Río Negro
Comenzó la segunda etapa de la Mesa de Resolución de Conflictos con Pueblos Originarios
«Hay que trabajar en conjunto y con todas las partes involucradas», dijo la gobernadora Carreras.
Las ministras de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, y su par de Seguridad, Sabina Frederic, participaron hoy del inicio de la segunda etapa de la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos con los Pueblos Originarios junto con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras.
Durante la reunión se escucharon las demandas de los distintos actores lo cual posibilitó que la Mesa permanezca abierta para continuar con los intercambios entre las partes y que se incorporen equipos técnicos que contribuyan a avanzar con el trabajo propuesto.
La reunión se realizó tras el pedido que la gobernadora rionegrina le hizo al presidente Alberto Fernández en el mes de octubre. En la reunión, de hecho, la gobernadora expresó: “Como nos dijo el presidente Alberto Fernandez, hay que trabajar en conjunto y con todas las partes involucradas. Es posible arribar a soluciones si nos escuchamos y vamos por la vía del diálogo como es este ámbito”.
Durante el desarrollo de la reunión, realizada en la ciudad rionegrina de Viedma, se avanzó sobre la puesta en funcionamiento de una instancia ejecutiva destinada a abordar la problemática de las comunidades indígenas que ocupan predios que son propiedad del Estado Nacional en la región andina. A través de este tipo de Mesa se busca resguardar derechos fundamentales como la convivencia pacífica, la propiedad pública y privada y la pluralidad normativa de las comunidades originarias. Por ello, tras el intenso diálogo de la primera etapa, en esta oportunidad se trabajó sobre las posibilidades de contener y satisfacer la multiplicidad de demandas existentes en la región con el objetivo de arribar a acuerdos básicos para una convivencia armónica en la zona andina de Río Negro.
A su vez, se destacó la importancia de articular con el Poder Judicial -en todos sus niveles y en todo tipo de conflictos- para que, a través del mismo, se pueda garantizar los derechos de todas las personas que habitan la provincia. En esa línea, la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, afirmó: “La única forma de superar los conflictos es reconocerlos y abordarlos con diálogo. El único camino es la paz. Quienes estamos aquí somos parte del Estado y debemos buscar las soluciones. Estoy segura de que trabajando las vamos a encontrar”.
Además, en el encuentro se subrayó la importancia de sostener espacios de conversaciones como herramienta clave para procurar mitigar la conflictividad de la región, de brindar seguridad preventiva y de continuar los esfuerzos para reducir la violencia que atraviesa la región. Al respecto, la ministra de Seguridad de la Nación, sostuvo: “Sabemos que la única manera de abordar los conflictos es escucharse. Este encuentro es parte del camino en el proceso de construcción pacífica de acuerdos y soluciones que nos encomendó el Presidente. Y hoy iniciamos ese camino. Estamos acá para escucharlos y buscar las soluciones a cada conflicto”.
Participaron de la Mesa el secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks, y el director nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, Jonatan Firun; el secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa de la Nación, Sergio Rossi; el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Daniel Somma, y el secretario Letrado de la Defensoría General de la Nación, Sebastián Tedeschi.
También asistieron a la reunión el ministro de Gobierno y Comunidad de Río Negro, Rodrigo Buteler; la secretaria de Justicia y Seguridad de Río Negro, Betiana Minor; y funcionarios de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Defensa de la Nación; asimismo estuvieron representantes de la Defensoría General de Río Negro, del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas CoDeCI (su presidenta y los referentes de todas las regiones) y de la Coordinadora del Parlamento Mapuche -actores con quienes ya se viene trabajando desde el inicio de la formación de esta Mesa con el objetivo de generar mecanismos de diálogo y acuerdos entre todas las partes-, y el obispo Esteban Laxague.
Policiales
En los últimos días, la Policía detuvo a 7 personas por hechos de violencia de género
Fue en diferentes operativos realizados en Allen, Regina y Mainqué.
