Judiciales
Condenaron a 15 años de prisión a hombre que abusó sexualmente de la hija de su pareja durante 3 años
A finales de 2019, cuando supo que sería llevado a juicio, el imputado escapó de la región, pero fue hallado al año siguiente en Tucumán y trasladado a Roca, donde permanece detenido.
Un hombre que durante más de tres años sometió sexualmente a la hija de su pareja fue condenado hoy a 15 años de prisión. El tribunal de juicio de Roca confirmó además que el agresor permanecerá detenido con prisión preventiva.
De acuerdo con la acusación que probó la Fiscalía en el juicio, los abusos sexuales ocurrieron en la casa que el imputado compartía en Roca con su novia y con la hija de la mujer, desde que la niña tenía 6 años hasta que tuvo 10.
Los ataques ocurrían cuando la madre salía y la víctima quedaba al cuidado del hombre. Pese a que no habría existido acceso carnal, los abusos fueron físicamente dolorosos y en un contexto de amenazas, pues el hombre la amenazaba con “lastimar a su mamá y a sus hermanos” si la niña contaba lo ocurrido. Por eso, los ataques sexuales fueron calificados por la Fiscalía como “perversos, cosificantes, gravemente ultrajantes para la víctima y con entidad corruptora” y por ellos la fiscal Belén Calarco pidió una condena de 16 años de cárcel.
“La defensa no puede ser necia y ciega ante el relato de la víctima y de la prueba que hemos visto.
La defensa tiene que reconocer que existió un ataque sexual”, admitió el defensor particular en el juicio, aunque solicitó una calificación legal menos grave que la propuesta por la parte acusadora y pidió que el hombre sea condenado a 10 años de prisión, que es el mínimo legal. El imputado, por su parte, reconoció parcialmente los hechos y pidió “tratamiento psicológico”.
Tras el juicio oral y público los jueces Emilio Stadler, Luciano Garrido y Julio Martínez Vivot declararon al acusado culpable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante por la duración y por las circunstancias de su realización, agravado por haber sido cometido contra una menor de 13 años, por el aprovechamiento de la convivencia preexistente y reiterado en un número indeterminado de oportunidades”, sumado al delito de “promoción de la corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de 13 años, por mediar amenazas y por ser el imputado conviviente”.
Detenido y extraditado
A finales de 2019, cuando supo que sería llevado a juicio, el imputado escapó de la región. Entonces se declaró su rebeldía y se libró la orden de captura a todo el país. En octubre de 2020 fue descubierto en Tucumán y quedó inmediatamente detenido. Se realizó entonces una audiencia penal de extradición interna y el hombre llegó a Roca trasladado por una comisión policial. Desde entonces cumple prisión preventiva. El juicio que lo declaró culpable se realizó en diciembre pasado, en tanto que días atrás se realizó el juicio de cesura para discutir el monto de la pena, que los jueces definieron ayer en 15 años de prisión.
Judiciales
Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
Judiciales
Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva
El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».
El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».
La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».
Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».
Judiciales
Ordenaron la captura nacional e internacional de uno de los fugados de la Comisaría 3° de Roca
Se trata de Luca Nicolás Torres, uno de los acusados del crimen de Julián Dobra.
Este mediodía (04/12), tras la notificación de la fuga de la Unidad Policial de uno de los imputados que cumplía prisión preventiva en el legajo donde se investiga el homicidio de Julián Dobra, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se ordene su captura nacional e internacional. Se trata de Luca Nicolás Torres, de 18 años de edad.
«Alrededor de las 2.05 de la madrugada recibimos la información del personal de la Comisaria que dos personas se habían dado a la fuga. Una de ellas es este imputado, que inmediatamente se dispuso la búsqueda con la Brigada Judicial de investigación y con canes», explicó el fiscal del caso.
El otro fugado es Ramiro Ezequiel Sosa, quien se encontraba cumpliendo una pena efectiva desde el 20 de octubre de este año, tras haber sido detenido por una causa de robo.
«Solicitamos que se libren los oficios pertinentes tanto a la Policía Federal, a Interpol, a Gendarmería Nacional, policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Nacional y Jefatura de Policía de Río Negro», detalló la Fiscalía.
La querella adhirió al pedido, no hubo objeciones por parte de la defensa penal pública. El juez de Garantías resolvió en el mismo sentido que lo solicitado.
