Sociedad
La comunidad gamer argentina reclama una legislación para los eSports
El streamer Gerónimo “Momo” Benavide recién viene de presentar un Anteproyecto de Ley para regular los deportes electrónicos.
No hay duda de que los eSports o deportes electrónicos están viviendo una época dorada en todo el mundo. Siguiendo los datos de la consultora Newzoo, la más importante en este sector, para este 2020 se esperan unos ingresos de $1.1 millones. Una cifra elevadísima que podría verse incrementada de manera significativa gracias al aumento de actividad durante el primer trimestre del año.
En vista a estos pronósticos, son pocos los que continúan negando que las competencias de videojuegos son una industria al alza. No obstante, todavía existen países en los que esta actividad no goza de la legislación adecuada, o al menos no de la deseada por los profesionales de este sector. La Argentina es uno de ellos.
Una de las principales demandas de los gamers es la de equiparar la práctica de deporte físico con esta disciplina virtual. Así, para este colectivo el deporte es mucho más que llevar a cabo una actividad que implique el movimiento o el esfuerzo físico del individuo. En este sentido, cabe destacar que determinadas disciplinas ya han sido reconocidas como deportes mentales, tales como el ajedrez, el backgammon, el go o el póker, este último cada vez más practicado en el país gracias a la oferta del casino online. De esta forma, los jugadores de videojuegos esperan que los eSports sean reconocidos como una disciplina más deportiva, y no solo por el prestigio que ganarían de cara a aquellos que siguen defendiendo que esta práctica no es más que un hobby, sino especialmente por la puesta en marcha de una legislación que regule el sector.
Bajo esta premisa, el conocido streamer argentino Gerónimo “Momo” Benavidez se encuentra trabajando en un Anteproyecto de Ley para crear una legislación específica para los eSports en la Argentina. El objetivo de Benavidez, tal y como recoge una publicación en sus redes sociales, es la implementación de una regulación de la industria, el reconocimiento de los eSports como una disciplina deportiva más y a los jugadores como deportistas y trabajadores digitales de esta industria con los derechos que esto conlleva y otorgar ciertos beneficios a los profesionales de este sector para evitar la tan temida “fuga de talentos”, planteando, principalmente, una bajada en las tasas impositivas que deben hacer frente las empresas que financian las competencias de eSports. Para ello, el streamer propone la puesta en marcha de una subsecretaría dentro de la Secretaría de Deporte que abarque la actividad tanto de los deportistas electrónicos como la de los creadores de contenido a través de internet.
Lo que se busca, pues, es la profesionalización de un sector que hasta ahora no ha sido reconocido como tal en la Argentina. “Momo”, que actualmente se encuentra cursando la carrera de derecho, no es el único impulsor de esta iniciativa. Junto a él también trabaja por la regulación de los eSports el youtuber y abogado Leandro Riccio, cuyo conocimiento en leyes ha sido clave para la puesta en marcha del proyecto.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que se trata de crear una normativa en el país para legislar los eSports. Hace apenas dos años ya se intentó poner en marcha una ley de la mano de la Asociación Argentina de Deportes Electrónicos (AADE). No obstante, el proyecto fue rechazado por gran parte de la comunidad gamer argentina por no contar con la opinión de equipos y organizadores en su redacción y por dejar fuera del borrador a los juegos FPS, entre los que se encuentran títulos como Counter Strike: Global Offensive, Call of Duty, Dota2 o League of Legends. Ahora, se espera que el Anteproyecto de ley promovido por Benavidez y Riccio, que sí contempla en su borrador a estas populares disciplinas, llegue a buen puerto y marque un antes y un después en el desarrollo de la industria de los videojuegos en la Argentina.
Judiciales
«La empresa me obligó a mentir»: La confesión de un vendedor de planes de ahorro terminó en condena
La Justicia declaró la nulidad de los contratos vinculados a los planes de ahorro y ordenó devolver el dinero abonado, además de fijar indemnizaciones.
Un vecino de Viedma inició una demanda luego de intentar comprar una camioneta a través de un plan de ahorro que encontró en redes sociales. La historia comenzó en 2021, en plena pandemia, cuando las concesionarias permanecían cerradas al público y muchas operaciones se realizaban de forma virtual.
Mientras navegaba por internet, el vecino vio una publicidad de una concesionaria que ofrecía financiación para vehículos cero kilómetro. Completó un formulario y, días después, recibió el llamado de un asesor comercial que le explicó distintas opciones para adquirir una camioneta mediante un plan de ahorro.
Según el relato que luego llegó al expediente judicial, la propuesta incluía beneficios y una entrega prevista luego de algunas cuotas. Convencido por esas condiciones, aceptó la oferta y realizó los primeros pagos con tarjeta de crédito.
Con el paso de los meses comenzaron las dudas. Las cuotas que aparecían en los resúmenes eran más altas que las que le habían informado. Tampoco recibió el contrato ni información precisa sobre el grupo y orden del plan al que había sido incorporado.
Tiempo después, el mismo vendedor volvió a comunicarse con una nueva propuesta. Le dijo que existía una alternativa mejor: cambiar el plan y acceder a otro modelo con entrega inmediata. Para eso debía dejar de pagar el plan anterior y abrir uno nuevo a nombre de la esposa.
