Judiciales
Fallo rechazó el planteo de una viuda que no quedó conforme con los bienes que recibió
Planteó una nulidad con el argumento de que el duelo había afectado la capacidad de decisión del fallecido.
Un hombre que estaba gravemente enfermo quiso distribuir sus bienes entre la esposa y sus dos hijos pero murió antes de firmar los papeles. La familia optó por respetar ese deseo y llegó a un acuerdo dentro de la sucesión. Tiempo después, la viuda planteó una nulidad con el argumento de que el duelo había afectado su capacidad de decisión. Un fallo de Cipolletti desestimó el reclamo.
La sucesión tramita en el fuero Civil de Cipolletti y en ese mismo expediente primero se presentó un convenio de partición privado. Es decir, las y los herederos acordaron el modo en que se repartirían los bienes y lo presentaron ante el juez para su homologación.
Ese convenio privado respetó la distribución que fue plasmada en las escrituras pero que no llegó a tener ninguna validez legal ya que el hombre murió mientras la escribana confeccionaba los documentos. Nunca los alcanzó a firmar.
Entre los bienes que dejó el fallecido había una propiedad en Cipolletti y campos e inmuebles en otra provincia del país. Todos ellos fueron considerados “bienes propios” porque el hombre los adquirió con anterioridad al matrimonio. En consecuencia para el Código Civil y Comercial de la Nación la cónyuge hereda como un hijo o una hijas más.
La mujer que quedó viuda se había casado en segundas nupcias y no era la madre de los hijos del fallecido. En el acuerdo privado ella se quedaba con el 50% de la vivienda de Cipolletti y con la posibilidad de continuar viviendo allí toda su vida (usufructo vitalicio).
En la distribución total, a ella le correspondía casi el 10% de todos los bienes propios de su fallecido marido y a los hijos un 43% cada uno.
El planteo de nulidad
La mujer prestó conformidad a la distribución pero algunos años después presentó un certificado psiquiátrico. Alegó que la muerte de su esposo fue un hecho trágico y repentino. Sostuvo que se encontró sola en medio de su duelo y a cargo de las peripecias y burocracias que conllevan la muerte de un familiar cercano. En ese contexto relató que se sintió desbordada, aturdida y sumida en un estado depresivo con atención psiquiátrica y medicación.
Afirmó que fue en medio de ese cuadro que los coherederos se acercaron y le manifestaron que les urgía abrir la sucesión de su padre, planteándole que querían distribuirse cuanto antes los bienes y que les parecía inmoral que se quedara con parte de ellos; que debía renunciarlos a su favor para probar que la relación con su padre no había sido interesada.
El fallo que rechazó la nulidad hizo un profundo análisis respecto de los vicios del consentimiento, de los actos jurídicos y de la teoría de los actos propios. Consideró que durante el tratamiento psiquiátrico la mujer ejerció varios actos jurídicos válidos como la elección del abogado, el inicio de la sucesión, la firma del convenio y la aceptación del cargo como administradora.
“No puedo tener por cierto que se encontraba en un estado de ligereza o debilidad psíquica solo para la firma del convenio que habría permitido el aprovechamiento por parte de los hijos del Sr. y ser plenamente capaz para el resto de los actos efectuados”, surge de la sentencia.
Mientras que el convenio se firmó dos meses después del fallecimiento ante escribano público, el médico que declaró como testigo indicó que a los 45 días de tratamiento la medicación suministrada ya hacía efecto aunque no podía garantizar cómo se encontraba al momento de la firma del acuerdo. El día anterior a esa firma, la viuda también aceptó el cargo de administradora de la sucesión por ende “ya estaba en condiciones de comprender y no se encontraba en ninguna situación de inferioridad que pueda ser aprovechada por nadie”, dice la sentencia. El planteo de nulidad, en cambio, se hizo mucho tiempo después cuando los hijos presentaron la homologación.
Sobre la base de esos argumentos, el fallo declaró la validez del convenio de partición presentado en la sucesión.
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La ruta de sociedades, cuentas y comercios detrás de una cuota alimentaria
La jueza analizó informes tributarios, habilitaciones comerciales, sociedades, movimientos bancarios y testimonios para determinar la capacidad económica del demandado.
