Río Negro
Le robaron y el seguro le cubría menos porque no tenía rejas: El banco tendrá que indemnizarlo por no dar información
La entidad financiera deberá abonarle al cliente cinco veces más el valor inicial.
Un vecino de Viedma sufrió un robo en su casa. Como tenía los electrodomésticos asegurados, inició el trámite ante su banco. Le ofrecieron la mitad del monto que valían los elementos sustraídos, entre otros argumentos porque no tenía rejas. Primero inició un trámite en defensa del consumidor y luego un juicio. Un fallo civil de Viedma ordenó ahora el pago de $140.000 por el costo de los aparatos, y más de $500.000 extra por daño moral y punitivo.
Hace tres años, un familiar le avisa a la víctima que habían ingresado a su vivienda por una ventana de la habitación. Realizó la denuncia en la comisaría y detalló que le habían robado una multiprocesadora, un sistema de audio, artículos de pesca, una juguera, dos tostadoras, un ventilador, microondas, plancha, amoladora, entre otros elementos.
De esta manera, teniendo en cuenta que contaba con un seguro de combinado familiar del BHN Seguros Generales S.A., contratado en el Banco Hipotecario SA de la ciudad de Viedma, que se debitaba mediante tarjeta de crédito Visa, se dirigió a la entidad bancaria anteriormente mencionada y realizó la denuncia administrativa del siniestro.
Ventana sin rejas
Según su relato, en ese momento el valor de los artefactos era de 50 mil pesos. Sin embargo, la Compañía de Seguros le ofreció en concepto de indemnización 28 mil pesos, es decir casi la mitad del valor. Entre las cuestiones que planteó la aseguradora es que le reducía en un 30 por ciento la indemnización por no contar con rejas, ya que ello estaba detallado en la póliza. Sin embargo, el hombre dijo que nunca le entregaron dicha póliza.
De esta manera, presentó una denuncia en el Departamento de Defensa del Consumidor en el marco de la Ley N° 4139. En esa instancia, primero la aseguradora ofreció de nuevo $28.000 y más adelante $40.000, pero la inflación ya había depreciado ese monto.
Finalmente, inicio una demanda judicial. Alegó que no cumplieron con el pago, incumplimiento del deber de información, ya que nunca le entregaron la póliza y la única información fue verbal e indigna atención al cliente.
El fallo
La jueza en primer lugar enmarcó el caso en el derecho consumeril. Citó fallos del STJ, de la Corte y también jurisprudencia al respecto.
Además, descartó que el Banco no sea parte, teniendo en cuenta que el seguro fue contratado en las instalaciones de la entidad crediticia, que el pago se realiza por débito automático con la tarjeta Visa de la institución. “No cabe duda que Banco Hipotecario S.A ha intervenido así en la cadena de comercialización del servicio”, concluyó la magistrada.
Enmarcado el proceso, recuerda que en el derecho de consumidor, “corresponde al proveedor la obligación de colaborar en el esclarecimiento de la cuestión aportando todos los elementos que tenga en su poder”.
Información confusa
“La información brindada al usuario del seguro al momento de contratar aparece como mínimo, insuficiente y confusa. Denuncia el actor que al momento de contratar el seguro de manera telefónica se le informó un límite de cobertura de $500.000”, dice el fallo.
En este punto, es clave que no existe constancia que permita probar que el banco entregó las pólizas, o al menos las envió por correo electrónico, como argumentó. Tiene dicho al respecto el Superior Tribunal de Justicia que «es probable que la mera entrega de la póliza no hubiera sido suficiente para subsanar la ausencia de información veraz que tutela al consumidor, le permite conocer de antemano y obtener el mejor producto de acuerdo a sus necesidades pero, al menos, le hubiera puesto en conocimiento acabado de esa contratación”.
Luego, la sentencia agrega que “otra de las manifestaciones de este trato indigno se observa en la intermediación del liquidador sin un mínimo contacto de la aseguradora con el actor, que es la persona en quien él depositó la confianza al momento de contratar el servicio”.
Finalmente, realizó el cálculo de los rubros y montos correspondientes y ordena el pago de aproximadamente $680.000, que incluyen $141.000 por daño emergente, $188.000 por daño moral y $350.000 por daño punitivo. El fallo está en plazo de ser apelado.
Judiciales
Acoso laboral: 84 denuncias en lo que va del año
La nueva ley entró en vigencia en marzo de 2023 y en menos de un año las Cámara del Trabajo recibieron 186 demandas de este tipo.
En lo que va de 2024, el Poder Judicial tramitó 84 denuncias por acoso laboral. La nueva ley entró en vigencia en marzo de 2023 y en menos de un año las Cámara del Trabajo recibieron 186 demandas de este tipo.
La Ley de Procedimiento Laboral 5.631 rige en la provincia desde el 16 de marzo de 2023. En materia de violencia, el artículo 72 establece que se puede promover un juicio sumarísimo cuando dentro del ámbito laboral las personas dependientes sean víctimas de acoso.
La norma incluye a la violencia, el acoso o cualquier comportamiento destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral, ya sea como amenaza o acción consumada, por cualquier medio, y que provengan tanto de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores.
