La Terminal de Exportación de Punta Colorada, cerca de Sierra Grande, avanza con un 10% de ejecución dentro del proyecto del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que convertirá a Río Negro en protagonista de la política energética. Se trata de la obra portuaria más grande del país, que permitirá exportar crudo rionegrino por la Costa Atlántica.

El recorrido oficial se hizo el viernes (22/08) en Sierra Grande, incluyó la inspección de las excavaciones, fundaciones y soldaduras de piso de los primeros cinco tanques de 120.000 m³ cada uno, con posibilidad de sumar un sexto. Se trata de los más grandes del país y forman parte de la futura terminal petrolera.

Una obra estratégica para la provincia

La terminal de Punta Colorada, a cargo de las empresas Milicic y CB&I, ya registra un 10% de avance. Será la más importante del país para la exportación de crudo por el Atlántico y contará con dos puntos de carga a 8 km de la costa, preparados para operar con barcos gigantes capaces de transportar hasta 2 millones de barriles de petróleo en un solo viaje.

El oleoducto de 437 km ya completó el tramo Allen-Chelforó y avanza al sur del río Negro. El proyecto cuenta con un financiamiento de USD 2.000 millones en modalidad de préstamo sindicado, más aportes de YPF, Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol y Shell.

Impacto económico y social

La Secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, quien encabezó la inspección junto a la Intendenta Roxana Fernández, destacó que «la planta de almacenamiento es gigantesca, imposible de dimensionar hasta que uno está allí. Este proyecto no termina en 2026, son obras a 30 años que requieren planificar el crecimiento de las ciudades».

Confini también subrayó el impacto en el empleo y la economía que «hoy el oleoducto ocupa más de 1.700 familias, lo que genera consumo y dinamismo económico. En Sierra Grande ya hay más de 150 alquileres activos y 60 nuevos comercios habilitados».

Finalmente, anticipó que «tras la construcción del oleoducto, vendrá la del gasoducto. Hasta 2030 habrá pleno empleo de trabajadores de la UOCRA en la provincia».

La Legislatura de Río Negro sancionó en segunda vuelta un paquete de nueve proyectos de ley, entre los que se destacan la incorporación del Himno Nacional Argentino y el Himno Provincial en Lengua de Señas Argentina al sistema educativo, y la creación de un procedimiento para la aplicación de convenios internacionales sobre restitución de niñas, niños y adolescentes, así como régimen de visitas transfronterizas.

La iniciativa vinculada a la enseñanza de los himnos en Lengua de Señas fue impulsada por el bloque PRO Unión Republicana, y establece que su incorporación será obligatoria en todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada de la provincia.

En tanto, el proyecto que reglamenta la aplicación de convenios internacionales en materia de restitución de menores y régimen de contacto transfronterizo fue presentado por los legisladores de JSRN, Lucas Pica y Facundo López.

Otro de los proyectos aprobados fue la modificación de la Ley 4508, sobre régimen de evaluación para reconocimientos y distinciones, presentada por los legisladores de la UCR, Ariel Bernatene y Lorena Matzen.

Nuevas fiestas provinciales

Durante la sesión, también se otorgó carácter de fiesta provincial a distintos eventos tradicionales:

• La Fiesta del Asador, que se realiza cada febrero en General Enrique Godoy, a propuesta de los legisladores Silvia Morales (JSRN) y los integrantes del bloque PJ-NE: Luis Ivancich, Pedro Dantas, Daniel Belloso, Ana Marks y Leandro García.
• La Fiesta del Asador Criollo, que tiene lugar en julio en San Javier, impulsada por Marcelo Szczygöl, Facundo López, Maricela Cévoli y Andrea Escudero (JSRN).
• La Fiesta de la Sidra, celebrada en noviembre en General Roca, fue una propuesta de José Luis Berros (Vamos con Todos).
• La Fiesta del Enólogo, que se llevará a cabo cada octubre en Mainqué, fue presentada por Silvia Morales (JSRN) y Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos).

