Río Negro
Puesta en marcha de obras de infraestructura escolar para Río Negro
Entre los proyectos se encuentra la ampliación del Jardín de Infantes Nº 84 de General Roca ($24.927.591,40).
El Ministerio de Educación publicó en el Boletín Oficial el llamado a licitación de una serie de obras de infraestructura escolar en la provincia de Río Negro; se trata de la concreción de las gestiones iniciadas por los senadores rionegrinos Alberto Weretilneck y Martín Doñate.
La licitación de estas obras implica una inversión que alcanza un presupuesto de $2.267.000.000 y se centra en la construcción, ampliación y remodelación de edificios escolares, de nivel inicial, primario y técnico, en las localidades de General Conesa, Campo Grande, Cinco Saltos, Lago Pellegrini, Coronel Belisle, Choele Choel, Cipolletti, Villa Regina, Sierra Grande, Chichinales, General Roca, Río Colorado y San Carlos de Bariloche.
«Conforme prometimos, gestionamos para incorporar obras trascendentales para nuestra provincia y hoy finalmente se concentran las licitaciones para comenzar la construcción de estas obras de infraestructura escolar este mismo año», señaló Weretilneck.
Cabe recordar que el financiamiento de las mismas forma parte del presupuesto nacional 2023, cuyas partidas para Río Negro fueron duplicadas. «Ese cupo se amplió porque los rionegrinos aprendimos a ponernos de acuerdo para defender el federalismo y los intereses de nuestra provincia, se trata de obras esenciales que redundan en la mejora educativa», agregó.
En las gestiones, se concretó la creación de nueve jardines de infantes, además de la ampliación y concreción de nuevos edificios propios de nivel inicial. Por otra parte se prevé la construcción de un edificio propio para el Centro de Educación Técnica N° 4 de General Conesa y los salones de usos múltiples para las escuelas N° 60 de Sierra Grande y N° 89 de Chichinales.
Estas obras forman parte de la planificación provincial y de los requerimientos que los distintos sectores de la educación hicieron llegar a los representantes rionegrinos en el Congreso. «Es una gestión que efectivizamos a partir de una demanda de la comunidad educativa y especialmente a través de la tarea del diálogo institucional y político que venimos llevando con los diferentes sectores de la política provincial». concluyó.
Licitaciones
En el marco de las reuniones con los referentes nacionales Luca Peñalver y Germán Lavalle se detallaron también los 13 nuevos llamados a licitación lanzados esta semana por la cartera educativa provincial para sumar infraestructura escolar con fondos gestionados ante Nación. El total presupuestado asciende a $900.831.441,16
Se trata de la construcción del SUM en la Escuela Primaria Nº 89, de Chichinales ($73.853.536,63), y el de la Nº 60 de Sierra Grande ($94.293.507,68), localidad donde también se construirá un Jardín de Infantes a crear ($124.763.702,49).
En Cinco Saltos, en tanto, serán dos los Jardines a edificar ($64.270.435,04 -en EP Nº 369- y $67.642.312,98 -en Lago Pellegrini-).
El listado de obras licitadas también incluye la construcción de Jardines de Infantes a crear en Coronel Belisle ($65.275.530,43), Río Colorado ($67.175.913,37), Choele Choel ($67.201.449,52), Villa Regina ($58.576.478,52 -en Barrio Matadero-) y del edificio propio para el Jardín de Infantes Nº 128 de Sargento Vidal ($76.255.459,61 -en EP Nº 191-).
También se llamó a licitación para construir en Cipolletti un Jardín de Infantes a crear en el Barrio Labraña ($95.590.566) y ampliar el Nº 105 ($21.004.957,27).
Entre los proyectos a realizar se encuentra, además, la ampliación del Jardín de Infantes Nº 84 de General Roca ($24.927.591,40).
Más obras
En materia de infraestructura escolar, en los últimos días se firmaron nuevos contratos para obras de Educación Primaria e Inicial y un convenio de cooperación educativa con Nación para trabajos en Escuelas Técnicas.
El edificio de la Escuela Primaria demandará una inversión de $373.661.376, mientras que para la ampliación del Jardín de Infantes será de $25.674.598. Ambos financiamientos fueron gestionados ante Nación por las autoridades educativas rionegrinas.
