El secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, y el gobernador Alberto Weretilneck se reunieron este lunes en Buenos Aires y acordaron para el 8 de septiembre una nueva reunión paritaria que será convocada por la Función Pública, de la cual también forma parte el gremio UPCN.

El sindicato había reclamado esta instancia luego de que el INDEC diera a conocer el índice de inflación de julio. Una porción mayoritaria de empleados públicos rionegrinos permanece aún sin conocer cuál será su ingreso en septiembre en un contexto económico turbulento.

«En un escenario nacional que se ha caracterizado por los recortes sobre el sector público, es muy importante poder garantizar paritarias que nos permitan defender los salarios de todos los estatales», dijo Rodolfo Aguiar.

«Está comprobado que el aumento del dólar se trasladó de manera directa a todos los precios de la economía. El ajuste no puede recaer sobre la espalda de los trabajadores. En la próxima negociación, el Gobierno debe realizar un ofrecimiento concreto que les permita a los estatales tener certeza de sus haberes en septiembre y recomponer su poder adquisitivo», agregó.

«También deben ser convocadas mesas en todos los ministerios, a los efectos de discutir problemáticas específicas y actualizar ítems congelados desde hace mucho tiempo», dijo Aguiar.

El Gobierno de Río Negro a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, se reunió este lunes (250) en paritarias con representantes del gremio docente UnTER. El encuentro se desarrolló en la sede de la Secretaría de Trabajo de Río Negro y en ella se dio continuidad a los diferentes temas que se estuvieron trabajando en la paritaria realizada el 8 de agosto.

Al finalizar el encuentro, desde el gremio docente calificaron como «paupérrima» la propuesta del Gobierno. Es que desde el Ministerio se ofreció una suma fija no remunerativa por agente pago por única vez de $20.000 con los haberes de septiembre. Esta propuesta se suma a la convenida en la paritaria de julio la cual consistió en una propuesta trimestral que consiste en un 1% para julio al básico más $20.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente; 1% para agosto más $10.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente, y 1% al básico + $10.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente.

Además se había incorporado el pago de una suma fija no remunerativa a pagar por única vez por agente en complementaria la última semana de julio de $40.000.

«La propuesta salarial es paupérrima e insuficiente frente a la crítica situación económica que atravesamos los trabajadores de la educación. Los representantes del Gobierno llevaron como única oferta el pago de una suma fija no remunerativa y por agente de $20.000 para el mes de septiembre. Exigimos una nueva convocatoria con un ofrecimiento que dé respuestas a los requerimientos y necesidades de quienes sostenemos el sistema educativo», indicaron desde UnTER.

Asimismo, ratificaron su reclamo de «una recomposición que contemple la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios, agravada por el impacto del aumento del dólar sobre los precios de los artículos de consumo, el costo de los alquileres y servicios básicos».

«El salario docente no puede seguir siendo una variable de ajuste, y resulta imprescindible que el Ministerio avance hacia una propuesta que dignifique nuestro trabajo, garantice condiciones laborales justas, y esté a la altura de la responsabilidad institucional y del compromiso que día a día demostramos los trabajadores en las aulas», concluyeron.

La Legislatura de Río Negro sancionó el pasado jueves (21/08) la ley que permitirá expandir las facultades del Departamento Provincial de Aguas (DPA) para generar y comercializar energía de fuentes renovables, incluyendo la solar y eólica, más allá de la hidroeléctrica.

La votación reflejó una mayoría a favor de 36 votos, con la negativa de 9 votos de los bloques Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro.

El miembro informante del oficialismo, Carlos Valeri destacó que el proyecto actualiza leyes «progresistas» para permitir al DPA aprovechar la descentralización del mercado energético. Esto posibilita la negociación directa con distribuidores. El DPA, dueño de tierras e infraestructura, busca desarrollar proyectos híbridos (hidroeléctricos y fotovoltaicos) que complementan la generación de energía, asegurando un despacho permanente. Este modelo no requiere inversión directa estatal, pues los costos de construcción se financian con la propia generación energética.

La propuesta busca posicionar a Río Negro como productor de energías limpias, generando ingresos para el Estado y creando empleo.

Por el oficialismo, Daniel Sanguinetti subrayó que el DPA cuenta con una «capacidad ociosa» en sus proyectos hidroeléctricos, que incluye tierras, infraestructura existente y, sobre todo, nodos de conexión al sistema interconectado nacional, que son «un bien muy valioso» y escaso. Según el legislador, el proyecto permitirá «agiornar» y aprovechar al máximo estas capacidades para generar energía renovable y contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, brindando energía limpia a la población. Concluyó reafirmando que el proyecto es «sano» y una «función de un organismo» que busca el desarrollo y la modernización.

El legislador Ariel Bernatene (UCR) señaló que el proyecto «significa darle continuidad a una política de estado provincial de más de 60 años que busca asegurar que los recursos de los ríonegrinos estén al servicio del desarrollo de su gente y no que dependan de decisiones que se tomen en Buenos Aires». La legisladora Yolanda Mansilla (PRN) indicó que el DPA podrá «competir libremente» con otras empresas.

Los legisladores Daniel Belloso (PJ-NE) y Magdalena Odarda (VcT) expresaron su desacuerdo con la eliminación del requisito de que los proyectos de energías renovables (no hidráulicas) pasen por la Legislatura para su aprobación.

Consideraron que se trata de «coartar la libertad, la división de poderes» que podría permitir la concesión de recursos naturales mediante un «simple acto administrativo». Odarda enfatizó que el agua es un «derecho humano fundamental, como un bien ambiental», no un «simple commodity». Expresó temor de que la infraestructura y tierras del DPA se incluyan en futuras concesiones privadas. También mencionó una «cesión de soberanía» debido al contrato con la empresa israelí Mecorot y la privatización de represas hidroeléctricas nacionales.

Valeri y Mansilla explicaron que la modificación subsana un error de «técnica legislativa» de la Ley 3930, que duplicaba exigencias ya presentes en el Código de Aguas. Aseguraron que la aprobación legislativa para concesiones hidroeléctricas de interés público se mantiene. La legisladora Roberta Scavo (CC-ARI-C) defendió el contrato con Mekorot como una iniciativa para asistencia técnica y capacitación, similar a acuerdos con otras provincias.

Cerró el debate el presidente del bloque oficialista, Facundo López, quien criticó a la oposición por lo que consideró contradicciones y desinformación.

López aclaró que, a diferencia de la energía hidroeléctrica, la generación de energía con sol y viento no debería requerir aprobación legislativa ni cobros, ya que «el sol y el viento no son ríonegrino». Argumentó que el agua es un recurso provincial y por ello la Legislatura interviene en su uso, lo cual no aplica a las otras fuentes renovables.

Defendió el acuerdo con la empresa israelí Mekorot, señalando que es lógico buscar capacitación y experiencia de quienes más saben en manejo de agua, especialmente de países que han logrado eficiencia en su uso a pesar de la escasez hídrica.

Acusó a la oposición de incoherencia al rechazar tanto la explotación petrolera como la modificación para energías renovables, sugiriendo una postura que «volvamos al palito para prender el fuego y volvamos a la época primitiva». Subrayó la necesidad de modernización y desarrollo.