Judiciales
Demandó al banco porque no pudo comprar dólares y al otro día el peso se devaluó
La Justicia rechazó la denuncia, al considerar que la entidad bancaria cumplió con lo estipulado.
Un cliente viedmense inició una demanda contra su banco porque hizo una operación inmobiliaria en la sucursal, le depositaron en pesos en su cuenta y cuando quiso comprar dólares ya había cerrado la atención al público. Intentó por home banking pero no pudo. Al otro día, el peso se devaluó y perdió 8 mil dólares.
El fallo de la jueza civil dijo que el banco cumplió con lo estipulado, y que los horarios de cierre están previstos de antemano, por lo que rechazó la demanda.
El caso
En agosto de 2018 un cliente se dirigió al banco para comunicarle que al día siguiente recibiría una cuantiosa suma de dinero en pesos como pago por una operación de compraventa de un inmueble. Pretendía consultar si el dinero a su favor lo podría transferir a la cuenta de su mujer porque ella poseía una caja de ahorro en dólares, siendo su intención transferir los pesos a dólares y guardarlos en dicha caja de ahorro. El empleado que lo atendió le informó que no habría inconveniente en ejecutar la operación.
Al día siguiente se concretó la operación de compra del inmueble, pero finalizó después de las 13 horas. Entonces, en el banco le dijeron que ya estaban “pasados de horario” indicándoles que podían realizarla por home banking hasta las 15. El empleado les informó que el valor del dólar en ese momento era de 32,20 pesos.
Ya en su domicilio, intentaron varias veces hacer la operación sin éxito, incluso probaron con montos menores, por lo que a las 14.50 horas concurrieron nuevamente al banco, solicitándole al guardia de seguridad hablar con el operador de cuentas, pero les dijeron que debían volver al día siguiente y que de inmediato procederían a realizar la operación. La urgencia estaba dada por la variación constante del dólar.
Al otro día se presentaron temprano, pero debieron esperar hasta las 10 que abriera el mercado bancario. Finalmente, a las 10.30 horas compraron los dólares, pero a 36 pesos. De acuerdo al precio del día anterior, perdieron 8.000 dólares. Manifestaron que intentaron hablar con el gerente en varios momentos, pero no fueron contactados.
Los clientes iniciaron un reclamo ante la Agencia de Recaudación Tributaria, en el área de Defensa del Consumidor y en el marco de la Ley N° 4139, en el que luego de dos audiencias de conciliación, no se arribó a ningún acuerdo.
Entonces, comenzaron una demanda civil. Argumentaron que “la información suministrada por la entidad bancaria no cumplió los recaudos previstos en la normativa”. En efecto, “en tanto les informaron en un primer momento que no tendrían inconveniente en realizar la operación, por lo que de haber sabido que la transferencia a la caja de ahorro en dólares no sería realizada en forma inmediata y en las condiciones requeridas, habrían retirado el dinero y efectuado la operación en otra entidad bancaria”.
También alegaron indigna atención al cliente: destaca aquí “la indiferencia sufrida frente a numerosos actos de la accionada, a saber: sucesivas concurrencias a la entidad sin respuesta de ningún tipo”.
La posición del banco
El Banco Patagonia argumentó que “como los propios clientes afirman, el acto notarial que fue realizado entre particulares sin intervención del Banco, concluyó a las 13.40. La circunstancia de que los actores se encontraran dentro del banco no significaba de por sí que podrían hacer una operación de cambio en cualquier momento, sino sólo dentro del horario establecido para ello, que es hasta las 13 horas”.
También desconoció que “hayan intentado concretar la operación por home banking”, refiriendo que “ingresaron al sistema pero nunca al sector de inversiones, donde podrían haber concretado una operación de cambio de moneda extranjera hasta las 15 horas”. De esta manera, “rechaza toda atribución de responsabilidad al banco respecto a la operatoria que se habría frustrado”.
Una testigo declaró que “la escritura se firmó en una sala privada dentro del banco”. No pusieron en cuestión el relato de la entidad crediticia ni de los clientes en cuanto a como ocurrieron las cosas.
