Tras 14 días de extensas audiencias concretadas en los Tribunales roquenses, culminó la presentación de la prueba con la que el Ministerio Público Fiscal buscará probar la autoría de tres farmacéuticos por los delitos de «estafas reiteradas, agravadas por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública».

Hoy (10/03) se conoció la resolución del juez que determinó que el juicio estará encabezado por un Tribunal Colegiado, atendiendo a la pretensión de la acusación que fija la pena posible en más de tres años de prisión de cumplimiento efectivo.

El control de acusación se llevó adelante contra cuatro personas imputadas por hechos de defraudación a la Obra Social IPROSS, ocurridos entre diciembre de 2013 y abril de 2019, maniobra que habría sido posible por la connivencia entre la responsable del área de Auditoria del Colegio y los dueños de determinadas farmacias.

Las acusación la ejerce no sólo por el Ministerio Público Fiscal sino además la Fiscalía de Estado de la provincia constituida en querellante. Ambos organismos presentaron la profusa prueba para sostener durante el juicio la calificación legal que también fue aceptada esta mañana en la resolución del magistrado interviniente. La defensa de los imputados efectuó su propio ofrecimiento de prueba.

Así, se determinó que durante el debate oral y público declararán alrededor de 388 testigos propuestos por la acusación, y 120 por la defensa de los imputados.

Cabe recordar que se trata de una causa con procedimiento de asuntos complejos y en la misma ya hay dos personas condenadas con sentencia firme.

Asimismo el pasado marzo, tras la intervención del Cuerpo de Investigación Forense (CIF), se resolvió suspender el final del control de acusación contra otra de las imputadas, la responsable del área de Auditoria del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Río Negro, hasta que se determine que la señora está nuevamente en condiciones psicofísicas de participar de las audiencias por lo que el presente juicio se realizará contra los tres restantes imputados.

La investigación preliminar

Para la realización de las múltiples pericias que se concretaron durante los meses de investigación preliminar, la acusación requirió la labor de diversos organismos, entre ellos de los especialistas en Informática Forense del área de Informática Forense del Poder Judicial, intervinieron los peritos contadores de la División de Informes Técnicos de la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal de la Procuración General, el perito calígrafo del Cuerpo de Investigación Forense de la 2° Circunscripción Judicial, los integrantes de la Unidad Operativa de la investigación del Ministerio Público Fiscal.

Esas áreas realizaron el análisis de los informes requeridos durante la investigación, por ello se concretaron en total 4 pericias informáticas, 4 pericias contables, 3 pericias caligráficas, un informe del Cuerpo de Investigación Forense. Se incluyeron las ampliaciones que eran requeridas por la acusación cada vez que se evidenciaba una nueva modalidad de estafa y ello requería, para la etapa de control de acusación, llegar a la raíz de la maniobra que se iba desmembrado con el avance de todas las pericias.

Se suman los informes de los allanamientos concretados en el Colegio de Farmacéuticos de General Roca, también en la sede del desarrollador del sistema informático del Colegio ubicado en Gualeguaychú, Entre Ríos. De allí se extrajeron las bases de datos de los sistemas de gestión (software) Xarion y Xeilon, que fueron utilizados por los imputados.
Se incluyen los allanamientos hechos en domicilios particulares donde intervinieron los peritos especialistas y el Gabinete de Criminalística.

Además como prueba de la acusación se cuentan las numerosas recetas de medicamentos de los planes Epilepsia y Diabetes presentadas en la denuncia inicial del legajo, como también las requeridas a IPROSS por la Fiscalía, y que fueron peritadas. Las mismas tuvieron que ser rastreadas por la obra social y entregar las versiones físicas.

En carácter de testigos comparecerán en el juicio más de 250 afiliados de la Obra Social que figurarían como consumidores en las distintas modalidades de estafa, también personal de las diversas entidades bancarias; de IPROSS de la sede de Viedma; proveedores del sistema informático del Colegio con domicilio en Entre Ríos; referentes del organismo que nuclea los laboratorios que preveían medicamentos a las droguerías; los responsables de las diversas droguerías.

También declararán, tal lo solicitado por la acusación, los integrantes del Colegio de Farmacéuticos, asociados, autoridades, empleados y ex-empleados tanto de la entidad como de algunas de las farmacias.

Variados informes que fueron solicitados por la Fiscalía serán verbalizados por representantes de las oficinas pertinentes, entre ellos el informe del Tribunal de Cuentas sobre las diferentes auditorías realizadas al IPROSS a lo largo del periodo investigado.