La Legislatura de Río Negro sancionó el pasado jueves (21/08) la ley que permitirá expandir las facultades del Departamento Provincial de Aguas (DPA) para generar y comercializar energía de fuentes renovables, incluyendo la solar y eólica, más allá de la hidroeléctrica.

La votación reflejó una mayoría a favor de 36 votos, con la negativa de 9 votos de los bloques Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro.

El miembro informante del oficialismo, Carlos Valeri destacó que el proyecto actualiza leyes «progresistas» para permitir al DPA aprovechar la descentralización del mercado energético. Esto posibilita la negociación directa con distribuidores. El DPA, dueño de tierras e infraestructura, busca desarrollar proyectos híbridos (hidroeléctricos y fotovoltaicos) que complementan la generación de energía, asegurando un despacho permanente. Este modelo no requiere inversión directa estatal, pues los costos de construcción se financian con la propia generación energética.

La propuesta busca posicionar a Río Negro como productor de energías limpias, generando ingresos para el Estado y creando empleo.

Por el oficialismo, Daniel Sanguinetti subrayó que el DPA cuenta con una «capacidad ociosa» en sus proyectos hidroeléctricos, que incluye tierras, infraestructura existente y, sobre todo, nodos de conexión al sistema interconectado nacional, que son «un bien muy valioso» y escaso. Según el legislador, el proyecto permitirá «agiornar» y aprovechar al máximo estas capacidades para generar energía renovable y contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, brindando energía limpia a la población. Concluyó reafirmando que el proyecto es «sano» y una «función de un organismo» que busca el desarrollo y la modernización.

El legislador Ariel Bernatene (UCR) señaló que el proyecto «significa darle continuidad a una política de estado provincial de más de 60 años que busca asegurar que los recursos de los ríonegrinos estén al servicio del desarrollo de su gente y no que dependan de decisiones que se tomen en Buenos Aires». La legisladora Yolanda Mansilla (PRN) indicó que el DPA podrá «competir libremente» con otras empresas.

Los legisladores Daniel Belloso (PJ-NE) y Magdalena Odarda (VcT) expresaron su desacuerdo con la eliminación del requisito de que los proyectos de energías renovables (no hidráulicas) pasen por la Legislatura para su aprobación.

Consideraron que se trata de «coartar la libertad, la división de poderes» que podría permitir la concesión de recursos naturales mediante un «simple acto administrativo». Odarda enfatizó que el agua es un «derecho humano fundamental, como un bien ambiental», no un «simple commodity». Expresó temor de que la infraestructura y tierras del DPA se incluyan en futuras concesiones privadas. También mencionó una «cesión de soberanía» debido al contrato con la empresa israelí Mecorot y la privatización de represas hidroeléctricas nacionales.

Valeri y Mansilla explicaron que la modificación subsana un error de «técnica legislativa» de la Ley 3930, que duplicaba exigencias ya presentes en el Código de Aguas. Aseguraron que la aprobación legislativa para concesiones hidroeléctricas de interés público se mantiene. La legisladora Roberta Scavo (CC-ARI-C) defendió el contrato con Mekorot como una iniciativa para asistencia técnica y capacitación, similar a acuerdos con otras provincias.

Cerró el debate el presidente del bloque oficialista, Facundo López, quien criticó a la oposición por lo que consideró contradicciones y desinformación.

López aclaró que, a diferencia de la energía hidroeléctrica, la generación de energía con sol y viento no debería requerir aprobación legislativa ni cobros, ya que «el sol y el viento no son ríonegrino». Argumentó que el agua es un recurso provincial y por ello la Legislatura interviene en su uso, lo cual no aplica a las otras fuentes renovables.

Defendió el acuerdo con la empresa israelí Mekorot, señalando que es lógico buscar capacitación y experiencia de quienes más saben en manejo de agua, especialmente de países que han logrado eficiencia en su uso a pesar de la escasez hídrica.

Acusó a la oposición de incoherencia al rechazar tanto la explotación petrolera como la modificación para energías renovables, sugiriendo una postura que «volvamos al palito para prender el fuego y volvamos a la época primitiva». Subrayó la necesidad de modernización y desarrollo.