El expediente no ofrecía una cifra única ni una respuesta directa. Para conocer la capacidad económica de un progenitor, la jueza debió seguir un recorrido compuesto por registros tributarios, habilitaciones comerciales, sociedades, movimientos bancarios, certificaciones contables y testimonios.
La causa tramitó ante la Unidad Procesal de Familia N.º 11 de Cipolletti. La progenitora inició la acción en representación de sus dos hijos y sostuvo que el otro progenitor desarrollaba distintas actividades comerciales y empresariales. También afirmó que ella asumía el cuidado cotidiano de los niños.
El padre rechazó el alcance del reclamo. Explicó que sus ingresos no eran fijos, presentó una certificación contable y acompañó documentación bancaria. Además, sostuvo que realizaba aportes mensuales y entregas de alimentos, ropa y útiles escolares.
La discusión quedó centrada en una pregunta: cuál era su capacidad económica real.
El primer tramo de la respuesta apareció en los informes tributarios. La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro informó que el progenitor figuraba inscripto en actividades vinculadas con servicios gastronómicos, asesoramiento y gestión empresarial. También registró vehículos a su nombre.
Luego llegaron los datos de la Municipalidad de Cipolletti. Los registros indicaron la existencia de una habilitación comercial vigente para un establecimiento gastronómico y señalaron su participación como socio gerente en una sociedad. Otro informe municipal dio cuenta de antecedentes vinculados con inmuebles y permisos comerciales.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero sumó más piezas. Según la sentencia, el progenitor aparecía registrado como socio, gerente o administrador en distintas firmas. A esa información se agregó un contrato de franquicia para la explotación de un local comercial. La documentación acreditó vínculos con sociedades, comercios y emprendimientos. Sin embargo, el expediente no permitió determinar con exactitud cuánto dinero generaban esas actividades ni qué parte correspondía al progenitor.
La jueza también examinó una certificación contable que él mismo presentó. Ese documento informó un promedio de ingresos durante un período determinado y consignó una relación laboral con una de las empresas. El fallo aclaró que esos datos no reflejaban necesariamente la totalidad de los recursos, ya que existían otras participaciones comerciales acreditadas en la causa.
El informe bancario añadió otro elemento. La cuenta registró variaciones importantes entre ingresos, egresos y saldos durante varios meses. La sentencia tomó esos movimientos como parte del análisis patrimonial, aunque no los consideró suficientes para establecer por sí solos una cifra definitiva.
Las declaraciones testimoniales completaron el cuadro. Varias personas hablaron sobre locales gastronómicos, viajes al exterior, vehículos y nivel de vida. Otro testimonio mencionó la relación del progenitor con una empresa que ocupaba un inmueble comercial.
Aun con ese conjunto de pruebas, la jueza señaló que faltó documentación contable específica. También sostuvo que el progenitor estaba en mejores condiciones de presentar información precisa sobre sus ingresos, su patrimonio y las ganancias de las sociedades.
El fallo aplicó el criterio de las cargas probatorias dinámicas. Según la resolución, ese principio impone el deber de aportar la prueba a quien cuenta con mejores posibilidades técnicas o materiales para hacerlo.
La jueza fijó una cuota alimentaria equivalente a ocho salarios mínimos, vitales y móviles. También ordenó que se practique una liquidación por los períodos anteriores, con deducción de los pagos ya realizados.
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Prisión preventiva para tres neuquinos acusados de un violento robo en Roca
El hecho ocurrió el viernes pasado cuando la víctima fue engañada con una supuesta compra de un teléfono celular.
Tres hombres oriundos de Neuquén continuarán detenidos por el plazo de un mes, luego de que la Justicia les formulara cargos por un violento robo ocurrido el viernes pasado (31/07) en General Roca, cuando simularon la compra de un teléfono celular para asaltar al vendedor.
Según la acusación de los fiscales Julieta Villa y Facundo Polantinos, cerca de las 21.20 horas los imputados llegaron al local comercial de la víctima con la intención aparente de comprar un celular. Tras convencer al joven de subir a la camioneta en la que se movilizaban para concretar la operación, uno de los ocupantes amartilló un arma de fuego y le exigió la clave del teléfono.
