Política
La Legislatura aprobó el Presupuesto 2023
Fue sancionado por mayoría, con 34 votos a favor y 9 en contra, con la oposición de Juntos por el Cambio y la mayoría del bloque del Frente de Todos.
La Legislatura de Río Negro aprobó esta tarde (21/12) el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para la Administración Pública Provincial, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023. La ley fue sancionada por mayoría, con 34 votos a favor y 9 en contra, con la oposición de Juntos por el Cambio y la mayoría del bloque del Frente de Todos.
Marcela Ávila fue la encargada de fundamentar el proyecto del Ejecutivo provincial. Describió un Presupuesto “coherente, honesto, que da cuenta de la transparencia en la administración de las cuentas públicas, y que es producto de la escucha de las necesidades, los sueños y los anhelos que tienen los rionegrinos”.
“Es un Presupuesto que da cuenta a las claras de la correcta administración de la deuda pública y de la correcta utilización de las herramientas de financiamiento para potenciar esos recursos y para poder hacer eficiente cada gasto”, agregó.
Resaltó que en Río Negro van decreciendo el stock de deuda y el déficit fiscal, y que la Provincia tiene las cuentas ordenadas y puede cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma.
Detalló que los recursos totales estimados en el Presupuesto ascienden a 429 mil millones de pesos, con un crecimiento del 77% de los recursos totales respecto de los recursos que se estiman percibir al cierre del 2022.
Estos recursos se componen en un 97% por recursos corrientes y en un 3% de recursos de capital. El principal aporte a los recursos corrientes provienen de los recursos tributarios nacionales por coparticipación. Un 22% de los recursos corrientes provienen de los recursos tributarios provinciales, con un 75% de estos recursos que se recaudan por el impuesto a los ingresos brutos, un 10 por el impuesto a los automotores, un 5 por el impuesto inmobiliario y un 5% por el impuesto a los sellos. También indicó que se estima un crecimiento del 74% de recursos provenientes de regalías.
En cuanto a los gastos, se estima ejecutar 430 mil millones de pesos, que representan un 76% más que este año. El 92% de estos gastos corresponde a gastos corrientes y el 8% a gastos de capital. La partida más más importante es la de personal, que alcanza el 62% de los gastos corrientes. Las transferencias corrientes explican un 22% y en ellas incluyen lo que se transfiere a los municipios por coparticipación.
Los gastos de capital están estimados en 34 mil millones de pesos, con un crecimiento del 141% respecto del ejecutado este año. Ávila destacó la importancia de este crecimiento en la asignación de gasto para la obra pública que “da cuenta de la sostenibilidad en los niveles de obra pública de la Provincia a lo largo de todos estos años”. En este sentido resaltó lo hecho a través del Plan Castello.
El Presupuesto prevé un resultado económico positivo, con un ahorro de 21 mil millones de pesos, casi un 300% mayor al del actual Ejercicio. El resultado primario también será positivo; mientras que el financiero, que surge de comparar los ingresos totales con los gastos totales, será deficitario, por 1.900 millones de pesos. A pesar de ser deficitario, Ávila aclaró que será inferior al resultado financiero deficitario de este año, estimado en 2.100 millones.
El proyecto recibió el aval de legisladores de distintos bloques. Luis Noale (FdT) votó a favor para “darle las herramientas al Poder Ejecutivo para poder llevar adelante su plan de gobierno”. Gabriela Abraham, por Unidad Ciudadana, acompañó entendiendo que el Ejecutivo provincial debe contar con esta herramienta que otorga previsibilidad. Nicolás Rochas (Frente Renovador) también acompañó; consideró que el Presupuesto es una herramienta vital para el ejercicio del buen gobierno y de las buenas decisiones políticas cuando son adoptadas en Democracia.
La mayoría del bloque del Frente de Todos votó en forma negativa. María Eugenia Martini y Marcelo Mango criticaron el endeudamiento, que la deuda pública provincial siga aumentando, y las sub ejecuciones del período actual. Criticaron que en el Presupuesto 2023 no hay una propuesta política de cambio, al seguir los mismos parámetros de los anteriores. Martini cuestionó el incremento tributario que prevé el Presupuesto. Mango pidió fortalecer el Presupuesto y la inversión en políticas de Salud, Educación y Alimentación “para que con Democracia se coma mejor, se tenga mejor salud y se pueda educar más a las rionegrinos y los rionegrinos”.