Las actuaciones se rigen por los principios de celeridad, reserva, confidencialidad, autonomía, gratuidad y no revictimización. La presentación o denuncia de violencia o acoso laboral se formulan vía digital, electrónica, telefónica o por cualquier otro medio.
La nueva ley de procedimiento laboral es única en el país ya que permite la litigación remota e incorpora capítulos especiales como el de violencia laboral.
Durante el primer semestre de 2024, los ingresos al fuero Laboral acumularon un total de 2.362 expedientes nuevos. En este periodo también se dictaron 2.903 sentencias y se realizaron 1.788 audiencias, número que incluye a las conciliaciones y a las vistas de causa.
Los datos surgen del informe estadístico elabora el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
El fuero Laboral de la provincia está compuesto por una Cámara del Trabajo en Viedma, dos en Roca, otras dos en Bariloche y una en Cipolletti. Todas administran sus expedientes a través de las Oficinas de Tramitación Integral. El nuevo modelo implica la separación de la tarea jurisdiccional de la administrativa y de mero trámite. La Oficina de Tramitación Integral ofrece todo el soporte administrativo que requiere cada proceso y tiene a su cargo los trámites de ejecución de sentencias, honorarios, acuerdos homologados, pagos y transferencias.
Política
Weretilneck propuso a Dolores Cardell para la Fiscalía de Investigaciones
El puesto quedó vacante tras la renuncia de Fabián Gatti, quien juró como ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo.
El gobernador Alberto Weretilneck propuso a Dolores Cardell, actual vocal del Tribunal de Cuentas, como nueva titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, con la reciente acefalía en el organismo tras la renuncia de Fabián Gatti, quien juró como ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo.
«Estamos avanzando rápidamente para garantizar la continuidad de este órgano de control fundamental», explicó el mandatario en su cuenta de X.
La designación fue elevada a la Legislatura de Río Negro para su tratamiento en la próxima sesión. «Es clave contar con una conducción sólida y eficiente que garantice la transparencia y el control en la Administración Pública», puntualizó Weretilneck.
Judiciales
Anotaron mal el nombre de sus tatarabuelos y no podía tramitar la ciudadanía
Tras casi 100 años, una joven logró obtener que se realicen los cambios correspondientes para obtener la ciudadanía italiana.
Un hombre que nació en Salerno, Italia, llegó a Carmen de Patagones siendo muy joven. En la ciudad se casó, pero el acta de matrimonio se confeccionó con errores. Por un lado, anotaron que tenía 30 años, cuando tenía 33. Además, escribieron mal el nombre de su mamá, también italiana. Fruto de la relación nació una niña. En el acta de nacimiento se repitieron los datos anteriores, por lo cual también quedaron registrados mal el nombre del hombre y también el de sus padres.
El dato erróneo se fue replicando de generación en generación hasta que hoy, la tataranieta de aquel matrimonio italiano, bisnieta de la pareja que se casó en Patagones hace casi 100 años, está tramitando la ciudadanía italiana.
El año pasado logró que tanto la edad de su bisabuelo como el nombre de su tatarabuela fueran rectificadas del acta de matrimonio.
En su tramitación, se encontró con el problema: su tatarabuela, su tatarabuelo y su bisabuelo figuraban con dos nombres distintos. Entonces, inició un proceso judicial en Viedma para demostrar que en realidad se trataba de las mismas personas, anotadas de manera distinta.
En su presentación manifestó que «en las actas de estado civil labradas en Argentina se modificaron los nombres originarios por los nombres traducidos o bien, se cambiaron algunas letras del nombre».
Expresó que «el motivo por el cual dio inicio al presente trámite es que se encuentra tramitando la ciudadanía italiana y las autoridades de Italia requieren que los nombres y apellidos consignados en la documentación presentada, sean coincidentes con los datos indicados en las actas italianas y, en caso de existir diferencias, que los nombres sean indicados en todas sus formas».
Sostuvo que «en la época en que su abuelo contrajo matrimonio y en los posteriores actos registrados, era común incurrir en este tipo de errores en las inscripciones del Registro Civil, sea por la dificultad de la lengua madre de los inmigrantes, o por la falta de conciencia de la sociedad sobre la importancia de una adecuada identificación con todos los datos filiatorios consignados correctamente».
Indicó que «cuando se transcribían los nombres de los inmigrantes en su documentación nacional se traducían al castellano para una mejor comprensión y que posteriormente se sancionó una ley que convalidó dicha práctica».
Tras analizar la totalidad de la prueba, la jueza concluyó que quedó acreditado que «en todos los casos traídos a examen se trata de las mismas personas». Para ello, se utilizó el certificado de nacimiento del bisabuelo, nacido en el año 1890 en Eboli, Italia.
Resaltó que «expuesta de manera detallada la información consignada en las actas y partidas acompañadas en relación a los nombres de los tatarabuelos y del bisabuelo paternos de la actora, con las rectificaciones administrativas mencionadas respecto de los nombres inscriptos de manera errónea, es posible afirmar que del plexo probatorio agregado al expediente surge con claridad se tratan -en cada caso- de una misma y única persona».
