Judiciales
Crimen de Sofía: Pidieron 39 años de prisión para el padrastro
El próximo miércoles se conocerá el veredicto del Tribunal.
Esta mañana (11/09) el Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de 39 años de prisión para Marcos González, ya declarado responsable penal de una serie de graves delitos de los que resultó víctima fatal una niña de 3 años en Lamarque.
Durante la audiencia de hoy en el juicio semi-presencial de cesura de la pena, la fiscal del caso resaltó en su alegato que “este hecho y este daño es tan inconmensurable, que incluso conlleva en sí mismo la naturaleza del femicidio. Y aún peor, a veces es posible encontrarnos con un homicidio perpetrado por un hombre contra una mujer sin ese plus de tanto dolor físico y psíquico para la víctima, como el que sufrió esta niña”.
Entre los agravantes de la pena, el Ministerio Público Fiscal mencionó que consideró “la edad de la víctima, sólo tenía tres años, por ello existió mayor vulnerabilidad e imposibilidad de defenderse. Se suma la clara asimetría de género, de edad y física, con la predominancia de actos lesivos por las noches y en el interior de la vivienda, lo que marca un mayor poder ofensivo”.
“A través de los testigos ha quedado claro que el sujeto asustaba a la niña con amenazas y con avisos coactivos, se aprovechaba de la convivencia para ejercer cómodamente malos tratos verbales y físicos, y también amenazaba a la progenitora, ya condenada a la pena de 24 años de cárcel, para que ella evitara terminar con el castigo”, detalló la Fiscalía.
La fiscal destacó que los “abusos sexuales y la corrupción de menores, son delitos que junto con el homicidio lideran la escala de delitos más graves del Código Penal, por el impacto arrasador en el cuerpo y la mente de una niña a tan corta edad”.
“El aislamiento impuesto por el ya declarado culpable a todo el grupo familiar, profundizó la imposibilidad de que terceras personas o familiares pudieran acudir en ayuda de la niña. Y además este hombre aconsejaba y no intervenía en la curación de las lesiones sufridas por la víctima luego de realizárselas, no la llevaba a un control médico”, explicó la fiscal del caso.
Entre las condiciones personales del imputado, la representante del Ministerio Público Fiscal dijo que “se trata de un sujeto sano y joven, que tiene la educación suficiente como para entender y remediar en su caso sus acciones. Podemos concluir que tiene la capacidad de culpabilidad plena”.
Teniendo presente lo anterior y los testigos del juicio de cesura, más la declaración de responsabilidad penal que ya pesa sobre el imputado, la fiscalía solicitó la pena de 39 años de prisión efectiva sin posibilidad de acceder a los beneficios establecidos en la Ley 24660 (Art. 56 bis), más las costas del proceso y la anotación en el Registro Nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, según la Ley 26879 y su reglamentación.
Cabe recordar que la calificación legal por la que fue declarado culpable es la de “lesiones leves calificadas por violencia de género, reiteradas en un número indeterminado de veces; abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado, doblemente calificado por el vínculo y por la convivencia preexistente; corrupción de menores agravada por la edad de la víctima y por ser el autor persona conviviente y guardador; desobediencia a una orden judicial y abandono de persona seguida de muerte”.
Por su parte, el representante del Ministerio Público de la Defensa, que asiste al imputado en este proceso, pidió una pena mínima de 10 años de prisión, argumentando que es superior al mínimo del delito de homicidio simple. Agregó además que la Corte Interamericana ha dicho entre sus recomendaciones que las penas no tienen que ser degradantes para el ser humano, y que hay darle una oportunidad de re-socialización.
Luego insistió en que el imputado llevó al hospital a la niña, negó que el consumo de pornografía infantil estuviera en el celular de su asistido, sino que estaba en el de la madre de la victima.
El defensor público penal explicó que el sujeto no tiene antecedentes penales, que colaboró con el juicio, asistió a todas las audiencias, y aceptó pasivamente la realización del debate.
El veredicto de la cesura de la pena del Tribunal de Juicio interviniente en este legajo se dará a conocer el próximo miércoles 16 de septiembre.
Judiciales
Gatti continuará con tobillera electrónica
El periodista condenado por tenencia y distribución de videos de abuso sexual infantil aseguró que la batería del dispositivo se cayó a la pileta. Tras el alerta, había sido detenido en Bahía Blanca.
En la jornada de hoy (09/01) se realizó una nueva audiencia de medidas cautelares, a partir de un alerta detectada en la tarde de ayer (08/01) por el organismo encargado de controlar el funcionamiento de la tobillera de control satelital que le colocaron al periodista Emiliano Gatti.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la instancia para requerir nuevamente la prisión preventiva del hombre. Dicho pedido había sido efectuado el 16 de diciembre pasado, cuando el que el Tribunal de juicio dispuso agravar las medidas cautelares impuestas desde el momento en que el TI sostuvo la condena del periodista.
Así, Gatti debe presentarse dos veces por día en una comisaría de la ciudad de Bahía Blanca donde reside y se le colocó una tobillera de control satelital cuya responsabilidad era mantener siempre consigo y cuidar.
En la jornada de ayer se detectaron eventos que dan cuenta de instantes de incomunicación. El acta suscripta por la Unidad de control indica que había ingresado agua al dispositivo por la caída a un charco. Agrega el documento que el hombre «debió haber sido cauteloso y precavido» y que a raíz del imperfecto la batería no encendía.
La fiscal volvió a requerir la prisión preventiva mencionando las «inobservancias» de las obligaciones que le caben al hombre y el «uso indebido del dispositivo». Reiteró además que «si bien es cierto que cumple con las obligaciones impuestas, posee ingresos que le permitirían mantenerse oculto del accionar de la justicia».