En una serie de intervenciones llevadas a cabo entre el 8 y el 13 de agosto pasados, personal policial de distintas dependencias de la Unidad Regional 2° logró impedir que varios episodios de violencia de género e intrafamiliar escalaran, deteniendo a 7 personas en las ciudades de Allen, Villa Regina y Mainqué.
El primer procedimiento ocurrió en Allen el viernes (8/08), cuando efectivos de la Comisaría 33° detuvieron a un hombre que, pese a tener una prohibición de acercamiento vigente, fue sorprendido merodeando la vivienda de su ex pareja.
Al día siguiente (9/08), en la misma ciudad, personal de la Comisaría 6° arrestó a un sujeto que había provocado destrozos en la casa de sus padres y que, al ser identificado, intentó agredir a los uniformados con un objeto metálico en forma de T. El domingo (10/08), nuevamente en Allen, otro hombre fue detenido horas después de recibir la notificación de una medida de alejamiento, al presentarse en el domicilio de la víctima.
Ese mismo día, en Villa Regina, efectivos de la Comisaría 5° aprehendieron a dos mujeres que se encontraban en una vivienda sobre la que pesaba una restricción judicial.
En Mainqué, la Subcomisaría 66° detuvo a un hombre denunciado por desobediencia reiterada, tras ser sorprendido siguiendo a una mujer con medida cautelar vigente.
Finalmente, el miércoles (13/08), la Comisaría 6° de Allen arrestó a un joven acusado de amenazar con un arma blanca a su madre y agredir a su hermano. Todas las actuaciones fueron informadas de inmediato a las Fiscalías correspondientes, que dispusieron la continuidad de las medidas procesales.
Judiciales
El STJ rechazó habeas corpus por la intensificación de requisas tras hallazgos de drogas en un Penal de Río Negro
Ordenó al Servicio Penitenciario Provincial que elabore en un plazo de 15 días nuevos protocolos de actuación con base en estándares internacionales.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó formalmente una acción de habeas corpus que denunció un agravamiento de las condiciones de detención en la Unidad Penal Nº 5 de Cipolletti, en particular por las requisas a visitantes. No obstante, ordenó al Servicio Penitenciario Provincial que elabore en un plazo de 15 días nuevos protocolos de actuación con base en estándares internacionales.
El STJ evaluó la situación y concluyó que no existía un motivo suficiente para cambiar la regla que ya tenía establecida: que los casos individuales deben ser atendidos por el juez de Ejecución.
La acción fue promovida por el Observatorio de Derechos Humanos a raíz de múltiples denuncias sobre el trato recibido por familiares de personas detenidas. Las personas accionantes reclamaron el cese inmediato de las requisas a las visitas de los internos.
El STJ valoró un informe presentado por el Comisario Lucas Matamala, responsable de la Unidad Penal, quien explicó que durante julio y agosto de 2025 se incrementaron los casos de hallazgos de elementos ocultos durante las visitas, en su mayoría estupefacientes. Señaló que tales situaciones activaron una investigación de la Fiscalía Federal de Primera Instancia y que, ante esos indicios, se intensificaron las requisas.
En ese contexto, la Unidad Penal implementó escáneres corporales como recurso adicional de control. Según el informe, las requisas más minuciosas se aplicaron únicamente cuando existieron indicios concretos, siempre bajo intervención de personal capacitado y respetando parámetros legales. Se sostuvo que no se realizaron inspecciones invasivas a niños y que en casos de personas mayores o con problemas de salud se priorizó un trato diferenciado.
La respuesta oficial también afirmó que el personal de requisas recibió formación en técnicas de registro y principios de derechos humanos, que las inspecciones se efectuaron por personal del mismo sexo y en espacios higiénicos, y que no hubo contacto físico entre los agentes y las personas que visitaron a los internos.