La Legislatura aprobó por mayoría, en primera vuelta, un proyecto que tiene por objeto cobrar aranceles a los extranjeros por el acceso a los servicios de salud y educación superior provistos por el Estado provincial. «Es una manera de custodiar el patrimonio de la los rionegrinos», expuso el legislador Lucas Pica, uno de los autores de la propuesta.

Añadió que «en la prestación de los servicios básicos tenemos que priorizar a aquel rionegrino que paga los impuestos y se levanta a forjar nuestra provincia con sus propias manos».

Pica explicó que «ante el escenario de reducción abrupta de recursos y aumento significativo de la demanda, resulta necesario adoptar medidas para optimizar de manera eficiente los recursos destinados a los servicios públicos».

«El Estado tiene el deber ineludible de adoptar mecanismos adecuados para administrar los recursos de la manera más eficiente y eficaz, garantizando así la continuidad del servicio», sostuvo.

Más adelante indicó que «el contexto actual evidencia la necesidad de regular el acceso de los extranjeros al sistema de salud pública y a la educación superior a cargo del Estado Provincial, con el objetivo de evitar un impacto negativo en la prestación a los ciudadanos rionegrinos».

Describió que de acuerdo a la Ley Nacional de Migraciones los extranjeros se agrupan en cuatro categorías de residencia: Permanente, Temporaria, Transitoria y Precaria.

«Los residentes permanentes o temporarios recibirán prestaciones sanitarias y acceso a la educación superior en igualdad de condiciones con los ciudadanos nacionales», mencionó y recalcó que ese segmento está sujeto al cumplimiento de diversas obligaciones fiscales, según su situación particular.

«Esa aclaración lleva a analizar la adopción de medidas orientadas a que los residentes transitorios y precarios contribuyan a solventar las erogaciones generadas por su atención sanitaria o educativa», manifestó.

No obstante aclaró que «no se establece un trato diferenciado únicamente por la condición de extranjero, sino que la diferenciación se justifica en el motivo, la finalidad y la duración del ingreso y permanencia en el país».

Más adelante ratificó que «en virtud de diversas normas de rango legal, constitucional y convencional, se debe prever que la atención sanitaria a los extranjeros, sin importar su condición, no podrá ser negada ni restringida en casos de urgencia o emergencia».

Cuidar el recurso

Abierto el debate, el legislador Santiago Ibarrolaza adelantó el acompañamiento a la iniciativa porque «tiene que ver con consolidar el sistema y cuidar el recurso, que tan importante es para el futuro de los rionegrinos».

Sin embargo criticó la política sanitaria provincial al señalar que «con solo ir a los hospitales podemos entender en qué condiciones está: abandonada y sin funcionamiento».

Duro rechazo de Vamos con Todos

El bloque Vamos con Todos tuvo varios exponentes. Una de ellas fue Ayelén Spósito, quien reclamó que el proyecto «prácticamente no tuvo debate en comisión» y añadió que «no vi ni leí en ningún lado que un rionegrino se haya quedado sin atención o sin un lugar en una carrera terciaria por un extranjero».

Tras considerar que «con este proyecto se incumplen con puntos de las constituciones Provincial y Nacional», se preguntó «si hace la diferencia» y «cuánto se va a recaudar». «Se siguen creando leyes sin información precisa», criticó.

Cerró diciendo que «esta es una discusión ideológica» y propuso que «antes de desviar los 3.900 millones de pesos que se le pagan a las clínicas privadas se podría invertir en la salud pública y pagar mejor a los trabajadores de la salud».

Magdalena Odarda sostuvo que la iniciativa la entristece «porque ha ganado el discurso del odio en este gobierno cruel e inhumano de Javier Milei, tomado inmediatamente por Juntos Somos Río Negro».

Calificó el proyecto como «retrógrado» y dijo que se trata de «una estigmatización a nuestros hermanos latinoamericanos, un acto criminal de racismo» y «un ataque a los trabajadores hospitalarios, ya que son los que van a tener que ejecutarlo».

Se sumó José Luis Berros, quien puso énfasis en un presunto cambio de ideas de Juntos Somos Río Negro «porque en 2012 el vicegobernador presentó una ley para que los extranjeros puedan votar y hoy estamos debatiendo ésta».

Entendió que «están tratando de cubrir la horrorosa gestión en salud y educación…y la culpa la tiene el extranjero».

Relató que su bloque presentó un pedido de informes sobre el tema en cuestión «y nos dijeron que no tenían forma de respondernos porque el sistema no estaba adaptado para nuestra pregunta».

