Ante el inminente cierre de al menos 7 sucursales del Correo Argentino en diferentes localidades de la provincia de Río Negro, el vicegobernador Pedro Pesatti salió al cruce del gobierno nacional y los acusó de querer «desmantelar el Estado, borrarlo del mapa si es posible».

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Pesatti sostuvo que «en mi provincia el gobierno de (Javier) Milei está eliminando sucursales del Correo Argentino. Sierra Grande, Cervantes, Chichinales, Fernández Oro, Huergo, Barda del Medio y Chimpay serán las primeras localidades afectadas».

En este sentido, el vicegobernador indicó que «le pido públicamente a los diputados nacionales de La Libertad Avanza, Aníbal Tortoriello y Lorena Villaverde que, en su doble responsabilidad que tienen como parlamentarios de Río Negro y representantes de la fuerza política que gobierna el país, intervengan ya mismo para parar la motosierra sobre las dependencias del Correo Argentino en el ámbito de nuestra provincia».

«El Correo es la única institución de su tipo en las localidades más pequeñas de Río Negro. En la mayoría de los casos hay uno o dos trabajadores a cargo de las sucursales y suele ser el único lugar que tienen los jubilados para percibir sus haberes«, agregó.

«El cierre de las sucursales del Correo pone de manifiesto que estamos frente a un gobierno que busca desmantelar el estado, borrarlo del mapa si es posible, y que las reformas que el estado necesita para un mejor desenvolvimiento son un mero argumento que el gobierno usa para ocultar su verdadero propósito: anarquizar el país para generar un enfrentamiento de todos contra todos en beneficio de los que aspiran a saquear sus recursos naturales estratégicos», concluyó Pesatti.

En el marco de la construcción de un Estado más ágil y organizado, el gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia de mejorar el trabajo coordinado entre los trabajadores, los funcionarios y el gobierno. Con el propósito de lograr este objetivo, la Provincia acentuó los controles en estos últimos dos meses respecto a faltas de distinta índole del personal estatal.

Según detalló Weretilneck en muchos casos se debió a «abandono de servicio, causas penales, faltas graves como agresiones a niños o personas mayores en hogares dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia. En otros casos, por ausencias reiteradas, incumplimiento de funciones propias y agresiones o conflictos entre compañeros».

«Necesitamos un Estado eficiente para ofrecer mejores servicios y en eso el desempeño de las y los agentes públicos es esencial. Lograr un Estado con más productividad, agilidad, presentismo, multifunción e incorporación de nuevas tecnologías, son nuestros objetivos», expresó el gobernador.

A través de la Junta de Disciplina se viene fortaleciendo el control del ausentismo y el ordenamiento del Estado. En el período marzo-abril de este año hubo 20 cesantías, 1 exoneración, 25 suspensiones de 1 a 10 días, 10 suspensiones de 11 a 20 días, 6 suspensiones de 21 a 30 días y 3 apercibimientos.

Las suspensiones se deben a ausencias reiteradas, incumplimiento de funciones propias (negarse hacer derivaciones, retirarse sin autorización de turnos de guardias), agresiones o conflictos entre compañeros.

La Justicia Federal admitió un recurso de amparo presentado por la estudiante de la Universidad Nacional del Comahue y presidenta de la Federación Universitaria del Comahue, Rocío Dellarriva, junto al legislador provincial Luciano Delgado Sempé y con el respaldo del bloque Vamos con Todos.

La acción judicial tiene como objetivo exigir al gobierno nacional, a través de la Secretaría de Educación, el envío inmediato de los fondos necesarios a las universidades nacionales. La finalidad es garantizar el derecho fundamental a la educación universitaria, asegurando que los alumnos y sus familias no enfrenten obstáculos financieros para acceder a la educación superior.

«Tanto estudiantes como sus familias realizan un esfuerzo significativo para permitir que los jóvenes puedan continuar sus estudios universitarios. Esta acción legal busca proteger y promover ese derecho esencial, asegurando que las instituciones educativas cuenten con los recursos necesarios para su funcionamiento adecuado», indicó el legislador Delgado Sempé. «Los estudiantes universitarios y sus familias merecen certidumbre y apoyo del Estado. Estamos comprometidos a defender este derecho fundamental», agregó.

Por su parte, Dellarriva sostuvo que «es fundamental que se asegure la continuidad de la educación superior como un derecho accesible para todos, sin importar el contexto político. Este recurso de amparo es un paso importante en esa dirección».

El caso está ahora en manos de la Justicia Federal, que deberá evaluar y pronunciarse sobre este recurso de amparo para garantizar los fondos necesarios que permitan mantener y fortalecer el sistema educativo universitario en Argentina.