Judiciales
Sufrió un brutal ataque y tuvo que recurrir a un amparo para que llegue la prótesis y lo operen
La víctima de 27 años fue atacada por una patota y hasta recibió disparos de arma de fuego en una pierna. Como no llegaba la autorización del Ministerio de Salud, fueron a la Justicia y ya tiene fecha de cirugía.
A raíz del ataque que sufrió por parte de un grupo de hombres en octubre pasado, un joven de 27 años resultó con una fractura expuesta en una pierna y una fractura en un brazo. Por su delicado estado de salud, fue internado en el Hospital de Roca, donde los médicos ordenaron, en noviembre, la urgente colocación de prótesis en ambas extremidades afectadas, especialmente en la pierna izquierda, donde existía peligro de amputación.
Ante la demora de las prótesis -que habían sido pedidas hacía más de 20 días pero no llegaba la autorización del Ministerio de Salud- y la incertidumbre sobre cuándo podría realizarse la operación, la familia del joven interpuso una acción de amparo en el Juzgado Civil de Primera Instancia N° 3 de Roca.
Por las restricciones derivadas de la pandemia, la agilidad que permite el expediente digital y las facilidades implementadas por el Poder Judicial para la tramitación de los amparos, la familia llamó por teléfono y más tarde envió un correo electrónico al juzgado para dar inicio sin más formalidades al proceso judicial.
En el mail relataron que el muchacho había sido atacado por “una patota de cuatro personas que lo golpearon y al estar tirado inconsciente en el piso le dieron varios disparos de arma de fuego, dejándolo con fractura expuesta en pierna izquierda y fractura en brazo izquierdo”. También informaron el diagnóstico y la urgencia declarados por el traumatólogo del joven, porque el riesgo iba aumentando con el correr de los días.
El mismo día de la presentación se declaró admisible el amparo y se solicitó el informe de rigor al Hospital de Roca. Siete días después llegó por mail la respuesta del centro de salud, y en la semana posterior se incorporó el resto de los informes y se dictó la sentencia favorable al amparista.
“Si bien no puede desconocerse que la situación de pandemia ha generado complicaciones que son de público y notorio conocimiento, transcurrido el tiempo sin respuesta efectiva y ante las necesidades del amparista para la atención de su salud, ello no puede quedar irresuelto ante las consecuencias disvaliosas en su integridad física. Por lo expuesto, el tiempo transcurrido sin respuesta torna el proceder de la demandada en arbitrario e ilegítimo, afectando el derecho a la salud y dignidad del amparista en forma disvaliosa”, concluyó la jueza en su sentencia.
“La secuela de una fractura y el tratamiento que la misma requiere debieron en la instancia administrativa ser abordados, considerados, resueltos y esto no ha sucedido, lo que entiendo produce no sólo consecuencias negativas en su salud sino también en la esfera de la dignidad del paciente -quien se ve obligado no sólo a reiterar consultas ante el Hospital sin obtener respuestas sino a ocurrir ante estos estrados judiciales buscando una solución para su problemática-”, sostuvo el fallo.
La sentencia le dio 5 días hábiles a Salud para que “adopte en forma concreta, efectiva y eficaz todas las medidas necesarias, coordinadas, idóneas y razonables a su alcance” para llevar adelante la operación, bajo apercibimiento de imponerle una multa de 8.000 pesos diarios por cada día de retardo.
Finalmente, dentro del plazo otorgado por la jueza, Salud Pública informó que ya estaban dadas las condiciones para la intervención y notificó al juzgado la fecha programada para la cirugía.
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Circulaba en moto por la Ruta Chica, se deslizó y quedó bajo un auto: ¿Quién tuvo la responsabilidad?
El motociclista no logró probar las circunstancias del incidente vial ni demostrar una maniobra concreta que permitiera atribuirle los daños al automovilista.
Circulaba en moto por la Ruta Provincial N° 65, perdió el control, se deslizó sobre la calzada y quedó debajo de un auto que avanzaba en sentido contrario. A partir de ese hecho, el hombre promovió un juicio civil contra el conductor del otro vehículo, al que señaló como responsable de las lesiones que sufrió. Sin embargo, no logró probar las circunstancias del incidente vial ni demostrar una maniobra concreta que permitiera atribuirle los daños al automovilista.
En su presentación, sostuvo que transitaba de forma reglamentaria desde Cipolletti hacia Fernández Oro cuando ocurrió el impacto. También afirmó que sufrió heridas graves y que debió recibir atención médica durante un período prolongado. Con ese planteo, reclamó una reparación por distintos daños vinculados con secuelas físicas y psicológicas que describió en el expediente.
La causa se originó a partir de un choque entre una moto Appia Citiplus 110 y un Renault Clio. El conductor del auto rechazó la versión del motociclista y expuso que la moto perdió estabilidad antes del contacto con el automóvil. Según su descargo, al advertir la situación intentó esquivarla hacia la banquina, pero no pudo evitar el impacto. La aseguradora citada en garantía acompañó esa postura y pidió el rechazo total del reclamo.
En la sentencia, el Juzgado analizó el caso bajo las reglas de la responsabilidad civil extracontractual. Señaló que, aun cuando interviene una cosa riesgosa como un vehículo, quien reclama una reparación debe acreditar un conjunto mínimo de hechos concretos que permita reconstruir la mecánica del episodio y establecer un vínculo causal entre la intervención del rodado y los perjuicios invocados.
