Judiciales
Fallo rechazó el planteo de una viuda que no quedó conforme con los bienes que recibió
Planteó una nulidad con el argumento de que el duelo había afectado la capacidad de decisión del fallecido.
Un hombre que estaba gravemente enfermo quiso distribuir sus bienes entre la esposa y sus dos hijos pero murió antes de firmar los papeles. La familia optó por respetar ese deseo y llegó a un acuerdo dentro de la sucesión. Tiempo después, la viuda planteó una nulidad con el argumento de que el duelo había afectado su capacidad de decisión. Un fallo de Cipolletti desestimó el reclamo.
La sucesión tramita en el fuero Civil de Cipolletti y en ese mismo expediente primero se presentó un convenio de partición privado. Es decir, las y los herederos acordaron el modo en que se repartirían los bienes y lo presentaron ante el juez para su homologación.
Ese convenio privado respetó la distribución que fue plasmada en las escrituras pero que no llegó a tener ninguna validez legal ya que el hombre murió mientras la escribana confeccionaba los documentos. Nunca los alcanzó a firmar.
Entre los bienes que dejó el fallecido había una propiedad en Cipolletti y campos e inmuebles en otra provincia del país. Todos ellos fueron considerados “bienes propios” porque el hombre los adquirió con anterioridad al matrimonio. En consecuencia para el Código Civil y Comercial de la Nación la cónyuge hereda como un hijo o una hijas más.
La mujer que quedó viuda se había casado en segundas nupcias y no era la madre de los hijos del fallecido. En el acuerdo privado ella se quedaba con el 50% de la vivienda de Cipolletti y con la posibilidad de continuar viviendo allí toda su vida (usufructo vitalicio).
En la distribución total, a ella le correspondía casi el 10% de todos los bienes propios de su fallecido marido y a los hijos un 43% cada uno.
El planteo de nulidad
La mujer prestó conformidad a la distribución pero algunos años después presentó un certificado psiquiátrico. Alegó que la muerte de su esposo fue un hecho trágico y repentino. Sostuvo que se encontró sola en medio de su duelo y a cargo de las peripecias y burocracias que conllevan la muerte de un familiar cercano. En ese contexto relató que se sintió desbordada, aturdida y sumida en un estado depresivo con atención psiquiátrica y medicación.
Afirmó que fue en medio de ese cuadro que los coherederos se acercaron y le manifestaron que les urgía abrir la sucesión de su padre, planteándole que querían distribuirse cuanto antes los bienes y que les parecía inmoral que se quedara con parte de ellos; que debía renunciarlos a su favor para probar que la relación con su padre no había sido interesada.
El fallo que rechazó la nulidad hizo un profundo análisis respecto de los vicios del consentimiento, de los actos jurídicos y de la teoría de los actos propios. Consideró que durante el tratamiento psiquiátrico la mujer ejerció varios actos jurídicos válidos como la elección del abogado, el inicio de la sucesión, la firma del convenio y la aceptación del cargo como administradora.
“No puedo tener por cierto que se encontraba en un estado de ligereza o debilidad psíquica solo para la firma del convenio que habría permitido el aprovechamiento por parte de los hijos del Sr. y ser plenamente capaz para el resto de los actos efectuados”, surge de la sentencia.
Mientras que el convenio se firmó dos meses después del fallecimiento ante escribano público, el médico que declaró como testigo indicó que a los 45 días de tratamiento la medicación suministrada ya hacía efecto aunque no podía garantizar cómo se encontraba al momento de la firma del acuerdo. El día anterior a esa firma, la viuda también aceptó el cargo de administradora de la sucesión por ende “ya estaba en condiciones de comprender y no se encontraba en ninguna situación de inferioridad que pueda ser aprovechada por nadie”, dice la sentencia. El planteo de nulidad, en cambio, se hizo mucho tiempo después cuando los hijos presentaron la homologación.
Sobre la base de esos argumentos, el fallo declaró la validez del convenio de partición presentado en la sucesión.
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El STJ anuló la prescripción y confirmó la orden de captura para Chechile
En 2012 fue condenado a 3 años y 5 meses de prisión pero nunca cumplió la pena. Fue el responsable del siniestro vial que dejó como víctima fatal a la joven Paola Acuña.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló la sentencia que declaraba la prescripción de la pena de un prófugo por homicidio culposo. Consideró que su rebeldía impedía la extinción de la pena. La decisión involucra a Jorge Chechile, quien fue condenado a 3 años y 5 meses de prisión, además de 10 años de inhabilitación para conducir, por su responsabilidad en un siniestro vial con resultado de muerte y múltiples lesiones. La víctima fatal fue Paola Acuña, de Roca.
Chechile fue condenado en 2012 por el entonces Juzgado Correccional N° 14, pero evadió la justicia después de que la sentencia fue confirmada. Permanece prófugo desde 2014. A lo largo de estos años se llevaron a cabo múltiples intentos de captura, sin éxito. En 2024, la madre del condenado, asistida por un abogado, solicitó la prescripción de la pena. Argumentó que había transcurrido el tiempo suficiente para extinguir la condena. El ex Juzgado Correccional aceptó el pedido: declaró extinguida la pena y levantó la captura.
El Ministerio Público Fiscal y los querellantes apelaron esta decisión ante el STJ. Afirmaron que la prescripción de la pena no se podía aplicar mientras el condenado estuviera en rebeldía. La Fiscalía sostuvo que Chechile había eludido deliberadamente la acción de la justicia y que, según la ley, en esas circunstancias no es posible computar los plazos a su favor para extinguir la condena.
