A través del Decreto N° 75/2025, el gobernador Alberto Weretilneck dispuso declarar el estado de Emergencia y Desastre Agropecuario en el Departamento Bariloche a partir del 1 de febrero y por el término de un año, aplicando una serie de beneficios para acompañar a los productores rurales afectados por los incendios forestales en la zona.

Con esta medida, se eximirá a los productores afectados del pago del Impuesto Inmobiliario (a inmuebles rurales y subrurales) y del Impuesto Automotor. El beneficio puede ser total o parcialmente, en función del nivel de afectación.

Del mismo modo, se faculta a la Agencia de Recaudación Tributaria a evaluar la capacidad contributiva de los productores afectados, para contemplar las exenciones totales o parciales de los impuestos.

También se faculta a los responsables de las dependencias del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo a realizar las contrataciones directas necesarias para la adquisición de los insumos, bienes y servicios que se requieran para mitigar los perjuicios generados por el incendio.

Una vez declarado el Estado de Emergencia Agropecuaria en la Provincia, el Gobernador solicita a través del Decreto la adopción de igual decisión en el orden nacional a la Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario.

En este sentido, Weretilneck viajará a Buenos Aires con la declaración de Emergencia Provincial para gestionar los recursos necesarios que permitan asistir a los damnificados y avanzar en la reconstrucción de la zona. En algunos de los casos relevados, la producción o capacidad de producción se encontró afectada hasta en un 80%.

Mientras tanto, el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, ya distribuyó más de 1.100 fardos destinados a asistir a los productores afectados. El alimento se encuentra acopiado en la Escuela N° 139 y el Polideportivo municipal, con entrega coordinada junto a la Delegación local, la Municipalidad de El Bolsón y la Comisión de Fomento de Mallín Ahogado.

La Secretaría de Trabajo de Río Negro lleva adelante un importante operativo de fiscalización y control en más de 50 cámaras frigoríficas del Alto Valle, con el objetivo de verificar y garantizar las condiciones de seguridad e higiene en estas instalaciones. Cabe recordar que hace dos semanas hallaron muerto a un trabajador en la empresa Moño Azul, ubicada en Villa Regina.

El procedimiento se realiza en conjunto con el Sindicato de la Industria de la Carne (STHIMPRA) y responde a la necesidad de elaborar un diagnóstico completo de la situación en el sector, tras el reciente hecho que lamentablemente resultó en la pérdida de la vida de un trabajador.

Las inspecciones se llevan a cabo en doble turno, permitiendo avanzar con mayor rapidez en las fiscalizaciones y en la recopilación de información clave para determinar las acciones correctivas necesarias.

Desde la Secretaría de Trabajo reafirmaron el compromiso con la prevención de riesgos laborales y la protección de los trabajadores, reforzando la importancia del cumplimiento de las normativas vigentes en materia de seguridad e higiene.

«Este operativo es una acción concreta para mejorar las condiciones laborales en el sector frigorífico y prevenir futuros incidentes. Seguimos trabajando junto a los gremios y el sector empresarial para garantizar entornos laborales seguros y adecuados para todos los trabajadores», señaló la secretaria de trabajo María Martha Avilez.

La funcionaria destacó que «este operativo es una acción concreta para garantizar condiciones laborales seguras en el sector frigorífico. Nuestro compromiso es velar por la seguridad y la vida de cada trabajador, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes y promoviendo entornos de trabajo adecuados. Seguimos trabajando en conjunto con los gremios y el sector empresarial porque la prevención y la fiscalización son fundamentales para evitar tragedias y mejorar la calidad del empleo».

El gobernador Alberto Weretilneck solicitó al Gobierno Nacional la implementación de medidas clave para garantizar la estabilidad del sector frutícola y asegurar la cosecha de fruta de pepita de este año. A través de dos notas enviadas al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, el mandatario provincial pidió financiamiento y un alivio impositivo como herramientas esenciales para enfrentar la situación actual.