La Fiscalía sostuvo que los acusados golpearon a la víctima y le ordenaron que no los mirara mientras recorrían distintas calles de la ciudad. Finalmente, lo hicieron descender del vehículo y escaparon llevándose el celular.
Los tres hombres fueron imputados por el delito de robo calificado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda, agravado por el uso de arma de fuego. Además, se dispuso el inicio de la investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.
Entre las pruebas presentadas se encuentran el acta del procedimiento policial, la denuncia radicada en el Destacamento N° 178, entrevistas realizadas por personal de la Comisaría 3ª, el análisis de las cámaras de seguridad efectuado por la Brigada de Investigaciones y un informe del Gabinete Técnico Criminológico de General Roca, que determinó que el arma secuestrada estaba en condiciones de disparar y fue clasificada como arma de guerra.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva al considerar que existían riesgos de entorpecimiento de la investigación y de fuga. Si bien el defensor público Gustavo Viecens se opuso al planteo y los imputados prestaron declaración, el juez de Garantías Gustavo Quelín resolvió que permanezcan detenidos durante un mes mientras continúa la investigación.
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El STJ confirmó un amparo y ordenó agilizar la entrega de una silla de ruedas y pañales para un niño con discapacidad
La obra social argumentó que los trámites administrativos seguían su curso, pero el STJ entendió que ello no justificaba las demoras.
Un niño con discapacidad necesitaba una silla de ruedas especial. La obra social nunca negó la cobertura, pero ante los reclamos sostenía que el trámite seguía su curso. Algo similar ocurría con los pañales: la familia reclamaba que no respondían a las indicaciones médicas ni a las necesidades concretas del menor.
Frente a esa situación, la madre promovió una acción de amparo. Un juzgado hizo lugar parcialmente al planteo y ordenó a la obra social estatal entregar la silla de ruedas y los pañales con las características y el talle prescriptos por los profesionales tratantes. La Fiscalía de Estado apeló esa decisión en representación de la obra social, pero el Superior Tribunal de Justicia confirmó el fallo.
En la apelación, la provincia sostuvo que nunca había negado las prestaciones. Explicó que la discusión estaba vinculada con «los plazos propios del régimen de contrataciones públicas y los requerimientos de auditoría médica», y no con un rechazo de la cobertura. También señaló que la silla de ruedas se encontraba en trámite y que las prestaciones habían sido autorizadas.
El Superior Tribunal entendió que esos argumentos no alcanzaban para modificar la sentencia. Señaló que la obra social puso el acento en los procedimientos administrativos, pero no logró rebatir los fundamentos centrales del fallo de primera instancia.
En relación con los pañales, el STJ advirtió que el informe presentado por la auditoría médica describía las características generales del producto que entregaba la obra social, pero no analizaba la situación específica del niño. Además, observó que la propia auditoría reconocía que el cambio de talle todavía estaba pendiente.
La sentencia también valoró que la madre había informado una mejoría en el cuadro de dermatitis de su hijo luego del cambio de marca y remarcó que esa circunstancia «no fue rebatida con un examen médico propio y específico de la demandada». En ese contexto, concluyó que una evaluación técnica general no era suficiente para desplazar las necesidades concretas acreditadas en el expediente.
El STJ descartó que la sentencia implicara una intromisión en el funcionamiento de la obra social. Explicó que la exhortación para que la obra social actúe «en forma diligente, rápida y oportuna» no modifica el régimen de contrataciones ni los procedimientos de auditoría interna, sino que «se limita a instar una mayor diligencia administrativa, sin imponer modalidad, plazo ni procedimiento específico». Esa medida, concluyó, no representa una extralimitación de las competencias judiciales.
La sentencia recordó que los niños y las personas con discapacidad se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y que el Estado debe brindarles una protección reforzada. En ese sentido, afirmó que las políticas públicas deben garantizar «el nivel de vida más alto posible», especialmente en materia de salud, rehabilitación e integración social.