Dijo además que ante el doble conforme de la condena (tanto por el Tribunal de juicio como por el de impugnación) se mantiene la existencia del riesgo de fuga. A todo ello adhirió la querella.
A su turno el abogado defensor explicó la secuencia producida. Dijo que Gatti lo anotició inmediatamente de lo ocurrido y que ya se lo había informado al agente del servicio penitenciario que controla su situación. En este mismo sentido se expresó el periodista quien explicó que la batería «se le había caído a la pileta y que fue la agente penitenciaria quien la abrió». El hombre fue demorado en Bahía Blanca y asistió por Zoom a la audiencia desde la comisaría en donde fue alojado.
Finalmente el Tribunal interviniente sostuvo la determinación tomada el 16 de diciembre y volvió a rechazar el pedido de la Fiscalía. Dijo que ya se habían dispuesto oportunamente «las medidas tendientes a neutralizar el peligro de fuga cuando se intensificó las presentaciones en comisarias (diarias, dos veces al día) y se dispuso la colocación de tobillera».
«Surge evidente que éste se trató de un hecho accidental. No hay prueba de que haya intentado abrir el dispositivo y hemos valorado la actitud de ponerse inmediatamente a disposición de las autoridades penitenciarias», añadieron.
Sí agregaron que en lo sucesivo Gatti «deberá tomar mayores cuidados». Asimismo indicó que el 13 de enero próximo el periodista deberá constituirse en la Oficina Judicial de Roca para sustituir el dispositivo electrónico.
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Detuvieron a Emiliano Gatti
Por más que la sentencia no está firme, la tobillera electrónica dejó de emitir señal por lo que la Justicia ordenó su inmediata detención.
El periodista Emiliano Gatti, condenado por tenencia y distribución de videos de abuso sexual infantil, fue detenido esta mañana (09/01) en Bahía Blanca. Por más que la sentencia no está firme, la Justicia dictaminó el uso de una tobillera electrónica, la cual habría dejado de emitir la señal de ubicación correspondiente, por lo que se ordenó su inmediata detención.
Gatti fue condenado a 6 años de prisión efectiva por los delitos de tenencia y facilitación de imágenes de abuso sexual infantil. No obstante, como la defensa apeló ante el Superior Tribunal de Justicia, la Justicia dispuso que cumpla en Bahía Blanca con dos presentaciones diarias en la Comisaría de su domicilio, una por la mañana y una por la tarde. Además, que se le coloque una tobillera electrónica que venía monitoreando lo que fue su viaje de regreso desde General Roca hasta Bahía Blanca y que no salga fuera de los límites del ejido urbano.
Pero, en las últimas horas, un problema de señal en el dispositivo electrónico motivó que fuera detenido por la Policía. Es su segunda vez tras las rejas, ya que había estado detenido unas pocas horas el día en que allanaron su domicilio en Roca tras un alerta de una organización internacional que detectó el tráfico de material de abuso sexual infantil desde la dirección IP de su conexión a internet.
El delito
En la primera etapa del juicio, que se realizó en mayo, Gatti había sido condenado por 50 videos con imágenes de abuso sexual infantil que estaban descargados en su computadora personal y en otros dispositivos electrónicos secuestrados en su vivienda. Los videos fueron descargados y puestos a disposición de otros usuarios en la plataforma E-Mule
Para declarar la responsabilidad, el Tribunal declaró contundente y decisiva la prueba científica y técnica presentada en el juicio.
Los jueces también señalaron la gravedad de los delitos acreditados, al afirmar que la simple tenencia de ese tipo de videos «favorece el crecimiento de este mercado, dado que la demanda de material incentiva la comisión de más abusos».
El veredicto reseñó que la investigación comenzó en el área de Cibercrimen del Departamento de Investigaciones Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en agosto de 2022. Ese equipo realizó una pesquisa en las plataformas ICACCOPS y CPS para detectar usuarios que compartieron material de abuso sexual infantil entre junio de 2021 y agosto de 2022. Así se activó el protocolo de investigación que finalizó con el allanamiento del 15 de noviembre de 2022 en la vivienda del acusado.
Las pericias acreditaron que los videos fueron abiertos y visualizados en la PC desde el mes de agosto de 2022 hasta unos pocos días antes del allanamiento. En ese lapso la vivienda estuvo vigilada por los investigadores, quienes confirmaron que Gatti fue la única persona que ingresó al domicilio por esos días. «Esto da por tierra lo sostenido por el imputado y su defensa técnica en cuanto a que no conocía la existencia de los videos», concluyó el Tribunal.
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El taxista que fue hallado sin vida en su vivienda, falleció de un infarto agudo
Así lo estableció la autopsia realizada en el día de hoy. En un primer momento el caso había sido caratulado como muerte dudosa.
Esta tarde (08/01), el médico forense que practicó la autopsia al hombre de 51 años que fue hallado muerto en el interior de su vivienda ubicada en Montevideo y Rosario de Santa Fé el lunes pasado (06/01), confirmó que la causa de la muerte fue un infarto agudo.
Informó además que el cuerpo no presentaba lesiones externas que pudieran indicar signos de criminalidad.
La víctima fue identificada como Carlos Fortunato, quien era un conocido chofer de taxi de la ciudad. Su muerte causó mucha tristeza en clientes del servicio que brindaba y vecinos del barrio.
No obstante la fiscal en turno avanza en la investigación iniciada a partir del hallazgo para esclarecer cuáles fueron las circunstancias que rodearon al hecho.
En ese marco se tomaron diversas testimoniales, trabajaron agentes de la Policía de Río Negro, Gabinete de Criminalística y el Cuerpo de investigaciones Judiciales. Continúan por estas estas horas pericias iniciadas con antelación.