«La fruticultura es una actividad central para nuestra región. Tenemos el mejor clima del mundo y el conocimiento industrial y agronómico para ser competitivos. Por eso, el complejo frutícola necesita, con carácter urgente, herramientas de coyuntura que nos permitan mantener el rumbo ante el importante desfinanciamiento que sufrió el sector por diferentes factores, lo que provoca que hoy se prevea una cosecha con grandes pérdidas», enfatizó Weretilneck.

En su pedido, el gobernador destacó dos medidas fundamentales como el diferimiento impositivo, que sería postergar el pago de las cargas sociales (Formulario 931) correspondientes a las actividades de cosecha y empaque por un período de 12 meses a partir de febrero, aliviando la presión fiscal en un momento crítico; y el financiamiento para capital de trabajo con líneas de crédito accesibles para pequeños y grandes productores, asegurando los recursos necesarios para mantener la mano de obra, garantizando los niveles de exportación y preservando la sanidad en los cultivos.

El mandatario resaltó que la fruticultura en Río Negro y Neuquén «es una de las economías regionales más importantes del país, generando más de 60.000 puestos de trabajo» y que «cada año, el sector produce 1.150.000 toneladas de peras y manzanas, destinando un 35% a la exportación, otro 35% al mercado interno y el resto a la industria, principalmente jugos concentrados».

En las notas, destacó el esfuerzo del sector, que ha realizado inversiones significativas para lograr competitividad y eficiencia. Mencionó avances como nuevas plantaciones, reconversión varietal y la instalación de mallas antigranizo, que ya cubren más del 15% de la producción.

También explicó que el costo de producción es de U$S 0,32 por kilo, y solo la cosecha representa U$S 0,09, es decir, el 27,5% del total. Además, los sueldos del personal de empaque se han incrementado en dólares más del 50%, alcanzando un promedio mensual de U$S 1.500. «A esto se suma un aumento del 500% en los costos de energía eléctrica para los galpones frigoríficos, lo que hace que almacenar cada kilo de fruta refrigerada sea más caro que el precio de mercado», explicó.

En ese marco, agregó que durante 2024 se registró la mayor cosecha de peras de los últimos cinco años, generando un sobrestock del 43% respecto del promedio histórico. «Esto obligó a mantener fruta en cámaras frigoríficas durante meses, lo que incrementó los costos de almacenamiento, teniendo en cuenta además el fuerte aumento que se registró en el servicio de energía eléctrica», dijo.

Además, hizo hincapié en diferentes factores externos complicaron aún más la situación. Explicó que el mercado brasileño, el principal destino de exportación de peras, sufrió una devaluación de su moneda superior al 27%, «lo que dejó a los productores argentinos con costos que superan los precios aceptados por los compradores». Por otro lado, el mercado interno «experimentó una caída significativa en el consumo, afectando principalmente a las manzanas».

Weretilneck también comparó la situación con la de Chile, el principal competidor regional. «Un operario de cosecha en Argentina gana un salario diario de U$S 64, mientras que en Chile es de U$S 44. En el empaque, la diferencia es aún mayor: U$S 64 diarios en Argentina frente a U$S 22,50 en Chile. Sin embargo, la verdadera disparidad está en los costos impositivos, que en Argentina ascienden al 68% sobre el salario neto, mientras que en Chile son del 30%», señaló.

Subrayó que los productores chilenos «tienen acceso a financiamiento con tasas inferiores al 8%, lo que facilita la incorporación de tecnología y maquinaria a precios significativamente más bajos». Por ejemplo, indicó que un tractor en Chile «cuesta entre un 30% y 40% menos que en Argentina, con opciones de financiación accesibles».

Finalmente, destacó el aumento de los insumos en dólares. «Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, los costos de insumos de embalaje (cajas, bandejas, pallets, papel corrugado, bolsas) se incrementaron un 107%. Solos los pallets especiales para exportación, se incrementaron en un 165%», dijo.