El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que fue apartado de su cargo el agente policial detenido en General Roca, acusado de participar de una banda delictiva. Se puso toda la información necesaria a disposición de la Justicia. El mandatario repudió el hecho. «No voy a tolerar desviaciones en la conducta de quienes tienen el deber de cuidar a la sociedad», dijo.

«Quien lleva el uniforme de la Policía de Río Negro tiene que honrar la historia y el prestigio de la institución. Y quien no cumpla con ese mandato, va a tener un problema», advirtió el gobernador.

El agente fue detenido en General Roca, acusado de ser partícipe de un violento robo a una pareja de adultos mayores en Cipolletti hace algunas semanas. Este martes se le dictó la prisión preventiva por un año.

El gobernador fue enfático. «Lo digo con total firmeza: no voy a tolerar desviaciones en la conducta de quienes tienen el deber de cuidar a la sociedad. No es negociable. En este Gobierno, el que se corre de la ley, se queda afuera», sostuvo.

Ni bien se conoció el hecho, el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, impartió directivas precisas a la fuerza policial para que se actúe con total apego a la ley y al reglamento vigente.

El funcionario remarcó que «personas con este tipo de conductas no deben formar parte de la fuerza policial», y que «la imagen de la institución no puede ni debe verse empañada por el accionar individual de quienes no honran el uniforme».

La coparticipación nacional y las transferencias automáticas que recibe Río Negro sufrieron una fuerte caída en marzo, alcanzando los $94.540 millones, lo que representa una baja del 16% respecto a enero. En términos nominales, la reducción fue de $17.857 millones, afectando directamente las finanzas provinciales y municipales. La caída equivale al 22% de los salarios netos que paga la Provincia, lo que refleja el impacto de la merma en los recursos disponibles.

El principal factor detrás de esta disminución es la menor recaudación del IVA, que explica el 67% de la caída. Este tributo, estrechamente ligado a la actividad económica, mostró un retroceso sostenido en los primeros meses del año. Mientras en enero había alcanzado los $66.602 millones, en febrero bajó a $58.321 millones y en marzo cayó a $54.556 millones.

A esta situación se suma la caída en la recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos, que en marzo registró una merma de $4.094 millones, lo que equivale a una baja del 10,3% respecto a enero. Este impuesto, que refleja la actividad comercial dentro de la provincia, también muestra un enfriamiento económico.

El contexto nacional refuerza esta tendencia. A nivel país, el IVA y el impuesto a los débitos y créditos bancarios también sufrieron importantes caídas en marzo respecto a enero, con retrocesos del 18% y 12% respectivamente.

A pesar de la baja en la recaudación, la Provincia mantiene su política de actualización salarial, lo que genera una creciente presión sobre las finanzas públicas. Al tratarse de recursos coparticipables, los Municipios de Río Negro también sienten el impacto de la menor disponibilidad de fondos.

«La fuerte caída en la coparticipación se viene marcando aún más en el tiempo. Mientras en enero, Río Negro recibió $112.398 millones, en febrero esa cifra cayó a $104.777 millones y en marzo a $94.540 millones. Es decir, todos los meses ingresan menos fondos por coparticipación», manifestó el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez.

El gobernador Alberto Weretilneck elevó el martes (01/04) a la Legislatura Provincial el Proyecto de Ley que establece el pago de un beneficio extraordinario de percepción por única vez destinado a las y los agentes retirados y pensionados de la Policía de Río Negro, dando igual tratamiento que al sector activo.

La medida alcanza un total de 4677 beneficios, de los cuales 1146 corresponden a pensiones y 3531 a retirados, y significa una inversión del Gobierno provincial del orden de los 20.000 millones de pesos. Podrán adherir a este beneficio los agentes policiales que se encuentren retirados o los pensionados.

«Se trata de una decisión política del gobernador rionegrino de brindar este reconocimiento a los retirados y pensionados de la Policía luego del compromiso asumido oportunamente con los representantes del sector, ratificando la decisión del Gobierno rionegrino de fortalecer y valorar el servicio policial, siendo una política prioritaria para la gestión provincial y sobre todo que ningún policía sea activo, retirado o pensionado quede excluido de este reconocimiento», destacaron desde el Ejecutivo.

El sector pasivo que abarca a retirados y pensionados, tiene particularidades propias que merecen un tratamiento y análisis distinto, es por ello que se separó el tratamiento legislativo y que no existen precedentes judiciales (sentencias) que obliguen al Estado Provincial a abordar esta obligación.

«El Gobierno de Rio Negro a través del gobernador se comprometió a que en la primera sesión legislativa del 2025, se presentará el proyecto de ley para equiparar el tratamiento que tuvo el personal en actividad con los retirados y pensionados de la Policía», agregaron.

Con esta ley, «se cumple la decisión política de equilibrar -aún por encima de obligaciones de orden legal- las desigualdades aún vigentes entre la remuneración de los agentes activos y el sector pasivo», añadieron desde el Gobierno.

«Se trata de una decisión basada en el reconocimiento al sector policial y la necesidad de mantener el equilibrio entre los ingresos del sector pasivo y el activo», indicaron.

«La iniciativa legislativa es el resultado del trabajo consensuado entre el Ministerio de Seguridad y Justicia con la mesa de enlace policial, que había planteado este tema entre sus requisitorias, y que incluye a todos los sectores involucrados en la materia. El proyecto fue trabajado por el Ministerio a través de la UTP y la Subsecretaría de Articulación Política, para luego tomar forma legislativa en una tarea conjunta con el Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, presidido por Facundo López», detallaron.

«La percepción de dicho beneficio importa el desistimiento de todo reclamo administrativo o judicial actual o futuro por el concepto zona desfavorable por el periodo anterior a la vigencia de la presente ley», concluyeron.