Por Juntos por el Cambio, Juan Martín también votó en contra; sostuvo que se trata de Presupuesto “mentiroso”, basado en una inflación “subestimada”, un nivel de crecimiento “sobrestimado” y en proyecciones sobre el tipo de cambio también “subestimadas”. “Es un dibujo”, expresó. Cuestionó los “recurrentes” endeudamientos y criticó el déficit fiscal.
Cerró el debate Facundo López (JSRN) con una defensa del ministro Luis Vaisberg, resaltando la reducción del stock de deuda y el superávit en el resultado económico. Aseguró que el Gobierno viene haciendo las cosas bien, cumpliendo con las obras del Plan Castello.
Fueron sancionadas las leyes que integran el paquete fiscal 2023
La Cámara sancionó por mayoría las iniciativas que conforman el paquete fiscal que son la modificación a las leyes base y la ley impositiva anual del período 2023.
El miembro informante por el oficialismo, Fabio Sosa (JSRN), destacó que “la reducción por el pago anual y por cumplimiento llegará al 50%, y el proyecto impositivo de Río Negro repetirá el esquema de topes para los aumentos de los tributos mayoritarios como son Inmobiliario y Automotores”.
Explicó que “las modificaciones mantienen los lineamientos implementados por la actual administración en materia tributaria, lo que ha permitido mantener un incremento sostenido en la recaudación de los tributos provinciales, manteniendo los principios de igualdad y equidad en la tributación sin perder de vista el objetivo de lograr la progresividad del sistema tributario provincial”.
“Este es un instrumento fiscal privilegiado para garantizar derechos en nuestra Provincia. Como dijo la legisladora Ávila representa el 22% del ingreso de nuestra provincia y también marca lineamientos que tienen que ver con la justicia, la igualdad, la equidad en las retribuciones, y tenemos que tener presente que no se pierde la progresividad”, aseguró.
Sosa destacó que “la iniciativa respeta primero a los rionegrinos que producen y trabajan en nuestra Provincia, también a los que cumplen y llevan al día sus impuestos, y otorga previsibilidad no solo para la provincia, sino también para los contribuyentes”.
Por su parte, el legislador Juan Martin (Juntos por el Cambio) adelantó su voto positivo a la modificación de las leyes base y señaló que “no hay Estado presente sin el esfuerzo contribuyente”, a la vez que destacó los beneficios que contempla la ley para diferentes sectores productivos.
El legislador Nicolás Rochas (Frente Renovador) adelantó el voto favorable en general y en particular a estas leyes tributarias “apostando fuertemente en la gente, en los vecinos, y en los ciudadanos que esperan un buen gobierno y un prospero año”.
Las leyes que integran el paquete fiscal fueron sancionadas por mayoría, con la excepción del legislador Marcelo Mango (FdT) que votó negativamente la modificación a las leyes base; y los bloques Frente de Todos y Juntos por el Cambio que rechazaron la ley impositiva anual.
Judiciales
Fallo judicial permite recuperar deuda de obras sociales
Los certificados de deuda del Ministerio de Salud suman $1.042.459.789 en obligaciones impagas por parte de obras sociales, aseguradoras y prepagas.
El Gobierno Provincial logró un fallo judicial que permite recuperar una deuda superior a los $65 millones que la Obra Social de Obreros Empacadores de Fruta mantiene con el Ministerio de Salud, en el marco de la ejecución iniciada por Fiscalía de Estado.
En total, las obras sociales y prepagas acumulan más de $1.040 millones de deuda con el sistema de salud estatal. El listado completo se puede verificar en este link: https://tinyurl.com/24dqtrnt
Esta es la primera sentencia de tres causas similares impulsadas gracias a la Ley 5754, que le brindó a la Provincia un andamiaje legal moderno y ágil, necesario para avanzar en estas acciones luego de que Nación eliminara la Superintendencia de Servicios de Salud.
La resolución de la Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa Nº13 de Viedma habilita la ejecución por un capital de $65.066.112, más intereses y costas estimados en $36.290.624, lo que representaría ingresos por $101.356.736 para las arcas provinciales.
Según la normativa vigente, el 32% de lo recuperado se podrán destinar directamente a un fondo estímulo para el personal y el resto a los hospitales para su funcionamiento diario, en forma proporcional a la facturación de cada uno.