Por otra parte, Educación firmó el martes último el contrato de locación de obra para terminar el SUM de la Escuela Primaria N° 15, de Valcheta, con una inversión del Gobierno Provincial de $109.837.420.
Judiciales
El STJ definió el procedimiento para causas penales que involucren a menores de edad
La resolución también establece que quienes no hayan cumplido 14 años al momento del hecho no serán sometidos a proceso, aunque deberá acreditarse la existencia del hecho ilícito.
El Superior Tribunal de Justicia estableció las reglas que deberán aplicarse en Río Negro en los procesos penales que involucren a niñas, niños y adolescentes, hasta que la provincia cuente con un Código Procesal específico en materia Penal Juvenil. La Acordada dispone la aplicación del Código Procesal Penal provincial junto con los principios y garantías previstos por la legislación provincial y el nuevo Régimen Penal Juvenil nacional. Una de las definiciones es que no se someterán a juicios por jurados populares.
La decisión se adoptó luego de la entrada en vigencia de la Ley Nacional N° 27.801, que derogó el anterior Régimen Penal de Minoridad. La Acordada señala que la nueva legislación, sancionada por el Congreso Nacional, establece, entre otros aspectos, «la edad de punibilidad plena a partir de los 14 años», incorpora otros tipos de penas, prohíbe imponer prisión y reclusión perpetua y fija que la pena de prisión «“no puede exceder de 15 años».
El STJ señaló que las normas procesales previstas en esa ley nacional no se aplican en el ámbito provincial, ya que las provincias conservan facultades para dictar sus propias normas procesales. Al mismo tiempo, recordó que Río Negro todavía no cuenta con una normativa procesal específica de Responsabilidad Penal Juvenil.
Hasta que exista un procedimiento específico, la Acordada estableció que debe aplicarse el Código Procesal Penal provincial junto con los principios y garantías de cumplimiento obligatorio contenidos en la Ley Provincial D 4109 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en la Ley Nacional 27.801. La resolución establece que este esquema se aplicará «con excepción del juicio por jurados».
Entre los fundamentos, el STJ recordó que la Constitución de Río Negro establece que las personas menores de edad gozan, «como mínimo de las mismas garantías procesales que las personas adultas». También señaló que la Ley D 4109 regula el procedimiento para juzgar a adolescentes punibles y establece garantías específicas para niñas, niños y adolescentes involucrados en un proceso penal.
La Acordada aborda específicamente la situación de quienes no hayan cumplido 14 años al momento del hecho. En esos casos, en concordancia con la Ley Nacional, establece que «no serán sometidos a proceso», sin perjuicio de la obligación del Ministerio Público de acreditar la existencia del hecho ilícito. Si se determina la necesidad de intervención del organismo de protección, la situación deberá ponerse en conocimiento de esa autoridad.
La resolución también dispuso comunicar a la SENAF y requerirle que informe al Foro Penal de Jueces y Juezas de las cuatro Circunscripciones Judiciales cuáles son los programas vigentes y operativos con los que cuenta para cumplir las obligaciones previstas por la Ley D 4109. Además, hizo saber al Poder Ejecutivo que las disposiciones de esa ley provincial «rigen en toda su extensión para el Organismo Técnico Proteccional».
Finalmente, el STJ encomendó a la Escuela de Capacitación Judicial continuar durante este año con el plan de capacitación obligatoria sobre Régimen Penal Juvenil destinado a integrantes del fuero Penal y del Tribunal de Impugnación. También invitó a la Procuración General a disponer la participación de integrantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y solicitó al Consejo de la Magistratura que incorpore esta temática en los exámenes para cubrir cargos del fuero Penal.
Río Negro
Weretilneck confirmó el aval de Nación para financiar obras en las Rutas 22 y 151
El financiamiento de FONPLATA permitirá intervenir los sectores más deteriorados de ambos corredores y mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.
El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que Río Negro obtuvo la garantía del Gobierno Nacional para avanzar con un crédito de hasta US$ 60 millones de FONPLATA – Banco de Desarrollo, destinado a financiar obras prioritarias en las Rutas Nacionales 22 y 151.
El financiamiento permitirá intervenir los sectores más deteriorados de ambos corredores, mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial.
La operación se enmarca en la decisión de la Provincia de asumir progresivamente la gestión de estas rutas y definir y ejecutar las obras necesarias en territorio rionegrino.
