Luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicara dos decretos que modifican el régimen de contrataciones en el sector público, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, evaluó que «después de que se llenaron la boca hablando mal y estigmatizando al empleo público, el Gobierno tenía la oportunidad de establecer el ingreso al Estado por concurso público, pero no se animó».

«Este decreto no elimina el dedo de un presidente, los ministros o un diputado para el ingreso a la Administración Pública. Se aseguraron de dejar una hendija abierta para que puedan entrar al Estado los trolls y militantes libertarios. Esta norma sigue sin garantizar a la sociedad que quienes ingresen sean los más idóneos y capaces, y que eso a su vez se traduzca en la mejora de la calidad del empleo público», agregó el dirigente. Entre sus artículos, el Decreto 1148/24 señala que cualquier nueva alta en el Estado deberá ser aprobada por la cartera que conduce Sturzenegger.

En tanto, el Decreto 1149/24 establece la contratación anual de todos los trabajadores que aprobaron durante diciembre la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, tal y como exigió el sindicato. En este marco, Aguiar señaló que «por supuesto que luego del fraude laboral gigantesco y la reprecarización que decidió llevar adelante el Gobierno apenas asumió, la contratación anual aparece no sólo como un avance, sino como una respuesta a una de las principales demandas que le planteó ATE al Ejecutivo desde el principio».

«Seguimos demandando que se cumpla con la Constitución Nacional y se garantice el derecho a la estabilidad en el empleo público incorporando a la planta permanente a los más de 57.000 trabajadores contratados desde hace muchos años bajo distintas modalidades», agregó el secretario general de ATE Nacional.

«Sin estabilidad, sin salarios dignos de los trabajadores estatales y sin la inversión presupuestaria necesaria en todas las áreas públicas, no hay derechos para nuestro pueblo, sobre todo para las franjas sociales más vulnerables que son las verdaderas usuarias del sistema público de salud, educación, previsión social, entre otros», concluyó.

En la última sesión de la Legislatura Rionegrina se aprobó, por mayoría, la iniciativa para garantizar que las personas condenadas por delitos dolosos con sentencia judicial en segunda instancia no puedan ser candidatas a cargos públicos electivos, ni ser designadas para ejercer cargos partidarios.

Se trata del proyecto más exigente de los aprobados a nivel nacional, lo que posiciona a Río Negro como ejemplo de transparencia electoral.

«Esta ley indica que no pueden competir, ya sea por cargos partidarios o públicos-electivos, ni tampoco ejercer como funcionarios públicos, todos aquellos que cometieron delitos dolosos», comentó el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, en declaraciones a Radio Nacional Viedma.

«Tratándose de delitos contra la administración pública, se le agrega un plus de 25 años más de inhabilitación para ejercer cargos partidarios, públicos-electivos, o ser funcionario público. Y en el resto de los delitos, por ejemplo el robo, se limita a la pena que establezca la sentencia, más diez años que se le agrega de sanción», agregó.

Gatti destacó que la norma, tal como fue aprobada, es el proyecto sancionado con mayor exigencia de todo el país «y fue sancionado por unanimidad, con excepción de los bloques vinculados al justicialismo».

El funcionario indicó, en este sentido, que quedan afuera aquellos delitos cometidos contra el honor, es decir las calumnias y las injurias que «porque el lenguaje político, sobre todo en las redes sociales, es lindante con lo que antes se consideraba como una injuria. No comparto esas formas de expresión, pero es cierto que las redes son un lugar donde estas cosas suceden de manera constante».

Ante la situación que atraviesan los 57.513 trabajadores del Sector Público cuyos contratos vencen a fin de mes y que el Ejecutivo pretende cesantear, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «el Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año».

«Además, aunque seguimos demandando la anulación del Sistema de Evaluación Pública, hay que incorporar en la planta permanente a ese universo de trabajadores que ya se presentó a rendir y que en el 96% de los casos aprobaron en primera instancia los exámenes», agregó el dirigente.

En esta línea, Aguiar aseguró que «más allá de su relato exitista y fantasioso, el Gobierno pierde fuerza. En el 2025 les vamos a robar la motosierra y vamos a empezar a cortar las cabezas de ellos. Tenemos que salvar la democracia y la institucionalidad poniéndole límites claros a Milei, disparó.

«El próximo año la estabilidad tiene que volver a ser un derecho en el empleo público. Tenemos que lograr que recuperen el poder adquisitivo los salarios y jubilaciones e impedir que se siga desguazando el Estado y rematando el patrimonio estatal», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

Son 57.513 los contratados en el Estado Nacional según el Boletín Fiscal del Ministerio de Economía al cuarto trimestre de 2024. La gran mayoría de ellos son contratados en el marco del art. 9° de la Ley de Empleo Público (Resolución 48/02). También incluye a monotributistas de locación de obras y servicios; contrataciones bajo entes cooperadores u organismos de crédito internacional; pasantías; y otros tipos de contrataciones a término como eventuales.

El mayor alerta de ATE por estás horas está puesto en el Ministerio de Justicia, donde el Gobierno anticipó el despido de más de 2.400 trabajadores a partir de la baja del convenio con el ente cooperador ACARA. A esto se le suma el anuncio de 104 despidos en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, y también los más de 50 despidos comunicados en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), dependiente de la Secretaría de Transporte (integrada al Ministerio de Economía).

Cabe destacar que según el monitoreo del sindicato, durante la gestión de Javier Milei, más de 20 mil trabajadores de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada perdieron sus puestos de trabajo a partir de cesantías ilegales. Desde la organización se sigue reclamando su inmediata reinstalación y se evalúan nuevas medidas de acción directa para el inicio del 2025.