El STJ, en una decisión unánime, aceptó el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía y anuló la sentencia que extinguía la pena. Subrayó que la rebeldía de Chechile impide que se considere el plazo de prescripción de la pena. Además de la jurisprudencia propia y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, citó el artículo 144 del Código Procesal Penal (Ley P 2107), que ordena suspender el proceso y reservar el legajo hasta que «el rebelde comparezca, por propia voluntad o por la fuerza».
En consecuencia, el STJ anuló la sentencia del Juzgado Correccional y reenvió la causa a Roca para que se mantenga la suspensión del proceso hasta que el condenado sea capturado o se presente voluntariamente ante el Poder Judicial. La orden de captura y la declaración de rebeldía de Chechile continúan vigentes.
Entre sus fundamentos, el STJ citó fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que limitan «severamente el derecho a la jurisdicción del imputado prófugo o rebelde». Esa limitación se basa en la contradicción de que una persona reclame un beneficio ante la misma autoridad que ha desconocido con sus propias acciones, es decir, con su voluntad de mantenerse prófugo. «Quien se sustrae voluntariamente de la acción de la justicia que reclama su presencia, carece de derecho para impetrar, ante la autoridad que él ha desconocido, el cumplimiento de preceptos cuya observancia elude, impidiendo por su acto propio su puntual satisfacción», precisó.
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Una joven estudiante universitaria denunció a un martillero y dueño de una inmobiliaria por abuso sexual
La víctima se encontraba en el departamento de un amigo que le había pedido si podía atender al encargado de su alquiler porque él no iba a estar. Allí se habría producido el ataque.
Una joven estudiante universitaria de 20 años radicó una denuncia por abuso sexual en contra de un martillero público y dueño de una inmobiliaria radicada en General Roca, por un hecho que habría tenido lugar el martes (15/10) al mediodía.
Según informó la Agencia de Noticias Roca (ANR), el hecho ocurrió en el departamento de un amigo de ella, quien le había pedido el favor de que se acercara a esperar al martillero ya que él debía salir. El sujeto que luego terminó denunciado, tenía que asistir al lugar con un plomero que iba a hacer una reparación.
En ese momento, el titular de la inmobiliaria, habría aprovechado la situación para abusar de la joven. Según consta en la denuncia policial, el hombre habría tocado a la estudiante, violentando sus derechos e intentando besarla. También habría cometido acoso verbal. Usando todas sus fuerzas, la denunciante pudo escapar y encerrarse en una habitación.
Una vez que el martillero abandonó la vivienda, la víctima pudo contarle al plomero, que había llegado unos minutos antes, lo que había sucedido. Este trabajador afirmó haber tenido experiencias similares previas de relatos de personas respecto al agente inmobiliario. Según contó, el denunciado ya habría tenido actitudes inapropiadas con otras mujeres en el pasado.
Ante estos hechos, la joven radicó la denuncia correspondiente en la Fiscalía, donde se inició una investigación. La fiscal interviniente ordenó tomar declaración testimonial a la víctima, al amigo y al plomero, como así también se iniciaron las actuaciones correspondientes para investigar al denunciado.
Este medio de comunicación se resguarda la identidad de la persona denunciada, ya que cómo establece la ley, hasta tanto se realice la formulación de cargos, no se pueden dar nombres.
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La intervención del Poder Judicial le permitió a una madre obtener su DNI y acceder a derechos familiares
El padre de su hijo falleció y ella no pudo tramitar la asignación universal.
La intervención de una trabajadora social del Poder Judicial permitió a una madre de Cipolletti obtener su DNI. El padre de su hijo falleció y ella no pudo tramitar la asignación universal. En la partida de nacimiento del adolescente estaban los datos de la mujer aunque se consignaba: «DNI no posee».
Una jueza de Cipolletti resolvió un pedido de rectificación de partida de nacimiento solicitado por la madre de un adolescente. La mujer inició la acción luego de obtener su Documento Nacional de Identidad (DNI) que no poseía al momento de inscribir el nacimiento de su hijo. En esa instancia, contó con el acompañamiento de una trabajadora social del Poder Judicial.
Luego contó con el patrocinio de una defensora pública que, en su presentación, explicó que al no contar con DNI en la partida de nacimiento se dejó constancia de que «no posee» en el apartado correspondiente al número de documento. A partir del fallecimiento del padre del joven, quien hasta ese momento ejercía los derechos sobre sus hijos, la madre gestionó y obtuvo su DNI. Esto la llevó a solicitar la rectificación del acta de nacimiento de su hijo para incluir sus datos completos y poder acceder a derechos como las asignaciones familiares.
Según se consignó en la demanda, antes de que falleciera el marido, la mujer no creía en la necesidad de tener DNI. Aunque todos los derechos derivados, no sólo del hijo, sino de ella iban a quedar inconclusos por no tener documento.
La solicitud planteó que, además de añadir el número de DNI, debía corregirse el nombre de la progenitora en el acta, ya que faltaban datos.
Como el niño nació en Buenos Aires intervino la Dirección del Registro de esa provincia. Desde el organismo se dictaminó que la jueza de Familia de Cipolletti podía ordenar la rectificación solicitada. Asimismo, la Fiscalía expresó su acuerdo con la medida. Consideró que no existían objeciones para llevarla a cabo y que los motivos eran justificados.
Sobre la base de lo dispuesto por la Ley N° 26.413, que regula las inscripciones en los Registros de Estado Civil y Capacidad de las Personas, la jueza decidió hacer lugar a la solicitud. Se ordenó rectificar la partida de nacimiento e incorporar el número de DNI de la madre además de completar su nombre de forma correcta.