Asimismo, se declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación cinco lotes de un inmueble de El Bolsón con el objetivo de regularizar la situación dominial de los vecinos de los barrios Luján, Lujancito e Hijos del Luján. La iniciativa fue impulsada por Leandro García (PJ–Nuevo Encuentro).

Finalmente, se aprobó la modificación de la Ley P N.º 5450, referida a los Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (MARC), también presentada por los legisladores de JSRN, Lucas Pica y Facundo López.

Un hombre buscó restringir la capacidad de su madre de 89 años, con el argumento de simplificar la administración del dinero de su progenitora. Esto fue desvirtuado por la propia mujer que pudo expresar y sostener que ella necesitaba ayuda pero no con sus ingresos.

Luego de la intervención conjunta del Ministerio Público de la Defensa se logró que la economía de la mujer continúe bajo su órbita, teniendo presente el nuevo paradigma guiado por la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de Personas Mayores y la de Protección de las Personas con Discapacidad.

La mujer tiene dos hijos, uno que reside con ella y otro en Buenos Aires. El primero presentó la petición en la Unidad Procesal de Familia entendiendo que facilitaría un trámite ante la ANSES.

La vivienda de la mujer y de su hijo fue el epicentro de la audiencia celebrada entre la Defensora de Pobres y Ausentes que la representaba, al Defensor de Menores e Incapaces que debía emitir su dictamen respecto del pedido, y la jueza de Familia interviniente en este expediente.

También estuvo presente el hijo que pudo explicar las dificultades que estaba teniendo para auxiliar a su madre en el cobro de su jubilación y su pensión.

«Los motivos que ameritaban esta solicitud fueron de a poco desvirtuados. A través de la impugnación que realizó esta defensora de los informes interdisciplinarios, solicitando la intervención de la Oficina de Servicio Social del Ministerio Público. Así mismo mantuvimos varios encuentros con la señora, tanto en su casa -por su dificultad para trasladarse- como en la sede de la Defensoría», explicó la defensora civil.

«En su domicilio pudimos dar cuenta de las facultades conservadas que posee la mujer. Luego de haber dialogado extensamente con ella, nos dio las explicaciones por las que se había iniciado este proceso y que ella no estaba en las condiciones descriptas por su hijo», expuso el defensor de incapaces.

De esta manera, se vislumbró que lo único que se necesitaba en este caso, y que para la instancia de la audiencia ya había sido concretado, era cambiar de apoderado habilitado ante la ANSES para cobrar.

«Para todo ello, la adulta mayor estuvo de acuerdo y subrayó lo referenciado por su defensora, es decir, que quería continuar administrando su dinero pero que requería de la ayuda de su hijo, de aquel que está instalado en la misma localidad que ella, para la medicación y demás cuidados», explicó el equipo de defensores.

Finalmente, la jueza rechazó la demanda que pretendía la restricción de la capacidad jurídica por demencia senil, y de esta manera se mantuvo la capacidad plena de la señora.

Durante la instancia de presentación de prueba, la Defensoría esgrimió los informes a favor de su petición, es decir, «sosteniendo que la señora tiene autodeterminación y que se debían preservar sus capacidades y estimularlas para propender a ampliar el rango de situaciones para las que puede autovalidarse», sostuvo la resolución de la jueza de Familia.

«Una de las grandes innovaciones del Código Civil en materia de capacidad radica en reconocer lo importante y vital que supone para la persona el ejercicio por sí de sus derechos», agregó la resolución de la magistrada.

«El Artículo 30 de la Convención de las personas mayores establece que tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y que los Estados parte reconocerán que la persona mayor tiene capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida», dice más adelante la sentencia.

La defensora apoyó sus argumentos en la intervención de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad local, la de la Secretaria de Adultos Mayores de la Provincia, además de los informes de la Oficina de Servicio Social del Ministerio Público.