La pareja siguió esas indicaciones. Realizaron nuevos pagos vinculados al supuesto cambio de modelo, gastos administrativos y trámites de patentamiento. Sin embargo, la entrega del vehículo nunca ocurrió y tampoco recibieron respuestas claras sobre el estado de la operación.
Meses más tarde, el propio vendedor volvió a llamar. Según consta en la causa, durante esa conversación les dijo que había sido obligado a engañar a los clientes. De acuerdo con el relato incorporado al expediente, les manifestó que había sido «forzado por la empresa a mentir con el fin de vender».
A partir de ese momento comenzaron nuevas gestiones para intentar recuperar el dinero. En ese contexto también se registraron cargos en la tarjeta de crédito vinculados a supuestos trámites para cerrar anticipadamente el plan y gestionar la devolución de los fondos.
Ante la falta de respuestas y las irregularidades detectadas, el vecino decidió desconocer los consumos y bloquear la tarjeta. Luego inició reclamos ante el organismo de defensa del consumidor, envió cartas documento y participó en una mediación. Ninguna de esas instancias tuvo respuesta de las empresas involucradas.
El caso llegó finalmente al fuero civil de Viedma. La jueza analizó la forma en que se ofrecieron los planes de ahorro y el modo en que se desarrolló la relación de consumo.
En la sentencia se indicó que la concesionaria, a través de su vendedor, realizó «ofertas confusas y engañosas» y solicitó pagos que no correspondían. También se señaló que durante la contratación no se brindó información clara ni detallada sobre las condiciones del plan.
La jueza explicó que las empresas que participan en este tipo de operaciones tienen una responsabilidad especial frente a los consumidores. En ese sentido remarcó que «las firmas demandadas se encuentran altamente profesionalizadas y organizadas para cumplir sus cometidos en el mercado», por lo que deben actuar con mayor diligencia.
En el fallo también se concluyó que no se cumplió con el deber legal de información. Según se indicó, no se acreditó que los consumidores hubieran recibido datos claros sobre las características del plan, sus costos o las condiciones reales de contratación.
Además se advirtió que la documentación aportada reveló irregularidades. Incluso una pericia caligráfica determinó que una de las firmas que aparecía en un formulario de adhesión no correspondía al consumidor.
La jueza sostuvo que estas conductas implicaron una vulneración de derechos básicos del consumidor. Por ese motivo declaró la nulidad de los contratos vinculados a los planes de ahorro y ordenó devolver el dinero abonado, además de fijar indemnizaciones por los perjuicios sufridos.
Finalmente, el fallo también dispuso dar intervención al Ministerio Público Fiscal para que analice la posible comisión del delito penal de estafa.
Judiciales
Inició una demanda para poder hacer su viaje de 15 años
El viaje fue costeado con esfuerzo familiar y debía contar con la autorización de la mamá antes de una fecha límite fijada por la agencia de viajes.
Una adolescente de Viedma obtuvo autorización judicial para realizar su viaje de 15 años a Estados Unidos. Debió recurrir al Poder Judicial para garantizar el permiso de salida del país. El caso se tramitó el fuero de familia. El padre de la joven inició el expediente para obtener la autorización necesaria para que su hija pudiera concretar el viaje recreativo. Era el regalo familiar por sus 15 años.
Según se explicó en la presentación, el viaje fue costeado con esfuerzo familiar y debía contar con la autorización de la mamá antes de una fecha límite fijada por la agencia de viajes. Ante esa situación, el padre promovió el proceso judicial para asegurar que la adolescente pudiera realizar el viaje.
En el expediente también se dejó constancia de que la joven ya había ejercido su derecho a ser oída en actuaciones vinculadas al caso y expresó su voluntad de realizar el viaje. La madre, por su parte, manifestó que no se oponía al destino ni al carácter recreativo del viaje.
Con esos elementos, la jueza autorizó la salida del país por un período de hasta 15 días, durante los meses de mayo o junio de este año, cuando se confirme el itinerario definitivo. La sentencia también dispuso que las costas del proceso deberán ser afrontadas por la madre.
La magistrada entendió que el padre se vio obligado a iniciar el trámite judicial para obtener la autorización y que la demandada no realizó gestiones extrajudiciales que permitieran evitar el dictado de la sentencia.
Roca
Lanzan nueva campaña en Roca para recolectar aparatos electrónicos en desuso
La iniciativa se realizará del 25 al 27 de marzo en Plaza Belgrano y busca reutilizar equipos informáticos a través de un curso de eco-recuperación.
El Municipio de General Roca, a través de la Dirección de Ambiente, realizará una nueva campaña de recepción de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, en el marco de lo establecido por la Ordenanza N° 4605/10.
En esta oportunidad, se recibirán televisores, celulares, computadoras y CPU, que serán destinados al curso Eco-Recuperación de Equipos Informáticos, una capacitación que se desarrollará de manera conjunta con la USEP municipal.
La campaña se llevará adelante los días martes (25/03), miércoles (26/03) y jueves (27/03), en el horario de 9 a 16, en Plaza Belgrano.
Desde el Municipio invitaron a vecinos, vecinas, empresas e instituciones a participar acercando los equipos electrónicos que ya no utilicen, con el objetivo de promover su recuperación, reutilización y una correcta disposición.
Quienes no puedan asistir en esas fechas también podrán coordinar la recepción de los aparatos comunicándose al teléfono 4431400, interno 2305.