El avance se produjo luego de un relevamiento realizado recientemente por Vialidad Rionegrina, la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), especialistas de FONPLATA y el Gobierno Nacional.
El trabajo permitió constatar en territorio el estado de las trazas y avanzar en la definición del plan de obras que acompañará la operación de financiamiento.
Con el aval obtenido, la Provincia continúa trabajando en la documentación técnica y financiera necesaria para presentar la operación ante el Directorio de FONPLATA, previsto para noviembre.
El programa tendrá impacto directo sobre más de 438.000 habitantes de los departamentos de Pichi Mahuida, Avellaneda y General Roca, además de las personas y vehículos que utilizan diariamente ambas rutas.
También se estima un mejor acceso para 312.000 habitantes a 81 centros de salud, 15 hospitales, 20 cuarteles de bomberos y distintas dependencias policiales.
La operación contempla financiamiento externo por hasta US$ 60 millones, con la Nación como garante. La gestión administrativa, financiera y fiduciaria estará a cargo de la UPCEFE, mientras que Vialidad Rionegrina tendrá la responsabilidad técnica de definir las prioridades y ejecutar las intervenciones.
Judiciales
Por el aumento de causas, Roca tendrá una nueva Unidad Procesal del Fuero de Familia
El Poder Judicial detectó durante la última década un incremento sostenido de expedientes en el Fuero de Familia de General Roca.
La Legislatura de Río Negro aprobó el proyecto impulsado por el Superior Tribunal de Justicia para crear una nueva Unidad Procesal del Fuero de Familia con sede en General Roca, correspondiente a la Segunda Circunscripción Judicial.
Al fundamentar la iniciativa, la legisladora Natalia Reynoso (JSRN) explicó que la propuesta surge a partir de los estudios realizados por la Dirección de Planificación Estratégica del Poder Judicial, que durante los últimos diez años registró un crecimiento sostenido de las causas y expedientes que ingresan al fuero de Familia.
Según detalló, el relevamiento correspondiente al período comprendido entre 2016 y 2026 permitió detectar un incremento que calificó como «exponencial, sostenido y estructural», particularmente en la Segunda Circunscripción Judicial.
Reynoso destacó además que el Poder Judicial modificó la metodología utilizada para determinar la carga que soportan los distintos organismos. Hasta ahora, uno de los principales parámetros era simplemente cuantitativo: se contabilizaba la cantidad de expedientes ingresados y tramitados.
La nueva metodología incorpora el concepto de «carga ponderada de trabajo», que busca determinar no solamente cuántos expedientes tramita un organismo, sino también cuánto esfuerzo y tiempo demanda cada uno de ellos de acuerdo con su complejidad.
Para establecer ese indicador se tuvieron en cuenta variables como la complejidad de las causas, su duración y el grado de intervención judicial requerido.
«No es lo mismo una causa que puede resolverse mediante una audiencia y posterior homologación que aquellos procesos que demandan seguimientos durante dos años o más, sucesivas audiencias y la participación de equipos interdisciplinarios», explicó la legisladora.
Entre las problemáticas de mayor complejidad mencionó las situaciones de violencia de género e intrafamiliar, además de causas relacionadas con alimentos, filiaciones y adopciones.
La metodología, elaborada con participación de juezas de Familia de las diferentes circunscripciones judiciales, permitió establecer con mayor precisión la carga efectiva de trabajo de cada organismo.
En el caso de General Roca, los resultados mostraron no solamente un aumento en la cantidad de expedientes, sino también una creciente exigencia funcional derivada de la complejidad de las causas.
Reynoso sostuvo que la ciudad viene registrando «un nivel de demanda estructural superior al resto de las localidades analizadas», pese a contar con estructuras organizativas similares a las existentes en organismos que atienden volúmenes y niveles de demanda considerablemente menores.
Ese desequilibrio, explicó, determinó la necesidad de avanzar con la creación de una nueva Unidad Procesal de Familia.
La iniciativa busca así adecuar la estructura judicial de General Roca a una realidad que se modificó sustancialmente durante la última década y mejorar la capacidad de respuesta del fuero frente a causas que, además de haber aumentado en cantidad, requieren intervenciones cada vez más prolongadas y complejas.