El fallo otorga un plazo de cinco días para que la obra social pague voluntariamente o presente excepciones. En caso contrario, se avanzará directamente con el cumplimiento forzado.
La acción judicial fue impulsada por la Fiscalía de Estado mediante los abogados Gastón Pérez Estevan, Luciano Minetti Kern y Federico Rosbaco, responsables de llevar adelante el reclamo y asegurar la restitución de los recursos públicos.
Más de $1.042 millones de deuda total con Salud
Los certificados de deuda del Ministerio de Salud suman $1.042.459.789 en obligaciones impagas por parte de obras sociales, aseguradoras y prepagas. A agosto, entre los mayores deudores se encuentran:
- OSECAC, con más de $219 millones.
- OSPRERA, con casi $188 millones.
- OSPECON, con $133 millones.
- Unión Personal Civil de la Nación, con más de $31 millones.
- SANCOR Medicina Privada, OSDE, Swiss Medical y otras grandes prestadoras, con deudas que van de $3 a $9 millones.
El listado, que supera los 150 ítems, incluye obras sociales de sectores industriales, comercio, medios, transporte, seguridad, alimentación y servicios, lo que refleja la magnitud de los recursos que la Provincia adelanta para garantizar la atención.
Ley 5754: la base legal que permite recuperar costos y fortalecer el sistema
La Ley 5754, promulgada a fines de 2024, fue impulsada por el Poder Ejecutivo para garantizar la sostenibilidad financiera de los hospitales provinciales, obligando a los terceros pagadores -obras sociales, prepagas y ART- a cubrir el costo de las prestaciones brindadas a sus afiliados en el sistema público.
La norma dio a Río Negro un marco sólido para el recupero de costos, especialmente después de la eliminación de los mecanismos nacionales que aseguraban el cobro. En este contexto, el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, destacó que «contar con esta herramienta legal nos permitirá avanzar en la recuperación de las deudas acumuladas por las obras sociales y prepagas, para que esos fondos se destinen a fortalecer nuestro sistema de salud y mejorar el financiamiento de nuestros hospitales, especialmente en el actual contexto de crisis económica».
Judiciales
Causa Techo Digno: La jueza frenó el intento de archivo y confirmó la vigencia de la acusación
La magistrada resolvió que los plazos de prescripción están suspendidos y rechazó los planteos de nulidad y recaratulación presentados por las defensas de Tortoriello y Baratti.
La jueza Alejandra Berenguer resolvió no hacer lugar al pedido de sobreseimiento por prescripción en la causa que investiga presuntas irregularidades en la ejecución del programa habitacional Techo Digno en Cipolletti. También rechazó un planteo de nulidad y descartó modificar la calificación legal solicitada por una de las defensas.
La magistrada consideró que la acción penal no está extinguida, ya que uno de los imputados -Aníbal Tortoriello- aún ocupa un cargo público, circunstancia que activa la suspensión del plazo de prescripción prevista en el artículo 67 del Código Penal. Berenguer sostuvo que esta interpretación es consistente con la doctrina legal ya establecida por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
Los hechos investigados
La causa se originó a partir de la implementación del programa Techo Digno mediante un convenio entre la Municipalidad de Cipolletti y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que contemplaba la construcción de más de 400 viviendas adjudicadas a empresas privadas.
Según la acusación, durante las gestiones municipales de Abel Baratti y Aníbal Tortoriello se habrían realizado pagos que no se correspondían con el avance real de las obras, lo que habría generado un perjuicio al patrimonio público.
El Ministerio Público Fiscal, integrado por el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y la fiscal adjunta Natalia Poblete, atribuyó a Baratti y Tortoriello los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con peculado.
En tanto que a Lucila Chiocconi, Arturo Mendiberri, Domingo Mocciola y José Daniel Zoppi se los acusó como partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta.
Los argumentos de las defensas
Las defensas reclamaron el sobreseimiento al sostener que la causa estaba prescripta. El defensor de Baratti, Rafael Cuchinelli, afirmó que habían pasado más de seis años desde que su cliente dejó el cargo de intendente, y cuestionó además que los hechos pudieran configurarse como peculado.
El defensor de Tortoriello, Gustavo Palmieri, planteó que la prescripción debía computarse desde la rescisión de los contratos en 2016, y sostuvo que su defendido no tuvo injerencia posterior en la administración del programa.
