volvió a activarse. Pero fue absorbido por completo: los débitos de distintas mutuales superaron el millón de pesos.
La resolución alcanzó a la Asociación Mutual de Servidores Públicos de Río Negro (AMSU) y a la Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM), ambas condenadas a readecuar los contratos tras no acreditar el cumplimiento de los deberes de información previstos en la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo remarcó que ninguna de las entidades aportó documentación respaldatoria ni desgloses de los descuentos aplicados.
El fallo analizó los recibos de sueldo aportados y comprobó que los descuentos se realizaban bajo conceptos genéricos, sin detalle de intereses, capital ni cuotas. También subrayó que las condiciones de contratación no respetaban lo establecido en la normativa vigente. El deber de información, señaló el tribunal, no es una formalidad: es la base del consentimiento válido.
Además, se destacó una práctica extendida entre trabajadores del Estado: acceder a créditos rápidos, con mecanismos de aprobación exprés y cobro directo desde el salario, sin evaluación del impacto económico en el hogar. En este caso, ese mecanismo dejó a la mujer sin ingresos, sin documentación para reclamar y con su salud afectada.
El Tribunal entendió que los descuentos desmedidos, sin respaldo documental ni mecanismos de control, vulneran derechos básicos como la subsistencia, el acceso a la salud y el interés superior de los hijos a cargo. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.
Río Negro
Río Negro comienza la eliminación del pasivo de transformadores con PCB’s
Se trata de aproximadamente 70 transformadores que fueron retirados a partir del año 2012.
La Provincia inició el operativo para eliminar el pasivo de transformadores con restos de PCB´s almacenados en Hiparsa, mediante su acondicionamiento y traslado a una planta especializada en Francia para su tratamiento final.
Comenzaron las tareas para eliminar de manera definitiva los pasivos ambientales vinculados a aproximadamente 70 transformadores contaminados con PCB que permanecían almacenados en el predio de Hiparsa S.A., en Sierra Grande. La acción forma parte del plan provincial de gestión de pasivos históricos y busca garantizar un tratamiento seguro y acorde a la normativa internacional.
La medida se concreta a partir del trabajo articulado entre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y la empresa Hiparsa, permitiendo avanzar hacia la solución final de estos residuos mediante su traslado a una planta especializada en el exterior. Por la concentración original del contaminante y su reglamentación específica, esta es la única vía autorizada para su eliminación segura.
El plan operativo incluye el acondicionamiento de las carcasas de transformadores que permanecían bajo custodia de Hiparsa -cuyos aceites con PCB fueron retirados en 2012-. Los componentes sólidos serán embalados en big bags de estándar internacional y consolidados en contenedores marítimos dentro del predio, con supervisión de Aduana y Prefectura. Luego serán trasladados al puerto para su embarque con destino a Francia, donde la empresa Trédi ejecutará procesos de descontaminación en autoclave e incineración de alta temperatura, garantizando la eliminación segura y total del contaminante.
El proceso cuenta con financiamiento del Proyecto PNUD ARG20/G27, que cubre la logística, el transporte y el tratamiento en la planta de destino. Una vez certificada la eliminación, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático gestionará la baja correspondiente en el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCB (RENIPP), completando así una instancia clave en la gestión ambiental de la provincia.