El fallo
La jueza concluyó que “ni del relato efectuado, ni menos aún de la prueba producida, aprecio como infringido el deber de información y/o verificada la prestación de manera deficiente del servicio, como así tampoco el trato indigno que refieren los actores al enumerar las infracciones a la ley de defensa del consumidor que consideran realizadas”.
Tuvo en cuenta que la operación de venta inmobiliaria y depósito fue concretada sin inconvenientes, pero “la intención de comprar moneda extranjera por parte del cliente ya no formaba parte de la operación para la que habían sido citados”. Por lo tanto, esa operación debía “atenerse a las reglamentaciones vigentes para la atención al público”.
“Sabido es que el sistema de la entidad bancaria es distinto al Home Banking y funciona hasta que la entidad cierra por finalización de su horario bancario. Y a partir de esa hora inhabilitado el sistema de cambio en Sucursal, existe la opción de realizar la operación por Home Banking hasta las 15 hs”, recalcó.
El Banco Central dispuso que los gobiernos provinciales pueden disponer horarios bancarios, siempre que cumplan con las 7.30 horas de trabajo y las 5 horas de atención al público. De esta manera, el horario de 8 a 13 está establecido por decreto provincial y comunicado al BCRA.
Por último, el fallo dijo que no hubo reticencias en la información brindada a los clientes, por lo que rechazó la demanda. La sentencia no está firme porque se encuentra en plazo de ser apelada.
Judiciales
Estafa en Roca: Sumaron 10 nuevas denuncias contra un ex empleado policial
Según la Fiscalía, el acusado habría utilizado su condición de policía y exhibido un boleto de compraventa para convencer a otros uniformados de adquirir una fracción de tierra que no tenía habilitación urbana ni factibilidad de servicios.
Se re formularon cargos contra un ex empleado policial imputado por estafa. De esta manera, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se agreguen las 10 nuevas denuncias, resultando 24 personas damnificadas en estos hechos.
La imputación realizada en diciembre de 2024 fue fortalecida por varias pericias, entre ellas la concretada por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal (UASIF), como por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel), los informes solicitados tanto a la Municipalidad de General Roca como a las entidades bancarias, entre otras.
De esta manera, el hecho que se le reprocha al imputado haber cometido sucedió «entre octubre de 2021 y marzo de 2024 en General Roca, cuando el hombre, mediante ardid y aprovechándose de su calidad de empleado policial, exhibió un boleto de compraventa de fracción de tierra en Paso Córdoba, argumentando una relación de amistad con el dueño de la inmobiliaria y facilidades de pago», explicó la fiscal del caso Jessica González.
«Fue así que el imputado indujo a error a un grupo de policías, quienes dispusieron de su patrimonio pagándole por diversos medios de pago, entre ellos dinero efectivo en pesos y dólares como transferencias bancarias», indicó.
Entre la evidencia mencionado hoy (03/09) por el Ministerio Público Fiscal se encuentran -además de lo arriba mencionado- los comprobantes de transferencias bancarias, informes bancarios, recibos de pagos originales, la concreción de una pericia caligráfica sobre la letra del imputado producido por el perito del Cuerpo de Investigación Forense de General Roca, pagarés originales.
«Contamos además con el informe de la Municipalidad de General Roca confirmando oficialmente que el área comercializada carece de habilitación urbana, factibilidad técnica municipal y de servicios esenciales en la parcela rural en cuestión», agregó González.
Luego de escuchar a la Fiscalía, el defensor particular del imputado se opuso y solicitó que no se tuvieran por formulados los cargos.
Finalmente, la calificación legal por la cual la jueza de Garantías, Natalia González, tuvo por imputados los cargos es del delito de estafa, según los Artículos 45 y 172 del Código Penal.
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Un cliente perdió casi $15 millones y la Justicia responsabilizó al Banco Provincia del Neuquén
Las operaciones se realizaron luego de una maniobra de phishing. El fallo cuestionó la falta de alertas y controles frente a movimientos que se apartaban del comportamiento habitual de la cuenta.
La Justicia Civil de Cipolletti responsabilizó al Banco Provincia del Neuquén S.A. por una estafa digital que terminó con dos transferencias no autorizadas desde la cuenta de un cliente, por un total de $14.999.997.