El resto de los defensores -Scianca, Vincenty, Gadano y Chelia- adhirieron a esos argumentos.
Lo que resolvió la jueza
La jueza rechazó los planteos de prescripción al considerar que, aunque se investigan dos hechos diferenciados, ambos se vinculan al mismo convenio -identificado como ACU 813/2015- y deben analizarse en un mismo marco.
Además, sostuvo que la continuidad de Tortoriello en funciones públicas -actualmente diputado nacional- impide que opere la prescripción, tal como establece el Código Penal.
Tampoco prosperó el pedido de cambio de calificación de la defensa de Baratti, que pretendía reemplazar la figura de peculado por la de malversación de caudales públicos. Para la magistrada, esa discusión deberá darse en etapa de juicio.
Por último, desestimó el planteo de nulidad de la acusación fiscal presentado por las defensas de Baratti y Tortoriello. Consideró que la Fiscalía no modificó los hechos atribuidos y que no se afectó el derecho de defensa.
La causa sigue su curso
Con esta resolución, el expediente continuará en la etapa intermedia hacia el juicio, donde se analizará toda la prueba recolectada.
Según informó la Fiscalía, ninguno de los imputados registra antecedentes penales.
La decisión no quedó firme y podrá ser revisada por instancias superiores del fuero Penal.
Política
Río Negro aseguró que más de 4.000 personas tengan su medicación gratuita
Se garantiza acceso gratuito a medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles.
El Gobierno de Río Negro entregó 4.011 tarjetas del programa Río Negro Presente Salud, una iniciativa impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck que asegura el acceso gratuito a medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles sin cobertura social.
A través de la articulación de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Humano, se continúa intensificando la entrega en todas las localidades, que desde mayo de 2024 hasta noviembre de 2025, lleva 4.011 tarjetas entregadas, con el objetivo de garantizar que cada paciente pueda sostener sus tratamientos de forma regular y controlada.
La subsecretaria de Articulación de Programas del Ministerio de Salud, Marina Deorsola, destacó la importancia de la política provincial, no sólo en términos de salud pública sino también de impacto económico local.
Deorsola enfatizó que el programa es una estrategia que debe ser priorizada por la alta prevalencia de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) a nivel mundial y en Río Negro. «La idea es poder darle accesibilidad al tratamiento y, además, asegurar la atención en los hospitales y en el primer nivel de atención, en los Centros de Salud», sostuvo.
Además, explicó que el programa se centra inicialmente en los principales factores de riesgo cardiovascular: hipertensión y diabetes. En este sentido, la Tarjeta funciona como un pilar junto a la estrategia HEARTS de la OPS/OMS, que busca el diagnóstico y tratamiento basado en evidencia en los Centros de Salud.
Beneficio local y cambios en el hábito
Un aspecto fundamental de la tarjeta es su impacto en la economía de cada ciudad. «El paciente va una vez por mes a su farmacia más cercana para poder retirar la medicación. Esto significa que el dinero de la medicación queda en la economía local, beneficiando a la comunidad», indicó.
La subsecretaria también hizo hincapié en la prevención, alentando a la población a adoptar hábitos saludables. «Son mínimos cambios que generan grandes resultados. Tenemos el lema: ‘Pequeñas acciones hacen grandes cambios’. Esto tiene que ver con disminuir el consumo de sal, mejorar la alimentación y hacer 30 o 35 minutos de actividad física al día», agregó.
Detalles del programa y requisitos de acceso
El programa ha avanzado en etapas de implementación progresiva, iniciando una prueba piloto en General Conesa y expandiéndose a varias localidades. Busca beneficiar a personas que cumplen con tres requisitos fundamentales:
- DNI: Presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
Certificación ANSES Negativa: No poseer ningún tipo de cobertura de obra social o prepaga.
Diagnóstico Médico: Contar con el diagnóstico certificado de ECNT, con foco en hipertensión y/o diabetes, y la correspondiente indicación médica (receta)
Una vez cumplidos los requisitos, el Ministerio se encarga de realizar el circuito administrativo para que la tarjeta y la acreditación del monto lleguen a la persona. La Tarjeta permite el retiro de la medicación prescrita una vez por mes en la farmacia de cercanía.
El Ministerio de Salud reafirma su compromiso de seguir priorizando estas estrategias para controlar las ECNT y disminuir las complicaciones asociadas, como el infarto o el ACV.