La Procuración General dictaminó que el habeas corpus colectivo no encuadró en los supuestos previstos por el Código Procesal Constitucional y que las situaciones descriptas no lograron acreditar un carácter general que habilitara esta vía procesal. Consideró que cada hecho debe tratarse ante el juez natural de la causa, quien detenta el control jurisdiccional sobre la ejecución de la pena. Sobre la base de esos argumentos se expidió por el rechazo del habeas corpus.
El STJ sostuvo esa misma línea. Señaló que en casos anteriores ya se había establecido que esta vía excepcional no puede desplazar sin justificación a los magistrados que tienen a su cargo la ejecución de las penas. Recordó que los jueces provinciales deben velar por los derechos de las personas privadas de la libertad, condenadas o con prisión preventiva.
En los fundamentos del fallo, el STJ subrayó que no se presentó ningún elemento que justificara un apartamiento de esa doctrina. Afirmó que existe un cauce judicial idóneo para atender las situaciones denunciadas, sin que se acredite la necesidad de recurrir al habeas corpus.
No obstante, el tribunal decidió instar a las autoridades penitenciarias a que en un plazo de 15 días elaboren y formalicen los protocolos de actuación, en línea con los instrumentos internacionales mencionados en la presentación.
Judiciales
Compró un celular y le cobraron ocho: Un banco y una empresa financiera deberán indemnizarlo
Le devolvieron el dinero y además, deberán pagar una multa civil.
Un cliente de Cipolletti adquirió un teléfono móvil a través de internet, pero en el resumen de su tarjeta aparecieron cargados siete equipos adicionales que no recibió. Aunque intentó concretar la operación en reiteradas oportunidades y finalmente pudo comprar solo un dispositivo, en su cuenta bancaria se le descontaron indebidamente las cuotas de ocho operaciones en total.
En un primer momento, el hombre intentó realizar la compra en una tienda virtual utilizando una tarjeta Visa Platinum emitida por una entidad bancaria. Según explicó posteriormente, debió repetir la transacción varias veces debido a sucesivos rechazos de la plataforma virtual. Finalmente logró adquirir solo un equipo móvil, pero en el resumen de cuenta siguiente figuraron ocho compras efectuadas en cuotas.
Inmediatamente, el cliente hizo reclamos ante el banco y la empresa emisora de tarjetas de crédito, Prisma Medios de Pago S.A.U., pero no obtuvo una solución. Frente a la persistencia de los cobros mensuales indebidos, inició una denuncia administrativa ante la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, organismo competente en defensa de los consumidores.
Luego del trámite administrativo, la Agencia de Recaudación Tributaria sancionó tanto al Banco BBVA Argentina S.A. como a Prisma Medios de Pago S.A.U. Ordenó que se devolviera al consumidor el monto que le habían descontado incorrectamente.
Sin embargo, las empresas cuestionaron la sanción administrativa mediante diversos recursos, pero estos fueron rechazados. La Agencia de Recaudación Tributaria confirmó entonces la sanción económica impuesta y el resarcimiento al afectado.
El cliente decidió entonces recurrir al fuero Civil de Cipolletti para ampliar su reclamo por daños y perjuicios contra ambas compañías. En su demanda solicitó una indemnización por daño moral, como así también una multa civil (daño punitivo), debido a lo que consideró una conducta abusiva por parte de las empresas.
Luego de analizar el caso, el Poder Judicial determinó la responsabilidad solidaria de Banco BBVA Argentina S.A. y Prisma Medios de Pago S.A.U. por haber efectuado descuentos injustificados en el resumen de la tarjeta del cliente. En consecuencia, las condenó a pagar una suma en concepto de multa civil y otra por daño moral. El fallo resaltó que las empresas prolongaron indebidamente la situación y no brindaron una solución rápida al ciudadano afectado.
Además, la sentencia resolvió que las empresas deberán pagar al cliente una actualización de intereses sobre el daño directo, desde el momento en que la Agencia de Recaudación Tributaria emitió su resolución inicial hasta la fecha efectiva del pago.