Según relató la persona afectada, había ingresado desde su computadora al homebanking para realizar operaciones habituales. Durante el procedimiento apareció un mensaje sobre un supuesto nuevo sistema de seguridad destinado a prevenir estafas y se le solicitó el ingreso de un código token.
Luego, la página mostró un aviso sobre una actualización del sistema y las funciones quedaron bloqueadas. Horas más tarde, al ingresar desde su teléfono celular, el cliente constató dos transferencias que no había autorizado: una por $9.999.997 y otra por $5.000.000.
Tras advertir la situación, se comunicó con el banco, realizó una exposición policial, presentó un reclamo formal y formuló una denuncia penal.
La entidad sostuvo durante el juicio que las operaciones se habían concretado con usuario, contraseña y token válidos y que sus sistemas no habían registrado fallas. También argumentó que se trató de una estafa informática ajena a su responsabilidad.
Sin embargo, una pericia informática tuvo especial relevancia en la resolución. El especialista determinó que los sistemas del banco funcionaron correctamente y no detectó fallas en la generación ni en la validación de los códigos de seguridad. Al mismo tiempo, señaló que la maniobra pudo concretarse mediante phishing, una modalidad de ingeniería social que busca obtener credenciales mediante sitios falsos.
El informe también indicó que las transferencias no se realizaron desde las direcciones IP más habituales de la cuenta, que hubo intentos fallidos de validación del token y que el cliente no recibió notificaciones específicas sobre las operaciones.
La sentencia consideró que el banco no acreditó medidas preventivas suficientes frente a esos movimientos. El fallo destacó que las entidades financieras deben contar con mecanismos capaces de detectar operaciones sospechosas y adoptar medidas de verificación cuando se apartan del perfil habitual de un cliente.
Además, sostuvo que las maniobras de ingeniería social forman parte de los riesgos previsibles de la actividad bancaria digital y que la participación de terceras personas no alcanza, en este caso, para liberar de responsabilidad a la entidad.
Para determinar el daño moral, la Justicia valoró testimonios sobre la angustia, desesperación y nerviosismo que atravesó el cliente luego de descubrir la extracción de los fondos, además de que necesitó ayuda de otras personas para afrontar sus gastos.
La sentencia es de primera instancia y todavía no está firme, por lo que puede ser apelada.
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Un fallo del STJ protegió la gratuidad de quien ganó un juicio de consumo
El Banco Patagonia había recurrido la decisión y pretendía aplicar el tope previsto para la responsabilidad por costas.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó una sentencia que declaró inaplicable, por inconstitucional, el límite establecido en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación en un juicio de consumo. De esta manera, protegió el beneficio de gratuidad de la persona consumidora que había ganado el proceso.
La discusión surgió luego de que Banco Patagonia, condenado en costas, pretendiera aplicar el límite previsto en esa norma. La aplicación del tope reducía la parte de los honorarios que debía afrontar la entidad y trasladaba la diferencia a la persona consumidora que había resultado vencedora.
La persona consumidora y su abogado cuestionaron esa situación y plantearon que el límite no podía aplicarse porque la Ley de Defensa del Consumidor reconoce el beneficio de gratuidad para quienes recurren a la Justicia para defender sus derechos.
La Cámara de Apelaciones hizo lugar al planteo y declaró inaplicable el artículo 730 para el caso concreto. El banco recurrió ante el STJ, entre otros motivos, porque consideraba que el planteo de inconstitucionalidad había sido realizado fuera de tiempo.
El máximo Tribunal rechazó ese argumento. Explicó que el perjuicio generado por la norma se hizo concreto recién cuando se regularon los honorarios y se dispuso la aplicación del artículo 730. Antes de ese momento, el impacto económico todavía no estaba determinado.
El STJ también analizó el beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor y señaló que las relaciones de consumo cuentan con un régimen especial de protección. Ante una duda, sostuvo, debe prevalecer la interpretación más favorable a la persona consumidora.
El Tribunal aclaró que la gratuidad no es absoluta: en los reclamos individuales, una empresa puede demostrar que el consumidor posee solvencia económica y solicitar que el beneficio cese. En este caso, Banco Patagonia no acreditó esa circunstancia.
Por esos fundamentos, el STJ rechazó el recurso del banco y confirmó la sentencia que declaró inaplicable e inconstitucional el artículo 730 para este expediente.