No obstante aportó que en Río Negro «hay 79 estudiantes extranjeros en las escuelas públicas y uno solo en el terciario. Han gastado más plata en transmitir por internet esta sesión e imprimir este proyecto que lo que van a recaudar».

Finalmente expresó el «rotundo rechazo» a la iniciativa «por ser una política barata y demagógica».

«No leyeron los artículos»

Más adelante hizo uso de la palabra Javier Acevedo, otro de los autores del proyecto, quien respondió a los legisladores que lo criticaron. «No han leído los artículos o solo salen a hacer un discurso ideológico», indicó.

En un tramo de su argumentación resaltó la facultad que el proyecto otorga al Ejecutivo de celebrar convenios de reciprocidad con otros países.

Por último aseguró que «es mentira que los trabajadores de los hospitales se quejen de esta ley, son ellos los que nos cuentan estas situaciones».

«Parece un proyecto inocente…»

Leandro García advirtió que «parece un proyecto inocente, pero por una cuestión ideológica no lo podemos votar, y porque no hay estadísticas ni diagnóstico».

Juan Martín, contrariamente, lo consideró satisfactorio «ya que hemos logrado que JSRN deje su estoicismo y ponga sobre la mesa esta discusión. Más vale tarde que nunca que puedan aceptar que estos temas se deben debatir».

Además se refirió a «la hipocresía del kirchnerismo, que nuevamente se enamora de las estadísticas cuando nunca se ocuparon del impacto económico del país».

Ni discriminatorio, ni anticonstitucional

Cerró las discusiones el presidente del bloque oficialista, Facundo López, quien descartó que se trate de una propuesta discriminatoria y subrayó que está orientada «a quienes vienen a pasear o ingresan de alguna manera ilegal».

Fue más allá y recalcó que «el extranjero que tiene toda la documentación para nosotros es igual a los demás ciudadanos».

También dejó en claro que «no vamos a dejar morir a nadie, se los atiende y después recuperamos a través del FOS».

«Estamos sancionando una ley de acá para adelante; queremos ser justos con los rionegrinos de bien, no discriminamos y no es anticonstitucional. Estamos convencidos que generamos una norma legal que defiende los recursos de Río Negro», concluyó.

La Terminal de Exportación de Punta Colorada, cerca de Sierra Grande, avanza con un 10% de ejecución dentro del proyecto del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que convertirá a Río Negro en protagonista de la política energética. Se trata de la obra portuaria más grande del país, que permitirá exportar crudo rionegrino por la Costa Atlántica.

El recorrido oficial se hizo el viernes (22/08) en Sierra Grande, incluyó la inspección de las excavaciones, fundaciones y soldaduras de piso de los primeros cinco tanques de 120.000 m³ cada uno, con posibilidad de sumar un sexto. Se trata de los más grandes del país y forman parte de la futura terminal petrolera.

Una obra estratégica para la provincia

La terminal de Punta Colorada, a cargo de las empresas Milicic y CB&I, ya registra un 10% de avance. Será la más importante del país para la exportación de crudo por el Atlántico y contará con dos puntos de carga a 8 km de la costa, preparados para operar con barcos gigantes capaces de transportar hasta 2 millones de barriles de petróleo en un solo viaje.

El oleoducto de 437 km ya completó el tramo Allen-Chelforó y avanza al sur del río Negro. El proyecto cuenta con un financiamiento de USD 2.000 millones en modalidad de préstamo sindicado, más aportes de YPF, Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol y Shell.

Impacto económico y social

La Secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, quien encabezó la inspección junto a la Intendenta Roxana Fernández, destacó que «la planta de almacenamiento es gigantesca, imposible de dimensionar hasta que uno está allí. Este proyecto no termina en 2026, son obras a 30 años que requieren planificar el crecimiento de las ciudades».

Confini también subrayó el impacto en el empleo y la economía que «hoy el oleoducto ocupa más de 1.700 familias, lo que genera consumo y dinamismo económico. En Sierra Grande ya hay más de 150 alquileres activos y 60 nuevos comercios habilitados».

Finalmente, anticipó que «tras la construcción del oleoducto, vendrá la del gasoducto. Hasta 2030 habrá pleno empleo de trabajadores de la UOCRA en la provincia».