Uno de los puntos centrales del fallo pasó por la falta de precisión en la demanda. El Juzgado advirtió que la presentación inicial no describió de manera circunstanciada cómo ocurrió el hecho ni qué maniobra específica se le atribuyó al conductor del auto. Para la resolución, esa omisión resultó relevante porque la decisión judicial debía apoyarse en los hechos afirmados por las partes y luego probados en la causa.
La sentencia también destacó que la demanda partió de una versión en la que la caída de la moto ocurrió antes del contacto con el auto. Desde esa premisa, el reclamo apuntó a que el automovilista no evitó el impacto. Sin embargo, el Juzgado entendió que esa afirmación no contó con respaldo técnico suficiente para demostrar que existieron posibilidades reales de frenado o de maniobra para impedir el desenlace.
En ese punto, la pericia accidentológica producida en el expediente no logró precisar el punto exacto de impacto, ni establecer con certeza cuál de los vehículos revistió el carácter de embistente, ni reconstruir con solidez la mecánica completa del hecho. A eso se sumó que las personas que declararon como testigos no presenciaron el episodio.
El fallo además valoró constancias incorporadas desde la causa penal, donde la hipótesis considerada más verosímil ubicó el origen del siniestro en la pérdida de control de la motocicleta y en su irrupción sobre el carril contrario. Con ese cuadro probatorio, el Juzgado rechazó la demanda y también liberó a la aseguradora de toda obligación de cobertura en el caso. La sentencia correspondió a la primera instancia y todavía no quedó firme, ya que puede ser apelada.
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Golpeó a su ex pareja hasta dejarla inconsciente y luego escapó de una comisaría: Dictaron prisión preventiva
La defensa sostuvo que el caso no debía avanzar porque la víctima no realizó la denuncia, pero la Fiscalía argumentó que el Estado debe intervenir de oficio en casos de violencia de género.
La Fiscalía formuló cargos a un hombre acusado de ingresar por la fuerza a la vivienda de su ex pareja, golpearla hasta dejarla inconsciente y luego fugarse de una Comisaría. Dispusieron la prisión preventiva por riesgo de entorpecimiento de la investigación y de fuga.
La fiscal de turno Natalia Pascual acusó al hombre por los delitos de violación de domicilio, lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género, en concurso real con hurto.
El primer hecho ocurrió el viernes (10/07) pasado cuando el acusado evadió la presencia policial apostada en la vivienda de la víctima, entró por la fuerza y la golpeó repetidamente en la cabeza hasta dejarla inconsciente.
La defensa particular, a cargo del abogado Oscar Pineda, rechazó la acusación bajo el argumento de que la víctima no realizó la denuncia penal y, por tratarse de un delito de instancia privada, el caso no debía avanzar. La fiscal rebatió esta postura señalando que los tratados internacionales de rango constitucional obligan al Estado a actuar de oficio en contextos de violencia de género, protegiendo a la víctima de forma directa.
El segundo hecho imputado ocurrió el domingo (12/07) por la tarde en la Comisaría de Lamarque, donde el acusado se encontraba alojado. El hombre pateó los barrotes de su celda hasta romper la seguridad, se apoderó del candado y escapó del edificio, aunque el personal policial logró recapturarlo a las pocas cuadras con el candado en su poder.
Para sostener los cargos, la Fiscalía presentó testimonios de los policías intervinientes, el informe médico de las lesiones, el acta de la fuga y la entrevista realizada a la víctima por el equipo de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI).
Finalmente, el juez de Garantías Julio José Martínez Vivot rechazó los planteos de la defensa, dio por formulados los cargos y habilitó formalmente la investigación penal por un plazo de cuatro meses. Ante la gravedad de los hechos y la reciente fuga de la unidad policial, el magistrado resolvió aplicar la prisión preventiva efectiva hasta septiembre.
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Declararon culpable a una ex auxiliar de un CAINA por amenazar a niños institucionalizados en Roca
Con esta resolución, ya son dos las personas declaradas responsables por los hechos ocurridos entre abril de 2021 y septiembre de 2023 en un Centro de Atención Integral, dependiente de la SENAF.
El Tribunal interviniente declaró responsable penal a una mujer que se desempeñaba como auxiliar asistencial en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) de General Roca, al hacer lugar a la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal.
Durante el juicio quedó acreditado, según la acusación fiscal, que la imputada amenazó a niños y niñas que se encontraban institucionalizados. De esta manera, las dos personas investigadas en la causa ya fueron declaradas responsables penales.
En noviembre del año pasado, el otro imputado reconoció ser coautor del delito de amenazas y autor de abuso simple agravado por ser el encargado de la guarda, todo en concurso real. Actualmente se encuentra cumpliendo la condena impuesta.
Durante los alegatos, el fiscal Marcelo Ramos y la defensora de menores Estela Aroca Álvarez solicitaron que la mujer fuera declarada responsable penal por el delito de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora, planteo que fue aceptado por el Tribunal.
Según la investigación, ambos auxiliares asistenciales habrían maltratado a ocho niños y niñas entre abril de 2021 y septiembre de 2023, vulnerando la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Además, habrían amenazado a los menores para evitar que denunciaran los hechos.
La defensa de la imputada sostuvo durante el juicio que la situación debía ser tratada en el ámbito administrativo y no en la Justicia penal. La audiencia de cesura de pena fue programada para el próximo 31 de agosto.
